Red de radios

15.10.2020

Por Sol Bajar

El Gobierno nacional autorizó este jueves el trabajo del personal de casas particulares en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la pandemia. Qué dice y qué oculta el protocolo porteño para la vuelta al trabajo.

Tras más de 200 días de cuarentena, las trabajadoras de casas particulares fueron habilitadas desde este jueves, por resolución del gobierno nacional, para volver formalmente a la actividad en la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión, que lleva la firma de la jefatura de gabinete de la Nación, autoriza así, a todas las categorías de la actividad, y ya no sólo a la de “cuidadoras”, a volver al trabajo, aunque siempre que la trabajadora -que puede vivir en la Ciudad o en la provincia de Buenos Aires- preste servicios para una sóla empleadora o empleador.
Además, al no ser considerada como una “actividad esencial”, quienes trabajen en casas particulares no podrán usar el transporte púbilco y deberán ser las y los empleadores quienes se hagan cargo y garanticen el transporte privado, desde una ubicación a la otra, ida y vuelta.
Pero para poder hacerlo, las trabajadoras tendrán que cumplir un “Protocolo de cuidados básicos para evitar el contagio de covid-19” (ver abajo), elaborado por el gobierno de la Ciudad.
Allí se detallan las medidas de higiene para prevenir el contagio, como parte de las responsabilidades que recaerán sobre las mujeres que viven de limpiar casas ajenas, y se omiten referencias elementales, como quién deberá asumir los costos de todos los elementos necesarios para la protección personal en el marco de la pandemia, como los tapabocas, los guantes descartables, el alcohol en gel, los elemento de uso personal (como vasos, mate, platos, ropa, toallas, etc.), y mucho menos, qué pasará con quienes no están registradas

Esencialmente…informales

Según datos difundidos por la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) a principios de septiembre, el 22.9% de las trabajadoras de casas particulares percibía al momento del inicio de la cuarentena una remuneración mensual inferior a $10.000, el 25,1% de ellas cobraba menos de $ 15.000, el 36,1% menos de $ 20.000, y el 14,4% menos de $30.000. “Es decir que el 98,5 por ciento de las empleadas del hogar percibe salarios inferiores a la Canasta Básica Total”, sostiene el informe.
Según el material, publicado en septiembre, desde que comenzó el aislamiento social y obligatorio, el 20 de marzo pasado, hubo “una importante cantidad de despidos y suspensiones sin causa justificada o por causas económicas, en especial de las empleadas que trabajan de manera informal, todo ello principalmente como mecanismo patronal tendiente a eludir fraudulentamente el pago de los salarios correspondientes a la licencia con goce de salarios establecida mediante el DNU 297/2020 para las categorías de la actividad que no se encuentran exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)”.
Así, según los cálculos, aproximadamente el 18,5 % de las trabajadoras de casas particulares habría sido despedida en el marco de la cuarentena de modo directo o indirecto , como lo son por ejemplo las renuncias obligadas a cambio de una contraprestación económica, muchísimas veces inferior a las deudas acumuladas durante todo el aislamiento: “unas 277.500 trabajadoras”, afirman desde UTDA.
Según cifras oficiales, en Argentina hay aproximadamente 1.730.000 trabajadoras de casas particulares. Sólo unas 500.000 están registradas, es decir que 1.200.000 no tienen ni derecho a un salario que alcance para llegar a fin de mes, ni a obra social, ni a jubilación, ni a muchos otros derechos básicos, elementales, como la vivienda.
Según las estimaciones de UTDA, durante la pandemia, el 27,7 % de las trabajadoras de casas particulares trabajó a pesar de no encontrarse legalmente habilitadas. Al 17,2% de las trabajadoras que están en la 5ª categoría (que equivale a la de “tareas generales”) se les modificó fraudulentamente la categoría a la 4ª categoría (que corresponde a los “cuidados de personas”) para darles permisos falsos que les permitan circular a pesar del aislamiento obligatorio. Según esas estimaciones, el 49,8% de las trabajadoras de casas particulares no cobró el Ingreso Familiar de Emergencia: “al 44,2% se lo negaron”, señalan, y destacan que sólo el 24,8% cobran la Asignación Universal por Hijo y mientras que menos del 14% recibe asistencia alimentaria por parte del Estado.

