Red de radios

15.4.2021

Así lo denuncian trabajadores de la Línea 147 de CABA en una carta enviada a Diputados de la Ciudad. Exigen respuestas y explicaciones al Gobierno porteño

Durante el pasado martes, en una carta enviada a diputados oficialistas, peronistas y de izquierda, trabajadores despedidos de la Línea 147 de la Ciudad de Buenos Aires hicieron pública una denuncia en la que detallan sus condiciones laborales.
A través de la empresa que terceriza la atención en la Línea 147, denuncian que los contratan como “trabajadores eventuales y de esa manera somos despedidos en cualquier momento, sin recibir indemnización alguna”. Cobran un básico de $10.000 en negro y los fuerzan a ir a trabajar aun contagiados con covid-19.
La precarización laboral en la juventud está en niveles inéditos y el Estado es uno de sus principales beneficiaros. “No comprendemos porque, si trabajamos en tareas que son propias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, atendemos y finalizamos los llamados en su nombre y de los ministerios, nuestra relación tiene que estar tercerizada mediante empresas que no respetan las leyes laborales del país.”
La Diputada de la Ciudad del PTS-FITU, Myriam Bregman, se hizo eco de este reclamo y denunció en sus redes la situación de los trabajadores de la Línea.
A continuación reproducimos la carta de los trabajadores completa:
CARTA DE TRABAJADORXS DESPEDIDOS DE LA LINEA 147 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
Sres/as. Legisladores/as de la Ciudad:
Somos un grupo de jóvenes trabajadores/as despedidos/as de la Línea 147 de la Ciudad de Buenos Aires y queremos ponerlos/as en conocimiento de las pésimas e ilegales condiciones de trabajo que padecimos hasta que fuimos despedidos/as
En el servicio a la comunidad del 147 se gestiona la mayoría de los trámites a distancia tales como:
• atención y seguimiento a pacientes con coronavirus;

• turnos para vacunación COVID-19;

• atención y ayuda social a adultos mayores;

• turnos de para atención hospitalaria;

• inscripción escolar y todo lo referido a educación, becas;

• trámites impositivos, públicos y de otros tipos referidos a solicitudes del Gobierno de la Ciudad.
El servicio del 147 está gestionado por empresas “tercerizadas”. En estas empresas trabajamos cientos de jóvenes en condiciones laborales completamente ilegales.
Cobramos un salario básico de 10.000 pesos y haciendo horas extras algunos hemos llegado a cobrar, de forma no registrada, un poco más. Es decir, que estábamos trabajando por un salario que está muy por debajo de la línea de indigencia y además no registrado en su totalidad. Además, muchos comenzamos a trabajar en “negro” y fuimos registrados con posterioridad a nuestro ingreso.
Las empresas nos contratan como trabajadores eventuales y de esa manera somos despedidos en cualquier momento, sin recibir indemnización alguna. Como ustedes saben es ilegal adoptar modalidades contractuales como la eventual, para cubrir puestos de trabajo de naturaleza permanente.
Lo mismo ocurre con decenas de trabajadores que solo duran el período de prueba y de esa manera también son despedidos sin indemnización. La empresa hace un uso completamente masivo y abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores.
Sumado a ello y, tal como se hiciera público en diversos medios, existen trabajadores contagiados con COVID-19 que están siendo forzados por la empresa a cumplir tareas con la amenaza de despedirlos si no atienden la línea.
En resumen, los que atendemos para el gobierno de la ciudad estamos por debajo de la línea de indigencia, con ritmos de trabajo insalubres y hostigados permanentemente. Si vamos al baño o paramos para comer, se nos descuentan los minutos “no trabajados”. Lo mismo ocurre con el tiempo entre llamado y llamado, que no es computado como tiempo trabajado a pesar de que estemos a disposición de la empresa, esperando que ingrese una consulta o incluso una directiva determinada.
Nuestra situación es de extrema vulnerabilidad. Cada cuestionamiento a esta modalidad de trabajo terminó, invariablemente, no sólo con despidos sino también con consecuencias similares sobre las personas recomendadas a la empresa. Necesitamos que se investiguen estas violaciones a la legislación laboral argentina y que finalmente podamos tener un trabajo con derechos, con salarios que alcancen, y que nos reconozcan como lo que somos. No comprendemos porque, si trabajamos en tareas que son propias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, atendemos y finalizamos los llamados en su nombre y de los ministerios, nuestra relación tiene que estar tercerizada mediante empresas que no respetan las leyes laborales del país.
Por último queremos mencionar que esta situación repercute en la calidad de atención de los vecinos/as y usuarios/as de todo lo que se gestiona en el 147.
Necesitamos y pedimos a todos/as los/as legisladores que rechacen esta situación y que adopten las medidas que consideren para modificar la situación de las y los trabajadores de la línea 147.

