Red de radios

3.7.2020

En un momento en que el número de infectados por COVID-19 aumenta drásticamente en la Ciudad, los trabajadores del Hospital Durand denuncian la falta de enfermeros. Las “vergonzosas” respuestas de los funcionarios frente a los reclamos.

En momentos en los que el AMBA entra en una fase aún más crítica de la pandemia de coronavirus, el “Carlos G. Durand”, hospital de pacientes agudos del sistema de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, se encamina al colapso.
El área de enfermería advierte esta situación frente al incremento en el número de pacientes, mientras no ocurre lo mismo con los trabajadores que deben atenderlos. Se llegan a vivir casos extremos -relatan- como el turno noche del fin de semana, cuando la cantidad de profesionales se ve reducido a tres.
“Hay muchos compañeros con licencia por enfermedades preexistentes, tenemos personal añoso, con diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. Siempre tuvimos escasez de personal. En la salud de la Ciudad la relación es de dos médicos por enfermero, cuando tendría que ser al revés. Lo reemplazan con lo que le llaman módulos de enfermería, lo cual es una trampa porque se trata de una forma de explotación de compañeros que cobran 8.000 pesos en mano”, explica a Canal Abierto Héctor Ortiz, delegado de ATE en el Durand. “Es una vergüenza lo que están haciendo con esta profesión”.
A su vez, Ortiz advierte que uno de los problemas para el ingreso de personal en el área se explica en los ingresos que perciben: “Los chicos nuevos terminan renunciando por el bajo salario y porque quieren ser reconocidos en la cerrera profesional, lo que implicaría un 40% en el sueldo. Un enfermero universitario ingresa con un sueldo de 35.000 pesos en el escalafón general y un universitario de la carrera profesional gana cerca de 70.000″.
Aún cuando la situación del Durand se revela extrema, no es excepcional: poco a poco, los distintos establecimientos sanitarios porteños asisten a las complicaciones de los mismos quehaceres cotidianos. Es por esto que se vienen realizando encuentros en los distintos hospitales, tal como ocurriera días atrás en el Rivadavia, en el propio Durand y, ayer, en el Moyano.
“Tenemos contacto con la mayoría de los hospitales en los que están padeciendo el problema del Covid-19 y no es muy diferente a lo que pasa en el Durand: faltan enfermeros y hay un excesivo incremento de los pacientes con coronavirus. Por otra parte, hace muchos años que no nos dan ropa de trabajo. También pedimos que los elementos de protección personal sean de calidad y pasen por en ANMAT. Pero desde el gobierno no hay respuesta, y los funcionarios de salud son totalmente intransigentes. Nosotros pedimos una reunión con el ministro de Salud de la Ciudad, pero no nos ha respondido. Lamentablemente, creo que en muy poco tiempo y si esto sigue aumentando cómo está aumentando, vamos a estar en un desastre porque la salud está sobre piso de algodón”, describe Ortiz.
A diferencia de sus compañeros de espacio político, Rodríguez Larreta se viene mostrando como un gobernante responsable, que pone como prioridad el cuidado de la salud. Esta postura se ve a las claras en cada conferencia de prensa que comparte con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. También en las distintas postas de los raids mediáticos que hace su ministro de Salud, Fernán Quirós. Sin embargo, según relatan los profesionales de la salud porteños, nada de esto se refleja en su gestión de la pandemia.
“En 2006 el impacto de la salud en el presupuesto era del 25% y hoy estamos en un 15%. No sé cuál es el motivo por el cual Rodríguez Larreta no le presta atención. Vamos a entrar en un caos si no tomamos en cuenta el tema del personal de salud contagiado. Además no se los reconoce como universitarios profesionales. Habían ingresado 50 enfermeras, se enteran lo que cobraban y renunciaron 30, ante la constante exposición y el riesgo que corren. Para las cámaras dice una cosa, pero los hospitales están siendo cada vez más desastrosos en ese aspecto”, denuncia Ortiz.
“Hubo empleados administrativos contagiados no solo con Covid-19, sino también con dengue. No tenemos testeos sobre el personal de las empresas tercerizadas, como las de limpieza, mantenimiento y cocina. Hay una desatención de esa parte donde hay directores que dicen que no les corresponde por ser una empresa tercerizada. Es una respuesta vergonzosa la que nos dan”, concluye Ortiz.

