Red de radios

19.4.2021

Por Julio Fernández Baraibar*

A raíz del debate jurídico por la presencialidad escolar entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, el historiador Julio Fernández Baraibar ofrece una lectura crítica sobre la reforma constitucional de 1994 y el status jurídico adquirido por la Ciudad.

Nuestra primera Constitución de 1819 -una Constitución unitaria, una Constitución que deja sin definir el sistema de gobierno, que se puede aplicar tanto a una república como a una monarquía- pretendió ser impuesta contra la voluntad de los pueblos. Y fue derogada por la batalla de Cepeda al año siguiente, porque se trataba de una Constitución que quería imponer formas, sistemas, y conceptualizaciones en contra de las verdaderas relaciones de poder del país. Lo mismo pasó en 1826 con la Constitución rivadaviana, que es también derogada poco después y desaparece, con ella, la figura presidencial del país, al pretender imponer nuevamente criterios que estaban determinados por los privilegios de la burguesía porteña contra el interior del país, que se resistía a esta hegemonía de los porteños.
Hay un periodo largo donde no hay Constitución y, sin embargo, existe una relativa armonía en el país sobre la base de no tocar lo que era, había sido y será hasta 1880, el problema central del país: ¿a quién pertenecían las rentas del puerto de la ciudad de Buenos Aires? Rosas, con su política de alianzas con los caudillos del interior logra mantener un estado de conflicto no beligerante sobre la base de que la renta del puerto continúa en manos de los vecinos de Buenos Aires. Fue necesario el derrocamiento de Rosas por medio de una guerra civil, con intervención extranjera -la de Brasil- para que, en 1853, se dicte esta Constitución que, de alguna manera, nos ha regido desde entonces.
Hubo la necesidad de modificar, por medio de la guerra, las relaciones objetivas de poder para imponer una Constitución que tuvo que ser un acta de rendición de los vencidos en Caseros, para poder incluir a los vencidos a esta nueva república, cosa que fue posible, parcialmente, porque, de inmediato, la provincia de Buenos Aires hizo rancho aparte, no juró la Constitución y mandó al poder ejecutivo de la Confederación a Paraná. Cada uno de los momentos constitucionales del país ha sido producto de los resultados de las relaciones objetivas de fuerza entre los dos bandos en pugna durante todo el siglo XIX, en el antiguo virreinato del Río de la Plata. Al punto tal que la incorporación de la ciudad de Buenos Aires a la Confederación Argentina, en 1860, bajo el gobierno de Mitre, se hace a condición de que los derechos de exportación no fueran considerados como rentas nacionales sino como rentas de la provincia propietaria del puerto. Todo lo que pagaban los productores del país para salir por el puerto de Buenos Aires era sólo y exclusivamente para las arcas de Buenos Aires.

La Constitución de 1949

La primera Constitución Argentina que es el resultado de una modificación de las relaciones de poder a favor de sectores nacionales y populares fue la Constitución de 1949, que incorpora el sistema moderno, y casi pionero en ese momento, del derecho social, por un lado, y de la propiedad inalienable del subsuelo, por el otro. Esa constitución fue el producto de la masiva movilización obrera y popular del 17 de octubre de 1945. Sin ese cambio en las relaciones de fuerza, la Constitución del 49 no hubiera sido posible. A tal punto es esto, que se tiene que producir un golpe de estado cuyos resultados aún duran en la historia nacional -el nefasto 16 de septiembre de 1955- para que, de manera ilegítima e ilegal, un decreto militar derogase una Constitución aprobada por una Asamblea Constituyente.
Este es el estado de nuestro derecho constitucional. Todas las reformas posteriores dependieron de un decreto militar que derogó una Constitución legítimamente sancionada. Y a tal punto esto es así que si pasean por el barrio de Congreso, donde vivo, y observan con detenimiento las verjas de hierro forjado que le agregaron al parlamento, verán una breve síntesis, con fechas, de la historia Constitucional Argentina. Mírenla, y si ustedes encuentran mencionada la Constitución de 1949 ahí, yo les pago una cena. ¡En la entrada del Congreso Nacional no figura la Constitución de 1949, la única Carta Magna en la historia constitucional Argentina, que fue producto de unas relaciones de fuerzas a favor de los sectores nacionales y populares!