13.4.2021

Por Paula Viafora

Los cementerios de Recoleta, Chacarita y Flores superaron los 100 años de vida y se nota. La falta de mantenimiento hace estragos en las tres edificaciones que no parecen entrar dentro del radar de negocios del gobierno porteño.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con tres cementerios ubicados en los barrios de Recoleta, Chacarita y Flores. Los tres pasaron hace rato los 100 años de historia y al recorrerlos se nota. Imponentes mausoleos y bóvedas con arquitectura y materiales ya fuera de uso y su vasta extensión en medio de la ciudad, son datos claves para adivinar los años de existencia. Pero lamentablemente, también hay otros factores menos pintorescos. En los tres se nota una sostenida y avanzada falta de mantenimiento al punto de poner en peligro a quienes visitan a sus seres queridos y también a sus trabajadores. No es simplemente falta de pintura, filtraciones o herrajes oxidados, son deterioros estructurales graves que constituyen un peligro permanente.
Durante el pasado mes de febrero hubo un derrumbe en el cementerio de Flores, cuando colapsó el techo de una galería de nichos. Afortunadamente, ocurrió luego del cierre y los trabajadores consideraron “un milagro” que nadie haya salido herido y que ningún nicho haya sido afectado por el derrumbe. Vigas, mampostería, hierros y placas de yeso quedaron colgando del techo y dispersos por el suelo del panteón. La escalera que se utiliza habitualmente para acceder a los nichos más altos, casi cercanos al techo, quedó hecha añicos. A esta escalera no sólo la usan quienes realizan mantenimiento en el lugar, sino también las personas que van a dejarles flores a sus seres.
En Chacarita, se recorre un certero camino a situaciones similares. Las galerías de nichos del subsuelo están en un total estado de abandono, tapas desgastadas por el óxido de décadas que, ayudadas por las constantes filtraciones de agua, se van aflojando al punto de caerse, corriendo el riesgo de matar algún ocasional transeúnte y que, además. no son retiradas ni reemplazadas, dejando los nichos abiertos. Según los sectores con cuidadores más o menos voluntariosos puede cambiar un poco el aspecto del lugar pero en general resulta siniestro. Los baños para el público están clausurados, los ascensores y barandas de la escalera también están visiblemente deteriorados. A nivel del piso cierta parte de los techos de las mencionadas galerías se están hundiendo, por lo que no sería extraño que suceda lo mismo que en Flores.
