Red de radios

12.4.2021

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), el sindicato docente con más afiliados de la ciudad de Buenos Aires, reclamó al Gobierno porteño que «ante el crecimiento exponencial de casos» de coronavirus «suspenda provisoriamente el dictado de clases presenciales».

«Al día de hoy, con todos los semáforos en rojo, con el sistema de salud privado colapsado, con el hospital de nuestra propia obra social al límite de sus posibilidades de atención, pedimos que se restrinja la circulación de la cantidad de chicos, chicas y familias que transitan diariamente la ciudad para llegar a las escuelas«, planteó la secretaria de Comunicación del gremio, Paula Galignana, en declaraciones radiales.
Desde la organización gremial argumentaron que «con el nivel de contagios que hay, por arriba de 2000 diarios (en la Ciudad), es imposible detectar a dónde cada uno fue contagiándose el virus, y la realidad es que si se contagió en el transporte público, yendo a la escuela, o adentro de la burbuja, es exactamente lo mismo, porque la circulación del virus sigue multiplicándose».
Galignana subrayó que en la Ciudad «hay docentes fallecidos, hay auxiliares (de escuela) fallecidos, que son los que lamentablemente han tenido más pérdidas», y además consignó que en el distrito ya han sido detectados «arriba de 1500 docentes» como Covid positivo, y que hace unos días, «previo a que comience este aumento exponencial de casos», el número ya era de «1215».
«Ni los chicos ni los docentes se teletransportan dentro de la burbuja, sino que circulan por la ciudad de Buenos Aires, y tienen contacto con sus padres, que también trabajan, con sus madres, que también trabajan, con personas de riesgo», señaló la gremialista docente.
Desde UTE-Ctera también advirtieron que los protocolos de prevención de contagios en muchos casos son insuficientes o no se cumplen correctamente y asimismo denunciaron que directores y directoras de escuelas porteñas están recibiendo «muchas presiones para ocultar datos, para no cerrar, para minimizar la cantidad de burbujas que se afectan por una determinada situación», según alertó Galignana en diálogo con Télam.
«En la última semana, hay 494 burbujas afectadas (en las escuelas del distrito porteño). Cada burbuja es, generalmente, medio grado, pero según las circunstancias, según las escuelas, porque hay edificios escolares en los que los grados se han tenido que organizar tres, o incluso más burbujas», detalló a esta agencia la representante sindical.
Sobre el vínculo con el Gobierno de la Ciudad, Galignana dijo que hace una semana UTE-Ctera presentó a la cartera de Educación porteña un informe en el que transmitieron «todas las preocupaciones» más el resultado de «relevamientos» realizados «escuela por escuela».
«Tenemos reuniones pero hay poco diálogo. Y no tenemos mucha respuesta. Incluso la semana pasada elevamos una nota directamente al jefe de gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) para que nos reciba él, para que dé respuesta sobre alguna de las cuestiones que planteamos», remarcó la vocera del sindicato.
Por último, desde UTE-Ctera exigieron que el gobierno porteño continúe con el testeo masivo y el plan de vacunación específico para docentes.
«Lo venimos planteando -recordó Galignana- desde el momento en que se desviaron la mitad de las 33.000 vacunas para otros destinos, porque de esas 33.000 vacunas que el gobierno nacional había definido que eran para vacunar a docentes, el gobierno de la ciudad desvió para otros fines 17.000 y sólo se aplicaron (a docentes) 13.000».
«Esas 17.000 no las aplicó y las entregó a obras sociales o a otros grupos, se aplicaron 13.000 y ahí quedó frenada la vacunación docente», puntualizó la representante de UTE-Ctera.

9.4.2021

La información la comunicó oficialmente la CTA. El fallecimiento fue ayer y el docente se había descompensado mientras trabajaba en la escuela el viernes 26 de marzo. Es el segundo caso desde el regreso a la presencialidad.

El lunes 5 perdió la vida Juan Carlos Ramírez. Se desempeñaba como auxiliar en la escuela 21 DE 3. La información la confirmó oficialmente la CTA Capital hace instantes.
Ramírez se había descompuesto en la escuela el viernes 26 de marzo y el PCR dio positivo Covid-19.
Su cuadro se agravó y fue internado en el Hospital Méndez donde falleció en la mañana de ayer.
«Hoy sus compañerxs tendrán asueto y mientras lxs docentes piden volver a la virtualidad, Soledad Acuña lo sigue rechazando», señaló la CTA en su comunicado.
Es la segunda muerte de un docente desde el regreso a la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Antes había fallecido Jorge Langone.

8.4.2021

Por Agencia Presentes

La Cámara Nacional de Casación absolvió a Mariana Gómez de los cargos de lesiones leves y desacato a la autoridad, por los que fue condenada en 2019. El fallo reconoce la discriminación lesbofóbica de la Policía y del Poder Judicial.

