Pandemia y Estado ausente: la resistencia villera en el Barrio Padre Mugica

9.5.2020

Por Nicolás G. Recoaro

Crónica de una recorrida por la Villa 31, donde el número de casos de coronavirus se multiplicó en los últimos días, impulsado por el hacinamiento y la desidia del gobierno porteño.

“Nos decían que había que lavarse las manos y desinfectar las casas para matar al coronavirus. Pero por ahí el Gobierno de la Ciudad no sabe que sin agua no podemos limpiar, bañarnos, cocinar, ir al baño. En vez del virus, nos morimos nosotros. Decime quién aguanta así una cuarentena”. Silvina Olivera hace preguntas, pero no encuentra respuestas. Habla frente al modernísimo Ministerio de Educación porteño, el edificio de aires minimalistas que da la espalda al populoso Barrio Padre Mugica. Como el Estado.
Olivera, nacida y criada en la ex Villa 31, sabe de memoria las penurias que atraviesa. Tiene 36 años, trabaja de cajera en una franquicia pero ahora la licenciaron, y tiene bronquitis crónica. “Soy grupo de riesgo, también para los despidos que se vienen en el laburo”, mastica bronca la rubia detrás del ajustado barbijo. Mientras camina por los delgados pasillos, cuenta que a fines de abril dejó de tener agua en su casa. Vive en un tercer piso, con sus tres hijos. Al tercer día de sequía tomó coraje, agarró unos baldes y cruzó todo el barrio hasta donde estaban estacionados los camiones aguateros. “Eso fue más o menos el 20 de abril, cuando se conoció el primer caso de un vecino con coronavirus.” Dos semanas después, son 280 los contagiados.
“Se descontroló todo, la Ciudad no estuvo presente. Los camiones no podían entrar, hubo largas filas para conseguir agua. Yo me pregunto cuántos vecinos se habrán contagiado esos días. Ahora aumentan día a día y tenemos miedo. La cuarentena acá se pasa en piezas alquiladas de tres por tres, donde viven varias familias, comparten el baño, la cocina. Y sin agua es imposible.”
“¡Quién, quién, quién podrá ayudarme ahora!”, suena en el pasillo un clásico de Viejas Locas. Con la cuarentena estricta se acabaron las changas, el fiado, y ahí aparece el rol esencial de los comedores: “Hay 63 en el barrio –cuenta Olivera–, la mayoría sostenidos con aportes de los vecinos. Desde Ciudad mandaron asistencia sólo para ocho, parece una joda”. Esta semana les dijeron que iban a reforzar las entregas. Pero la única verdad es la realidad: hay lista de espera para conseguir un plato de comida. “Ellos hicieron campaña con nuestro barrio. Hablaban de integración, puras truchadas. Red de agua precaria sin terminar, mucho maquillaje en las fachadas, pero sin servicios básicos, hacinados, olvidados. La ayuda viene de las organizaciones sociales. Del Estado, olvidate”.
Walter José Larrea es auxiliar docente del Polo Educativo Mugica, miembro de la Mesa Participativa de Urbanización y militante social siempre al pie de la olla en más de un comedor. Dice que “la cuarentena ensanchó la desigualdad en la escuela de una forma atroz. Desde el Ministerio de Educación dicen que las clases siguen en forma virtual, pero es mentira: los pibes del barrio no tienen computadoras, wifi, Internet”. Los docentes, dice, no bajaron los brazos e improvisaron un campus online tracción a sangre: el hilito invisible que conecta a los pibes con la escuela se amarra a la suerte del curtido celular familiar. Si funciona.
El preceptor cuenta que el número de estudiantes que se acercan a pedir los bolsones con mercadería crece semana a semana. No alcanzan. Larrea cuenta una historia, “de las miles que hay: hace unas semanas, una piba de la escuela se puso a juntar peso por peso para amar una olla popular. Con la familia armó una puchereada y fueron a comer 200 personas. Desde ese día no frenaron y la hacen todas las noches. Piden en los almacenes, en las carnicerías. Sin estos lazos solidarios de los vecinos, de las organizaciones sociales y de la Iglesia, el barrio volaría por los aires, porque la cuarentena lo transformó en un polvorín donde viven 40 mil personas. Del Gobierno de la Ciudad ni hablemos. Hacen lindos flyers de prevención”.
Más de cien metros tiene la fila, el largo de la cancha de fútbol, y llega hasta la parroquia Cristo Obrero. Los vecinos esperan su turno para tramitar el DNI o consultar sobre el cobro del IFE salvador. Araceli Álvarez se pasa la mañana orientando a las familias, pidiendo que guarden la obligatoria distancia social, repartiendo barbijos. Llegó a la 31 hace tres décadas desde Oruro. Es enfermera del Garrahan y milita en la organización barrial El Hormiguero: “No laburo en la Anses ni en el Renaper, pero acá estoy dando una mano, cuidando a mis vecinos. Parece una frase hecha, pero de esta salimos todos juntos”.
Jonathan Frías se agarra la cabeza y dice que ya no cree en milagros. Es la tercera vez que se acerca a preguntar por el ingreso de emergencia: “Laburaba en la obra, pero se paró todo. Sólo tengo un subsidio de 3500 pesos, que es una risa para lo que sale el morfi. Tengo un pibe de ocho y vamos a los comedores. Todos mis amigos andan igual: es cagarte de hambre o agarrarte el virus”.
“Comedor cerrado por caso de Covid”. La cartulina con prolija letra de imprenta está pegada en la puerta del local. “Es el comedor de Tapia, uno de los históricos del barrio. Una chica de la cocina tiene coronavirus, por eso están todos aislados. Dicen que abre en seis días, crucemos los dedos”, explica una señora que carga tuppers vacíos en una bolsa. Pegadito al de Tapia funciona el comedor de Alicia García. Se llama Arca de Noé. Alicia, 73 años, trabaja a cuatro manos este mediodía. Todavía falta un rato para empezar a repartir el guiso, pero ya hay una larga cola: “Estamos acá desde el ’89. Siempre hubo necesidades, pero me cuesta recordar un momento parecido. Si venía en marzo, esta fila no existía. Es mucha gente que perdió el rebusque. El otro día un viejito llorando me preguntó si podía quedarse a dormir. No sabía qué decirle”.
El comedor de Alicia también da cobijo a un taller de costura. Estuvieron armando barbijos para repartir en el barrio. Lo que más extraña, dice, es “tener a los vecinos comiendo adentro del local. Ahora es cargar el tupper o la olla a distancia. No puedo darles un abrazo. Es que acá somos una familia, ¿me entiende?”.
Pamela, promotora de salud, anda con su visera y una planilla a cuestas de una punta a otra de la 31, buscando a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos: “El operativo arrancó el martes. No es un testeo masivo, como dicen. Pero ayuda para empezar a controlar la expansión. Después de dos semanas sin agua y con cortes de luz, no tenemos idea de cuántos vecinos se enfermaron”. Sigue con su pesquisa en la barriada, pero antes reflexiona sobre su trabajo: “Soy laburante ‘esencial’, como dicen los de la tele y el gobierno. Pero para ser esencial, primero debe ser un trabajo digno: con seguro, ART, contrato en blanco. Un trabajo en regla. Eso para mí es esencial”.