La federalización de Buenos Aires

El otro elemento que explica y confirma esta concepción que estoy intentando desarrollar es 1880. Las guerras civiles que habían empantanado al país con las consecuencias económicas, humanas y de todo tipo que provocan las guerras, solo finalizan cuando en 1880 las tropas del Ejército Nacional, acaudilladas por Julio Argentino Roca -tropas que los porteños llamaron despectivamente “cuicos”, es decir negros sin valor humano- ocupan militarmente la ciudad de Buenos Aires y libran la batalla de los Corrales, donde mueren 3500 personas, en la zona que hoy ocupa el Parque de los Patricios y el Club Huracán. Solo un hecho militar pudo terminar con el monopolio porteño sobre el puerto de Buenos Aires y, en este caso, modificó nuevamente a favor de los sectores del interior, todavía expresados por Roca, las relaciones de fuerza en Argentina.

La reforma constitucional durante el neoliberalismo

La Constitución de 1994 es también, claramente, un resultado de las nuevas relaciones de fuerza. El neoliberalismo, desde 1976, se había impuesto a sangre y a fuego en el país y había logrado transformar radicalmente las condiciones creadas durante los 10 años que van de 1945 a 1955. Básicamente había logrado desindustrializar el país. No se olviden del concepto de Martinez de Hoz: “para terminar con el peronismo, hay que terminar con las fabricas”. Sin fabricas no hay clase obrera, conciencia social ni capacidad política de reaccionar contra la hegemonía oligárquica. Y, en parte, lo lograron. Desindustrializaron el país, diezmaron a la clase obrera, convirtieron a la vieja clase obrera argentina que era orgullo de América Latina, en un ejército de desocupados que todavía no hemos podido reincorporar al trabajo asalariado. Pese a los esfuerzos, es muy difícil, en el marco de las formas adquiridas por el capitalismo en el siglo XXI, volver a generar aquellas condiciones que primaron en la década del 50.
Esta Constitución de 1994 es lo contrario a la Constitución del 49. Es de destacar, por otra parte, que la Asamblea Constituyente de aquel año no tomó como antecedente la Constitución del 49, pese a que la minoría de esta asamblea estaba formada por representantes del partido que había aprobado la Constitución del 49, el partido Justicialista. La Constitución de 1994 surge entre gallos y medianoches, en una conversación personal entre Menem y Alfonsín, y en ella Menem se garantiza una reelección y Alfonsín pretende garantizar para la UCR el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué?
Porque esa Constitución tiene como eje estructural la creación de este ente que es la llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello implica retrotraer al país a los días anteriores a 1880. Es convertir a la Capital Federal en un anfitrión del gobierno nacional, convertir a la ciudad de Buenos Aires en el lugar donde el gobierno nacional habita, pero no gobierna. Con ello queda expedito el campo para que Alfonsín, cuando el radicalismo era algo, o sino Macri (y hoy Rodríguez Larreta), gobiernen la ciudad capital en contra del gobierno nacional, boicoteando y atacando al gobierno que habita en la misma ciudad.
La solución que habían encontrado a fines del siglo XIX, en la que el gobierno nacional nombraba un jefe de gobierno, un intendente de la ciudad de Buenos Aires y los vecinos elegían un Concejo Deliberante para tratar los temas específicos de la ciudad, no estaba del todo mal. Al darle carácter autónomo, lograron enquistar nuevamente en Buenos Aires a las fuerzas políticas más reaccionarias del país.
Ni hablar del otro punto central en la Constitución de 1994 que es la entrega de los recursos naturales del subsuelo a las provincias, con lo que se desarticuló y debilitó al estado nacional, generando las condiciones para la entrega y desguace de empresas como YPF o YCF. Esta ha sido nuestra historia constitucional.
Durante años ha sido difícil abrir un debate sobre la reforma constitucional. La hegemonía oligárquica y la “tribuna de doctrina” del diario La Nación y su correlato el diario La Prensa, en aquellos años, impusieron una especie de lápida sobre cualquier posibilidad de discutir en asamblea constituyente y soberana una reforma a la Constitución de 1853. Se elevó ese texto, que era producto de las relaciones de poder de 1853, a una especie de Biblia o Corán y eso ha impedido que las fuerzas políticas, de derecha o izquierda, lleven en su mochila el tema de la discusión de una reforma constitucional y cuáles serían los nuevos derechos y garantías, la nueva concepción del estado argentino del siglo XXI.
*Político, historiador y escritor