La Sala II de Cámara Nacional de Casación Penal, absolvió a Mariana Gómez de los cargos de lesiones leves y desacato a la autoridad, por los que había sido condenada 2019, en un fallo que fue denunciado por organizaciones de derechos humanos como lesbofóbico y que movilizó a las calles a distintos sectores del feminismo y la diversidad sexual. “Todavía no caemos, estamos muy emocionadas”, dijo Rocío Girat, esposa de Mariana, a Presentes.
Por su parte, el abogado de Mariana, Lisandro Teszkiewicz, se mostró muy satisfecho con el fallo de Casación, porque éste reconoce el sesgo discriminatorio de la Policía y el Poder Judicial e insta a acciones. “Sienta un predecente técnico y de políticas públicas”, dijo a Presentes.
El caso se remonta a 2017, cuando Mariana y Rocío fueron increpadas por la policía cuando se besaban en una estación de subte de la Ciudad de Buenos Aires. Se las acusó de fumar en un lugar prohibido y Mariana terminó golpeada y encarcelada muchas horas en una comisaría. Dos años después, fue ella la condenada. “Para Marian, la condena significó la imposibilidad de acceder a un trabajo inscripto. Nadie quiere contratar a alguien con un antecedente penal por desacato a la autoridad“, explicaba Girat a Presentes el año pasado.
“El fallo de Casación es interesante desde dos perspectivas. Una técnica y una de políticas públicas. La técnica aduce que no puede ser la jueza – Marta Yungano- quien se ponga en el lugar de parte acusadora. Ella establece en su fallo algo que ni la fiscalía argumentó en el juicio: que la supuesta agresión de Mariana a la oficial era más grave por tratarse de una servidora pública. La jueza tiene que ser una parte imparcial. Y la segunda parte del fallo hace referencia directa al carácter discriminatorio del accionar policial y del empleado de Metrovías. Además dice que la prohibición de fumar en un espacio público – razón que esgrimió la policía contra Mariana – se trata de una norma administrativa y no justifica el accionar policial. Esto marca un precedente técnico importante. Para finalizar, el fallo hace alusión a que cuando hay un acto discriminatorio por parte del Estado – en este caso de la Policía- la Justicia no puede convalidarlo”, dijo Teszkiewicz a Presentes. Y agregó: “Esto pone en evidencia la urgencia de la implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial”.

Se revierte un fallo lesboodiante

Desde numerosos medios de comunicación, organizaciones de Derechos Humanos y desde la defensa de Mariana Gómez, el fallo de la jueza Marta Yungano fue denunciado por su falta de perspectiva de género.
“Yungano es una persona que alrededor de su carrera se ha dedicado a liberar pedófilos, a liberar a policías y darle beneficios a policías de gatillo fácil. Falla como piensa. El mismo día de la condena a Marian Yungano absolvió a un pedófilo por abusar de su hijo. Esta jueza no puede estar ocupando ese cargo. Pedimos que mínimamente sea capacitada para fallar para lo que la sociedad necesita”, dijo Girat en su momento.
La policía acusó a Mariana de “resistencia a la autoridad” y lesiones. No obstante, tiempo después, una pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer que Mariana Gómez no agredió a la policía. Entonces se comenzó a hablar de lesboodio. “En general a la lesbiana chonga le queda el cartel de la desobediente, la que atenta contra el hombre, la violenta, y esos son los estereotipos que queremos erradicar”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) acompañó la apelación como amicus curiae. En su presentación, Emiliano Montini, representante de la Dirección de Asuntos Juridicos, consideró que Mariana Gómez fue víctima de violencia institucional, no sólo por parte de las fuerzas policiales, sino también por el accionar judicial, reflejado en los distintos actos del procedimiento y, sobre todo, en la decisión cuestionada en donde se descartaron dos testimonios que favorecían a la justicia.