Cárcel de Devoto: “Nosotros luchamos solo por nuestros derechos”

8.5.2020

Por Oscar Castelnovo

Uno de los referentes de los detenidos en Devoto, Carlos Palazzo, expresó que el acuerdo fue positivo, es un tramo de nuestra lucha ante un sistema tan injusto, tenemos compañeros y chicas que ya deberían estar en libertad porque pasaron años sin condena firme, porque ya la cumplieron o porque pertenecen a grupos de riesgo ante la covid-19. Y no estamos hablando de violadores o genocidas. Sino de la mayoría de la población en las cárceles que pudo o no haber cometidos delitos contra la propiedad o infringir la ley de drogas. El próximo 20 de mayo nos volvemos a juntar porque hay mucho para resolver. Nosotros solo luchamos por nuestros derechos”

Con el acta-acuerdo firmada, este miércoles, por detenidos, funcionarios, miembros de la justicia y de organismos de derechos humanos, en medio de la pandemia de la covid-19, amainó el conflicto en la cárcel de Devoto. Allí, estuvo el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, cuya ausencia la semana anterior fue motivo de tensión ya que los presos reclamaban que viniese como interlocutor ministerial. Su presencia era necesaria para que asuma, por caso, el compromiso con relación a los criterios criminológicos e informes que elabora la autoridad penitenciaria, punitivos como método, que resultan decisivos para la libertades y/o morigeraciones.
Así, acordaron la conformación de un grupo de trabajo que aborde la temática penitenciaria en forma «integral», con lo que dieron por concluidas las negociaciones iniciadas el 24 de abril pasado tras la jornada de protesta de detenidos en reclamo de prisiones domiciliarias por el coronavirus.
También participaron del encuentro el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; el juez Daniel Morín, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; la jueza de Ejecución 2 Vilma Bisceglia; y el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emilio Blanco. En la mesa de diálogo estuvo Ariel Cejas Meliare, de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Andrea Casamento de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad), Claudia Cesaroni (Cepoc) y el abogado Matías Isequilla del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla), entre otras organizaciones.
Como ha denunciado esta Agencia, tanto el presidente Fernández como los gobernadores de las provincias podrían haber decretado conmutaciones de penas, pero negaron esa posibilidad al tronar de las cacerolas de la ultraderecha que hoy también manifestarán en las esquinas contra «el comunismo» (sic). Así, de las 1.280 personas detenidas en las cárceles federales que reúnen los requisitos establecidos por Casación, muy pocas fueron excarceladas hasta ayer, a más de un mes de declarada la cuarentena. Países de todo el planeta, incluido Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España o Irán liberaron o dieron arrestos domiciliarios a miles de sus detenidos ante el riesgo de la covid-19. La Argentina, hasta el momento, eligió hacer equilibrio al borde del precipicio.