3.7.2020

Por Juan Borges

Andrea Scalenghe, madre del joven asesinado por la Gendarmería en el Bajo Flores, dialogó sobre la causa y las declaraciones públicas de la dirigente macrista: “Un gendarme riéndose me dijo ‘llévatelo porque ya está muerto’. Me pegaron con un bastón, me empujaron y golpearon para que no me acerque cuando mi hijo estaba en el piso.”

Andrea Scalenghe, madre de la víctima de gatillo fácil Facundo Scalzo, denunció penalmente a la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, por los delitos de intimidación pública y apología del crimen por sus declaraciones mediáticas en relación al hecho de violencia institucional. Bullrich había cuestionado al Gobierno nacional por la detención del gendarme procesado en la causa y señaló: “Acaban de tirar al primer gendarme por la ventana“.
Según Bullrich, el gendarme Diego Rocha está detenido “a pesar de haber actuado contra delincuentes violentos”: En este mismo sentido, cuestionó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, sosteniendo que “la defensa es solo para los delincuentes “.
Por su parte, la madre de Facundo contestó a las declaraciones de Bullrich en una presentación judicial y enfatizó: “Le informo a la señora Bullrich que yo soy la querellante en estas actuaciones, como madre de la víctima quien lamentablemente como falleció no puede ejercer su derecho como víctima “. La denuncia fue presentada el martes 30 de junio pasado y recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal N°12.
“Fue una opinión totalmente desinformada, dichos sumamente agraviantes hacia Facundo y su familia. Ella en ese comunicado insta a la población a violar la cuarentena para reclamar por la impunidad de los responsables del homicidio de Facundo y pide que no saquen a la Gendarmería del barrio, buscando instalar la confusión del barrio. Su publicación buscaba generar inestabilidad en la población, odio y división en los vecinos. No solo busco ofender y agraviar a Facundo y su familia sino también desestabilizar las instituciones democráticas mismas “, declaró Romina Ávila, abogada de Andrea Scalenghe.
En este marco, la madre del joven se refirió a los dichos de la impulsora de la Doctrina Chocobar.

¿Qué opina de los dichos de Patricia Bulrich?
Andrea Scalenghe: Prefiero no opinar de esa señora, me parece vergonzoso de parte de una mujer que es madre. Son lamentables sus declaraciones para con mi hijo. Facundo era un chico bueno, no era ningún delincuente. Yo no tengo ningún problema con los demás gendarmes, simplemente pido justicia para mi hijo. La gente del barrio me apoya porque me respetan como madre. Nosotros somos gente de bien y a la gente o los medios que mienten no les doy importancia. Yo quiero justicia.
Facundo tiene una hijita de 2 años que pregunta todo el día por el papa y nosotros todavía no tenemos el valor de contarle lo que pasó con su padre. No puedo, no tengo fuerzas ni tampoco mi nuera, estamos sufriendo y tratando de recuperarnos. También tengo otro hijo de 3 años que pregunta por su hermano y tampoco puedo contarle que paso .Ellos me quitaron a mi hijo pero también destruyeron una familia.
¿Qué pasó luego del crimen de Facundo?
AS: Mi hijo venia para su casa ese día y empezaron a tirar para todos lados y cuando el corrió por el tiroteo le dispararon por la espalda. Ellos hicieron abuso de poder. Cuando mi hijo estaba muerto en el piso y pedimos la ambulancia no me dejaron acercarme porque ya estaba muerto y no querían que yo sepa, tuve que ir al hospital en un coche porque no me dejaron subir a la ambulancia.
Un gendarme riéndose me dijo “llévatelo porque ya está muerto”. Me pegaron con un bastón, me empujaron y golpearon para que no me acerque cuando mi hijo estaba en el piso. Cuando llegue al hospital me mintieron diciendo que lo estaban operando y me hicieron esperar dos horas y media, después salieron y me dijeron que no había pasado la operación, pero yo sabía que ya había llegado muerto al hospital.
Me duele que nos traten así, ellos están para cuidarnos, no para golpearnos ni reprimirnos, ni matarnos. Lo único que pido es justicia y que los tres gendarmes estén presos y paguen por lo que hicieron, no quiero más gatillo fácil en nuestro barrio ni en ningún otro. Esto se debe terminar.

