El Poder Judicial frenó la subasta en la que Larreta le cedió terrenos a Clarín

25.9.2020

La jueza María Soledad Larrea dispuso que no se realice la concesión del Gobierno de la Ciudad a Clarín hasta tanto Larreta informe cuántos predios le cedió al Grupo y de qué forma. Hizo lugar al amparo del último martes y detuvo por el momento la subasta.

El pasado martes fue interpuesto un recurso de amparo por legisladores y legisladoras porteñas, referentes sociales y de la comunicación, para frenar una subasta irregular, hecha a medida de Clarín, para transferir al grupo mediático de manera definitiva terrenos que hoy ocupa ilegalmente.
Se trata del estacionamiento que utiliza Canal 13, ubicado en Lima 1261, que fue emplazado en tierras públicas a partir de una cesión gratuita con vigencia de 28 años realizada por la dictadura. Una vez vencido ese plazo en el año 2006, se continuó beneficiando al Grupo otorgándole prórrogas y extensiones para que pudiera seguir haciendo un uso privado de terrenos que les corresponden a todas y todos los porteños.
Además, al día de hoy la empresa lo utiliza de forma ilegal porque tiene el contrato vencido desde 2017. Esto se dio a conocer en la causa -hoy archivada- que el grupo le inició a comunicadores populares por haberse manifestado en el estacionamiento en diciembre de 2018. Aquella movilización exigía que Cablevisión (perteneciente a Clarín) cumpla la ley e incluya en su grilla a Barricada TV, Pares TV y Urbana TV, situación que no aún no cambió.
“Estos grupos concentrados de comunicación lo único que hacen es ir en contra de la democratización de la palabra, acallando voces y censurando” dijo Lucía Maccagno, integrante de Barricada TV.
En un plazo de 5 días el GCBA debería informar cuántos predios públicos de la Ciudad están siendo actualmente utilizados (en forma gratuita u onerosa) por empresas pertenecientes al Grupo Clarín, cuáles son y en qué condiciones son utilizados. Además, deberá notificar ante el Juzgado N°21 por cuántos de los inmuebles a los que se refiere el procedimiento de subasta convocado por la Res 61/SSABI/20 presentó oferta alguna la empresa vinculada a Clarín.

Allanaron Comedor popular y la sede de las Asambleas del Pueblo en el barrio de San Telmo

