Red de radios

13.4.2021

Al cumplirse poco más de un año de la pandemia, trabajadores y trabajadoras de la salud nucleadas en la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, denunciaron nuevamente la situación en la cual se encuentran trabajando y la inacción del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: «el estallido de las unidades febriles de urgencia (UFU) expone las preocupante condiciones de precarización laboral: falta de personal, trabajadores cumpliendo horas extras por una remuneración de miseria, residentes, concurrentes y personal de planta realizando más de 100 hisopados por turno. En las unidades de internación estamos viviendo una marcada sobrecarga laboral, y la falta de camas en UTI comienza a notarse en los hospitales anillo rojo. La situación de los y las concurrentes es el ejemplo más claro de explotación laboral perpetuada por el gobierno, que los obliga al trabajo asistencial sin vacunación completa, sin salario ni ART, ni obra social», denuncian.

Así lo denunció la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires en un reciente comunicado: «ingresando en la segunda ola, el GCABA no ha tomado medidas suficientes para sostener la adecuada atención de pacientes en los efectores públicos. El estallido de las unidades febriles de urgencia (UFU) expone las preocupante condiciones de precarización laboral: falta de personal, trabajadores cumpliendo horas extras por una remuneración de miseria, residentes, concurrentes y personal de planta realizando más de 100 hisopados por turno», denuncian, y remarcan: «en las unidades de internación estamos viviendo una marcada sobrecarga laboral, y la falta de camas en UTI comienza a notarse en los hospitales anillo rojo. Como lo hicimos el año pasado con los informes de relevamiento, somos les trabajadores quienes salimos a denunciar la real situación de los efectores, con terapias ya colapsadas y pacientes internados en sectores no correspondientes con su gravedad«.
En esa línea, discuten las cifras del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: «en su página oficial, el Ministerio de Salud de la CABA contabiliza 450 camas UTI, cuando no sólo nunca llegaron a ese número real, sino que actualmente varios sectores fueron cerrados por falta de personal o redestinados a la atención de otras patologías. Con un récord de casos diario, el GCABA continúa sin restablecer camas COVID cerradas durante la baja de casos, y somos les trabajadores les que estamos reorganizando y cubriendo áreas y aumentando nuestra carga laboral», sostienen.
También señalan los bajos salarios que tienen: «este contexto nos encuentra con salarios que no llegan a cubrir la canasta de insumos de CABA. Luego de enormes jornadas de lucha, ni el gobierno ni las conducciones sindicales dedicaron su tiempo a recomponer el salario de quienes enfrentamos en la primera línea la pandemia».
Además, cuestionan el plan oficial de vacunación para trabajadores y trabajadoras de la salud por ser la primera línea de lucha contra el Covid-19: «el plan de vacunación de trabajadores de la salud continúa incompleto, y el gobierno obliga a trabajar a personal sin la segunda dosis, atentando contra nuestra salud. Se dispone la vuelta de personal de riesgo, pero no se cumplen protocolos de distanciamiento en los espacios de trabajo. Reclamamos la vacunación completa del personal, cómo lo hicieron recientemente les trabajadores del hospital Moyano, garantizando la doble dosis. Proponemos que la producción nacional de vacunas se ponga a disposición de la vacunación masiva de la población», destacaron.
Finalmente, puntualizaron en la situación específica que viven como residentes y concurrentes de salud en los hospitales y centros de salud públicos: «la situación de les concurrentes es el ejemplo más claro de explotación laboral perpetuada por el gobierno, que los obliga al trabajo asistencial sin vacunación completa, sin salario ni ART, ni obra social. En el último ingreso al sistema de concurrencias, el reclamo histórico por derechos laborales fue respondido con recorte de cupos. En medio de una pandemia histórica, en vez de fortalecer el sistema de salud, el GCABA se permite recortar puestos de trabajo y formación de especialistas. Tampoco se reorganizó la atención de patologías no COVID, viéndose una vez más relegada la salud de gran parte de la población. A la fecha, no tenemos noticias de cómo ni dónde se atenderán estos pacientes, que ya sufren la desatención de un año de pandemia. Situación, que tarde o temprano, reforzará la saturación del sistema sanitario. Les trabajadores de la salud entendemos y vivimos cotidianamente la gravedad de la situación que estamos atravesando. Por eso, resulta urgente que el gobierno aborde nuestra propuesta del pase a planta de egresades residentes y concurrentes y a todes les contratades, para reforzar verdaderamente el sistema de salud. Somos personal especializado que el Estado expulsa del sistema público año tras año«, remarcan.
«Sabemos que la situación que atravesamos en CABA no es ajena al conjunto de la salud – señalaron – Es por eso que nos solidarizamos con les trabajadores de Neuquén que están saliendo a las calles por su salario. Acompañamos la lucha de les trabajadores de la clínica San Andrés de PAMI, que cerró sus puertas en plena pandemia, despidiendo a más de 100 trabajadores, y nos solidarizamos con todas las luchas en curso».
Por toda la situación, creen importante relanzar «un nuevo relevamiento para exponer el estado de situación real de los efectores y les trabajadores», por lo cual invitan a «toda la comunidad hospitalaria a participar, y convocar asamblea por hospitales para organizarnos y enfrentar la desidia del gobierno».