Aprobaron súper poderes para Horacio Rodríguez Larreta

9.5.2020

Lo hizo la Legislatura porteña en la sesión de este jueves 7 de mayo. El Proyecto de Ley N° 818-J-2020 de “Emergencia Económica y Financiera” obtuvo 38 votos afirmativos (Pro, Radicalismo, Socialismo, Coalición Cívica) y 21 negativos (Frente de Todxs, FIt).

Desde distintas organizaciones, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas explicaron que el proyecto fue enviado por el Jefe de Gobierno para que la Legislatura le otorgue la suma del poder público al Ejecutivo, pero que la Legislatura tiene prohibido por la Constitución delegar facultades sin excepción (Art. 84), por lo que el proyecto de ley debería votarse con 40 votos y doble lectura (y no 31 votos y simple lectura).
Las organizaciones aseguran que los legisladores y las legisladoras que aprobaron la norma violaron estos mandatos constitucionales.
En cuanto a los súper poderes que tendrá el jefe de Gobierno, detallaron:
* Suspender la VIGENCIA DE LEYES, por ejemplo, las leyes ambientales, de seguridad, de transporte, de planeamiento urbano. Suspender los mecanismos de democracia participativa, programas comunales, etcétera.
Una Ley estará vigente sólo si Rodríguez Larreta decide cumplirla.
Este Súper poder no lo tuvo ningún Poder Ejecutivo democrático.
*Podrá distribuir a voluntad la totalidad del PRESUPUESTO sin límites.
El destino de todos los recursos de la ciudad los definirá el Jefe de Gobierno.
Se ha tomado deuda para sobreprecios y para fortalecer las fuerzas de seguridad para la represión.
¿En qué dirección creen que usará este súper poder?
* MODIFICAR contratos, permisos, CONCESIONES, compras reguladas por las leyes sin límites.
Venimos de la privatización histórica de tierras públicas y de la reprivatización de todos los servicios públicos de la ciudad.
¿Imaginan lo que hará con este súper poder?
*Recortará el presupuesto para las POLÍTICAS de VIVIENDA y para los procesos de REURBANIZACIÓN de los Barrios Populares
Por la falta de infraestructura sanitaria en las villas, 400 mil personas no tienen agua potable segura.
En este sentido, las organizaciones manifestaron que esta ley “no es solo un cheque en blanco sino la forma indirecta de cerrar la Legislatura y desvirtuar la democracia representativa y participativa”.

El Gobierno de la CABA recorta raciones de comedores comunitarios

8.5.2020

El Movimiento Resistencia Popular denuncia que el gobierno porteño “decide dejar a 500 personas de los barrios de La Boca, Constitución y Villa 21-24 sin alimento”. Compartimos comunicado

COMUNICADO
En una total falta de sensibilidad el Gobierno de la Ciudad sigue desoyendo las necesidades de los barrios carenciados de la Capital Federal.
En medio de una pandemia mundial el gobierno de Larreta decide dejar a 500 personas de los barrios de La Boca, Constitución y Villa 21-24 sin alimento.
La gente hace ya 40 días que se encuentra completamente imposibilitada de trabajar y la demanda de alimentos crece día a día. Da tristeza ver las largas colas de vecinos que esperan hasta 4 horas por un plato de comida, pero es la realidad. Muchos esperan desde las 10 de la mañana para poder comer a las 14:00 horas. Ahora no tienen ni siquiera esa posibilidad.
Nosotros pagamos los alquileres, los servicios, el gas, nuestros compañeros se exponen para cumplir una tarea social PERO SIN ALIMENTOS ES IMPOSIBLE COCINAR.
Frente a esta total falta de empatía propia de gobernantes millonarios, los vecinos han decidido cortar las avenidas más cercanas en el horario del mediodía, para luego dirigirse a la dependencia de Desarrollo Social.

La curva en barrios vulnerables de CABA no se aplana: ya son 365 los casos de Covid-19

7.5.2020

Por Leandro Sorribas

En el operativo conjunto entre Nación y Ciudad en la Villa 31, resultaron positivos 30 de las 39 personas testeadas. Los casos positivos de coronavirus en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires siguen en ascenso. Solamente ayer se confirmaron 64 nuevos diagnósticos de Covid-19 y ya fallecieron 6 personas.