Al problema de la infraestructura, y a la falta de mantenimiento, se suman el robo y el vandalismo que padecen los tres cementerios porteños. Aún en pandemia, mientras los sitios estaban cerrados a las visitas. En Chacarita, que es el más grande de los tres (95 hectáreas), los robos, e incluso las profanaciones, son recurrentes. La reseña histórica publicada por el Gobierno de Ciudad en su página, refleja un orgullo por su historia y por tantos inhumados célebres de la política, la cultura, el deporte, etc., que solo confirma que los funcionarios no pasan por allí muy a menudo: “Durante la epidemia de fiebre amarilla que se desató en Buenos Aires a comienzos de 1871, surgió la necesidad de ampliar la capacidad de los cementerios existentes que estaban colmados a causa de la anterior epidemia de cólera, destinando un terreno de 5 hectáreas donde hoy encontramos el Parque Los Andes, y que se conoció popularmente como Cementerio Viejo (…) La Porteña, nuestra primera locomotora, estuvo afectada al servicio de “Tren Fúnebre” que partía de la estación Bermejo, ubicada en la manzana limitada por las actuales Av. Corrientes, Ecuador, Valentín Gómez y Jean Jaures, antes denominada Bermejo, y transportaba las cajas de madera hasta la actual Av. Dorrego. Este cementerio es uno de los más grandes del mundo y la excelencia y envergadura de su construcción lo convierten en monumento histórico nacional. Desde sus inicios fue popular, aquí se encuentran nuestras personalidades más reconocidas, como Carlos Gardel, Jorge Newbery, Luis Sandrini, Alfonsina Storni, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, el polaco Goyeneche, Antonio Berni, Osvaldo Soriano, etc.”
La psicóloga (MN 16162) Nélida Ribera comentó con APU lo referente a la galería donde se encuentra el nicho de su esposo. Es una de las tantas historias de abandono. ”Se encuentra muy deteriorado, especialmente en algunos sectores donde no solamente hay falta de higiene, sino también ausencia de luz eléctrica, humedad en paredes y techos, óxido en los nichos, telarañas, agua en los pasillos cuando llueve y podría continuar con la lista de irregularidades. Varias veces presenté quejas a través de notas que me recibieron y se abrieron varios expedientes, pero nunca tuve una respuesta definida, comprometida con la situación; sólo me ofrecieron ‘cambiar de sector al difunto’, como si eso fuera una solución. Que nuestros seres queridos descansen en paz y en un lugar digno como corresponde a todos los seres humanos, creo que es el deseo que todos tenemos, además de una cuestión de humanidad y respeto hacia quienes fueron esas personas en vida. El fin de la vida y la disposición final de los cadáveres ha sido objeto de rituales diversos a lo largo de la historia, hubo civilizaciones que construyeron grandes monumentos para su eterna morada y posterior culto y adoración. Quizás llegó el momento de replantearnos como sociedad si estamos llegando al punto de analizar si estas prácticas están quedando desactualizadas para dar paso a otras elecciones como la cremación o la elección de cementerios privados alejados de la ciudad”, describió.
Más allá del debate sociológico, filosófico, ético y moral que envuelve al tema, sería importante dejar de postergar, aunque sea, las obras urgentes, para garantizar el tránsito seguro de quienes visitan y trabajan en los abandonados cementerios de la Ciudad.

