Red de radios

7.5.2020

Por Alfonso de Villalobos

La movilización rechazó la aprobación de una norma presentada por el ejecutivo que en su versión original permitía escalonar el pago de los salarios y otorgaba facultades especiales al Jefe de Gobierno. Se aprobó con modificaciones que mantienen el congelamiento de haberes y reducciones de presupuestos para obras en barrios carenciados.

Con barbijos y respetando a rajatablas la distancia social recomendada por los autoridades sanitarias un nutrido grupo de representantes de la Asamblea de residentes y concurrentes (jóvenes profesionales de la salud) de la Ciudad de Buenos Aires junto con docentes del sindicato Ademys protestaron en Diagonal Sur y Alsina a metros de la legislatura porteña que amaneció con un fuerte vallado pero escasa presencia policial.
La movilización fue acompañada por partidos de izquierda y organizaciones sociales como el Polo Obrero y el Movimiento Teresa Vive y participaron alrededor de 500 personas que se distribuyeron en la cuadra de Diagonal Sur que va desde la calle Alsina hasta Chacabuco.
Se trató del segundo día consecutivo en el que, con el marco de la cuarentena oficial, se produjeron movilizaciones callejeras por reclamos populares.
El miércoles había sido el turno de organizaciones piqueteras que con la consigna de “Con hambre no hay cuarentena” decidieron movilizar a la avenida 9 de julio con el propósito de conseguir una entrevista con el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo porque aseguran que hace semanas que no reciben alimentos suficiente para los comedores populares cuya demanda se incrementó exponencialmente como resultado del contexto de crisis. También reclamaron la ampliación del IFE y soluciones para la crisis sanitaria que se vive en villas y barrios populares.
El jueves fue el turno de los gremios porteños que rechazan la ley de Emergencia económica que el oficialismo de la ciudad presentó en la legislatura porteña y que, en su versión original, facultaba al ejecutivo a congelar y hasta reducir unilateralmente los salarios de sus empleados así como realizar los pagos en cuotas de los mismos.
La asamblea de residentes y concurrentes, además, puso el foco en el reclamo que vienen sosteniendo desde noviembre del año pasado con relación al pedido de un reconocimiento salarial para los concurrentes que trabajan en los hospitales públicos sin percibir haberes y, en el actual contexto, se encuentran expuestos al contagio comprometiendo la posibilidad de percibir haberes en las otras actividades laborales que están obligados a sostener.
La movilización se formó parte de una jornada nacional de protesta a la que adhirieron unos 40 de gremios de la salud en todo el país.
Otros gremios municipales, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estaba evaluando su participación en la movilización pero, ante las versiones acerca de la posible eliminación de uno de los artículos, el 19, referido a la cuotificación de los haberes finalmente decidieron no hacerlo.
Amanda Martín, secretaria gremial del sindicato Ademys explicó que “estuvimos presentes en la Legislatura luego de desenvolver una campaña en las escuelas con asambleas virtuales y una asamblea general del gremio con tres centenares de participantes y un petitorio con el propósito de reclamar el retiro de la ley que, entre otras implicancias le da la facultad al ejecutivo de congelar el salario y pagarlo en cuotas así reorientar recursos de la ciudad contra los intereses de los trabajadores. Es algo que están tratando de hacer otros gobernadores de distintos signos políticos.”
Sobre la modificación del articulado y el retiro del polémico artículo 19, que se oficializó en el propio recinto, Martin explicó que, “queda en pie el artículo 17 que congela el salario cuando además tenemos una cuota pendiente en paritarias planteada para el mes de junio. Además el artículo 12 permite el despido de trabajadores contratados en la ciudad que son más de 18 mil”.
Sobre un total de 59 legisladores presentes con el voto positivo de 38 la ley se aprobó con las modificaciones. Sobre la modificación del articulado y el retiro del polémico artículo 19, que se oficializó en el propio recinto, Martin explicó que, “queda en pie el artículo 17 que congela el salario cuando además tenemos una cuota pendiente en paritarias planteada para el mes de junio. Además el artículo 12 permite el despido de trabajadores contratados en la ciudad que son más de 18 mil”.
Sobre un total de 59 legisladores presentes con el voto positivo de 38 la ley se aprobó con las modificaciones.