2.7.2020

En uno de los neuropsiquiátricos más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, su personal realizó un abrazo para reclamar que los insumos son de mala calidad, el edificio no tiene calefacción, agua ni conectividad, y Larreta hace caso omiso a las intimaciones judiciales.

“Los materiales son de muy mala calidad. Los camisolines deberían ser hemo o hidro repelentes y no lo son. Los mamelucos de uso biomédico tienen que tener costuras termo selladas para evitar los agujeritos por los que podría ingresar el virus, pero parecen de pintor. Los barbijos que nos proveen no son los adecuados”, relata Johana Méndez, enfermera y delegada ATE en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano.
Allí, esta mañana sus trabajadores y trabajadoras -junto a los de otros hospitales, al gremio de los estatales y a la CTA Autónoma- convocaron a participar de un abrazo simbólico a la institución para exponer las necesidades que están atravesando.
“También hay cuestiones edilicias: en algunos servicios no hay calefacción, en el servicio donde tenemos internadas pacientes con Covid-19 positivo no hay agua caliente, en algunos sectores ni siquiera hay línea telefónica -agrega Méndez. El gobierno tiene una cautelar que lo insta a poner servicio de Wi-fi en todos pabellones, para que las pacientes se puedan comunicar con sus familias. Pero hicieron caso omiso. Muchos de los trabajadores y trabajadoras les prestamos nuestros teléfonos para que puedan tener aunque sea ese mínimo contacto, porque desde el inicio de la cuarentena no se permiten visitas”.

Sin estructura ni personal

El reclamo al Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, incluye el ingreso de personal, que siempre fue insuficiente en el hospital. Y ahora, a causa de la pandemia, lo es aún más debido a que algunos trabajadores se encuentran en cuarentena porque resultados contagiados.
“El diálogo con el gobierno porteño es nulo. Les hacemos los reclamos a las autoridades, dicen que los insumos están, pero la realidad es que la calidad no es la que corresponde. Después preguntan por qué el personal de salud se contagia. Yo invito al gobierno a que venga a ver por qué nos contagiamos”, afirma la enfermera.
Además, los trabajadores exigen el pase a planta de los que fueron tomados como refuerzos y continúan bajo contrato, la reapertura de paritarias para actualizar los sueldos a la inflación, y el reconocimiento de la carrera profesional de Enfermería, dado que en la Ciudad de Buenos Aires los enfermeros son considerados “administrativos”, y no profesionales de la salud.

30.6.2020

Por Noelia Medina y Gigi Krein*

Ayer, Verónica José (embarazada de 7 meses), encontró sus pertenencias en la calle y la puerta de su habitación con un candado. Como tantos y tantas vecinos/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vive en el circuito informal de alquileres. Allí, la violencia es ley: dueños y encargados intentan desconocer el DNU 320/2020 que prohíbe los desalojos hasta el 30/9. Gracias a la intervención de organizaciones, en particular C.A.T.S., y de Fiscalía, se logró un acuerdo informal, para que al menos Verónica no quede en la calle. Hoy continúan las negociaciones.

