Red de radios

10.6.2020

Trabajadoras de la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires advierten que el gobierno porteño quiere “mudar” el Hogar Eva Duarte, la única institución oficial que aloja y acompaña a adolescentes madres y/o embarazadas con sus hijes, que han atravesado situaciones de violencia de género en contextos de vulnerabilidad social, situación que solo traería como consecuencia condiciones de hacinamiento en otros dispositivos.

El Hogar Eva Perón funciona desde hace más de 6 años en un ala del edificio del Hogar San Martín, en el barrio de La Paternal. El San Martin aloja población de adultos mayores, pero no comparten espacios comunes con las adolescentes.
“Nuestra locación garantiza todas las condiciones necesarias para brindar un espacio seguro y adaptado a las demandas específicas de las adolescentes y sus hijxs, cumpliendo con los protocolos actuales y los controles sanitarios dispuestos, a fin de elevar al máximo las medidas de prevención por la circulación del virus Cov Sars 2”, explicaron las trabajadoras de la Dirección de la Mujer y aclararon que desde el inicio de la cuarentena obligatoria vienen solicitando a las autoridades que permitan el ingreso de las adolescentes y sus hijes que requieran ser alojadas, pero estos vienen siendo negados sin ningún fundamento de carácter legal o acción por protocolo de Salud que así lo indique, dejando al desamparo y exponiendo a todo tipo de riesgo a esta población.
“El gobierno de la Ciudad, conducido por Horacio Rodríguez Larreta, por tanto es responsable de la vulneración de derechos y el incumplimiento de la Ley Nacional N°26.061 y la N°114 de la CABA, ambas de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como también los tratados internacionales contemplados en la Constitución Nacional, en materia de situaciones de violencia de género y derechos humanos en general. Actualmente entonces, no se cuenta con ningún efector estatal que aloje estas particularidades”, agregaron las trabajadoras.
A esta situación, se suma que en las últimas horas la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, a cargo de Jazmín Lerner, comunicó el cierre del Hogar Eva Perón y la próxima redistribución de población y trabajadoras: “Informan que el motivo de la mudanza es en pos del cuidado de las dos poblaciones que habitan el predio. Somos conscientes del cuidado necesario para las personas mayores en este contexto, sin embargo las poblaciones de los dos hogares no tienen contacto alguno. La redistribución de población y trabajadoras del Hogar Eva Duarte, trae como consecuencia condiciones de hacinamiento en otros dispositivos, ya que ante el recrudecimiento de los casos por violencia de género, los efectores están colapsados y no llegan a cubrir la demanda. Esta decisión implica de hecho, el vaciamiento de esta política pública y la vulneración de los derechos de las adolescentes y sus hijes”.
En este sentido, las trabajadoras expresan: No es Mudanza, es Desalojo; No al cierre del Hogar Eva Duarte; No al vaciamiento y de las políticas públicas; Basta de ajuste sobre las poblaciones más vulnerables; Presupuestos de emergencia acordes al contexto de crisis socio económico sanitaria.

9.6.2020

La medida cautelar dictada por el juez Gallardo ordena al gobierno porteño otorgar un computadora portátil, notebook o tablet a cada a estudiante que se encuentre en situación de vulnerabilidad social de establecimientos educativos de gestión pública y de gestión privada con cuota cera. Ordena también garantizar acceso a internet en las villas, asentamientos y barrios de emergencia de la Ciudad.