7.5.2020

Hay preocupación entre los trabajadores de la Ciudad. Tambalean 18.000 contratos debido a la sanción de la ley de Emergencia Económica por el coronavirus.

En medio de polémicas, cruces y denuncias de posible precarización laboral, suspensiones y recortes salariales, la Legislatura porteña aprobó este jueves la Ley de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad, por la que se le otorgan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta herramientas como la «ilimitada» reasignación de partidas y la revisión de contratos de bienes y servicios, con la excusa de afrontar las dificultades derivadas de la pandemia de coronavirus Covid-19.
En una sesión mixta -virtual y presencial-, la iniciativa fue aprobada con 38 votos positivos de los bloques de Vamos Juntos,(macrismo-larretismo puro), Partido Socialista (manejado por el centrista Roy Cortina), UCR-Evolución (Lousteau), Consenso Federal (lo que queda del lavagnismo) y GEN (Stolbizer), todos socios políticos del jefe comunal.
En tanto, la iniciativa recibió el rechazo de 21 diputados del Frente de Todos, Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad (Luis Zamora).
El proyecto había sido enviado a la Legislatura hace dos semanas desde el Poder Ejecutivo y durante su tratamiento en la Comisión de Presupuesto recibió señalamientos de bloques opositores y aliados, lo que dilató su tratamiento e hizo peligrar su aprobación, lo que derivó en modificaciones, muchas de ellas que corrigieron la embestida del gobierno porteño contra los salarios municipales.
Durante las casi tres horas que duró el debate no faltaron cruces y chicanas sobre las responsabilidades de los gobiernos, las excepcionalidades dispuestas en momentos de emergencia, quiénes son los actores más perjudicados de la crisis y cuáles son las medidas necesarias para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia.
El punto más polémico del proyecto original era el que facultaba al gobierno de Rodríguez Larreta a escalonar el pago de los salarios de los trabajadores del Estado local ante una virtual falta de liquidez en las cuentas públicas.
En ese sentido, Claudio Romero (Vamos Juntos) calificó a esa idea como un “error” que fue “subsanado”, pero no dejó de recordarle a la oposición que en la historia de la Ciudad esa medida la habían tomado un gobierno peronista, en 1992 (Carlos Grosso), y un gobierno progresista, en 2002 (Aníbal Ibarra).
El presidente de la Comisión de Presupuesto dijo que fue el propio Jefe de Gobierno quién decidió “retirar el escalonamiento que trajo mucha zozobra” y estimó que cuando se comete “algún que otro error” si se “puede enmendar, no es trágico, sino que habla de la grandeza de haber reconocido que podemos mejorar”.
Sin embargo, desde los partidos opositores señalaron que la ley nada dice de los contratos de locación de servicio, lo que pone en riesgo potencial a “cerca de 18 mil trabajadores”.
También se criticó de manera reiterada que, ante la posibilidad de reasignar partidas por encima de lo indicado en el marco normativo, no existieran mayores controles parlamentarios.
La creación de una comisión especial de seguimiento de la redistribución de fondos es -a los ojos de la oposición- “pomposa”, burocrática e insuficiente.
Sobre ese punto, Cecilia Segura (Frente de Todos) señaló que la estructura de ese organismo pone la mayoría y la presidencia a manos del oficialismo y que se corre riesgo de “que termine siendo una comisión de convalidación de la impunidad”.
La eliminación del tope del 5% para re-direccionar partidas también fue criticada por su compañero de bancada, Javier Andrade, quien señaló que, por ejemplo, la Ley de Emergencia Nacional votada en diciembre último ponía un tope del 7,5%.
Desde la UCR, Francisco Nosiglia dijo “no comprender el ánimo de no acompañar (esta iniciativa), cuando en Nación se gobierna sin presupuesto, sin sesionar en el Congreso, con una Ley de Emergencia de 2019 que delegó más competencias que la de 2002”.
El Frente de Todos explicó su rechazo a la norma no sólo en la “discrecionalidad absoluta” para el manejo de fondos sino que especialmente criticó la falta de políticas económicas que apuntaran a fortalecer a sectores vulnerables, a sectores medios de la ciudadanía porteña y a las PyMEs.
Andrade dijo además que esta crisis puso en evidencia otras carencias “estructurales” generadas por el macrismo, cómo “la pérdida de 500 camas de internación que ahora se está trabajando para recuperar”.
También se destacaron las críticas a la concentración de todos los ingresos en una cuenta pública unificada y en el re-direccionamiento de los fondos del juego que se destinan al Instituto de la Vivienda hacia otras áreas sensibles.
“Los que votan esta ley lo están haciendo para que no haya agua en las villas de la Ciudad”, disparó Gabriel Solano (FIT-PO) quién además apuntó contra la precarización de los salarios, especialmente los del personal de salud, quienes afrontan la pandemia “sin los equipamientos de protección” necesarios.
En cambio, el socialista Roy Cortina afirmó que no se trata de una “ley perfecta para todos pero es absolutamente razonable”, mucho “más sobria que la ley de emergencia nacional”.
Al momento de presentar el proyecto, el ministro de Economía porteño, Martín Mura, había dimensionado la crisis de recaudación con una caída estimada de 80.000 millones de pesos.
La norma aprobada podrá ser aplicada hasta el 31 de diciembre de este año y alcanza a los tres poderes del Estado porteño.