Como la gran mayoría de la población, Verónica vio mermada su posibilidad de trabajar debido a la pandemia, ya que sus ingresos son informales. Como también sucede en muchos casos, el hecho de ser migrante la pone aún más contra las cuerdas, teniendo en cuenta la estigmatización y la dificultad en el acceso a derechos básicos que elles sufren. Tanto es así, que sin importar que esté embarazada de 7 meses, ni que afuera hiciera tanto frío, basándose en la deuda de 3 meses que contrajo con el hotel donde vive, el encargado hoy decidió, unilateralmente, que ella ya no podría vivir ahí. Por tener precaria en lugar de DNI, no pudo acceder a ninguno de los 2 pagos del IFE.
El escenario que Verónica encontró al querer ingresar a su casa, fue encontrar sus pertenencias en la calle y la puerta de su vivienda con candado. A pesar de estar todo esto prohibido debido al DNU 320/2020, el encargado del hotel ubicado en Yerbal 3060 actuó a sus anchas. La policía, incluso, le daba la razón, dejando a Verónica en una situación desesperante. Fue recién por la intervención de organizaciones como C.A.T.S. (Colectiva Autónoma de Trabajadorxs Sexuales), el INADI y Fiscalía que se logró que ella pudiera reingresar al hotel y quedar, al menos por una noche más, a resguardo del frío y la lluvia, de la calle. De todos modos, habiendo incluso una resolución judicial que ordenaba al encargado restituir a Verónica su pieza, el encargado decidió no hacerlo, y sólo le permitió dormir en la pieza de una conocida en el mismo hotel. A la mañana del martes, su pieza seguía cerrada, con su documentación adentro.
El gobierno de la ciudad es completamente consciente que estas situaciones se repiten día a día, y sigue sin haber una vía clara de cómo se hace cumplir el DNU 320 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sabemos que la situación es angustiante, que los desalojos se suceden dejando a merced del frío y el coronavirus a personas con un alto grado de vulnerabilidad. Cabe recordar la muerte, hace menos de un mes, de un vecino desalojado de un hotel, que había quedado en situación de calle. Aquejado por enfermedades de base y con el contacto del BAP (108) sin responder, luego de 3 noches en pleno desamparo no pudo seguir luchando.
Larreta, Migliore y Maquieyra deben dar una respuesta ya, siendo los responsables políticos directos de la emergencia habitacional que hoy aqueja a gran parte de les vecines de la Ciudad.

* Integrantes de las Consejerías de Vivienda (https://www.facebook.com/consejeriasdevivienda/).

29.6.2020

Por Enrique de la Calle *

Dialogo con trabajadores de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y con referentes comunitarios sobre la actual situación en las villas porteñas. Crónica sobre una gestión al borde del colapso.

El Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios funciona en la ciudad de Buenos Aires hace más de treinta años. Entre otras funciones, tiene que asistir a los comedores barriales, en auge por la grave situación social, que venía desde antes pero ahora se pronunció por la cuarentena. Para muchos protagonistas, la actual situación resuena a la crisis de 2001.
Los grupos comunitarios sufren marchas y contramarchas de las directivas de los funcionarios porteños de la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, sostenido por “los mismos de siempre”, como ironizan en el territorio sobre la camada de funcionarios con historia en el sector privado. Se trata del equipo técnico que brinda no sólo la intervención profesional, la evaluación y la formación de redes y espacios de articulación. Son el oído y el alma que motoriza un programa sin timón. Crónica sobre una gestión al borde del colapso.