13.4.2021

Por Xavi Dell y Violeta Lavinia

En el medio de la segunda ola, el Gobierno porteño decretó la vuelta a la presencialidad a los que están en grupo de riesgo y hayan recibido la primera dosis de la vacuna. El sindicato de Sutecba, quien tuvo vacunados VIP, actuó como vocero y llamó a no perder el presentismo. Larreta sigue la línea de la Resolución del Gobierno nacional que habilitó esto el viernes pasado.

Mientras miles de trabajadores se encuentran a la espera de su turno para acceder a la vacuna y la segunda ola avanza con epicentro en el ámbito del AMBA, el gobierno de Larreta, mediante el Decreto 120/2021, dispone la asistencia de quienes han recibido solo una las dosis de la vacuna, aun siendo grupo de riesgo.
Esto se torna más desesperante porque la medida afecta embarazadas, adultos mayores y personas con algunas enfermedades, quienes se ven en la obligación de retornar a la presencialidad en una ciudad que hace de cada medio de transporte, una fiesta clandestina. Hay que resaltar que no está comprobada cuanta inmunidad se genera con las dos dosis de la vacuna, y por ende es más peligroso cuando es una sola dosis siendo grupo de riesgo.
Esta definición de Larreta se da el día en que las cifras de contagios de COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires marcan un nuevo récord, llegando a los 3.358 casos positivos en un día, y mientras el sistema de salud arroja datos críticos en cuanto a la ocupación de las terapias intensivas del sistema público y privado. Lejos de avanzar en medidas para enfrentar esta segunda ola de contagios, para restringir la circulación, unificar el sistema de salud público y privado y declarar de utilidad pública los laboratorios y las patentes de las vacunas para salvar la vida de millones, tanto Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta toman medidas contra la salud de las y los trabajadores.
En este caso el Gobierno porteño sigue la línea de la Resolución Conjunta 4/2021 publicada el viernes pasado, con la que el Gobierno nacional habilita a los empleadores a convocar a todo el personal que haya sido vacunado con al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19.
Ante el anuncio, el sindicato mayoritario en la Ciudad de Buenos Aires, SUTECBA, lejos de atacar la medida en defensa de los trabajadores, cumplió el rol de transmitir la resolución, como si cogobernara con Cambiemos. Algo a lo que los municipales están por demás acostumbrados. Cabe recordar que durante el escándalo de las Vacunas VIP, se confirmó la vacunación irregular del dirigente de Sutecba, Amadeo Genta y su hijo, Emiliano.
En una circular que difundieron autoridades del Sindicato expresaron: “Sutecba informa decreto 120-2021 quienes tengan la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, desde el día 14 deben hacer trabajo presencial los que estaban exceptuados: mayores de 60 años, embarazadas y grupo de riesgo”.
Sin interponer ninguna medida de protección para la salud de miles de trabajadores, el SUTECBA ha comunicado los alcances de la normativa a fines de evitar “perder el presentismo y que pueden correr las faltas”. Así podría haber descuentos salariales para las embarazadas, mayores de 60 años y grupos de riesgo que se nieguen a ser “afectados de manera presencial a las áreas de efectores del subsistema público de salud que no tengan alta circulación viral de COVID-19” en tanto tengan una sola dosis de la vacuna. En cambio para quienes hayan completado el esquema de vacunación, aun sean de riesgo, estén embarazadas o tengan más de 60 años serán “asignados a la prestación de servicios en las áreas de alta circulación de COVID-19 siempre que hayan transcurrido 14 días de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad”.
Los únicos que siguen exceptuados son los casos que cuenten con el trámite autorizado por medicina laboral, con todo lo burocrático que esto significa, y certifique que son personas con inmunodeficiencias: congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave; VIH dependiendo del status ( menor de 350 CD4 o con carga viral detectable); personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días), y pacientes trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.
En estas horas, en el mundo, se debaten las patentes de las vacunas y la desigualdad en la distribución mundial, donde los 10 países más ricos recibieron el 75% de las vacunas producidas, mientras que 130 países en los que viven 2500 millones de personas no recibieron aún ninguna dosis. Frente a esta irracionalidad del sistema capitalista, el Frente de Izquierda ha propuesto la eliminación de las patentes de las vacunas y un plan de vacunación universal y gratuito.