19.4.2021

También fueron denunciadas la titular del PRO, Patricia Bullrich, y la asesora general tutelar de la Ciudad, Carolina Stanley. Advierten que incurrieron en esos delitos al realizar presentaciones judiciales contra lo que dispuso el Presidente.

El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la Ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, fueron denunciados ante la Justicia Federal por los presuntos delitos de sedición y atentado a la salud pública.
El motivo de la presentación contra los tres dirigentes de Juntos por el Cambio se basa en las medidas judiciales que cada uno de ellos planteó en diferentes instancias para desobedecer el DNU 241/2021, con el cual el presidente Alberto Fernández aplicó diversas restricciones para bajar la circulación social en el contexto de emergencia por la pandemia de coronavirus.
El planteo, que será sorteado por la Cámara Federal y recaerá en un juzgado de ese mismo fuero, fue presentado por la abogada Valeria Carreras y sostiene que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal.
Los tres habrían violado esos artículos «al ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción», dice la denuncia.
El artículo 205 del Código Penal refiere al delito de atentado a la salud pública y prevé penas de 6 meses a 2 años, mientras que el 230 inciso 2 tiene que ver con la sedición, que le corresponde una pena de 1 año a 4 años.
El motivo por el cual Rodríguez Larreta Rodríguez Larreta fue denunciado es por su presentación ante la Corte Suprema y la Justicia porteña para retomar las clases presenciales durante los próximos 15 días en la ciudad, a contramano de lo que dispuso el decreto impulsado por el presidente Alberto Fernández.
A Carolina Stanley, ex ministra de Desarrollo Social durante el gobierno anterior y actual funcionaria de la administración porteña, se la denunció por haber impulsado una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
Sobre Bullrich, Carreras manifestó haberla incluido por haber expresado su voluntad de presentar un recurso de amparo contra el DNU 241 para dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad en todo el AMBA, sino también «las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos».
La denunciante sostiene que la emisión del DNU 241/2021 se dictó en una “situación extraordinaria” por la pandemia, cuya segunda ola “amerita medidas urgentes” porque el aumento de casos “está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas».
Destacó, además, que las medidas dispuestas en ese decreto son coincidentes en la letra y el espíritu con acciones tomadas ante la pandemia por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania.
La autora de la denuncia, además, representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos, y será sorteada este lunes por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero.

19.4.2021

La UTE estima un acatamiento de la medida de fuerza “superior al 90%”. En algunas escuelas la adhesión fue total: docentes de todos los niveles y directivos. Al paro se suma la decisión de muchas familias de no enviar a sus niñes, pese al fallo judicial que habilitó la presencialidad en CABA, en contra del DNU presidencial.