7.5.2020

Así lo ordenó el juez porteño Osvaldo Otheguy. El suministro debe alcanzar para satisfacer todos los usos diarios: higiene personal y doméstica, y consumo directo para prevenir el dengue y el coronavirus.

A partir de un amparo presentado por organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales, el juez porteño Osvaldo Otheguy ordenó al gobierno de la Ciudad a garantizar el acceso al agua potable a las 400 mil personas que viven en barrios populares del territorio porteño durante la pandemia de coronavirus y la epidemia de dengue.
La presentación fue realizada por la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, CTA Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), que dirige Claudio Lozano, junto a referentas y referentes de Barrios Populares (Villa 21-24, Barrio Inta, Barrio Scapino, Barrio Cildáñez, La Villa 15 – Oculta -, Villa 20).
El fallo le ordena al gobierno de la Ciudad en un plazo de 5 días garantizar la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios donde no haya suministro continuo de agua corriente luego de que los casos de contagios dentro de villas y asentamientos se disparara en los últimos días con especial rapidez en el barrio padre Mujica, donde estuvieron sin agua 10 días.
“La justicia reconoce que no hay acceso al agua potable en los Barrios Populares y que las acciones realizadas por el GCBA son insuficientes”, señalaron los denunciantes y recordaron que el GCBA destina para cada villa, en promedio, un camión de 7.000 litros de capacidad durante 12 horas que a lo sumo abastece a 140 habitantes por día en barrios cuya población supera las decenas de miles de personas. Según los estándares internacionales citados por la justicia, se establecen dotaciones de consumo de agua potable con valores entre 150 y 250 litros por habitante por día.
A partir del fallo y durante la crisis sanitaria por el coronavirus y dengue, la Ciudad deberá también elaborar “un Plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias que incluya un cronograma detallado para cada Barrio Popular con recorridos, fechas y horarios precisos, previamente acordados con la comunidad y adecuadamente difundidos que garantice, (…), la entrega de agua a granel para todos los usos (…) que no cuenten con suministro continuo de agua corriente”
También le exige a la administración de la Ciudad que elabore e implemente un Protocolo de Actuación para brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias para reducir el riesgo sanitario.