El Protocolo de Ciudad punto por punto

• El empleador o la empleadora deberá garantizar el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin utilización de transporte público de pasajeros, pudiendo utilizar taxis o vehículos de alquiler.
• Uso obligatorio de tapaboca, por parte del personal y de toda aquella persona que se encuentre presente al momento de la prestación de tareas.
• Higiene de manos de manera frecuente; principalmente, al ingreso al domicilio de trabajo, antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, de ingerir alimentos, luego de tocar superficies de contacto frecuente (picaportes, barandas, manipular dinero, tarjetas de crédito / débito, llaves, animales, etc) y después de utilizar instalaciones sanitarias.
• Mantener una distancia mínima de 2 metros con cualquier persona.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, etc.).
• No utilizar celular en la zona de trabajo. Si por necesidad es usado, se debe proceder automáticamente a una nueva higiene de manos y del artefacto.
• Si el trabajador tiene que salir en su horario laboral (a hacer compras, pasear mascotas, etc.) deberá en todas las oportunidades tomar los mismos recaudos detallados para el ingreso al domicilio.
• En caso de recibir compras a domicilio deberá desinfectar los paquetes.
• Se deberá realizar la limpieza de modo tal que reduzca la dispersión de polvo o suciedad que puedan contener microorganismos.
• Evitar actividades que favorezcan el levantamiento de partículas en suspensión, como escobas y aspiradoras.
• Se deberá limpiar y desinfectar en primer lugar superficies elevadas y superficies de alto contacto (picaportes, teclas de luz, timbre, perillas de horno, entre otras) y finalmente el suelo.
• En caso de manipular ropa sucia no se deberá sacudir, debiendo colocarla directamente en el lavarropas.
• Se deberá limpiar todas las superficies de trabajo con agua y detergente, y desinfectar las mismas con solución con lavandina al 10% (10 ml de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua) o alcohol al 70%. Puede utilizarse un envase con pulverizador.
• La ropa que el personal utilice para trabajar será distinta de la utilizada para trasladarse a y desde el lugar de trabajo. Dicha vestimenta utilizada durante el desarrollo de la jornada laboral debe ser lavada con detergentes habituales a más de 60°C.
• Los elementos básicos de protección serán provistos por el empleador y deben ser preferentemente descartables o lavados diariamente con agua a 60°C y jabón. El trabajador o la trabajadora debe ser capacitado/a específicamente sobre su correcto uso.
• Uso de guantes de limpieza y mantener la limpieza de los depósitos de residuos con kit de desinfección.
• Se tendrá en cuenta que los detergentes eliminan la suciedad y la materia orgánica disolviendo el polvo, aceites o grasa, para luego facilitar su eliminación con el enjuague, por lo cual es importante lavar con detergente, luego enjuagar con agua limpia y desinfectar con hipoclorito de sodio al 10 % según sea el caso (método del doble balde/doble trapo).
• El empleador deberá establecer horarios de entrada y salida para el trabajador, donde haya menor aglomeración de personas en el domicilio.
• Ante un caso sospechoso, el empleador debe adecuarse a los lineamientos y pautas generales establecidas en los protocolos COVID-19, en particular, al “Protocolo de manejo frente a casos sospechosos y confirmados de de Covid-19”, y en caso de confirmación del diagnóstico por la autoridad sanitaria, se procederá a tramitar la licencia del trabajador/a por enfermedad.

15.10.2020

En el marco del paro de 48 horas que desde ayer realizan docentes porteños nucleados en la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) en repudio al reinicio de clases presenciales dispuesto por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el gremio docente junto con seccionales docentes combativas del Suteba Multicolor concentrarán a las 14 en el Obelisco porteño para luego movilizar al Ministerio de Educación. “En pandemia no volvemos a la escuela presencial ni a ningún tipo de actividad educativa presencial”, sostienen. “Todos estos meses estuvimos costeando la conectividad igual que las familias para poder trabajar con los alumnos. Familias presentes, docentes presentes, gobierno ausente: esa fue la situación. Ahora hay todo un sector que plantea que no queremos trabajar, mientras que el 11 de septiembre el gobierno porteño reconocía el trabajo que venimos sosteniendo los docentes en este marco. Quieren aliviar un poco a un segmento de la sociedad que tienen que reafirmar en su voto, con un aperturismo a ultranza”, remarcó Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys.

