Red de radios

7.5.2021

Por Máximo Paz

Ramón Juárez era portero de la escuela porteña privada Galileo Galilei. Tenía 58 años. Se encontraba internado en una clínica desde el martes pasado. Sergio Nieto oficiaba de casero en la escuela Técnica Nº 14, en Barracas. Sus vidas se apagaron ayer jueves. Desde la vuelta a las aulas en la ciudad porteña, suman ocho los trabajadores y trabajadoras de la educación muertos por Covid. Los funcionarios de la gobernación de la ciudad insisten y aseguran que los establecimientos educativos «no contagian». Por su parte, docentes afiliados a UTE y Ademys continúan con su medida de fuerza exigiendo la suspensión de la presencialidad.

Ayer jueves, Ramón Juárez, portero a cargo del Colegio Galileo Galilei, perdió la vida luego de estar internado desde el martes en la clínica Paredes Salud en la localidad bonaerense de Laferrere. Si bien comenzó a recibir asistencia de oxígeno desde el miércoles, el trabajador no pudo escapar de la implacable obstinación del virus.
Sergio Nieto, auxiliar y casero de la Técnica 14 de Barracas, se encontraba internado en un nosocomio días antes de su fallecimiento. En el colegio donde cumplía con sus funciones de auxiliar, las y los docentes habían denunciado falta de higiene y protocolos. Por su parte, Ramón es el primer empleado de un establecimiento privado que fallece.
Sus decesos se suman a los de Mónica Suárez, maestra del nivel inicial de la escuela infantil Nº 11 del distrito escolar 20; Sergio Vicino, docente de la E.E.T. Nº17; Marcelo Mendoza, preceptor del CENS Nº 62; Jorge Langone, docente de la E.E.T. N° 13; Juan Carlos Ramírez, de la Escuela Nº 21 y a la de Marcelo Becker, docente de la E.E.T. N° 35. Lo que cuenta a cinco trabajadores docentes y tres auxiliares de escuelas muertos por Covid-19.
Cuando ocurrió la primera muerte, desde el espacio educativo donde brindaba sus clases Jorge Langone, las y los docentes señalaron que Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, “piensan avanzar sobre nuestros cadáveres”. Más de un mes después, docentes y familias siguen reclamando no ser obligados a la presencialidad en plena pandemia.
A su vez, la contabilización de contagios en niños, niñas y docentes desde la vuelta a las aulas hace poco menos de tres meses, creció exponencialmente tanto en la CABA como en el resto del país.
Si se toman los datos abiertos del Ministerio de Salud, al 29 de abril comparando la incidencia de contagios en niñas y niños de entre 3 y 13 años previa al inicio del ciclo escolar, en la Ciudad de Buenos Aires los casos aumentaron seis veces (526%), en Buenos Aires, cuatro (335%), en Santa Fe, nueve veces (815%) y en Mendoza hay trece veces más casos que previo al inicio escolar (1300%). Los casos también se dispararon en zonas no cubiertas por el Decreto de Necesidad y Urgencia del ejecutivo: en Entre Ríos los casos aumentaron cinco veces (456%), en Córdoba, Misiones y en San Juan crecieron al mismo valor que la provincia entrerriana (453%, 450% y 400% respectivamente). En Tucumán, San Luis y Formosa, los casos aumentaron siete veces (692%, 655% y 629% respectivamente) y en Corrientes hay ocho veces más de casos (714%). En Salta treparon 371%, mientras que en Santiago del Estero, Chaco, Jujuy y Santa Cruz se triplicaron.
Por caso, mientras la noticia de los dos fallecidos recorría y sobrecogía al universo docente, se conoció que la escuela privada Nuestra Señora de la Misericordia, del barrio de Flores, tuvo que cerrar sus puertas tras detectar varios casos positivos asintomáticos entre el personal de maestranza.
Asimismo, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló la presencialidad impuesta por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, crecieron las manifestaciones de protesta por parte de agrupaciones de madres, padres y docentes en el marco del paro de las y los trabajadores de la educación que están llevando adelante los gremios Ademys y UTE en la ciudad. Solicitan que se les garantice el acceso a la educación virtual y no ser obligados a las clases presenciales cuando la segunda ola de la pandemia hace estragos.
“Surge porque estamos atravesando una crisis sanitaria muy aguda. Ya fallecieron 64 trabajadores de la educación a nivel nacional. Es en memoria de los compañeros que han fallecido por esta política de la presencialidad, que no puede ser cuidada en este contexto”, resaltó Florencia Palombo, del colectivo Docentes contra la Presencialidad en Pandemia en una de las manifestaciones.
El martes pasado, ante el ministerio de Educación, apareció una nutrida concentración cuando se reunía el Consejo Federal de Educación. Este jueves se concretó otra y fue ante la Jefatura de Gobierno para instar a que se garantice la virtualidad y medidas urgentes como licencias, subsidios a las familias y vacunación.
«Hicimos dos semanas de huelga, seguimos en paro, y las familias también se sumaron. Compañeras que fueron a la escuela tenían cinco o tres chicos por aula. Hay mucho miedo en las familias”, exclamó Palombo, maestra en dos primarias del Distrito Escolar 19.
Pese al protagonismo que encierran los sucesos en CABA, son muchas las provincias en donde la misma situación aflora. En Jujuy, por caso, ya se contabilizan a 11 docentes fallecidos por Covid.
Ayer, en Posadas, Misiones, colectivos docentes bajo la lluvia movilizaron a la Plaza 9 de Julio, donde se denunció la quita de salario en descuento por días de huelga. Hecho similar ocurrió en Tucumán.
Por su parte, regiones bonaerenses como Bahía Blanca o General Pueyrredón, según se denuncia, se encuentran en situación crítica, aunque mantienen abiertas las escuelas y no fueron incluidas tampoco en el decreto presidencial.
En la CABA la lucha continúa: para hoy viernes está convocada una caravana de docentes de los barrios 21-24 y Zavaleta hacia la jefatura de Gobierno, con un bocinazo a las 18.