El mundo del revés

El equipo técnico es el enlace de las deslucidas políticas públicas con los responsables de comedores y merenderos, promotoras de salud y de género. Trabajadores y trabajadores sociales, licenciadas en nutrición y administrativos de la dirección que velan en el día a día por sostener un sistema frágil atravesado por la perplejidad por funcionarios con un pasado reciente en empresas y compañías multinacionales.
Cuando comenzó el confinamiento, desde la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil se hallaban perdidos. Los empleados moraban una semana sin ningún tipo de lineamientos. De un día para otro, desembarcó personal contratado del Instituto de la Vivienda (IVC), a cargo de Juan Maquieyra, titular de la repartición que se sumó al programa Apoyo a Grupos Comunitarios. “Nuevos jefes” que desconocían el trabajo y peor aún, sin noción de la tarea de los comedores. Además, con poca predisposición a extensas jornadas laborales.
El resultado: jefes y supervisores adiestrados por el personal. ¡El mundo del revés! Así fueron improvisando en una jam desentonada durante unas semanas hasta que una reunión, convocada en el flamante ministerio ubicado en Villa Lugano, aportó un mensaje oficial que ya se daba en los hechos: la gente del IVC se haría cargo de coordinar de ahora en más.
Si bien aún hoy el IVC opera en territorios como la Villa 31, en los barrios de las comunas del sur de la ciudad la luna de miel con grupos comunitarios se disipó.
Los empleados del Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios pertenecen a una estructura que data de hace treinta años y custodian a destajo por el cumplimiento de las tareas, más allá de la gestión de turno, que se hacen por salarios que en muchos casos emparda en la primera mano para cubrir la canasta básica.

La intervención

Desde sus casas o yendo al barrio, los empleados de planta y contratados precarizados tenían que reportar a “los chicos” del IVC. El personal histórico apaleó un nuevo rol de instrucción insospechado y tuvieron que advertir a sus nuevos jefes sobre los alcances del programa. Doble trabajo. Por un lado, realizaban sus informes, cargaban datos en unas planillas que cada semana era diferente. Por otro lado, Gustavo Portoraro, el gerente de Grupos Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, no daba ningún tipo de lineamiento. En el aura todo era vacilación. Un equipo acéfalo sin saber a quién reportar. Para fines de marzo, cuando empezó la pandemia, el programa Apoyo a Grupos Comunitarios estaba intervenido.
En el mes de abril pasado se realizó una reunión donde se presentó al nuevo Director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, el “cheto” Rodrigo Vieiro Magaz, que reemplazó a la Directora General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Inés De Marcos, que renunció al mismo tiempo que el personal le solicitó a Gustavo Portoraro que los reciba para que les explique la situación sin obtener respuesta.

Teléfonos que resuenan en habitaciones vacías

Como tantos otros y otras, Rodrigo Vieiro Magaz proviene de la Provincia de Buenos Aires, donde fue Subsecretario Administrativo del Ministerio de Trabajo bonaerense durante la pésima gestión de María Eugenia Vidal. Por lo que se sabe, fue “funcio” en La Plata pero sin haber pisado ni una sola vez la ciudad de las diagonales. Macrismo explícito. Antes, se desempeñó como gerente de servicios de capital humano en Telecom y luego fue responsable de compras en Farmacity.
Ni bien asumió, el licenciado en Administración de empresas, egresado de UCES, efectuó una serie de reuniones donde el equipo competente del programa, es decir sus empleados, tuvieron que explicarle de qué se trataba el trabajo.
El debut del flamante director fue un fiasco. No tenía la más mínima idea de donde estaba parado. El personal compadecía a reuniones de planificación y articulación a orientar al Director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil sobre los servicios y el alcance de la dirección que asumía. Con un salvoconducto bajo el brazo, el ex Telecom propuso “vamos a hacer un plan de contingencia pero ustedes nos tienen que corregir” ante una concurrencia desorientada y perpleja. Un trabajador con larga trayectoria en esa oficina relató detalles del encuentro.
Finalmente, el plan de contingencia nunca fue enviado. Toda “la planificación” se redujo a un mail con un archivo adjunto que consistía en consignar al personal del Gobierno de la Ciudad que se iba a ocupar de relevar datos de los beneficiarios de comedores durante cuatro días seguidos. Encuesta que era recibida por algunos integrantes del programa que notificaba al resto de sus compañeras y compañeros. El equipo técnico sin coordinación advirtió al director Vieiro Magaz, enfrente del gerente operativo Gustavo Portoraro, que “necesitamos alguien que nos coordine, nos estamos autocoordinando”