7.5.2020

Por Prensa FOL

Miedo y preocupación son sentimientos generalizados ante la expansión del virus en el barrio. Pero también la convicción de que la salida es organizándose de manera colectiva.

Pasaron dos semanas desde que se registró el primer caso de coronavirus en la Villa 31 y ya son más 133 las personas infectadas. La expansión del virus sembró el miedo, la preocupación y la incertidumbre entre lxs vecinxs que saben que por las condiciones en las que viven las consecuencias pueden desatar el caos. A esto se le suma la falta de anticipación y respuestas por parte del gobierno de la Ciudad, frente a lo cual fueron los movimientos sociales quienes debieron ponerse a la cabeza.
Nadith es militante del Frente de Organizaciones en Lucha y compañera de la segunda persona que se infectó en la villa. Ambas llevan adelante el comedor “Luchadoras Unidas” junto a varias compañeras más. Desde que comenzó la cuarentena comprendieron que era fundamental continuar con el comedor y el merendero porque, a las panzas ya hambrientas de lxs miles de niñxs que habitan el barrio, ahora se sumarían varias semanas sin que la gente pudiera salir a “ganarse el mango” y entonces el hambre sería la real pandemia para sus vecinxs.
“Se acercan alrededor de 400 familias al comedor. Al principio hemos estado asistiendo en dos horarios, uno a la mañana para darles a las compañeras que están participando del FOL, y otro a la tarde para todos los vecinos que más necesitan. Lo hacemos así porque el espacio que tenemos no es suficiente y no queríamos que se junten muchas personas. Cocinamos los 5 días de la semana, yo estuve yendo todos los días.”
La Villa 31 tiene alrededor de 40.000 habitantes según el censo realizado en el 2010, pero hay un gran porcentaje de sub registro y desde aquella fecha hasta ahora la población aumentó de manera drástica producto de las políticas económicas que profundizaron la pobreza. Un 36% son niñxs de entre 5 y 17 años, y son la principal preocupación de las mujeres que llevan adelante los comedores y merenderos.
Por eso, desde que empezó el aislamiento, Nadith se pasó 6 horas diarias cocinando y repartiendo. Luego del primer contagio la situación empeoró porque las personas que habían tenido contacto estrecho tuvieron que aislarse, y por lo tanto quedó un grupo de 4 o 5 compañeras al frente de la cocina.
“Tuvimos que reducir todo al turno de la mañana, porque no dábamos abasto, era mucho cansancio. Además ya no estamos cocinando, damos la comida cruda para que se nos haga más fácil. Ponemos una mesa afuera para que la gente apoye su tupper y una de nosotras se encarga de servir sin tocar nada. Además reforzamos los métodos de higiene y cuidado.”
A esto se le suma, que la villa estuvo más de 8 días sin agua y en algunos sectores sin luz. Este no es un problema que haya aparecido recién ahora, pero en este contexto complica aún más las posibilidades de mantener los métodos de cuidado. Mientras tanto Horacio Rodríguez Larreta se pasaba la pelota con Malena Galmarini, titular de Aysa, para ver a quien le correspondía solucionar el problema.
Cuando comenzaron a aparecer las primeras noticias del coronavirus en China, la mayor parte de la población en el resto del mundo no se alarmó, parecía algo muy lejano. Pero en tan sólo tres meses el virus llegó a la villa y ahí la sensación de pánico y miedo estremeció al barrio. Por lo que desde el comedor “Luchadoras Unidas” hicieron honor a su nombre y se pusieron a la cabeza de explicarle a lxs vecinxs los métodos de cuidado: el barbijo para cocinar, un poco de alcohol en gel antes de recibir el taper, la lavandina en las superficies y el lavado de manos constante se hicieron rutina y paisaje.
“Lo que más me cuesta es hacerles entender a mis hijos (uno de 3 años y otra de 7) que no los puedo tener pegados, ni dormir en la misma cama, ni compartir las mismas cosas. Me cuesta mucho separarme de ellos. El más chiquito se pone a llorar y duele ver eso, pero es por su bien. Además desde que se contagió mi compañera, mi familia no quiere que salga de la casa, pero he tenido que hacerles entender que no es porque a mí se me da la gana, o porque quiero ser la heroína, o porque yo soy la única. Que hay muchas familias que lo necesitan y que si no ponemos de nuestra parte ¿qué vamos a hacer?”
Relató Nadith, quien junto a sus compañeras comenzó a reclamar que se hagan los testeos a las personas que tuvieron contacto estrecho con la primera contagiada. Recién ayer el gobierno de la ciudad llevó a cabo el operativo focalizado, e incluso desde el FOL pusieron a disposición el espacio del jardín para que lxs médicxs pudieran trabajar.
“Yo estoy muy molesta con el gobierno, porque no nos pusieron atención. Estuvimos insistiendo para que hagan el hisopado y el testeo a las compañeras, y recién ahora lo están haciendo. Te da una impotencia, capaz si ellos hubieran tomado medidas al primer caso el virus no hubiese crecido de esta manera, pero bueno…esperaron a que se enferme mucha gente.”
A su vez, ella resaltó que hay muchas desigualdades a la hora de llevar adelante la cuarentena y que tampoco es posible el aislamiento comunitario como se propuso desde el gobierno. En el barrio no hay cajeros ni farmacias, los más cercanos quedan a 1 km de la zona, por lo cual salir es inevitable. A su vez, lxs almacenerxs tienen que salir a los mercados para proveerse de mercadería, y según contó Nadiht venden a precios más elevados, por lo tanto lxs vecinxs se van a supermercados más grandes en búsqueda de precios más económicos.
“Es muy diferente la vida en la villa a lo que es afuera. Hay una barrera entre los que viven bien y tienen espacio para poder cumplir la cuarentena, y quienes vivimos acá en una habitación de 4×4 con 6 personas. Si una sale y se infecta, contagia a toda la familia. ¿Qué quieren que la gente de la villa muera por falta de atención del gobierno de la ciudad?”
Ante la falta de protocolos específicos para asistir a las personas en los barrios populares, desde el FOL comenzaron a organizarse rápidamente para hacer el relevamiento de las personas que habían tenido contacto, aislarlas y garantizar la asistencia alimentaria suficiente como para que no tuviesen que salir de sus casas.
Nadith y sus compañeras construyeron y alimentaron un saber popular indispensable para sobrevivir al sistema y a las épocas de crisis: la lucha y la solidaridad de lxs de abajo. Como ella misma expresó, la organización es la primera que está cuando las papas queman y en ese espacio todas saben que no les hará falta nada porque entre todas buscarán una salida colectiva.