El sindicato mayoritario entre la docencia porteña, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) estimó que el nivel de acatamiento al paro decretado para el día de hoy es “superior al 90%”. El mismo había sido convocado durante el domingo, tras el polémico fallo judicial que habilitó las clases presenciales en el distrito, en contra de lo dispuesto por el DNU firmado por Alberto Fernández en el marco de la segunda ola de coronavirus.
Así lo confirmó a este medio Angélica Graciano, Secretaria General de UTE, quien remarcó que los sindicatos adheridos a la medida de fuerza son seis: Ademys, AMET, CAMYP, UTE, ATE y Sitraju. Estatales y judiciales se sumaron a la medida de docentes porteños: “Paramos para garantizar la salud”. La medida de fuerza también es acompañada por el sindicato de docentes privados de la Ciudad, Sadop.
Desde Ademys consideraron que la fuerza de la medida es “buena” y el impacto “va a ser importante”, pero aclararon que aún no manejan porcentajes porque el paro fue convocado con pocas horas de anticipación y no se hizo el relevamiento previo para medir la intención de parar entre las y los docentes. Según la evaluación de lo ocurrido en las primeras horas de la mañana, sin embargo, calculaban que “la medida es buena, como fue la de la semana pasada”, que pedía la suspensión temporal de la presencialidad ante el aumento de contagios y el riesgo de colapso del sistema sanitario.
A las 18, ese sindicato resolverá en asamblea cómo continuarán las medidas. Más allá de lo que decidan los gremios, habrá que ver qué postura toman las familias. En las últimas semanas, ante el agravamiento de la situación epidemiológica, muchas ya habían resuelto dejar de enviar a sus niños y niñas a la escuela. En algunos casos, con planteos colectivos y juntadas de firmas para presentar ante las autoridades.
Este lunes, en muchas escuelas públicas, el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta a última hora del domingo se tradujo en que no hay ni presencialidad ni virtualidad. En los días previos habían sido coordinadas las clases vía zoom para esta semana, pero el paro convocado tras la judicialización del debate en la Ciudad implicó que esos planes se interrumpieran, por el acatamiento de docentes de todos los niveles e incluso de directivos. En una institución primaria de Villa Real, por caso, fue solo “un docente, pero los pibes no van”. En otra de Balvanera, de los 12 maestros de grado pararon ocho y “de los cuatro grados que no paran, más del 50 % de las familias no mandan a los chicos”.

19.4.2021

En una enorme asamblea abierta del sindicato Ademys, votaron un paro de 48 horas, impulsando asambleas en barrios y escuelas con las familias para decidir entre todos, y de forma independiente de los gobiernos y la Justicia, que las clases sean virtuales. Exigen a UTE y otros sindicatos que se sumaron a la medida, la continuidad de un plan de lucha en unidad. Piden por dispositivos y conectividad, un plan de vacunación masivo, y salario de emergencia para las familias que lo necesitan. Discutieron transformar esta lucha en una lucha de todo el pueblo trabajador.