24.9.2020

En el día de hoy, en horas de la mañana y mientras más de cien compañeros aguardaban para recibir un desayuno, un nutrido contingente de efectivos de la Policía Federal kirchnerista procedió a allanar el Comedor Popular de la ASAMBLEA DE SAN TELMO-ASAMBLEAS DEL PUEBLO, ubicado en Chacabuco y México.
Cumplían órdenes del Juzgado Federal Nacional N° 9 y fueron llevadas a la práctica por directivas de la ministra de Seguridad, la “progresista” antropóloga SABRINA FREDERIC y la orden de allanamiento establece que se trata de un procedimiento realizado en el marco de la legislación anti terrorista.
El motivo esgrimido para allanar un Comedor Popular que lleva 20 años levantando las bandera de la solidaridad social, de la Libertad y el Socialismo era identificar a un compañero de la organización por el delito de haber difundido en las redes sociales opiniones solidarias con un grupo de militantes anarquistas que llevaron a cabo actos de repudio al Juez Bonadío –¡hace dos años!- y por proclamar, ahora, su repudio a la infectadura, la cuarentena de sitio, las mentiras recurrentes y las restricciones a las libertades y garantías establecidas en la Constitución nacional instrumentada por el gobierno del sirviente de los grandes laboratorios, Alberto Fernández.
En un hecho que no tiene antecedentes en esta Ciudad, los policías identificaron a todos los miembros del Grupo Comunitario que se encontraban en el lugar, atemorizaron a los humildes ciudadanos que vieron cancelado su desayuno y a los que estaban llegando para hacer su turno de almuerzo.
Lamentablemente para la Sra. FREDERIC el procedimiento no dio resultados positivos: los esbirros del gobierno no encontraron armas, municiones, explosivos ni misiles. Solo unas pobres raciones de comida destinadas a casi 500 vecinos humildes del barrio… Como decía León Gieco, “bajen las armas, acá solo hay gente comiendo!” Pero la presencia de decenas de humildes esperando su desayuno no fue suficiente para demostrar el absurdo del accionar policial y, cumpliendo órdenes directas del Juzgado, procedieron a inspeccionar todos los rincones del comedor, secuestrar celulares y a intimidar a los miembros del Grupo Comunitario.
Un gobierno que ha sumergido al país en la miseria, que ha superado cualquier índice de pobreza y desocupación, que pisotea diariamente los derechos constitucionales hasta el límite del ridículo no vacila en avanzar sobre aquellas organizaciones sociales independientes, como la nuestra, que denuncia diariamente su nefasto accionar.
Es el mismo gobierno que se puso de rodillas ante los acreedores y usureros internacionales, a los que reconoció sin investigación alguna las siderales cifras del endeudamiento macrista. Es el mismo gobierno que no llevo adelante ninguna investigación acerca de las comisiones y negociados que rodearon ese endeudamiento ni sobre el destino de esos miles de millones de dólares. Es el mismo gobierno que se asoció con los representantes de Soros y Bill Gates para adquirir una inédita vacuna genética anti covid que no logra superar etapas de prueba y que deja en el camino a inocentes ciudadanos que se sometieron, como cobayos, a esos inescrupulosos ensayos.
Por eso entendemos que este ataque no está orientado a un compañero en particular, sino a toda la organización. Es el precio que estamos pagando quienes no aceptamos un relato oficial orientado a imponer el terror, a destruir la solidaridad social, a establecer un estado “bonapartista” y totalitario detrás de la mascarada de la lucha contra un virus que, después de seis meses, ha demostrado ser mucho más benevolente para el pueblo oprimido que el accionar del gobierno kirchnerista.
No es casual que este atropello se desarrolle cuando todas las encuestas son categóricas en revelar el repudio creciente del pueblo hacia el gobierno, hacia sus medidas económicas, hacia su atropello a las libertades constitucionales y, sobre todo, a su discurso y gestión ante el Covid, a su infectadura.
Las ASAMBLEAS DEL PUEBLO reclaman la solidaridad de las organizaciones sociales, democráticas y de izquierda ante este ataque que, presumimos con razón, no se detendrá acá y tiene como objetivo cercenar el derecho de opinión de todo ciudadano y organización que se atreva a expresar sus opiniones independientes. Y, de ser necesario, destruir a esas organizaciones y procesar a quienes las emitan. La patrulla ciber-red de FREDERIC está activa en todas las redes para castigar a los rebeldes. Gran Hermano K-FREDERIC está al acecho de los disidentes y sus jueces y fiscales obedientes están listos para la persecución.
Para finalizar, reiteramos nuestro compromiso histórico con la defensa de las libertades, derechos y garantías y seguiremos ejerciendo, más allá de las amenazas y persecuciones, nuestros derechos constitucionales a expresarnos libremente. Convocamos a todos aquellos que defienden la libertad de expresión a replicar este comunicado y a expresar el repudio a lo sucedido ante las autoridades correspondientes.
RUBEN SABOULARD, ANALIA CASAFU, ANGELA MORIN.
Comisión de Coordinación
ASAMBLEAS EL PUEBLO POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD

Intervención del gobierno porteño en una cooperadora escolar

24.9.2020

Se trata de la Cooperadora de la Escuela Nº4 Coronel Mayor Álvarez Thomas. Desde el establecimiento, conocido como el “Alva”, afirman que la medida del Ejecutivo de la Ciudad se basa en la excusa de que no se cumplió el año pasado con algunas observaciones de la auditoría.