La caravana docente, que contará con el acompañamiento de seccionales combativas docentes del Suteba Multicolor, se da en el marco del paro de 48 horas llevado adelante desde ayer por docentes organizados en la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), es contra la vuelta a clases presenciales de forma gradual dispuesta por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, e implementado por su ministra de Educación Soledad Acuña.
“Nuestra postura es de rechazo absoluto al regreso a las aulas que plantea Horacio Rodríguez Larreta, ya que todos los días tenemos récord de casos, y es una locura volver a las aulas”, expresó ayer el secretario adjunto del gremio, Jorge Adaro, en entrevista a El Destape Radio. En tanto, en declaraciones a Canal Abierto, expresó: “el gobierno está vendiendo que empezaron las clases, y lo hicieron sólo en dos escuelas con un porcentaje de la matrícula muy baja. Todos estos meses estuvimos costeando la conectividad igual que las familias para poder trabajar con los alumnos. Familias presentes, docentes presentes, gobierno ausente: esa fue la situación. Ahora hay todo un sector que plantea que no queremos trabajar, mientras que el 11 de septiembre el gobierno porteño reconocía el trabajo que venimos sosteniendo los docentes en este marco. Quieren aliviar un poco a un segmento de la sociedad que tienen que reafirmar en su voto, con un aperturismo a ultranza”, remarcó Adaro.
Asimismo, en una carta abierta a las familias de los y las alumnas de la Ciudad de Buenos Aires, Ademys expresó: “más que nadie sabemos que el encuentro es irremplazable a la hora de construir conocimiento. Pero lamentablemente siguen sin estar garantizadas las condiciones sanitarias para volver a la escuela. La cantidad de contagios sigue siendo altísima, rondando los 900 casos por día en la Ciudad, y la circulación que supone el movimiento de alumnos y familias no contribuirá a disminuirlos“, expresó el gremio.
El gremio también se refirió en la carta a la actitud del gobierno porteño: “esta insistencia a la vuelta de clases a esta altura del año es otro ‘como si’, una puesta en escena por parte del gobierno para mostrarse como aperturistas, más que genuina preocupación por el aprendizaje de los alumnos y alumnas con más carencias y problemas de conectividad. Si esta preocupación realmente existiera, hubiese sido el libre acceso a la conectividad y la entrega de computadoras la forma de avanzar en garantizar la educación para todos y todas. Pero esto sigue sin solucionarse”.
El viernes pasado Rodríguez Larreta anunció la reapertura de las escuelas para los alumnos que estén finalizando la secundaria y la primaria durante este mes, como parte de las medidas para la nueva fase del aislamiento por el coronavirus. En la misma línea, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, confirmó que los alumnos de los últimos años de las escuelas públicas técnicas y comunes comenzarán a volver a clase esta semana y las escuelas primarias lo harán la semana próxima, a la vez que sostuvo que se evalúa “adelantar unos días o un mes” el inicio de ciclo lectivo 2021.

15.10.2020

Este jueves 15 de octubre se hará una nueva jornada de ollas populares en las villas y barrios de la Ciudad. A las 11 habrá concentración en el Obelisco para luego movilizar hasta México al 1600 en caravana por el reconocimiento salarial de las tareas de cuidado comunitarias

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) junto a La FeNaT-CTAA Capital, Somos Barrios de Pie y la Federación de Organizaciones de Base (FOB) llevarán a cabo, a partir de las 11, la decimoctava Jornada de Ollas en las villas y barrios populares de la Ciudad, bajo los lemas “Somos esenciales. Por el reconocimiento de nuestras tareas. Larreta hacete cargo”. Las y los compañeros se movilizarán hasta México al 1600
Este 15 de octubre las organizaciones sociales continuarán con las jornadas de lucha y ollas populares por decimoctava semana consecutiva para visibilizar todas las tareas que garantizan en comedores y espacios comunitarios y exigir su reconocimiento como tareas esenciales en el marco de la pandemia. Además continuarán con la campaña de junta de firmas.