12.4.2021

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), el sindicato docente con más afiliados de la ciudad de Buenos Aires, reclamó al Gobierno porteño que «ante el crecimiento exponencial de casos» de coronavirus «suspenda provisoriamente el dictado de clases presenciales».

«Al día de hoy, con todos los semáforos en rojo, con el sistema de salud privado colapsado, con el hospital de nuestra propia obra social al límite de sus posibilidades de atención, pedimos que se restrinja la circulación de la cantidad de chicos, chicas y familias que transitan diariamente la ciudad para llegar a las escuelas«, planteó la secretaria de Comunicación del gremio, Paula Galignana, en declaraciones radiales.
Desde la organización gremial argumentaron que «con el nivel de contagios que hay, por arriba de 2000 diarios (en la Ciudad), es imposible detectar a dónde cada uno fue contagiándose el virus, y la realidad es que si se contagió en el transporte público, yendo a la escuela, o adentro de la burbuja, es exactamente lo mismo, porque la circulación del virus sigue multiplicándose».
Galignana subrayó que en la Ciudad «hay docentes fallecidos, hay auxiliares (de escuela) fallecidos, que son los que lamentablemente han tenido más pérdidas», y además consignó que en el distrito ya han sido detectados «arriba de 1500 docentes» como Covid positivo, y que hace unos días, «previo a que comience este aumento exponencial de casos», el número ya era de «1215».
«Ni los chicos ni los docentes se teletransportan dentro de la burbuja, sino que circulan por la ciudad de Buenos Aires, y tienen contacto con sus padres, que también trabajan, con sus madres, que también trabajan, con personas de riesgo», señaló la gremialista docente.
Desde UTE-Ctera también advirtieron que los protocolos de prevención de contagios en muchos casos son insuficientes o no se cumplen correctamente y asimismo denunciaron que directores y directoras de escuelas porteñas están recibiendo «muchas presiones para ocultar datos, para no cerrar, para minimizar la cantidad de burbujas que se afectan por una determinada situación», según alertó Galignana en diálogo con Télam.
«En la última semana, hay 494 burbujas afectadas (en las escuelas del distrito porteño). Cada burbuja es, generalmente, medio grado, pero según las circunstancias, según las escuelas, porque hay edificios escolares en los que los grados se han tenido que organizar tres, o incluso más burbujas», detalló a esta agencia la representante sindical.
Sobre el vínculo con el Gobierno de la Ciudad, Galignana dijo que hace una semana UTE-Ctera presentó a la cartera de Educación porteña un informe en el que transmitieron «todas las preocupaciones» más el resultado de «relevamientos» realizados «escuela por escuela».
«Tenemos reuniones pero hay poco diálogo. Y no tenemos mucha respuesta. Incluso la semana pasada elevamos una nota directamente al jefe de gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) para que nos reciba él, para que dé respuesta sobre alguna de las cuestiones que planteamos», remarcó la vocera del sindicato.
Por último, desde UTE-Ctera exigieron que el gobierno porteño continúe con el testeo masivo y el plan de vacunación específico para docentes.
«Lo venimos planteando -recordó Galignana- desde el momento en que se desviaron la mitad de las 33.000 vacunas para otros destinos, porque de esas 33.000 vacunas que el gobierno nacional había definido que eran para vacunar a docentes, el gobierno de la ciudad desvió para otros fines 17.000 y sólo se aplicaron (a docentes) 13.000».
«Esas 17.000 no las aplicó y las entregó a obras sociales o a otros grupos, se aplicaron 13.000 y ahí quedó frenada la vacunación docente», puntualizó la representante de UTE-Ctera.

