Red de radios

05.09.2025

La diputada nacional y referenta de Patria Grande Natalia Zaracho cruzó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, por la problemática que atraviesa a los cartoneros y lo tildó de “vago e inutil”.

El titular del ejecutivo porteño adelantó que apelará la decisión de la justicia que obliga al Gobierno local a financiar el traslado de cartoneros desde el conrubano para trabajar en las calles de la Capital Federal. Según consideró “va contra los intereses de los porteños”.

“La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños. Hay cosas que antes se hacían y con nosotros no se hacen más”, sostuvo el ex Intendente de Vicente López.

Tras la decisión que publicó Jefe de Gobierno en sus redes sociales, la diputada salió al cruce y cuestionó la falta de gestión. “Jorgito… Yo sé que te cuesta, pero los cartoneros no son de Grabois, son los laburantes que te limpian la mugre de la ciudad que tenés abandonada. Además de vago, sos un inútil. Deja de llorar en redes y hacele caso a la justicia”, cuestionó.

Esta discusión surgió posterior a que el Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenara al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires restablecer el servicio de traslado para los cartoneros que viajan desde el conurbano bonaerense a la capital, en respuesta a la demanda presentada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).

La resolución judicial consideró que la suspensión del servicio afectó derechos constitucionales vinculados al trabajo y la protección social.

“La Justicia falló a favor de los cartoneros y ordenó a Jorge Macri restituir el servicio de transporte”, sostuvo la Unión de Trabajadores Excluidos (MTE), entidad que respaldó la protesta de los afectados.

04.09.2025

Las personas en situación de calle en la Ciudad llegaron a 12.000 y el “Informe Ejecutivo” del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle indicó que el “70 por ciento antes vivía en una vivienda particular”. El informe fue elaborado entre el 26 y el 29 de junio de 2025 por más de treinta organizaciones sociales, sindicales, religiosas y de derechos humanos. Y en el mismo se evidenció que en la Ciudad sobreviven 11.892 personas en situación de calle, de las cuales 7.898 lo hacen directamente en la vía pública y 3.994 en los Centros de Integración Social.

“Esto representa un aumento del 64% en comparación con el último censo popular de 2019 y un crecimiento acumulado del 170% en los últimos ocho años”, indicaron y agregaron que “el informe pone de manifiesto la brecha existente con los datos oficiales del Gobierno de la Ciudad, que reporta apenas 4.522 personas en esta situación, lo que se traduce en políticas públicas ineficientes e insuficientes”.

Los datos que más se destacaron son que el “37,9% está como máximo hace un año en situación de calle”. Mientras que “el 80,7% denunció haber sufrido violencia institucional, principalmente por parte de la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana”.

Además, “el 64% reconoce un deterioro en su salud desde que vive en la calle” y “más del 66% realiza alguna actividad laboral para subsistir, principalmente changas, cartoneo y ventas ambulantes”.

El “Informe Ejecutivo” del Tercer Censo Popular concluyó en “la necesidad urgente de un plan integral, políticas de prevención de la situación de calle, un enfoque intersectorial que articule vivienda, trabajo y salud, y un sistema de información transparente y participativo”.

03.09.2025

La legisladora porteña y candidata a senadora nacional Graciela Ocaña opinó sobre el caso de corrupción por supuestos pedidos de coimas que involucra al Gobierno libertario y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien deslizó que la filtración de los audios se trata de una operación de la inteligencia rusa y venezolana en conjunto con el kirchnerismo. “Le faltó decir que fueron los marcianos”, ironizó.

La diputada de la Ciudad de Buenos Aires calificó de “poco serio” todo el proceso de explicaciones que brindó el ejecutivo nacional tras las denuncias por corrupción y recalcó que no es válido acusar sin pruebas.

“Esto es todo poco serio, decir que hay una conspiración en la que están hasta el tren de Aragüa, los rusos, los venezolanos, le faltó decir los marcianos. Me parece poco serio. Acá el problema es que es el Gobierno el que no quiere que se difundan los audios”, expresó Ocaña.

La respuesta de la dirigente de Confianza Pública no fue la única que puso en evidencia la desprolijidad de Bullrich al momento de buscar responsables sobre la filtración interna, es que desde la embajada rusa en Argentina también respondieron a estas acusaciones sobre la supuesta participación de agentes de dicho país y subrayaron que “el deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”.

“Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto”, sentenciaron.

02.09.2025

El bloque de Unión por la Patria (UxP) presentó en la Legislatura porteña un pedido de resolución mediante el cual se prevé citar a la Comisión de Ambiente a funcionarios del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana para ser interpelados por la desfinanciación al sistema de reciclado urbano.

Según consignó Parlamentario.com, UxP exigió la presencia del ministro de Espacio Público e Higiene urbana, Ignacio Miguel Baistrocchi; el subsecretario de Higiene, Federico Luis Schaer; y el director general de Reciclado, Federico García Resta. El objertivo es que den detalles en relación a la suspensión del servicio de traslado a recicladores urbanos, la persecución a recuperadores independientes y secuestro de herramientas de trabajo, y los avances de la reconstrucción del Centro Verde del barrio de Barracas y medidas compensatorias implementadas hasta su reapertura.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores aseveraron que “la suspensión del servicio de traslado de los recicladores urbanos ha generado una afectación concreta a su tarea cotidiana implicando un recorte a un derecho laboral adquirido hace más de diez años”.

Así, consideraron que “esta medida ha dificultado las condiciones de trabajo de quienes cumplen un rol central en la gestión de residuos y el cuidado ambiental. Resulta indispensable que el Poder Ejecutivo explique las razones de esta decisión, sus plazos y alternativas de reemplazo o compensación económica”.

“Asimismo, el incendio y posterior inactividad del Centro Verde de Barracas ha dejado sin funcionamiento un espacio clave para el circuito de reciclado. La falta de información oficial sobre el cronograma de obras y las medidas paliativas adoptadas genera incertidumbre tanto en las cooperativas como en los trabajadores afectados sin posibilidad de planificación a mediano y largo plazo”, continuó.

A su vez, los legisladores advirtieron que “se han registrado denuncias de persecución a recuperadores independientes, así como el secuestro de carros y herramientas de trabajo por parte de empleados del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Estas prácticas atentan contra el derecho a trabajar y agravan la vulnerabilidad de sectores ya afectados por la crisis social y económica”.

Y concluyeron que “los trabajadores de la economía popular desempeñan un papel indispensable en la vida urbana: contribuyen al reciclado y la reducción de residuos, sostienen circuitos de producción y comercialización de cercanía, y permiten el acceso a bienes básicos a sectores de bajos ingresos. Sin embargo, enfrentan de manera recurrente condiciones de precariedad, persecución y falta de reconocimiento institucional con constante persecución por parte del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana que no brinda respuestas o alternativas”.

“En virtud de lo expuesto, consideramos imprescindible la comparecencia de los funcionarios mencionados para que brinden explicaciones claras sobre las políticas desarrolladas, los impactos generados y las medidas proyectadas”, sentenciaron.

01.09.2025

El subte en la Ciudad de Buenos Aires tendrá un nuevo aumento desde este lunes. A partir del ajuste tarifario dispuesto de acuerdo con el mecanismo de actualización automática ligado a la inflación y un adicional del dos por ciento, el transporte público incrementará su boleto en un 3,87%. Esta medida incluye a líneas de colectivos y Premetro.

En el caso de las líneas de subterráneos, para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada, el pasaje costará $1.071 hasta veinte viajes en el mes. Si la tarjeta SUBE no está registrada, la tarifa asciende a $1.702,89 por viaje.

Por otra parte, para el Premetro, el boleto queda en $374,85, mientras que no siendo usuario de tarjeta, queda en $596,01.

En el caso de los colectivos, también en el ámbito porteño, la tarifa mínima queda en $526,13 para tramos de hasta tres kilómetros. Para distancias de tres a seis kilómetros, el precio se establece en $586,12; de seis a doce kilómetros, $631,27, y desde doce hasta 27 kilómetros, $676,47, según datos oficiales consultados. Entre las líneas afectadas se encuentran la 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

El aumento de tarifas obedece a la política de actualización gradual ideada por los gobiernos locales y nacionales para evitar desfases bruscos ante el contexto inflacionario general.

El ajuste automático toma como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y suma una corrección adicional del 2% para evitar atrasos respecto del alza operativa de los servicios.