El día de hoy jueves, donde la Legislatura porteña, decidirá la entrega de súper poderes para Horacio Rodríguez Larreta con la Ley de Emergencia Económica, salen a la luz datos preocupantes que demuestran la desidia criminal del Gobierno de la Ciudad en los barrios vulnerables. Mientras escandalosamente esta ley determina, dentro de otros puntos, la reducción de fondos destinados a las viviendas sociales.
Las denuncias de las organizaciones barriales y de DD.HH. fueron desoídas durante semanas. La falta de agua en la Villa 31 fue el detonante, pero ya el Covid-19 había entrado en los barrios vulnerables a partir de trabajadores de áreas esenciales que sufren la falta de protección sanitaria y deben volver a sus casas en situaciones de hacinamiento.
Los datos son alarmantes y tiran por la borda la teoría del aplanamiento de la curva de contagios. Solo ayer miércoles los casos positivos confirmados fueron 64 en barrio vulnerables, la mayoría se registran en la Villa 31 de Retiro y el Barrio Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14) del Bajo Flores. Más del 60% de los casos registrados en la Ciudad se dieron en los barrios populares. Y ya alcanzan los 365 casos positivos.
Este pasado martes, los ministerios de salud de Nación y Ciudad mancomunadamente fueron a la Villa 31 a realizar un operativo sanitario, luego de semanas de denuncias de las organizaciones barriales. De una población de más de 40.000 habitantes realizaron solamente 39 testeos, sobre una población de riesgo por su condición precaria de vida, hacinamiento, falta de agua para la higienización necesaria. Un “operativo sanitario” para el marketing con un casi nulo efecto epidemiológico. Así y todo 30 de los 39 testeos dio positivo para Covid-19, una proporción que rompe todo tipo de achatamiento de la curva de contagio.
A esto hay que sumarle que hace semanas los habitantes de la Villa 31 denuncian falta de agua, una necesidad esencial en especial en medio de la pandemia. La falta de agua, sigue sin resolverse, incluso ante un fallo judicial que le exige al Gobierno de la Ciudad una solución inmediata. Mientras entre el Gobierno porteño y la directiva nacional de la privatizada AYSA se tiran la pelota en búsqueda del responsable.
Recién el día de ayer, en una reunión entre las autoridades del GCBA y Malena Galmarini directiva por el Gobierno Nacional en la privatizada AYSA, se pusieron de acuerdo en solucionar el problema del agua en la Villa 31, problema que los vecinos denuncian desde enero de este año sin tener respuestas favorables por ninguna de las dos partes implicadas.
En dicha reunión acordaron un plan, poco creíble, que las obras necesarias para que llegue el agua a las casas tardarían unos 20 días. Mientras se sigue sin dar respuesta inmediata y en todo ese tiempo el contagio podría triplicarse, sin posibilidad siquiera de la higiene necesaria.
Como denunciaron los vecinos de la Villa 31 en el noticiero de nuestro diario: “yo misma hace meses le llevé el reclamo por el agua a la presidenta de AYSA Malena Galmarini y nunca me contestaron”.
Se transforma en una necesidad inmediata, sobre todo en los barrios populares, lo que desde la izquierda venimos exigiendo desde el comienzo de la pandemia, testeos masivos entre la población. Única forma de poder detectar que sectores necesitan asilamiento social, en especial en las barriadas populares donde el slogan #QuedateEnCasa es inviable por el alto grado de hacinamiento y por ser los sectores que necesitan ir a trabajar si o si, o incluso lo que es peor salir a buscar alimentación en comedores populares.
Y para lograr un aislamiento social real, es necesario utilizar los hoteles vacíos de la Ciudad, los mismos que se usaron para contener a los argentinos repatriados, además de las viviendas ociosas que dicho sea de paso se encuentran a metros de la misma Villa 31, en Puerto Madero, barrio de especulación inmobiliaria con cientos de departamentos a estrenar completamente vacíos.
La vulnerabilidad de las viviendas populares es proporcional a la vulnerabilidad laboral, con miles de despedidos que ni siquiera tienen la posibilidad de la changa diaria. Mientras se sigue extendiendo el pago del mísero bono IFE de $10.000, ahora dicen que recién en junio se completaría el primer pago, prácticamente a 2 meses de haber comenzado la cuarentena.
Siempre lo dijimos y ahora es clara para millones, la cuarentena como única medida sanitaria es una medida que excluye a todos los habitantes de los barrios populares de la Ciudad, como así también de las villas del conurbano bonaerense y de todas las grandes ciudades del país.

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