Reproducimos el comunicado de la Comunidad Educativa del “Alva”:
La Escuela, conocida por todos como el “Alva”, es uno de los establecimientos más grandes de la Ciudad y es ampliamente reconocida, no solo por su nivel educativo, sino por el trabajo histórico que desarrolla su Cooperadora que tiene una trayectoria de 80 años. Gracias al trabajo de los cooperadores, se ha puesto en pie una de las Escuelas con mejores condiciones de infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, destacándose por tener un natatorio propio y un comedor autogestionado que brinda alimentación de calidad a los 800 alumnos que asisten en doble jornada al establecimiento.
En 2017 el Gobierno de la Ciudad llevó adelante un recorte del Plan Natación que implicó impedirles el ingreso a la pileta a los nenes y nenas del Sala de 4 del Jardín del Álvarez Thomas. La Cooperadora judicializó la medida y hace pocas semanas, luego de casi dos años de litigio, el Juzgado Nº10 ha dictado un fallo en contra del Gobierno de la Ciudad que ordena restablecer el derecho a aprender a nadar a dichos niños.
Pero la respuesta no se hizo esperar. En el día de ayer (martes), en medio de la pandemia que impide el regreso a clases, personal del Gobierno de la Ciudad se hizo presente abruptamente en las instalaciones de la Escuela ubicada en Terrada 3983 y dispuso la intervención de la Cooperadora emplazando como interventor a Antonio Salum, quien lleva una larga trayectoria en “hacerse” de Cooperadoras escolares.
En los últimos tiempos la Cooperadora del “Alva” sin dudas se ha transformado en la obsesión de Rodríguez Larreta, no solamente porque le ha ganado un juicio que le impidió expropiar la pileta, sino porque el comedor escolar trabaja con personal propios en lugar de adquirir las viandas de los proveedores que impone el Gobierno. Pero esto no es todo, la Cooperadora tiene un superávit de 24 millones de pesos producto de una gestión impecable que tiene todo el respaldo de la comunidad educativa.
Responsabilizamos al Gobierno de la ciudad por cualquier decisión que se tome durante la intervención, de espaldas a los socios de la cooperadora, y afecte el funcionamiento del natatorio, el comedor y/o los fondos que con tanto esfuerzo la comunidad de la escuela ha reunido y administrado en favor de los intereses de los niños y niñas.
Una vez más el Gobierno de la Ciudad decide meterse con los niños y niñas que asisten a la Escuela Pública y con las familias que sostienen lo que el Estado ha abandonado hace rato.

Tras la represión de Larreta, enfermeros evalúan un paro en pandemia para ser reconocidos como profesionales de la salud

23.9.2020

Enfermeras y enfermeros de hospitales públicos porteños evalúan realizar un paro el 1 de octubre próximo para visibilizar su reclamo de ser reconocidos como profesionales de la salud y, además, en repudio a la represión de las que fueron víctimas por parte de policías de la Ciudad frente a la Legislatura local.

«Esto hay que repudiarlo, no se puede repetir», dijo hoy Héctor Ortiz, enfermero del hospital Durand de la Ciudad de Buenos Aires, y adelantó que los «delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) propondrán durante una reunión virtual con el consejo directivo, la posibilidad de realizar una medida de fuerza para el 1° de octubre».
«La idea es proponer una medida de fuerza a nivel nacional, el problema de la salud no es solo en Capital, sino en todo el país; en Misiones, los enfermeros están en huelga de hambre y encadenados en el Ministerio de Salud porque la pandemia los está superando, están agotados y necesitan mejoras salariales», añadió.
Por otro lado, desde la Asociación de Licenciados en Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires informaron a Télam que se reunirán, de manera virtual, los integrantes de su consejo directivo para analizar la posibilidad de hacer un paro el 1° de octubre.
«A raíz de lo que pasó ayer hay mucha bronca en el colectivo de enfermeras y enfermeros, queríamos entregar un petitorio a los legisladores y los policías nos agredieron», dijo Carolina Caseres, enfermera del hospital Tornú.
El principal reclamo que los enfermeros llevaron a los legisladores es ser reconocidos como profesionales de la salud, categoría de la que quedaron excluidos en noviembre de 2018, cuando se sancionó la Ley de 6.035, que regula las «relaciones de empleo público de los profesionales de la salud de la Ciudad».
Dicha ley reconoce 24 profesiones de la salud, entre las que se encuentran, por ejemplo, médicos, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos y nutricionistas, pero no incluye a los enfermeros, quienes quedaron encuadrados como parte del personal administrativo.
«Además de la posibilidad de crecer profesionalmente, ser incluidos en la ley significaría un salto económico importante de entre 15 y 20 mil pesos en el salario», dijo Claudio Ibero, enfermero del Hospital Durand.
Ibero también participó de la movilización de ayer a la Legislatura y, luego de los incidentes con la policía, ingresó al edificio con un grupo reducido de colegas que entregó un petitorio a algunos legisladores para que traten «de manera urgente» un proyecto de ley que propone reconocer a los licenciados en enfermería como profesionales de la salud.
Dicho proyecto de ley es autoría de la diputada Victoria Montenegro (Frente de Todos) y está a la espera de ser tratado por la comisión parlamentaria de Salud.