El lunes 19 de abril más de 1000 docentes participaron de la asamblea del sindicato porteño Ademys. Es que hay mucha bronca en las escuelas de la Ciudad, porque mientras continúa la disputa por las clases presenciales entre Alberto Fernández, Rodriguez Larreta y la Justicia, se siguen muriendo trabajadores, como Marcelo Becker, de la Escuela Técnica N°35 y Silvia Di Paola, docente jubilada de Lugano, fallecidos el domingo, y se siguen contagiando de covid-19 estudiantes y familias. Esto en el contexto de la segunda ola y con el sistema colapsado sin camas de terapia intensiva.
En este marco, el lunes 19 se llevó a cabo un paro convocado por UTE y Ademys, y en la asamblea de Ademys de ese mismo día, las y los docentes votaron continuar con un paro de 48 horas y un plan de lucha. Junto a esta medida, se decidió impulsar asambleas para decidir junto a las familias, continuar con las clases virtuales, exigir dispositivos y conectividad gratuita, un plan de vacunación masiva, y un salario de emergencia para las familias que lo necesitan. Se realizará otra asamblea para ver cómo continuar, el miércoles 21.
Las y los docentes discutieron transformar esta lucha en una pelea conjunta del pueblo trabajador, de todas las familias trabajadoras, en una lucha popular por todas las demandas. Difundir en cada comercio, en los barrios, explicando sus reclamos, que son de todas las familias trabajadoras, para organizarse. Transformar el odio, el llanto y la bronca por todos aquellos que perdieron a un ser querido, en lucha y organización, buscando la forma de difundir masivamente los reclamos.
Ivana Otero, secretaria de Cultura de Ademys y docente del PTS y la 9 de abril, dijo en la asamblea: “No tenemos ninguna confianza ni en el DNU de Alberto, que no plantea una sola medida de fondo, mientras siguen muriendo laburantes, ni en la Justicia de Larreta, que no falló a favor ni de las familias sin vacantes, ni de la construcción de escuelas, ni por la alimentación saludable de nuestros pibes. Nos quieren meter en su disputa, que lo único que hace es jugar con nuestras vidas y la vida de las familias. Y tampoco tenemos ninguna confianza en las burocracias que llaman en defensa del DNU, porque se cuelan en esa disputa, y no son capaces de poner ni el 10 por ciento de su fuerza para ir por las medidas de fondo”. Por eso propusieron “un plan de lucha con paro y asambleas con familias para que salga pronunciamiento a favor de que las clases sean virtuales. ¿Vamos a volver mañana con la cabeza gacha a las escuelas porque lo dice Larreta?”
Carla, docente de Lugano y del PTS y la 9 de abril, sostuvo: “Los sindicatos mayoritarios de la Ciudad como UTE y ATE convocaron a la medida de fuerza en defensa de la Constitución, nada más ajeno a lo que venimos reclamando las y los trabajadores que son medidas urgentes e integrales con un programa independiente para resolver el problema de fondo, porque las vidas de las y los trabajadores importan. Por eso es fundamental que de acá salgamos con una exigencia a la CTA de la necesidad de plenarios conjuntos y un plan de lucha para toda la Ciudad, donde estén puestas en el centro nuestras demandas y no las disputas políticas y jurídicas entre el gobierno de CABA y el Nacional”.
Respecto a la exigencia de un plan de vacunación masivo, como parte de las medidas de fondo que se necesitan, Ivana sostuvo: “Las vacunas están en la provincia de Buenos Aires en Garín, en el laboratorio del multimillonario amigo de Alberto Fernández Hugo Sigman que hoy se animó hasta de tuitear. Este gobierno es incapaz de garantizar la provisión de vacunas porque tiene metido dentro de los ministerios a los gerentes de las empresas farmacéuticas. Por eso proponemos un petitorio con este contenido, que se liberen las patentes y que las vacunas que están en la argentina se queden para hacerlo firmar por todo el mundo”.
En la asamblea se resaltó la importancia de convocar e impulsar espacios de discusión y decisión conjuntos con las familias de las escuelas, en algunas hay importantes ejemplos de Comisiones de Seguridad e Higiene que se pusieron en pie como en el Colegio Pueyrredón de San Telmo, donde se unen las fuerzas entre docentes, estudiantes y familias para enfrentar los ataques y cuidar por la salud de quienes día a día sostienen la escuela.
También, para el fondo de lucha del paro docente, las bancas del Frente de Izquierda de Myriam Bregman y Alejandrina Barry, colaborarán en forma solidaria con dinero.

19.4.2021

Por Leo Rodríguez

Los docentes denuncian persecución contra la organización gremial. Los despedidos impulsaron el paro docente del miércoles 14 de abril reclamando la vuelta a las clases virtuales.