Manifestación de agentes de tránsito

Agentes de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se manifestaron en la Avenida 9 de Julio para reclamar que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta cumpla con las resoluciones judiciales que lo intiman a reinstalar en sus puestos a trabajadores desvinculados a principios de este año.

La jueza Patricia López Vergara intimó al gobierno porteño a reinstalar a los Agentes de Tránsito desvinculados en un plazo de diez días bajo apercibimiento de imponer sanciones y otorgó un plazo de 30, 60 y 90 días para efectuar el pase de todos los Agentes contratados a la planta transitoria, incluyendo a aquellos que fueron traslados intempestivamente al Ministerio de Seguridad.
Sin embargo, el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires incumplió la resolución. Transcurrieron los diez días determinados por la magistrada y no hubo respuesta. Es por esto que los agentes, nucleados en “Compañerxs Unidxs de Tránsito de la Ciudad”, se movilizaron para visibilizar su problemática y exigir una contestación.
La agrupación está conformada por agentes de tránsito autoconvocadxs que, a partir de que Eugenio Veppo atropellara y matara a Cinthia Choque e hiriera de gravedad a Santiago Siciliano, se unieron para realizar reclamos laborales en cuanto a sus derechos y seguridad. Muchos fueron automáticamente despedidos, algunos de una manera encubierta bajo la no renovación de contratos, y el resto sigue trabajando en condiciones indignantes bajo una contratación precaria.
Verónica Báez, delegada de ATE Tránsito, explicó: “Reclamamos por la reincorporación de las compañeras y los compañeros despedidos, así como el pase a planta. La jueza López Vergara dispuso al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un límite de diez días para reincorporar a las y los Agentes despedidxs, y ese límite se cumplió el viernes, pero seguimos sin noticias. La Jueza además le dio plazos de 30, 60 y 90 días para pasar a planta a los y las monotributistas. Pero también seguimos pidiendo por medidas de seguridad, y para que en Tránsito sigan siendo prioridad las políticas de seguridad vial, y no la recaudación (…). Otro punto por el que reclamamos es por que vuelvan los protocolos de seguridad en la calle, tanto para los compañeros y compañeras, como para los ciudadanos. Porque los puestos están muy mal armados, además los y las agentes están saliendo sin alcohol en gel, sin desinfectar los móviles, y ese tipo de descuidos que volvieron a aparecer”.

13.10.2020

Lo señaló el Bloque de Trabajadorxs Migrantxs, en relación al representante de la comunidad migrante Papa Diaw que fue violentado por agentes de la Ciudad.

El Bloque de Trabajadorxs Migrantxs denunció que un referente de la comunidad senegalesa fue agredido por efectivos de la Policía de la Ciudad, en el barrio porteño de Flores. Según detalló el espacio el integrante del BTM, Papa Diaw, fue hostigado por agentes de la fuerza de la Ciudad, el pasado 7 de octubre. El hecho ocurrió “tras ayudar a los trabajadores de la vía pública, los efectivos de la Comisaría 7C en uno de sus operativos en Flores rodearon a nuestro compañero, lo insultaron y lo obligaron a ´marchar´ por la calle. Cuando intentaba salir del cordón que ellos habían formado, lo empujaban y lo insultaban”, detalló el Bloque.
Además, explicaron: “Desde el 2019 nuestra organización se hace presente en las comisarías del barrio de Flores y en los sitios donde la Policía de la Ciudad detiene y persigue de manera sistemática a los trabajadores senegaleses. La persecución que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante hace años -y que ha sido constantemente denunciada por organizaciones sociales, de la sociedad civil y organismos de derechos humanos- ha escalado durante la pandemia tanto en número como en la proporción de la violencia empleada por los efectivos de las fuerzas policiales de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Larreta, al Vicejefe de Gobierno Diego Santilli y al Secretario de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro por la violencia sufrida por nuestro compañero y por la comunidad senegalesa. Solicitamos también a las autoridades nacionales que intervengan ante estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires comete todos los días en los distritos comerciales de Flores, Once y Constitución con los migrantes senegaleses”, señalaron en el texto.
Además, añadieron: “No queremos que se repita lo de Massar Ba, activista senegalés por los derechos humanos que falleció en 2016 tras sufrir una brutal golpiza en el barrio de San Cristóbal, cuya muerte nunca fue esclarecida. Por eso, solicitamos al Gobierno de la Ciudad y al Estado Nacional que se arbitren las medidas necesarias para proteger a nuestro compañero y que se termine la impunidad con la que la Policía de la Ciudad persigue sistemáticamente al colectivo senegalés. Se trata de una persecución, étnica, racial y política”.