Trabajadoras sexuales: “Estamos cansadas del abuso policial”

22.9.2020

Por Josefina Figueroa

Integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), se manifestaron frente al Ministerio de Justicia y Seguridad de Ciudad, para denunciar una agudización de la violencia policial durante la cuarentena. “Lejos de desplegarse más políticas públicas que contengan a nuestras compañeras, la respuesta es la de más represión policial”, aseguró Georgina Orellano.

Trabajadoras sexuales nucleadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), se manifestaron frente al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad para denunciar la agudización de la violencia policial durante la cuarentena. Desde la organización reclaman políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales durante la crisis sanitaria. El sector se ha visto drásticamente afectado porque no tiene posibilidad de generar ingresos y hoy se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.
La referente de AMMAR, Georgina Orellano, explicó: “Convocamos a esta marcha porque estamos cansadas del abuso por parte de las fuerzas de seguridad. La situación es que nuestras compañeras son detenidas de manera arbitraria en situaciones cotidianas como ir al mercado o cuando vienen a la sede de AMMAR a recibir una vianda de comida o realizar algún trámite con respecto a su documentación para poder acceder a algún subsidio estatal”.
La crisis económica que vive el sector y la falta de apoyos estatales ha generado que muchas trabajadoras sexuales, principalmente del colectivo travesti trans migrante, que en palabras de Georgina Orellano “es el más afectado”, salgan a ofertar servicios sexuales en la vía pública. Esta situación las enfrenta a múltiples hechos de violencia policial por incumplimiento del aislamiento social obligatorio. “El trato de la policía con estas compañeras es súper violento y no se respeta la Ley de Identidad de Género. Tienen discursos transfóbicos y racistas”, subrayó Orellano.
Al comienzo de la pandemia, AMMAR creó un Fondo Nacional de Emergencia para atender los casos más críticos pero a seis meses de la emergencia sanitaria, informaron que son demasiados los pedidos de ayuda y que no pueden dar respuesta a todas las trabajadoras sexuales que solicitan apoyo. “En Constitución, por ejemplo, el 90% de trabajadoras sexuales vive en hoteles de familia y más de 200 adeudan entre 40.000 y 60.000 pesos de alquiler desde el inicio de la cuarentena. Al no tener contratos formales, los dueños o administradores, amenazan constantemente con desalojarlas y están en constante riesgo de quedar en situación de calle”, informaron desde la Asociación.
“Muchas de nuestras compañeras han podido acceder a subsidios como Potenciar Trabajo o subsidio habitacional y aun así, los costos súper altos que nos cobran en lo alquileres de hoteles, habitaciones y departamentos donde vivimos, hace que estemos completamente endeudadas, con denuncias de desalojo inminentes, con amenazas y hostigamiento por parte de los dueños y dueñas de los inmuebles. Eso ha empujado a que las compañeras vuelvan a ejercer el trabajo sexual en condiciones mucho más precarias. Nos preocupa que lejos de desplegarse más políticas públicas que contengan la realidad y las situaciones de nuestras compañeras, la respuesta que recibimos es la de más represión policial, mayor violencia institucional y detenciones arbitrarias”, concluyó al respecto Georgina Orellano.

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