13.4.2021

Al cumplirse poco más de un año de la pandemia, trabajadores y trabajadoras de la salud nucleadas en la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, denunciaron nuevamente la situación en la cual se encuentran trabajando y la inacción del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: «el estallido de las unidades febriles de urgencia (UFU) expone las preocupante condiciones de precarización laboral: falta de personal, trabajadores cumpliendo horas extras por una remuneración de miseria, residentes, concurrentes y personal de planta realizando más de 100 hisopados por turno. En las unidades de internación estamos viviendo una marcada sobrecarga laboral, y la falta de camas en UTI comienza a notarse en los hospitales anillo rojo. La situación de los y las concurrentes es el ejemplo más claro de explotación laboral perpetuada por el gobierno, que los obliga al trabajo asistencial sin vacunación completa, sin salario ni ART, ni obra social», denuncian.

Así lo denunció la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires en un reciente comunicado: «ingresando en la segunda ola, el GCABA no ha tomado medidas suficientes para sostener la adecuada atención de pacientes en los efectores públicos. El estallido de las unidades febriles de urgencia (UFU) expone las preocupante condiciones de precarización laboral: falta de personal, trabajadores cumpliendo horas extras por una remuneración de miseria, residentes, concurrentes y personal de planta realizando más de 100 hisopados por turno», denuncian, y remarcan: «en las unidades de internación estamos viviendo una marcada sobrecarga laboral, y la falta de camas en UTI comienza a notarse en los hospitales anillo rojo. Como lo hicimos el año pasado con los informes de relevamiento, somos les trabajadores quienes salimos a denunciar la real situación de los efectores, con terapias ya colapsadas y pacientes internados en sectores no correspondientes con su gravedad«.
En esa línea, discuten las cifras del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: «en su página oficial, el Ministerio de Salud de la CABA contabiliza 450 camas UTI, cuando no sólo nunca llegaron a ese número real, sino que actualmente varios sectores fueron cerrados por falta de personal o redestinados a la atención de otras patologías. Con un récord de casos diario, el GCABA continúa sin restablecer camas COVID cerradas durante la baja de casos, y somos les trabajadores les que estamos reorganizando y cubriendo áreas y aumentando nuestra carga laboral», sostienen.
También señalan los bajos salarios que tienen: «este contexto nos encuentra con salarios que no llegan a cubrir la canasta de insumos de CABA. Luego de enormes jornadas de lucha, ni el gobierno ni las conducciones sindicales dedicaron su tiempo a recomponer el salario de quienes enfrentamos en la primera línea la pandemia».
Además, cuestionan el plan oficial de vacunación para trabajadores y trabajadoras de la salud por ser la primera línea de lucha contra el Covid-19: «el plan de vacunación de trabajadores de la salud continúa incompleto, y el gobierno obliga a trabajar a personal sin la segunda dosis, atentando contra nuestra salud. Se dispone la vuelta de personal de riesgo, pero no se cumplen protocolos de distanciamiento en los espacios de trabajo. Reclamamos la vacunación completa del personal, cómo lo hicieron recientemente les trabajadores del hospital Moyano, garantizando la doble dosis. Proponemos que la producción nacional de vacunas se ponga a disposición de la vacunación masiva de la población», destacaron.
Finalmente, puntualizaron en la situación específica que viven como residentes y concurrentes de salud en los hospitales y centros de salud públicos: «la situación de les concurrentes es el ejemplo más claro de explotación laboral perpetuada por el gobierno, que los obliga al trabajo asistencial sin vacunación completa, sin salario ni ART, ni obra social. En el último ingreso al sistema de concurrencias, el reclamo histórico por derechos laborales fue respondido con recorte de cupos. En medio de una pandemia histórica, en vez de fortalecer el sistema de salud, el GCABA se permite recortar puestos de trabajo y formación de especialistas. Tampoco se reorganizó la atención de patologías no COVID, viéndose una vez más relegada la salud de gran parte de la población. A la fecha, no tenemos noticias de cómo ni dónde se atenderán estos pacientes, que ya sufren la desatención de un año de pandemia. Situación, que tarde o temprano, reforzará la saturación del sistema sanitario. Les trabajadores de la salud entendemos y vivimos cotidianamente la gravedad de la situación que estamos atravesando. Por eso, resulta urgente que el gobierno aborde nuestra propuesta del pase a planta de egresades residentes y concurrentes y a todes les contratades, para reforzar verdaderamente el sistema de salud. Somos personal especializado que el Estado expulsa del sistema público año tras año«, remarcan.
«Sabemos que la situación que atravesamos en CABA no es ajena al conjunto de la salud – señalaron – Es por eso que nos solidarizamos con les trabajadores de Neuquén que están saliendo a las calles por su salario. Acompañamos la lucha de les trabajadores de la clínica San Andrés de PAMI, que cerró sus puertas en plena pandemia, despidiendo a más de 100 trabajadores, y nos solidarizamos con todas las luchas en curso».
Por toda la situación, creen importante relanzar «un nuevo relevamiento para exponer el estado de situación real de los efectores y les trabajadores», por lo cual invitan a «toda la comunidad hospitalaria a participar, y convocar asamblea por hospitales para organizarnos y enfrentar la desidia del gobierno».