5.5.2021

Por Alejandro Ulloa @gitanoulloa

Presenciales en la fiesta de la muerte

La Corte adicta a las huestes del PRO le tiró una soga a la artificiosa autonomía porteña. Nada cambia porque la justicia en la Argentina es un bien tan escaso como las vacunas. Los Supremos ponen sobre la mesa la validez de la ley amañada que cuestiona la constitucionalidad del DNU del Alberto Fernández y lo da a conocer a través del diario Clarín, dejando migajas informativas para el fallo formal.
Llegado el momento de ver cómo evoluciona la conflictividad en el marco de la pandemia, los especialistas de periodismo judicial deben hacer malabarismos para descular los detalles del fallo. Todos los argumentos desconocen la gravedad de la situación epidemiológica y de ahí en más nada se explica. Los leguleyos que respetan medidas arbitrarias fingirán asombro. Los trabajadores agremiados mirarán de soslayo los resultados y decidirán en consecuencia. Y el gobierno nacional no tiene otra salida que embestir con decisión contra el murallón amarillo.
El combo conflictivo de vacunas y derechos es un reclamo que el intendente Horacio Rodríguez Larreta parece soportar con fastidio personal. Aunque la bandera de la presencialidad educativa representa su pasaporte electoral, otros frentes de tormenta se suman. Con la paritaria stand by, trabajadores del Subte agrupados en la AGTSyP atrapados entre el asbesto amenazante y los contagios reclaman controles en los accesos (para que no desborden de pasajeros los trenes) y… vacunas. Recolectores de residuos ven diezmados sus planteles por la enfermedad y no garantizan la esencial tarea sin… vacunas
Los trabajadores de salud estatales nucleados en ATE le recuerdan al jefe comunal que lo que comenzó sin equipamiento por la falta de inversión continúa, porque no hay planteles de acuerdo a las necesidades, preocupación compartida por los privados de ATSA. El tema ya no es solo la carrera de Enfermería, son los equipos de salud. “De esta se sale por arriba y con política”, dicen trabajadores del sector. En los inestables momentos del futuro cercano debería estar incluida la unificación del sistema de Salud. Es una discusión que apenas despunta.
La Corriente Federal y la CTA de los Trabajadores junto al respaldo de cooperativas y empresas nacionales, evalúan que el momento es ahora, buscando optimizar el manejo de segunda ola y la preparación de lo que viene con la tercera que se calcula para agosto. Las Obras Sociales están al borde de la quiebra y su personal en demolición por agotamiento. Ordenar los recursos y administrar desde el Estado los sistemas públicos y privados para que funcionen juntos es algo deseable, pero muy difícil que suceda en el distrito federal.