9.4.2021

La información la comunicó oficialmente la CTA. El fallecimiento fue ayer y el docente se había descompensado mientras trabajaba en la escuela el viernes 26 de marzo. Es el segundo caso desde el regreso a la presencialidad.

El lunes 5 perdió la vida Juan Carlos Ramírez. Se desempeñaba como auxiliar en la escuela 21 DE 3. La información la confirmó oficialmente la CTA Capital hace instantes.
Ramírez se había descompuesto en la escuela el viernes 26 de marzo y el PCR dio positivo Covid-19.
Su cuadro se agravó y fue internado en el Hospital Méndez donde falleció en la mañana de ayer.
«Hoy sus compañerxs tendrán asueto y mientras lxs docentes piden volver a la virtualidad, Soledad Acuña lo sigue rechazando», señaló la CTA en su comunicado.
Es la segunda muerte de un docente desde el regreso a la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Antes había fallecido Jorge Langone.

8.4.2021

Por Agencia Presentes

La Cámara Nacional de Casación absolvió a Mariana Gómez de los cargos de lesiones leves y desacato a la autoridad, por los que fue condenada en 2019. El fallo reconoce la discriminación lesbofóbica de la Policía y del Poder Judicial.

La Sala II de Cámara Nacional de Casación Penal, absolvió a Mariana Gómez de los cargos de lesiones leves y desacato a la autoridad, por los que había sido condenada 2019, en un fallo que fue denunciado por organizaciones de derechos humanos como lesbofóbico y que movilizó a las calles a distintos sectores del feminismo y la diversidad sexual. “Todavía no caemos, estamos muy emocionadas”, dijo Rocío Girat, esposa de Mariana, a Presentes.
Por su parte, el abogado de Mariana, Lisandro Teszkiewicz, se mostró muy satisfecho con el fallo de Casación, porque éste reconoce el sesgo discriminatorio de la Policía y el Poder Judicial e insta a acciones. “Sienta un predecente técnico y de políticas públicas”, dijo a Presentes.
El caso se remonta a 2017, cuando Mariana y Rocío fueron increpadas por la policía cuando se besaban en una estación de subte de la Ciudad de Buenos Aires. Se las acusó de fumar en un lugar prohibido y Mariana terminó golpeada y encarcelada muchas horas en una comisaría. Dos años después, fue ella la condenada. “Para Marian, la condena significó la imposibilidad de acceder a un trabajo inscripto. Nadie quiere contratar a alguien con un antecedente penal por desacato a la autoridad“, explicaba Girat a Presentes el año pasado.
“El fallo de Casación es interesante desde dos perspectivas. Una técnica y una de políticas públicas. La técnica aduce que no puede ser la jueza – Marta Yungano- quien se ponga en el lugar de parte acusadora. Ella establece en su fallo algo que ni la fiscalía argumentó en el juicio: que la supuesta agresión de Mariana a la oficial era más grave por tratarse de una servidora pública. La jueza tiene que ser una parte imparcial. Y la segunda parte del fallo hace referencia directa al carácter discriminatorio del accionar policial y del empleado de Metrovías. Además dice que la prohibición de fumar en un espacio público – razón que esgrimió la policía contra Mariana – se trata de una norma administrativa y no justifica el accionar policial. Esto marca un precedente técnico importante. Para finalizar, el fallo hace alusión a que cuando hay un acto discriminatorio por parte del Estado – en este caso de la Policía- la Justicia no puede convalidarlo”, dijo Teszkiewicz a Presentes. Y agregó: “Esto pone en evidencia la urgencia de la implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial”.