La ORT es una de las escuelas privadas más grandes del país, con más de 11.000 estudiantes y más de 1.000 docentes. En sus principios afirma como “misión fundacional, educar para la vida y favorecer la formación de ciudadanos lúcidos, solidarios”.
Aquellos principios no parecen cuadrar con la persecución sistemática de quienes trabajan allí. Sin embargo, las autoridades no dieron mayores explicaciones cuando hicieron despidos masivos en diciembre de 2019 ni tampoco en este caso, aún en el grave contexto de la feroz alza de la segunda ola de la pandemia, con epicentro en CABA, sin docentes vacunados en el nivel secundario y con la vigencia del decreto presidencial que prohíbe los despidos.
Las docentes despedidas, Mariana Sampaíño y Violeta Sznaider trabajan en la institución desde hace más de 10 años. Violeta tiene estudiantes de Historia, Formación Ética y Ciudadana de 3º y 4º año. Mariana, además de dar las mismas materias y Geografía de 2º a 4º, acompaña a los estudiantes que participan en las Olimpíadas de Historia.
Los docentes de la escuela y los testimonios de sus estudiantes en redes sociales dan muestra de que “garantizaron procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad a distancia durante el año pasado, presencialmente durante el 2021 y de manera híbrida cuando fue necesario, a veces duplicando o triplicando la carga de trabajo que ello implicaba”.
“El viernes cuando fui a dar clase me frenaron en la puerta y me comunicaron que estaba despedida por una decisión institucional, sin una causa aparente. Desde el mes de febrero vengo dando clases presenciales en el medio de todo el contexto difícil que estamos viviendo. El miércoles fue el único día que no me presenté porque me adherí al paro, entendiendo que la situación actual es extrema”, explica Mariana.
“Yo me enteré de mi despido porque tengo las cuentas de la escuela bloqueadas desde el jueves, como le pasó a Mariana. Nadie de la escuela se comunicó conmigo, pero le dijeron a los otros docentes que yo estaba despedida. Es una situación muy angustiante y de mucha incertidumbre. La situación general es alarmante, y frente a un reclamo legítimo y constitucional, reaccionan con un despido discriminatorio e ilegal.” Comentó Violeta, una de las docentes despedidas.
“Venimos dando clases presenciales desde el comienzo del año, organizando con la dirección la presencialidad más cuidada posible. En un contexto de alto riesgo como este, con una altísima cantidad de casos, nos parece importante preservar la salud de toda la comunidad y por unos días pasar a la virtualidad. En nuestra escuela se ha podido garantizar con éxito la continuidad pedagógica de manera remota. Es importante tener en cuenta también que ningún docente de la secundaria ha sido vacunado al momento.
Este fue nuestro reclamo, se puede estar de acuerdo o no, pero haber efectuado dos despidos por hacerlo resulta gravísimo.”, dijo Sacha Unamuno, otro delegado de la escuela.
El hecho sorprendió, además, por la ilegalidad de la medida. Desde que el 19 de mayo de 2020 se estableció por Decreto de Necesidad y Urgencia que no se podrían efectivizar
despidos, la medida se prorrogó y se mantiene vigente. Según uno de los delegados docentes “la Escuela optó por desconocer tanto la ley actual como el derecho constitucional a la huelga en una acción que es antidemocrática, persecutoria y que busca disciplinar a la docencia que se organiza y expresa”.
Queda por ver cómo reaccionan las familias. Algunas de ellas se estarían organizando para exigir que se mantenga la presencialidad en la ORT, más allá de las directivas presidenciales para el AMBA y del peligro para la salud pública y de esas mismas familias. Un sector que coincide con no apoyar que los docentes del colegio se organicen.
Justamente este movimiento familiar hace notar los cambios ocurridos en todas estas décadas. Los orígenes internacionales como «Sociedad para la promoción de oficios y trabajo agrícola para los judíos” en la castigada Europa oriental de comienzos del siglo XX, tuvieron cierta continuidad en el caso de argentina, donde se expandió de la agrícola Entre Ríos a la industrial Buenos Aires, especializándose en la educación técnica, ampliada en estos años a la informática y la orientación humanística, así como en lo religioso se continúa con las enseñanzas bíblicas desde un punto de vista más cultural y menos excluyente. Pero estos cambios abiertos a la diversidad y el pluralismo, se ven confrontados con cambios ideológicos y de extracción socioeconómica volcados a la reconfiguración de la clase dominante argentina de estas nuevas épocas.