Maestros enseñando el camino

Los gremios docentes se rebelan ante la muerte y se debaten frente a la necesidad generada por la magnitud de los descuentos realizados por Ciudad. El masivo reclamo por la conectividad gratuita y la entrega de las netbooks que garanticen el contacto de escuelas y alumnos no es un reclamo menor. Los maestros miran hacia el Ministerio de Trabajo esperando medidas que eviten las quitas compulsivas en los salarios. Con el apoyo de sindicatos y simpatizantes, continúa la recaudación del Fondo de Huelga de UTE.
El pedido de listas de huelguistas por parte de Soledad Acuña sublevó hasta a los más moderados por el carácter persecutorio de la medida. Según denuncia Eduardo López, adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), una articulada ofensiva con mails de amenazas, audios de autoridades, pedidos de CUIL, nombres de padres que no envían niños a la escuela, demuestra la desesperación del PRO por quebrar la huelga contra el DNU y por la educación a distancia.
Las retenciones salariales arrasan con leyes y jurisdicciones. La plata que aporta Nación la descuentan también. Hay un paro de familias y de centros de estudiantes, hay burbujas pinchadas, las escuelas siguen semivacías. Con los casos de COVID en menores de edad cuadruplicados, Larreta ha decidido que el semáforo rojo de contagios no es importante.

4.5.2021

La Corte Suprema falló contra el DNU del gobierno nacional y ratificó las clases presenciales en CABA a pesar del aumento de contagios y muertes. Las críticas de los docentes porteños.

El dirigente de los docentes porteños, Eduardo López, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que determinó que deben seguir las clases presenciales en Ciudad de Buenos Aires, a pesar del pico de contagios y muertes. CABA es el distrito que está en la peor situación sanitaria en todo el país.
“Cinco cortesanos (calentitos desde sus mansiones y por zoom) obligan a ir a la presencialidad escolar a 800.000 porteños en pleno pico de contagio”, ironizó López.
La crítica del dirigente de UTE tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema que estableció que las clases de la Ciudad no pueden ser suspendidas por una decisión del Gobierno nacional mientras “no se justifique lo suficiente”. Así lo establecieron de vía remota Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda juntos; Elena Highton no votó. Lo llamativo de la situación es que los jueces no se reunieron de forma presencial por la situación del coronavirus…
Según la Corte, no se está ante una situación de emergencia que obligue a tomar una decisión como la suspensión de clases. Mientras, tanto la realidad va por otro lado: CABA tiene récord de contagios y muertes a nivel nacional, cifra que empeoró en los últimos dos meses. Además, los contagios aumentaron exponencialmente en chicos y adolescentes en edad escolar. Por su parte, el sistema sanitario trabaja casi al 100% de ocupación de las salas de terapia intensiva.

4.5.2021

La sentencia dice que en el caso se violó la autonomía de la CABA. Los jueces presentaron tres votos diferentes: por un lado fijaron posición conjunta Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, y aparte, cada uno por su lado, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Se abstuvo Elena Highton, quien ya había sostenido que el caso no era competencia de la Corte.