Se revierte un fallo lesboodiante

Desde numerosos medios de comunicación, organizaciones de Derechos Humanos y desde la defensa de Mariana Gómez, el fallo de la jueza Marta Yungano fue denunciado por su falta de perspectiva de género.
“Yungano es una persona que alrededor de su carrera se ha dedicado a liberar pedófilos, a liberar a policías y darle beneficios a policías de gatillo fácil. Falla como piensa. El mismo día de la condena a Marian Yungano absolvió a un pedófilo por abusar de su hijo. Esta jueza no puede estar ocupando ese cargo. Pedimos que mínimamente sea capacitada para fallar para lo que la sociedad necesita”, dijo Girat en su momento.
La policía acusó a Mariana de “resistencia a la autoridad” y lesiones. No obstante, tiempo después, una pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer que Mariana Gómez no agredió a la policía. Entonces se comenzó a hablar de lesboodio. “En general a la lesbiana chonga le queda el cartel de la desobediente, la que atenta contra el hombre, la violenta, y esos son los estereotipos que queremos erradicar”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) acompañó la apelación como amicus curiae. En su presentación, Emiliano Montini, representante de la Dirección de Asuntos Juridicos, consideró que Mariana Gómez fue víctima de violencia institucional, no sólo por parte de las fuerzas policiales, sino también por el accionar judicial, reflejado en los distintos actos del procedimiento y, sobre todo, en la decisión cuestionada en donde se descartaron dos testimonios que favorecían a la justicia.

La causa contra el oficial Rojo, en pausa

El 2 de octubre de 2017 Mariana acompañó a Rocío a tomar un transporte en la estación de Constitución. Cuando comenzó a llover fuertemente, las jóvenes decidieron resguardarse en el ingreso de la terminal de subtes. Como ellas, muchas otras personas se guardaban del agua, charlaban y fumaban. Pero sólo Mariana fue increpada por un agente de la Policía de la Ciudad, Jonatan Rojo. A él se sumó la oficial Karen Villarroel. Cuando Mariana quiso retirarse, el oficial Rojo se dirigió a ella en masculino e intentó detenerla por la fuerza. “Hubo una ilegitimidad en la orden, no una resistencia a la autoridad”, fue como describió la situación el abogado de la defensa, Lisandro Teszkiewicz, en una de las audiencias del juicio.
Al día siguiente de la detención de Mariana, junto a Rocío se acercaron a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) para denunciar a Jonatan Rojo por abuso de poder y violencia institucional Jonathan. “Él fue quien golpeó a Mariana y no respetó su identidad”. Pero, de acuerdo a Rocío, al oficial Rojo no se le abrió un sumario. Tampoco recibió apercibimientos de ningún tipo ni fue capacitado en perspectiva de género. De hecho continuó con sus funciones con total normalidad.
“Durante el juicio, muchas veces tuvimos que cruzarnos con él en Constitución, donde tomábamos el transporte para llegar a la audiencia, y era horrible tener que verlo. Mientras tanto, Marian fue condenada y tiene una mancha injusta en los antecedentes. Más allá de eso, si efectivamente queda condenada y este fallo que nosotras apelamos no llega a una absolución, ella va a figurar 5 años más en el sistema”.
Para Rocío, es necesario recordar que Jonatan Rojo “actuó bajo las órdenes y la bajada de línea de Larreta”. “Nosotras seguimos exigiendo que se capacite a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los entes del Estado y las instituciones que intervienen tienen que estar capacitados en perspectiva de género.