Diferencias

Hay una diferencia que los funcionarios porteños desconocían. Los grupos comunitarios reciben un subsidio y los asistidos no, solo alimentos. Los grupos asistidos, en general, son movimientos sociales organizados de larga data. El ex Telecom y Farmacity debió aprender a consensuar de modo express acuerdos y compromisos políticos que en las empresas donde se desempeñaba era un universo ignorado. Desconocían que un grupo comunitario es mucho más que un comedor, donde se alimenta a personas. Son organizaciones sociales que conocen a la población, a la gente del barrio y su problemática. No es solo el plato de comida. Tuvieron que confrontar y hablar con los responsables de comedores y merenderos. Concebir que no son solo personas que están cocinando. Son grupos comunitarios con mucha historia en el barrio. Los grupos comunitarios piden persistentemente el aumento de raciones, porque, aseguran, “le estamos dando de comer hasta al comerciante que tuvo que cerrar”.
Desde el Gobierno de la Ciudad, les pidieron a los responsables de comedores y merenderos los datos de los beneficiarios de un día para el otro, con teléfonos, DNI de toda la gente. En muchos casos, los vecinos no tienen computadora. El pedido de los datos fue un viernes a última hora para un lunes.
Esta situación se dio mientras la Justicia intimó al Gobierno de la Ciudad para que aumente las raciones a los comedores de las villas. Mientras, desde la Dirección distribuían encuestas donde le preguntaban a las organizaciones sobre sus voluntarios: “Estado anímico: ¿Bueno, malo o regular?”. Un absurdo. Con el apuro judicial, se espera que la respuesta estatal sea rápida y acorde a las demandas de los barrios, que no pueden esperar a que un ex-Farmacity termine de comprender de qué va su nuevo trabajo.

Espíritu de cuerpo

Cuando el Instituto de la Vivienda de la Ciudad emprendió la intervención, el personal encargado de los comedores pidió a los nuevos funcionarios que sean cuidadosos con las relaciones que habían construido durante años con las organizaciones locales. “Tenemos que cuidar ese vínculo. Que venga cualquiera y lo rompa en representación nuestra… Nos queríamos morir”, decían.
Las/os profesionales, salvo raras excepciones, trabajan solas y solos en cada territorio. Desde la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil llegaron al colmo de ordenar a las profesionales a repartir bolsones en los barrios más vulnerables. Las/os empleadas/os se pusieron de acuerdo y no fue nadie. Llegaron a convocar a trabajadoras sociales del programa para que vayan a buscar una camioneta del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y hagan las veces de chofer, repartidoras y fletes para la entrega de lavandina y otros elementos de limpieza. El desprecio a los profesionales por parte de los funcionarios es muy evidente. El Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios esta diezmado. El problema radica que muchas/os profesionales fueron renunciando, o se fueron a otras áreas y quedaron puestos sin cubrir.
Mientras, desde la Dirección se jactan de que no se le quitó raciones a ningún grupo, por el contrario, aumentaron las viandas. Las/os trabajadores tienen otra visión. Hay una realidad insoslayable: en las últimas semanas se acrecentó la demanda exponencialmente. Los nuevos beneficiarios son trabajadores que hacían changas, y ahora no están haciendo nada por la cuarentena. Venían mal y ahora están mucho peor. Todo el mundo está pidiendo más comida.
Hoy se calculan que hay 700 comedores comunitarios en el ámbito de la Capital Federal, entre asistidos y comunitarios. El Gobierno de la Ciudad tomó una medida en relación a los subsidios que reciben cada organización en el marco de la pandemia. Los Grupos comunitarios cobran un subsidio cada seis meses, que será cobrado en estos días. Se determinó suministrar, además, un subsidio extraordinario de acuerdo a la cantidad de raciones. Se trata de partidas que van de los 10 a los 30 mil pesos. Es poco si se considera que la situación empeora día a día.
* El co-autor de la nota prefirió el anonimato.