La Corte Suprema falló en la causa impulsada por el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; contra la suspensión de las clases presenciales dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el AMBA. El fallo se dio a conocer este martes y como era de esperar, es favorable al Gobierno porteño. La sentencia de la Corte Suprema es unánime en cuanto a la decisión de hacer lugar a la demanda reconociendo que en el caso se violó la autonomía de la CABA. Pero los jueces presentaron tres votos diferentes: por un lado fijaron posición conjunta Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, y aparte, cada uno por su lado, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Se abstuvo Elena Highton, quien ya había sostenido que el caso no era competencia de la Corte Suprema.
La sentencia de la Corte Suprema es unánime en cuanto a la decisión de hacer lugar a la demanda reconociendo que en el caso se violó la autonomía de la CABA. En la parte resolutiva del voto de Maqueda-Rosatti, al que adhieren los demás, se reconoce que ya venció el plazo de vigencia del DNU. Es decir, la Corte reconoce que dicta sentencia fuera de tiempo, y no es precisamente por los tiempos procesales, porque muchas veces acortó los plazos. Se debe a que no se hablaron entre ellos ni se conocieron los votos antes de ser firmados por el clima de tensión que existe.
Por eso no se declara la inconstitucionalidad del decreto, ya que venció el plazo. El fallo hace meras indicaciones hacia el futuro.

Voto Maqueda-Rosatti

El fundamento es el federalismo y la autonomía de la Ciudad. Señalan que el Estado Nacional se encontraba obligado a explicar los antecedentes que la llevaron a ejercer la competencia invocada, explicitando además “la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad, que debe hallarse en necesaria correspondencia con la de las normas competenciales invocadas por el órgano emisor”.
Sostienen que el Estado no fundamentó claramente esa intervención. Que tanto la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para definir la modalidad educativa como la atribución federal para atender a una emergencia sanitaria deben entenderse en el marco del federalismo que ordena la Constitución Nacional.
Y que el debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora.

Voto de Lorenzetti

Los fundamentos son similares a los anteriores, pero hace un resumen final en el considerando 17 presentando un esquema, seguramente con la finalidad de aclarar la decisión. Se llama: “Requisitos constitucionales de las medidas:
1. El deber de los Tribunales es proteger los derechos fundamentales, ya que el Estado no puede sustituir a las personas en las decisiones correspondientes a su esfera individual
2. Hay un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona
3. Hay también hay un derecho a la salud y la vida respecto de los cuales los demás derechos individuales resultan instrumentales, porque es evidente que no hay educación sin vida humana
4. Que, en consecuencia, debe realizarse un juicio de ponderación entre la máxima satisfacción posible del derecho a la educación y la protección de la salud en un contexto de emergencia sanitaria y dentro de un sistema reglado por el Estado de Derecho
5. Que el criterio es el siguiente : El Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros (Art 19 CN), siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación de calidad.
6. Estos criterios son aplicables a medidas adoptadas por todas las autoridades, sean de la Nación o de las Provincias. Por esa razón esta Corte señaló que una Provincia no puede violar la libertad de tránsito y derechos fundamentales establecidos en la Constitución (Confr. Fallos 343:930 “Maggi” y 343:1704 “Lee”).

