Red de radios

30.8.2021

La orden de desalojo aún sin fecha fue expedida por el Juzgado Federal n°3 y puede efectuarse a partir de las cero horas de este martes. Mientras, este lunes, vecinos que se encuentran tomando tierras del Ferrocarril Belgrano Sur, realizaron una conferencia de prensa llamando a la solidaridad, para exigir vivienda y denunciar la amenaza de desalojo.

Este lunes realizaron una conferencia de prensa, luego que desde hace 6 días, frente a la crisis habitacional que sufren millones en todo el país, más de 160 familias de Barracas, del Barrio 21-24, decidieron ocupar terrenos baldíos a la vera de las vías del Ferrocarril Belgrano Sur. Exigen una solución habitacional que hace décadas ningún gobierno ofrece a quienes viven hacinados y sin servicios básicos en la Ciudad más rica del país.
Tanto la Policía Federal como la Policía de la Ciudad se encuentran “custodiando” el predio, sin dejar salir ni entrar personas, ni comida, ni agua. Quienes se encuentran dentro de la toma vienen denunciando las condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos desde hace días.
A este amedrentamiento constante se suma una orden del Juzgado Federal n°3, a cargo de Daniel Rafecas, quien dictó la orden de desalojo sin especificar fecha y dando la orden al Ministerio de Seguridad de Nación, por ser terrenos nacionales.
En la toma se encuentran decenas de niños y niñas que no han podido asistir a la escuela, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. También se encuentran en la toma mujeres que buscan escapar de la violencia machista y que sin obtener respuesta a sus denuncias se ven obligadas a buscar una solución por sus propios medios para poder escapar de sus casas. A su vez, decenas de ancianos no han podido recibir atención médica debido al impedimento de la policía de poder circular.
En la conferencia de prensa de este lunes al mediodía se hicieron presentes algunos canales de noticias para dar cuenta de la situación. Desde la Junta Vecinal Villa 21-24, el Comité de Emergencia Villa 21-24 y Zavaleta, los Curas Villeros de Caacupé, como dirigentes del Frente de Izquierda, como el docente y candidato a legislador Federico Puy, se pronunciaron también contra el desalojo y todo tipo de represión contra quienes se encuentran ocupando estas tierras, reclamando una solución habitacional y un plan de urbanización para la 21-24.
La policía Federal y de la Ciudad impiden que organizaciones solidarias lleven comida, remedios y ropa a las más de 160 familias que están peleando por una vivienda digna en Barracas. Docentes de la zona nos presentamos para dar nuestro apoyo a las familias. pic.twitter.com/fm6r7mqxyO
— Federico Puy (@fedepuy) August 30, 2021
El predio ocupado tiene alrededor de 15.000 metros cuadrados y se encuentra en “disputa” judicial, ya que son terrenos nacionales del ferrocarril que Macri cedió durante su gestión presidencial a la Ciudad, pero sin finalizar el traspaso. Y la ocupación comenzó el martes pasado, luego de que los vecinos de Zavaleta supieron la noticia del fallecimiento de una adolescente atropellada por el tren que circula en medio de las casas sin la más mínima seguridad, a pesar de las constantes denuncias que hace años hacen los vecinos sin que tengan una respuesta favorable.
Mientras sigue el litigio entre la nación y la ciudad por la titularidad de los terrenos, se pasan la pelota sobre quién debe resolver el drama de estas familias que ante la necesidad ocuparon este terreno baldío. Sin embargo, ya pusieron a disposición las fuerzas de seguridad respectivas, Policía Federal y Prefectura de parte de la Nación y Policía de la Ciudad de parte del Gobierno porteño.
Una situación similar es la que sufren cientos de familias en la otra punta de la ciudad, en el Barrio 31, donde hace dos meses vecinos ocupan otro terreno baldío exigiendo una vivienda. Dos meses sin respuesta y con amenazas de desalojo y amedrentamiento constante de la Policía, mientras los gobiernos, nacional y de la ciudad, litigan por los terrenos, ambos son incapaces de resolver la cruda realidad de las familias.
La falta de vivienda es una realidad que sufren millones en todo el país, muchas familias ante la necesidad ocupan tierras sin uso o directamente baldíos para comenzar a resolver su problema, “no queremos que nos regalen nada, pero con nuestros sueldos no podemos costear siquiera un alquiler, no nos queda otra, sino terminamos en la calle” nos decían los vecinos, mostrando esta cruda realidad.
Así como viene sucediendo en otros lugares de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta busca seguir favoreciendo, con la rezonificación de los barrios, los negocios inmobiliarios de empresas constructoras, como el caso de Costa Salguero o la Ciudad deportiva de la Boca. Negocios que incluso son favorecidos con una ley de la legislatura con exenciones impositivas, en este caso votado por incluso por la oposición del Frente de Todos. Como bien denunciaran Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda en esa sesión legislativa “Quitarles impuestos a las grandes constructoras es beneficiar el negocio inmobiliario, o alguien cree que será para construir viviendas populares. A la orientación del Gobierno de Larreta hay que enfrentarla de plano, cualquier herramienta legislativa que se le de será para fomentar una Ciudad de exclusión y grandes negociados”.
Mientras, para los sectores con problemas habitacionales, la única respuesta del Gobierno de la Ciudad es ofrecerles un subsidio habitacional que apenas alcanza para 10 días en una habitación de hotel, en una ciudad donde alquilar se está transformando en un lujo.