13.4.2021

Por Xavi Dell y Violeta Lavinia

En el medio de la segunda ola, el Gobierno porteño decretó la vuelta a la presencialidad a los que están en grupo de riesgo y hayan recibido la primera dosis de la vacuna. El sindicato de Sutecba, quien tuvo vacunados VIP, actuó como vocero y llamó a no perder el presentismo. Larreta sigue la línea de la Resolución del Gobierno nacional que habilitó esto el viernes pasado.

Mientras miles de trabajadores se encuentran a la espera de su turno para acceder a la vacuna y la segunda ola avanza con epicentro en el ámbito del AMBA, el gobierno de Larreta, mediante el Decreto 120/2021, dispone la asistencia de quienes han recibido solo una las dosis de la vacuna, aun siendo grupo de riesgo.
Esto se torna más desesperante porque la medida afecta embarazadas, adultos mayores y personas con algunas enfermedades, quienes se ven en la obligación de retornar a la presencialidad en una ciudad que hace de cada medio de transporte, una fiesta clandestina. Hay que resaltar que no está comprobada cuanta inmunidad se genera con las dos dosis de la vacuna, y por ende es más peligroso cuando es una sola dosis siendo grupo de riesgo.
Esta definición de Larreta se da el día en que las cifras de contagios de COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires marcan un nuevo récord, llegando a los 3.358 casos positivos en un día, y mientras el sistema de salud arroja datos críticos en cuanto a la ocupación de las terapias intensivas del sistema público y privado. Lejos de avanzar en medidas para enfrentar esta segunda ola de contagios, para restringir la circulación, unificar el sistema de salud público y privado y declarar de utilidad pública los laboratorios y las patentes de las vacunas para salvar la vida de millones, tanto Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta toman medidas contra la salud de las y los trabajadores.
En este caso el Gobierno porteño sigue la línea de la Resolución Conjunta 4/2021 publicada el viernes pasado, con la que el Gobierno nacional habilita a los empleadores a convocar a todo el personal que haya sido vacunado con al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19.
Ante el anuncio, el sindicato mayoritario en la Ciudad de Buenos Aires, SUTECBA, lejos de atacar la medida en defensa de los trabajadores, cumplió el rol de transmitir la resolución, como si cogobernara con Cambiemos. Algo a lo que los municipales están por demás acostumbrados. Cabe recordar que durante el escándalo de las Vacunas VIP, se confirmó la vacunación irregular del dirigente de Sutecba, Amadeo Genta y su hijo, Emiliano.
En una circular que difundieron autoridades del Sindicato expresaron: “Sutecba informa decreto 120-2021 quienes tengan la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, desde el día 14 deben hacer trabajo presencial los que estaban exceptuados: mayores de 60 años, embarazadas y grupo de riesgo”.
Sin interponer ninguna medida de protección para la salud de miles de trabajadores, el SUTECBA ha comunicado los alcances de la normativa a fines de evitar “perder el presentismo y que pueden correr las faltas”. Así podría haber descuentos salariales para las embarazadas, mayores de 60 años y grupos de riesgo que se nieguen a ser “afectados de manera presencial a las áreas de efectores del subsistema público de salud que no tengan alta circulación viral de COVID-19” en tanto tengan una sola dosis de la vacuna. En cambio para quienes hayan completado el esquema de vacunación, aun sean de riesgo, estén embarazadas o tengan más de 60 años serán “asignados a la prestación de servicios en las áreas de alta circulación de COVID-19 siempre que hayan transcurrido 14 días de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad”.
Los únicos que siguen exceptuados son los casos que cuenten con el trámite autorizado por medicina laboral, con todo lo burocrático que esto significa, y certifique que son personas con inmunodeficiencias: congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave; VIH dependiendo del status ( menor de 350 CD4 o con carga viral detectable); personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días), y pacientes trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.
En estas horas, en el mundo, se debaten las patentes de las vacunas y la desigualdad en la distribución mundial, donde los 10 países más ricos recibieron el 75% de las vacunas producidas, mientras que 130 países en los que viven 2500 millones de personas no recibieron aún ninguna dosis. Frente a esta irracionalidad del sistema capitalista, el Frente de Izquierda ha propuesto la eliminación de las patentes de las vacunas y un plan de vacunación universal y gratuito.