Voto Rosenkrantz

Los argumentos son similares al voto Maqueda-Rosatti. “Que, de acuerdo con las normas reseñadas, resulta claro que la decisión de si la escolaridad debe realizarse bajo la modalidad presencial o virtual en los establecimientos de educación inicial, primaria y secundaria dependientes de la Ciudad de Buenos Aires o regulados por ella corresponde, en principio, a ese estado y no a la Nación. En ese contexto normativo, la decisión de suspender las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires adoptada por el Estado Nacional —aun a la luz de la declaración de emergencia— solamente podría validarse constitucionalmente si encontrase respaldo en la facultad exclusiva del Congreso para reglar el comercio de las provincias entre sí (art. 75, inc. 13 de la Constitución) o en las facultades concurrentes del Congreso, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para promover el bienestar de todas las provincias (art. 75, inc. 18 de la Constitución)”.
Y sigue: “Por otro lado, el estándar para determinar si se encuentran satisfechos los requisitos que, en función de estas normas, podrían habilitar la regulación nacional tiene que tomar CSJ 567/2021 ORIGINARIO Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación – 53 – en cuenta la materia regulada. No debemos olvidar que en el caso se discute, ni más ni menos, la competencia para la prestación del servicio educativo, que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires están constitucionalmente obligadas a asegurar como precondición de la garantía federal del goce y ejercicio de sus instituciones (art. 5, Constitución Nacional). Dicha obligación les impone especiales responsabilidades sobre los establecimientos educativos que la ley 26.206 pone bajo su jurisdicción. Ello hace inaceptable que la pretensión de limitar la competencia de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias por parte del Estado Nacional se funde en consideraciones meramente conjeturales conectadas a la presunta eficacia para la realización de otros objetivos que el Estado Nacional pueda considerar como socialmente valiosos”
Vale recordar que el decreto que ya no está vigente, ya que venció el viernes pasado. La suspensión de la presencialidad escolar en el AMBA por motivos sanitarios fue prorrogada por un nuevo decreto presidencial y, si bien no hay medida judicial que justifique su incumplimiento en este caso, el gobierno de la Ciudad decidió hacer oídos sordos a la nueva norma y abrir las escuelas de todos modos.
La pulseada había empezado cuando el presidente Alberto Fernández dispuso, frente al alarmanete aumento de casos de coronavirus en el AMBA, una serie de restricciones que incluían la suspensión que 15 días de las clases presenciales en esa zona. Enseguida, indifente a los argumentos del Gobierno, Rodríguez Larreta dijo que iba a acudir a la justicia y así lo hizo.
Además, le pidió una reunión al primer mandatario (que le fue concedida) y por los medios, diez minutos antes de juntarse con él, los medios difundieron que ya había presentado el escrito ante los supremos.
Pero lejos de esperar esa decisión (que como era obvio, iba a tardar), ese domingo un grupo de asociaciones “amigas” del Gobierno porteño presentaron amparos a la justicia local que le salieron favorablemente ese mismo día (la sala que le falló a favor se conoce como “la sala amarilla” y muy tarde esa noche, los padres recibieron “la buena nueva” de Larreta de que podían mandar a sus hijos a la escuela.
Vinieron nuevas restricciones ante el aumento de casos, que incluyen la suspensión de clases presenciales en el AMBA hasta el 21 de mayo. Larreta volvió a desoírlas. Sigue desobedeciendo al Presidente y los chicos tienen que seguir yendo a la escuela.

4.5.2021

Docentes porteños encolumnados en UTE-Ctera, Ademys y Camyp iniciaron hoy una nueva jornada de paro de actividades en rechazo a la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de sostener la presencialidad en las escuelas pese al nuevo decreto del presidente Alberto Fernández, que dispuso que en las zonas de «alarma epidemiológica y sanitaria», como el AMBA, las clases en todos los niveles educativos se dicten «exclusivamente a distancia» hasta el 21 de mayo.

De esta forma, se cumplía hoy en décimo primer día de esta medida de fuerza, ahora cuestionando la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de insistir con la presencialidad de las clases, a contramano de lo fijado en el decreto que comenzó a regir el sábado último y de la resolución judicial que le había ordenado acatar la anterior normativa.
«Nosotros estamos hoy de paro en rechazo a la medida de (Horacio Rodríguez) Larreta de no suspender las clases en la Ciudad de Buenos Aires frente al incremento de los contagios de coronavirus en el distrito», dijo a Télam Amanda Martin, secretaria de organización de Ademys.
En ese sentido, recordó que los afiliados a ese sindicato, ya venían realizando protestas y medidas de fuerza «en reclamo del modo virtual para las clases en la Ciudad y la suspensión de las actividades escolares presenciales; la garantía de los recursos y la vacunación de los y las docentes».
«Yo creo que en Larreta hay una especie de negacionismo, porque en realidad él no quiere cerrar ningún tipo de actividad económica y seguramente con esa postura especulativa y electoral busca diferenciarse del Gobierno nacional. Larreta no tiene una política de emergencia y de prevención para mitigar la circulación del virus en el territorio en la Ciudad, eso es lo más grave», remarcó Martín.