La causa contra el oficial Rojo, en pausa

El 2 de octubre de 2017 Mariana acompañó a Rocío a tomar un transporte en la estación de Constitución. Cuando comenzó a llover fuertemente, las jóvenes decidieron resguardarse en el ingreso de la terminal de subtes. Como ellas, muchas otras personas se guardaban del agua, charlaban y fumaban. Pero sólo Mariana fue increpada por un agente de la Policía de la Ciudad, Jonatan Rojo. A él se sumó la oficial Karen Villarroel. Cuando Mariana quiso retirarse, el oficial Rojo se dirigió a ella en masculino e intentó detenerla por la fuerza. “Hubo una ilegitimidad en la orden, no una resistencia a la autoridad”, fue como describió la situación el abogado de la defensa, Lisandro Teszkiewicz, en una de las audiencias del juicio.
Al día siguiente de la detención de Mariana, junto a Rocío se acercaron a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) para denunciar a Jonatan Rojo por abuso de poder y violencia institucional Jonathan. “Él fue quien golpeó a Mariana y no respetó su identidad”. Pero, de acuerdo a Rocío, al oficial Rojo no se le abrió un sumario. Tampoco recibió apercibimientos de ningún tipo ni fue capacitado en perspectiva de género. De hecho continuó con sus funciones con total normalidad.
“Durante el juicio, muchas veces tuvimos que cruzarnos con él en Constitución, donde tomábamos el transporte para llegar a la audiencia, y era horrible tener que verlo. Mientras tanto, Marian fue condenada y tiene una mancha injusta en los antecedentes. Más allá de eso, si efectivamente queda condenada y este fallo que nosotras apelamos no llega a una absolución, ella va a figurar 5 años más en el sistema”.
Para Rocío, es necesario recordar que Jonatan Rojo “actuó bajo las órdenes y la bajada de línea de Larreta”. “Nosotras seguimos exigiendo que se capacite a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los entes del Estado y las instituciones que intervienen tienen que estar capacitados en perspectiva de género.

8.4.2021

Esta mañana, luego de meses de intimidaciones, nueve familias, todas mujeres cabeza de familia con 17 niños y niñas quedaron en la calle tras la irrupción en un operativo de desalojo llevado adelante por la Policía de la Ciudad. Las familias venían denunciando que no tienen donde vivir y un supuesto dueño les cobraba un pago de alquiler informal mientras llegaban las intimidaciones de desalojo. «Un camión nos sacó las cosas y nos dejaron en una plaza con los nenes. No tenemos donde ir». Tras la negativa del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Ferraresi en no prorrogar el DNU 320 se han incrementado los desalojos.

Esta mañana un grupo de Policías de la Ciudad ingresó sin previo aviso a las casas en las calles Rivera Indarte y Fernández de la Cruz en donde vivían 9 familias con sus niños desde hace siete meses. El operativo fue ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 67, a cargo de la Dra. Marcela Eiff. El acta señala la “intrusión” del inmueble. Sin embargo, las familias venían denunciando que les continuaban cobrando el pago de alquiler al mismo tiempo que llegaban las amenazas del inminente desalojo. “Queremos llegar a un acuerdo no tenemos dónde vivir. Acá somos todas mujeres con muchos niños y en ningún lado nos aceptan. Cuando nos dijeron que nos querían desalojar comenzamos a buscar pero nadie quiere recibir a los niños”, comentó una de las madres. Hasta el momento el gobierno de la Ciudad no ofreció nada concreto a las familias sin viviendas.
Solo una de las familias tiene un subsidio habitacional que apenas llega a 6mil pesos. “No dijeron que quizá nos llevarían a un parador pero es lo mismo que nada. ¿Cuánto podemos estar ahí? Necesitamos que alguien se haga cargo sino vamos a dormir en la calle”, agregaron.
Luego del desalojo las familias informaron que un camión las llevó hasta una plaza cercana y bajaron las pertenencias y nadie desde el Gobierno les acercó ayuda. «Un camión nos sacó las cosas y nos dejaron en una plaza con los nenes. No tenemos dónde ir. Y tenemos miedo que venga la lluvia».
El pasado 31 de marzo venció el DNU 320/20 que había sido dictado el 29 de marzo del 2020 que detenía ciertos desalojos amparados en la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. Este año el Gobierno Nacional no concedió la prórroga lo que dió luz verde para una “ola de desalojos” a pesar de dictarse otro paquete de medidas restrictivas para la circulación por el agravamiento de la pandemia con una segunda ola de contagios masivos llamada «tsunami» por el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Desde las Concejerías de Viviendas explicaron que las familias una vez desalojadas se encuentran con dos problemas cruciales: “primero, que el subsidio habitacional es completamente insuficiente para costear el alquiler de una pieza (hace décadas que les inquilines precarizades no saben lo que es alquilar algo mayor a 1 ambiente), y por otro, la negativa de alquilar a familias con niñes, cada vez más extendida». Frente a esta situación señalan que es urgente un aumento del subsidio habitacional que ascienda a un rango entre 15 y 24 mil pesos.
El 31 de marzo decenas de organizaciones sociales nucleadas en la campaña #ProhibidoDesalojar movilizaron al centro de la ciudad porteña exigiendo la suspensión de los desalojos y un subsidio de emergencia. Denunciaron la situación crítica por la que atraviesan las y los inquilinos en medio de la crisis económica y la pandemia. Las amenazas de desalojo son diarias. La Consejerías de Viviendas que acompañan cientos de casos de familias en riesgo de ser desalojadas un día antes del vencimiento del DNU 320/20 emitió un comunicado alertando sobre los hostigamientos padecidos por parte del Gobierno de la Ciudad y la policía.
“En el caso de nuestra organización, las Consejerías de vivienda, desde el comienzo de la pandemia hemos recibido más de 300 consultas y estamos actualmente acompañando un número de 150 situaciones de riesgo de desalojo o desalojo consumado. Todo este trabajo es a pulmón, autogestivo y nos consideramos independientes del estado. Ya desde el año pasado la policía de la ciudad, comandada por Diego Santilli, nos viene pisando los talones, con presencia de personal uniformado y de civil (infiltrades), tanto en nuestras Asambleas como en espacios de base a los que convocamos a través de nuestras redes. Con la excusa de saber si va a haber una concentración o una marcha, se han presentado cada domingo por medio en la olla popular en donde hacemos además nuestros encuentros con vecines. Para evitar la persecusión que veníamos sufriendo, dejamos de colocar la dirección donde se realizarían las Asambleas, repercutiendo claramente en la posible masividad de las mismas”. (ver completo)