12.10.2020

Por CORREPI

En el juicio a Chocobar, que no podemos presenciar porque interviene un Tribunal Oral de Menores a partir de que también se está juzgando al chico que estaba con Juan Pablo Kukoc, menor de edad a la fecha del hecho, están claramente expuestas tres posiciones. La de la defensa, que sostiene el legítimo cumplimiento del deber; la de la querella, que correctamente acusa por el homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad con abuso de su cargo o función, y exige la condena a prisión perpetua, y la de la fiscalía, que argumenta un tibio exceso en el cumplimiento del deber y aspira a una pena excarcelable.
Así, la defensa reivindica el gatillo fácil como aceptable y deseada política de estado y la querella defiende los derechos de las personas frente al poder de fuego estatal y señala el carácter de crimen de estado del homicidio cometido por un policía. Pero la fiscalía no está meramente “a mitad de camino”, sino que remite a la tesis exculpatoria de la responsabilidad estatal fundada en los “errores o excesos” individuales, en una reedición adaptada a la etapa de la teoría de los dos demonios.

El 8 de diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, dos pibes asaltaron a un turista yanqui y le robaron su cámara fotográfica. Uno de ellos tenía un cuchillo, con el que hirieron a la víctima del robo. Perseguidos por tres vecinos que vieron la escena, los dos salieron corriendo por la calle Olavarría. Uno de ellos, Juan Pablo Kukoc, de 18 años, fue alcanzado en la calle Irala a metros de la Av. Suárez. Los tres vecinos forcejearon con él y le sacaron la cámara fotográfica. Ninguno vio ni fue atacado con arma alguna.
En ese preciso momento, llegó al lugar el policía Luis Oscar Chocobar. De entrada hizo tres disparos al aire, por lo que los vecinos soltaron al pibe, que salió corriendo, y se pusieron a resguardo. Chocobar persiguió a Juan Pablo y le disparó cuatro veces al cuerpo.
La autopsia constató que Juan Pablo recibió dos de esos disparos. Uno entró en la región lumbar derecha, a 4 cm. de la línea media vertebral y a 6 cm. por encima de la cresta ilíaca derecha, el otro en la parte posterior del muslo izquierdo, que le fracturó el fémur. Los dos por la espalda, efectuados, según las pericias hechas por la policía federal -y como se ve en el video-, a una distancia muy superior a los siete metros.
Los relatos de los testigos -esos vecinos que acudieron a auxiliar al turista, detuvieron a Juan Pablo y recuperaron la cámara de fotos- dejan claro que el chico forcejeó con ellos tratando de escapar, pero no los atacó con arma alguna, ni de fuego -que no tenía- ni el famoso cuchillo que nunca empuño contra ellos, y que recién entonces apareció Chocobar a los tiros, primero tres al aire, luego cuatro al cuerpo, de los que acertó dos.
Vimos hasta el cansancio las imágenes de la cámara de seguridad que captó el momento del fusilamiento, que no dejan lugar para la duda. Juan Pablo corría, sin nunca darse vuelta ni amenazar ni gesticular hacia su perseguidor, cuando recibió los dos disparos que lo mataron. Se encontraron siete vainas servidas del arma reglamentaria de Chocobar, además de los proyectiles recuperados en la autopsia. Juan Pablo no tenía armas de fuego, y no llevaba el cuchillo en sus manos.
Como lo sostiene la querella que representa a Ivonne, mamá de Juan Pablo, el funcionario policial eligió, de todas las opciones posibles, la de más letal resultado. Disparó, no una, sino cuatro veces, contra una persona desarmada que corría dándole la espalda. Le acertó dos tiros, y sólo por intercesión de la buena suerte los otros dos no mataron o hirieron transeúntes en la muy circulada avenida Suárez. Disparó cuatro veces contra una persona que no lo atacaba, no lo amenazaba ni amenazaba a terceros, y que, en el peor de los casos, si no hubiera podido darle alcance, hubiera escapado. Como escapó su amigo, luego identificado y detenido, y hoy también en juicio por el asalto al turista.
A pesar de la extrema claridad de los hechos -o quizás, por eso mismo- el policía bonaerense fusilador fue elegido por el gobierno de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- como su paradigma en materia represiva, lo que se concretó en lo que empezamos a llamar la “doctrina Chocobar”.