La medida cautelar, dictada por el magistrado, en los expedientes acumulados, Expte. 3264-2020/0, 3747-2020/0. 3807-2020/0 y el Expte. N° 4012-2020/0 caratulado “ARMANDO, FRANCO DAMIAN Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – APLICACIONES MOVILES-INTERNET” se da a partir de una presentación efectuada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP y el Frente Salvador Herrera.
En este marco, dispone la suspensión precautoria de la vigencia del punto 3 del Anexo I de la Resolución N° 13/SSTES/20, en cuanto establece requisitos para la entrega de equipos informáticos (computadoras portátiles, notebooks o tablets) a alumnos y alumnas que asisten a establecimientos educativos de nivel primario y secundario de la CABA.
Ordena al gobierno porteño a que en el plazo de cinco (5) días, proceda a entregar a todos los alumnos y alumnas que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizar las tareas escolares que garanticen su continuidad pedagógica en modalidad virtual o a distancia.
Señala que por situación de vulnerabilidad social se entenderá automáticamente acreditada en el caso que alguno de los miembros del grupo familiar del estudiante sea beneficiario de algún plan, beca, subsidio o programa social del GCBA o del Estado Nacional, o bien cuando residan en villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA.
Indica a su vez que el Ejecutivo porteño deberá establecer a esos fines un registro de solicitantes y un mecanismo de entrega de los equipos, que respeten la totalidad de las pautas sanitarias vigentes en materia de COVID-19, utilizando, preferentemente, canales institucionales -ya en uso- insertos en los barrios (comedores, parroquias, juntas vecinales, movimientos sociales, etc.).
Agrega que para el caso en que la cantidad de solicitantes sea mayor a la de los dispositivos actualmente disponibles, el GCBA deberá presentar en autos en el mismo plazo de cinco (5) días, una propuesta de entrega prioritaria de los equipos existentes, y un plan para atender la demanda insatisfecha.
Ordena además al GCBA que en el plazo de cinco (5) días disponga la instalación en la totalidad de las villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA, de equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente se encuentran dispuestos por el Gobierno en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre.
Afirman que en el caso de que existan impedimentos técnicos a efectos de cumplir con lo ordenado en el punto precedente en el plazo estipulado, el GCBA deberá en el mismo plazo entregar un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet, a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes 35 que concurren a establecimientos educativos de nivel primario. Ello conforme lo detallado en el punto 2º) del presente resolutorio e independientemente de haber entregado o no equipos de computación a dicho grupo.
También ordena al GCBA que en el plazo de tres (3) días desde vencido el plazo de la intimación, informe sobre el cumplimiento de lo aquí resuelto, y que en el plazo de tres (3) días informe cuál es el mecanismo actualmente implementado para brindar asesoramiento y soporte técnico y de mantenimiento a los alumnos y alumnas que utilizan equipos informáticos (computadoras portátiles, notebooks o tablets) provistos por el GCBA.

8.6.2020

La medida cautelar dictada por el juez Gallardo ordena al gobierno porteño otorgar un computadora portátil, notebook o tablet a cada a estudiante que se encuentre en situación de vulnerabilidad social de establecimientos educativos de gestión pública y de gestión privada con cuota cera. Ordena también garantizar acceso a internet en las villas, asentamientos y barrios de emergencia de la Ciudad.

La medida cautelar, dictada por el magistrado, en los expedientes acumulados, Expte. 3264-2020/0, 3747-2020/0. 3807-2020/0 y el Expte. N° 4012-2020/0 caratulado “ARMANDO, FRANCO DAMIAN Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – APLICACIONES MOVILES-INTERNET” se da a partir de una presentación efectuada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP y el Frente Salvador Herrera.
En este marco, dispone la suspensión precautoria de la vigencia del punto 3 del Anexo I de la Resolución N° 13/SSTES/20, en cuanto establece requisitos para la entrega de equipos informáticos (computadoras portátiles, notebooks o tablets) a alumnos y alumnas que asisten a establecimientos educativos de nivel primario y secundario de la CABA.
Ordena al gobierno porteño a que en el plazo de cinco (5) días, proceda a entregar a todos los alumnos y alumnas que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizar las tareas escolares que garanticen su continuidad pedagógica en modalidad virtual o a distancia.
Señala que por situación de vulnerabilidad social se entenderá automáticamente acreditada en el caso que alguno de los miembros del grupo familiar del estudiante sea beneficiario de algún plan, beca, subsidio o programa social del GCBA o del Estado Nacional, o bien cuando residan en villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA.
Indica a su vez que el Ejecutivo porteño deberá establecer a esos fines un registro de solicitantes y un mecanismo de entrega de los equipos, que respeten la totalidad de las pautas sanitarias vigentes en materia de COVID-19, utilizando, preferentemente, canales institucionales -ya en uso- insertos en los barrios (comedores, parroquias, juntas vecinales, movimientos sociales, etc.).
Agrega que para el caso en que la cantidad de solicitantes sea mayor a la de los dispositivos actualmente disponibles, el GCBA deberá presentar en autos en el mismo plazo de cinco (5) días, una propuesta de entrega prioritaria de los equipos existentes, y un plan para atender la demanda insatisfecha.
Ordena además al GCBA que en el plazo de cinco (5) días disponga la instalación en la totalidad de las villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA, de equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente se encuentran dispuestos por el Gobierno en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre.
Afirman que en el caso de que existan impedimentos técnicos a efectos de cumplir con lo ordenado en el punto precedente en el plazo estipulado, el GCBA deberá en el mismo plazo entregar un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet, a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes 35 que concurren a establecimientos educativos de nivel primario. Ello conforme lo detallado en el punto 2º) del presente resolutorio e independientemente de haber entregado o no equipos de computación a dicho grupo.
También ordena al GCBA que en el plazo de tres (3) días desde vencido el plazo de la intimación, informe sobre el cumplimiento de lo aquí resuelto, y que en el plazo de tres (3) días informe cuál es el mecanismo actualmente implementado para brindar asesoramiento y soporte técnico y de mantenimiento a los alumnos y alumnas que utilizan equipos informáticos (computadoras portátiles, notebooks o tablets) provistos por el GCBA.