12.4.2021

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), el sindicato docente con más afiliados de la ciudad de Buenos Aires, reclamó al Gobierno porteño que «ante el crecimiento exponencial de casos» de coronavirus «suspenda provisoriamente el dictado de clases presenciales».

«Al día de hoy, con todos los semáforos en rojo, con el sistema de salud privado colapsado, con el hospital de nuestra propia obra social al límite de sus posibilidades de atención, pedimos que se restrinja la circulación de la cantidad de chicos, chicas y familias que transitan diariamente la ciudad para llegar a las escuelas«, planteó la secretaria de Comunicación del gremio, Paula Galignana, en declaraciones radiales.
Desde la organización gremial argumentaron que «con el nivel de contagios que hay, por arriba de 2000 diarios (en la Ciudad), es imposible detectar a dónde cada uno fue contagiándose el virus, y la realidad es que si se contagió en el transporte público, yendo a la escuela, o adentro de la burbuja, es exactamente lo mismo, porque la circulación del virus sigue multiplicándose».
Galignana subrayó que en la Ciudad «hay docentes fallecidos, hay auxiliares (de escuela) fallecidos, que son los que lamentablemente han tenido más pérdidas», y además consignó que en el distrito ya han sido detectados «arriba de 1500 docentes» como Covid positivo, y que hace unos días, «previo a que comience este aumento exponencial de casos», el número ya era de «1215».
«Ni los chicos ni los docentes se teletransportan dentro de la burbuja, sino que circulan por la ciudad de Buenos Aires, y tienen contacto con sus padres, que también trabajan, con sus madres, que también trabajan, con personas de riesgo», señaló la gremialista docente.
Desde UTE-Ctera también advirtieron que los protocolos de prevención de contagios en muchos casos son insuficientes o no se cumplen correctamente y asimismo denunciaron que directores y directoras de escuelas porteñas están recibiendo «muchas presiones para ocultar datos, para no cerrar, para minimizar la cantidad de burbujas que se afectan por una determinada situación», según alertó Galignana en diálogo con Télam.
«En la última semana, hay 494 burbujas afectadas (en las escuelas del distrito porteño). Cada burbuja es, generalmente, medio grado, pero según las circunstancias, según las escuelas, porque hay edificios escolares en los que los grados se han tenido que organizar tres, o incluso más burbujas», detalló a esta agencia la representante sindical.
Sobre el vínculo con el Gobierno de la Ciudad, Galignana dijo que hace una semana UTE-Ctera presentó a la cartera de Educación porteña un informe en el que transmitieron «todas las preocupaciones» más el resultado de «relevamientos» realizados «escuela por escuela».
«Tenemos reuniones pero hay poco diálogo. Y no tenemos mucha respuesta. Incluso la semana pasada elevamos una nota directamente al jefe de gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) para que nos reciba él, para que dé respuesta sobre alguna de las cuestiones que planteamos», remarcó la vocera del sindicato.
Por último, desde UTE-Ctera exigieron que el gobierno porteño continúe con el testeo masivo y el plan de vacunación específico para docentes.
«Lo venimos planteando -recordó Galignana- desde el momento en que se desviaron la mitad de las 33.000 vacunas para otros destinos, porque de esas 33.000 vacunas que el gobierno nacional había definido que eran para vacunar a docentes, el gobierno de la ciudad desvió para otros fines 17.000 y sólo se aplicaron (a docentes) 13.000».
«Esas 17.000 no las aplicó y las entregó a obras sociales o a otros grupos, se aplicaron 13.000 y ahí quedó frenada la vacunación docente», puntualizó la representante de UTE-Ctera.