6.4.2021

Fue presentado por Bregman y Barry y firmado por distintos legisladores, para que se declare la preocupación porque Metrovías pretende quitarles los fueros a los delegados para despedirlos. Luego del fallecimiento del trabajador de la Línea B a causa del asbesto, continúa la pelea para que la empresa garantice las condiciones de higiene y seguridad.

El martes 6 de abril las diputadas del PTS/FIT Myriam Bregman y Alejandrina Barry, presentaron un proyecto para que la Legislatura porteña declare la preocupación por el intento de desafuero que está llevando adelante la empresa Metrovías, desde comienzos de marzo, contra cinco delegados de la línea B del subte de la Ciudad de Buenos Aires. Este proyecto fue firmado por los diputados Abrevaya (Coalición Cívica), Almeida (IS/FIT), Martínez (AyL).
Con el proyecto, Bregman y Barry acompañan a los trabajadores que denuncian que la empresa ha iniciado demandas judiciales contra delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), para quitarles los fueros sindicales y poder avanzar en su despido.
Este gravísimo ataque se da en el marco de la terrible noticia del fallecimiento el jueves pasado de Jorge Pacci, trabajador de la línea B, a causa de una Neumocoñiosis. Esto fue consecuencia de su exposición al asbesto, material que tienen las formaciones e instalaciones de todas estaciones del subte y que fue largamente denunciando por los trabajadores, acá y en otros países del mundo, por traer consecuencias mortales para la salud.
A raíz de esta muerte, los trabajadores realizaron un paro total de las seis líneas el sábado 3 de abril y un acto en repudio de esta muerte obrera, responsabilizando a Metrovías, que actúa con el aval del Gobierno porteño, y exigiendo condiciones de trabajo que no pongan en riesgo sus vidas, y que se llevó la vida del compañero.
El proyecto presentado en la Legislatura, denuncia la persecución y ataque de Metrovías hacia los trabajadores, y en particular los delegados. El 4 de marzo, los trabajadores habían llevado adelante un paro, en el que reclamaron por el cumplimiento de los protocolos sanitarios para cuidar su salud y la de los usuarios del subte. También denunciaron que la empresa pretendía hacer volver a trabajar a los mayores de 60 años, poniendo en riesgo sus vidas, a pesar de ser población de riesgo.
Frente a esto, el 11 de marzo, Metrovías inició acciones legales contra cinco delegados que venían llevando adelante estas medidas y peleando para que se respetaran los protocolos de seguridad e higiene. Los trabajadores denuncian que estas acciones judiciales de la empresa son a modo de represalia y lo que quiere es despedirlos.
A su vez, el proyecto denuncia que el 25 de marzo se realizó una audiencia entre la empresa y los trabajadores, en la que el Gobierno de la Ciudad dejó constancia de innumerables irregularidades y violaciones de las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones de la línea B, que la empresa Metrovías debía resolver antes del 12 de abril.
Este proyecto presentado en la Legislatura pretende acompañar y apuntalar la lucha de los trabajadores del subte por condiciones de trabajo que cuiden sus vidas, a la vez que denunciar el grave ataque de Metrovías contra los metrodelegados. Y se da en el marco de una enorme campaña.
En palabras de Claudio Dellecarbonara, al finalizar el acto por el fallecimiento de Jorge Pacci: “Daremos comienzo a una gran campaña contra la persecución inconstitucional y los pedidos de desafueros contra los delegados que denunciamos que Metrovías con la complicidad del Gobierno porteño pone en riesgo la vida y la seguridad de trabajadores y usuarios”.