Así lo anunció en su cuenta de Twitter la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el 2 de enero de 2018: “Junto al presidente @mauriciomacri recibimos al policía Luis Chocobar que salvó a un turista de la muerte. Actuó en cumplimiento de su deber de Policía y así debe ser interpretado. Queremos defender a los Policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos“.
En catarata, se sumaron la foto del abrazo y la frase presidencial (“Usted es un héroe, necesitamos más policías como usted“); el rechazo de Macri al fallo judicial que procesó a Chocobar, aun cuando no fue detenido y se redujo el homicidio calificado a un “exceso” excarcelable (“No entiendo qué esperan los jueces, ¿que lo deje escapar?“); la Resolución 956/2018, más conocida como “Protocolo Chocobar”, que habilitó a las fuerzas federales a disparar por la espalda y a personas desarmadas; el Programa “Restituir”, dirigido a reincorporar miembros de las fuerzas excluidos de sus filas por hechos de gatillo fácil; la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos “para asistir a los efectivos policiales y de seguridad federales”; el protocolo que habilitó el uso de las picanas portátiles Taser y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal para instalar la impunidad absoluta de funcionarios de las fuerzas represivas que maten o hieran con el arma reglamentaria en cualquier circunstancia. Chocobar, mientras tanto, fue reincorporado al servicio activo, novedad que le comunicó personalmente Patricia Bullrich, junto a dos senadoras provinciales, en una visita a su casa ampliamente publicitada.
Desde las organizaciones populares enfrentamos con fuerza ese paquete de reivindicaciones represivas que expresamente reconocían al gatillo fácil como política de estado, lo que abrió el camino para que la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, derogara algunas de esas medidas a poco de asumir, iniciativa que, a poco de andar, quedó trunca.
Hoy, mientras se desarrolla el varias veces postergado juicio oral al policía Chocobar -descubierto por trabajadorxs de un hospital hace pocas semanas cuando hacía allí tareas de “seguridad”-, nos encontramos frente a una renovada campaña de legitimación de la represión y el gatillo fácil, que se apoya en aquello que se atribuye al ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels, “miente, miente, que algo quedará“. Lo haya dicho realmente o no, la idea y la práctica son propias de los sectores más reaccionarios, expertos en la manipulación de los hechos para instalar como verdades, con el aporte indispensable de la prensa hegemónica, las falacias en las que fundan sus iniciativas.
Chocobar llegó el viernes 9 al edificio de Comodoro Py con su defensor Fernando Soto, ex funcionario del gabinete de Patricia Bullrich, que le encomendó la defensa del prefecto Pintos, autor del disparo que mató a Rafael Nahuel, y lo designó apoderado judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Junto a ellos, el codefensor Luis Cevasco, recordado por su misógina y machista intervención como juez de instrucción, a finales de los ’80, en la causa por el asesinato de Jimena Hernández en la pileta de natación del colegio Santa Unión, en la que filtró a los medios su teoría de que la nena de 11 años “tenía una vida sexual activa”. Cevasco también fue el juez que dictó falta de mérito al ingeniero Santos por el fusilamiento de los dos jóvenes que le robaron el estéreo, y seguramente ese prontuario pesó a la hora de ser elegido como Procurador General (jefe de los fiscales) de la justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno.