7.6.2020

El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Frente Salvador Herrera presentaron una acción de amparo colectivo para que la justicia adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de establecimientos públicos en el contexto de educación a distancia por suspensión de las clases presenciales y la universalización del acceso a internet para disminuir la brecha digital ante la continuidad del aislamiento social obligatorio.

Al afirmar que sin internet, ni computadoras no hay educación a distancia, la demanda apunta a que la justicia le ordene al gobierno porteño que reconozca el Derecho Humano al Acceso a Internet y garantice la conectividad digital a quien no pueda pagarla, que garantice internet y una computadora a cada estudiante de establecimientos educativos estatales que lo necesite, y que garantice una computadora para cada adulto mayor que no pueda costearla.
“La irrupción de la pandemia de coronavirus trajo aparejadas una serie de nuevas e inesperadas circunstancias que pusieron de manifiesto y profundizaron las desigualdades a nivel digital. Por ello, es imprescindible que en este marco se garantice el acceso a internet a todos los habitantes de la Ciudad que lo soliciten y esencialmente se otorgue acceso a internet y computadora al estudiantado porteño”, expresó Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
En igual sentido, María Eva Koutsovitis de la CLIC/IPYPP señaló: Actualmente se puede afirmar que el acceso a internet es un derecho fundamental para los seres humanos, no sólo por razones ociosas o de consumo, sino también porque es un derecho conexo a otros, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a la información, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a la salud, el derecho al pleno desarrollo de la personalidad, etc”.
ESCRITO DE LA DEMANDA del Expte. N° 4012-2020/0 caratulado “ARMANDO, FRANCO DAMIAN Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – APLICACIONES MOVILES-INTERNET”: AQUI

5.6.2020

El pasado miércoles profesionales de la salud realizaron una concentración en la puerta de la institución.

En esta ocasión, fueron los trabajadores del Hospital General de Agudos, Dr. Enrique Tornú, quienes salieron a la calle para hacerse escuchar. Aunque la situación de crisis se da en todos los hospitales y centros de salud del país. Los trabajadores de la salud son los que están en la primera línea de fuego combatiendo la pandemia de Covid-19, además de que son los que están sufriendo la peor de las realidades, junto a otros sectores como las villas y barrios más vulnerables. Incluso muchas veces son ellos mismos quienes denuncian las condiciones en las que deben atender a sus habitantes, como ya lo han manifestado trabajadoras y trabajadores del Hospital Durand, o el Rivadavia.
Máxima Parra, quien trabaja en la Unidad de Terapia Intermedia y es enfermera con más de 40 años de profesión, nos cuenta que hoy está viviendo junto a sus compañeros y compañeras de trabajo una situación muy complicada en la que está en juego su vida y la de todos los que están expuestos de manera cotidiana en el hospital. Allí, según sus propias palabras, deben dar servicio “sin los insumos suficientes”, y asegura que “necesitan de todo”.
Cuando empieza a enumerar, la lista parece interminable: “Como en la mayoría de los hospitales, no hay elementos de protección personal, ni en cantidad suficientes, ni de calidad”. Y cuenta que tampoco tienen algo tan básico como uniformes completos, “ni lavados ni desinfectados”. Además revela que “faltan elementos de trabajo en general y personal capacitado para dirigir una pandemia como esta”. Tampoco cuentan con protocolos para cada servicio, ni fumigaciones ni entrega de repelentes para combatir la otra epidemia: el dengue.
Según Máxima, también necesitan “más enfermeros capacitados para poder abrir los servicios cerrados”. Pero a todas estas falencias, se les suman otros problemas que aquejan al personal de salud en general: “Necesitamos aumento salarial urgente y el cobro de los bonos prometidos por las autoridades”.
Al igual que muchísimos enfermeros y enfermeras en el resto del país, exige que se los reconozca: “quedó demostrado que somos personal esencial, por eso pedimos que se nos reconozca como profesionales de la salud y nos incluyan dentro de la ley 6035”.
Estos reclamos que hacen hoy las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Tornú, se replican en las instituciones de salud a lo largo y ancho del país. Quienes se encuentran en primera línea enfrentando a esta pandemia, se encuentran hoy en una situación extrema y con sus derechos vulnerados.
Es necesario que tanto el Gobierno de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta, como el Nacional de Alberto Fernández, atiendan sus necesidades de forma urgente. Hay que avanzar en la unificación del sistema de salud público y privado, para que los recursos vayan destinados a cubrir las necesidades reales de la población, sin que haya pacientes y trabajadores de primera y de segunda.