6.5.2020

La justicia reconoció que no hay acceso al agua potable en los Barrios Populares y que las acciones realizadas por el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires son insuficientes, por lo que le exige garantizar el agua potable en calidad y cantidad suficientes para satisfacer todos los usos diarios: higiene personal y doméstica, y consumo directo.

Actualmente, el gobierno porteño destina para cada villa, en promedio, un camión de 7.000 litros de capacidad durante 12 horas que a lo sumo abastece a 140 habitantes por día en barrios cuya población supera las decenas de miles de personas.
En la sentencia se operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua potable disponiendo como dotación diaria por habitante para los Barrios Populares la que corresponde al resto de la ciudad (150 litros diarios por habitante).
Finalmente, la justicia ordenó al gobierno de la Ciudad que elabore, en un plazo de 5 días, e implemente un plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias previamente acordado con la comunidad.
La sentencia judicial es en respuesta a la acción de amparo colectivo presentada por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera, el El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y referentas y referentes de Barrios Populares (Villa 21-24, Barrio Inta, Barrio Scapino, Barrio Cildáñez, La Villa 15 – Oculta -, Villa 20), con relación al acceso al agua potable y saneamiento seguro en las villas y asentamientos de la Ciudad (Barrios Populares según Ley N° 27.453) como forma esencial de prevención del contagio del Coronavirus Covid-19 y del Dengue.
Las organizaciones explicaron que el juez Osvaldo Otheguy ordenó al gobierno porteño a que en el plazo de 5 (cinco) días:

A) Elabore un Plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias que incluya un cronograma detallado para cada Barrio Popular con recorridos, fechas y horarios precisos, previamente acordados con la comunidad y adecuadamente difundidos que garantice, a pedido de los habitantes de los Barrios Populares, la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente;

B) Incremente la entrega de agua a granel para todos los usos (consumo directo, manipulación de alimentos, higiene personal, higiene del hogar, etc.) en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente debiendo tener como guía para la dotación por habitante las normativas nacionales e internacionales que establecen las dotaciones de consumo de agua potable con valores entre 150 y 250 litros por habitante por día y las guías de diseño del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que establecen dotaciones de diseño para los proyectos de agua potable de 150 a 300 litros por habitante día. Estos estándares se indican para determinar una medida, sin perjuicio desde luego de que la demandada puede aportar en forma fundada otros estándares que correspondiesen a la situación a fin de que sean evaluados por el tribunal; y

C) Elabore e implemente un Protocolo de Actuación para brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias. Deberá incorporar medidas preventivas que las familias deberían adoptar (hervir el agua, incorporarle lavandina, etc.) para reducir el riesgo sanitario. Ello así, hasta que el tribunal competente resuelva la procedencia de la medida cautelar solicitada.

El objeto de la acción judicial colectiva presentada consistía en que el gobierno porteño garantice al 100% de las familias de los Barrios Populares el acceso formal al servicio de agua potable y saneamiento cloacal, para lo que se solicitó la elaboración de un Plan de Agua Potable y Saneamiento Cloacal, consensuado con las comunidades barriales, que contemple los ejes: Diseño Infraestructura; Modalidades de Ejecución y Contratación para las Obras; Programa de Control y Monitoreo Ciudadano; y Sistema Tarifario Social Especial. Y transversalmente a estos ejes la dimensión productiva y del trabajo; la participación comunitaria y la perspectiva de género y diversidad.
Frente a la emergencia y la falta de acceso al agua potable en los barrios populares que incrementan el riesgo para la vida y la salud de sus habitantes ante el Coronavirus -Covid-19 y el Dengue, se peticionó cautelarmente:
1. Un Plan de Contingencia.
2. Garantizar dos (2) litros de agua potable envasada por habitante diariamente y la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua potable. La entrega de agua potable deberá respetar un cronograma, debidamente difundido, con recorridos, días y horarios precisos.
3. Garantizar de manera gratuita en cada hogar dos (2) garrafas de 10 kilos, 8 litros de lavandina, jabón blanco en pan y detergente para llevar a cabo la higiene de los integrantes de la familia por mes.
4. Un sistema de monitoreo de la calidad, presión y continuidad del agua de consumo en los Barrios Populares. El programa de monitoreo deberá incluir el control de la calidad del agua entregada mediante camiones cisterna.
5. Un Programa de Limpieza periódica de tanques a cargo de las cooperativas y organizaciones sociales y comunitarias.
6. Abastecer de tanques plásticos domiciliarios de calidad homologada a todos los hogares.
7. Fortalecer el Sistema de Atención Primaria para mejorar la atención prioritaria y el registro de enfermedades hídricas incorporando la figura de las promotoras de salud.
8. Garantizar económica y técnicamente a través de un programa la ejecución de núcleos húmedos a fin de garantizar en cada hogar un baño completo y dos (2) canillas.
9. La formalización del servicio de agua potable y saneamiento cloacal para la totalidad de las viviendas frentistas a vías públicas formales.