La defensa de Chocobar insistió, en la primera audiencia del debate, en el ya varias veces rechazado planteo de que se lo someta a juicio por jurados. La intencionalidad del reiterado -y técnicamente absurdo- pedido, que no está previsto en el proceso de la justicia nacional, queda explicado con las palabras de los propios defensores. Recordando los casos del médico Lino Villar Cataldo y del carnicero Daniel Oyarzún, ambos absueltos en juicio por jurados por los homicidios que cometieron respecto de personas que huían después de haberlos asaltado, Soto reconoció: “Estoy seguro que un tribunal técnico normal los hubiera condenado a los dos (…) en cambio, en los dos casos el juicio por jurados los absolvió por unanimidad“. Nunca más evidente por qué decimos que el juicio por jurados, en la forma que está implementado en algunas provincias de nuestro país, está lejos de garantizar otra cosa más que la impunidad para el linchamiento y el gatillo fácil, legitimados por el clima social que genera la prensa hegemónica a partir de este tipo de hechos. Hablando de policías, recordemos la leve pena por “homicidio culposo” resultante de la decisión de un jurado “popular” en la causa contra el comisario Buscarolo por el fusilamiento de Iago Ávalos en Morón.
Mientras tanto, los diputados nacionales por Mendoza Luis Petri y Alfredo Cornejo -ex gobernador de Cambiemos- reflotaron esta semana, en coincidencia con el inicio del juicio a Chocobar, el proyecto de reforma del artículo 34 del Código Penal, para introducir la presunción legal de “cumplimiento del deber” cuando un miembro de las fuerzas de seguridad hiere o mata.
“La reforma propuesta viene a solucionar esta laguna legal que deja al arbitrio de los jueces el determinar cuándo un funcionario había actuado en cumplimiento de su deber, para garantizar que policías como Chocobar, que obran en cumplimiento del deber y en defensa de la vida, no terminen sentados en el banquillo de los acusados”, sostuvieron en declaraciones públicas los diputados mendocinos.
No hay ninguna “laguna legal”. Hay un delito perfectamente definido como homicidio calificado en el art. 80 inc. 9 del Código Penal vigente, que sanciona con prisión perpetua al integrante de fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario, que mate abusando de su función o cargo. Lo que sí existe -y convierte ese artículo en papel pintado- es una política judicial que se esfuerza en ignorar esa norma, y, a lo sumo, cuando no le queda más remedio que condenar a un uniformado, recurre a eufemismos como el “exceso en la legítima defensa” o el “exceso en el cumplimiento del deber”, cuando no al “homicidio culposo” -sin intención, por accidente-, como resolvió en agosto la Cámara Criminal de Quilmes en el caso de Federico Rey, el preso que reclamaba medidas por la pandemia en el techo del penal de Florencio Varela cuando recibió tres balazos de plomo por la espalda. Fue sin querer, dijeron los jueces Barbieri y Cascio, apenas si una “negligencia o ligereza de la imputada”, la penitenciaria Eliana Daniela Heidenreich.
Podríamos ejemplificar esa reiterada política judicial de garantía de la impunidad de los represores con cita de infinidad de fallos similares, tanto en causas por gatillo fácil (fusilamientos de Marcelo Bogado, Juan Carlos Bustamante, Walter Robles y Leandro Pérez, Matías Barzola, etc.), como en causas por tortura seguida de muerte, sistemáticamente calificadas con figuras menores (Walter Bulacio, Jorge “Chaco” González, Diego Gallardo, entre otros). Una política de impunidad que sólo es viable por el accionar en pinzas de los tres poderes del estado, el que mata y tortura a través de su aparato represivo -y luego les provee la defensa técnica-, el que legisla para que sea factible poner a resguardo a sus verdugos y el que los juzga con benevolencia, desnaturalizando las figuras penales aplicables en sentido exactamente inverso al que utilizan cuando criminalizan la protesta social.
El juicio a Chocobar implica mucho más que una simple expectativa entre la absolución pretendida por la defensa y la condena justa que reclama la querella. La posibilidad de que prevalezca esa teoría de los dos demonios alentada por la acusación fiscal reviste enorme peligrosidad, más todavía cuando se trata del caso testigo elegido por los sectores embanderados con el punitivismo para lxs pobres y la impunidad para los represores.
Por eso, aunque no podamos estar materialmente presentes acompañando a la querella, junto a Ivonne Kukoc y sus hijos e hijas, decimos:
¡Basta de represión!
El gatillo fácil es un crimen de estado
¡Perpetua para Chocobar!
CORREPI