26.8.2021

Por Claudia Rafael

Toda la culpabilidad judicial por la muerte temprana de Sofía, a sus 15 años, parece concentrarse en la carátula de homicidio culposo contra el hombre de 33 que conducía la locomotora del tren de carga de Ferrosur. Donde la reducción del sistema de sus propias responsabilidades concluye en la culpa de una sola persona. La de Sofía Caballero fue la crónica de una muerte anunciada y denunciada por décadas. Cuando ya casi sin voz, las organizaciones de la villa 21-24 seguían clamando una solución.
“El tren pasa al menos dos veces al día y las vías están a medio metro, a un metro, de los dos lados, de las construcciones durante aproximadamente ocho cuadras. Ahí pasan los trenes de carga de Ferrosur, que tiene la concesión del Ferrocarril Roca; vienen desde Neuquén a Estación Solá. Y lo que se viene pidiendo desde hace años y años es que el tren pase por otro lado que no sea villa 21 o bien que el recorrido termine en Avellaneda”, describió el sacerdote Toto de Vedia a APe, desde la parroquia de Caacupé, asentada en el corazón de la barriada.
Sofía era la mayor de cinco hermanos. Iba a la secundaria parroquial que alza sus paredes en la villa que concentra más de 80.000 almas que sudan a diario una vida arrinconada entre los metales ferroviarios y los venenos acumulados durante toda la historia del Riachuelo. Entre Luna e Iguazú, en el sur de todos los sures de la ciudad más rica del país. Una ciudad que sigue teniendo sus rincones empobrecidos y vulnerados que suelen taparse para no ver lo que no se quiere ver.
Ese día Sofía faltó a la escuela, contó Toto de Vedia. Le dijo a su madre que iría a comprar el pan. Y salió con su hermanito de tres que entre juegos y saltos corrió como hacen las infancias que ríen mientras se sienten mariposas o barriletes. Sofía intentó evitarle un accidente y resbaló cuando el tren estaba llegando sobre las mismas vías. Casi apresado entre las casuchas que sienten dos o más veces al día cómo un terremoto les hace temblar los cimientos endebles y les tambalea el presente casi en complicidad con un sistema que los ahoga.
Hace casi siete décadas que las primeras casillas se asentaron en los grandes esteros del Riachuelo, en el límite sur de la capital. Los primeros habitantes llegaron veteranos de un incendio devorador que hubo en La Boca a inicios de los 50, durante el primer peronismo.
A 20 minutos de la Rosada, el olvido se alza sobre todos los escenarios de la villa. El no rotundo al soterramiento o al desvío del tren de carga en la villa es tan sostenido como es clara, en las antípodas, la concreción de un viaducto en la zona más rica de la ciudad que permitió eliminar los pasos a nivel de Olleros, La Pampa, Sucre, Juramento, Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y Monroe.
La justicia tiene hoy como imputado al conductor del tren. Que suele ser el hilo más delgado de un sistema que privilegia eternamente a los mismos y en los territorios del abandono soterra las dignidades. Lejos, muy lejos de la impudicia de los propietarios del mundo. En un rompecabezas vital en el que los marioneteros de las finanzas temen y desechan a los habitantes de los arrabales. Les cuelgan el sanbenito de prescindibles.
Hace exactamente 30 años, el gobierno de Carlos Saúl Menem -hacedor y responsable de muchas de las desgracias e inequidades por venir- difundió el cronograma de privatizaciones destinadas a la necesidad de equilibrar el presupuesto público. Algo así como partir la torta en desmedro de los eternos castigados. Y se anunciaba que “el 31 de diciembre de 1992 las empresas estatales dejarán de estar incorporadas al presupuesto público” y que a partir de ese momento “la responsabilidad del financiamiento operativo y la inversion quedará a cargo del sector privado”. Había que desprenderse de los sobrantes en beneficio de los mismos de siempre. En la licitación para los ramales del Roca sólo se presentó el consorcio Ferrosur Roca liderado por la cementera Loma Negra a la que se transfirió todo el ramal en marzo de 1993. Era dueña de la carga y del medio que la transportaba.
La misma cementera que se vio beneficiada largamente por los negociados de la última dictadura, y a la que luego, sus socios en el poder político ya en democracia, le regalarían parte de la estructura ferroviaria por el lapso de tres décadas. Esos trenes transportan en sus tolvas las riquezas más medulares de un país. Esos trenes cuya concesión sigue en manos de Ferrosur, fueron los que esta semana terminaron con la vida de Sofía. En el corazón de la villa 21-24. Una de las más populosas del país. Donde sobreviven los desechables del sistema. Donde una chica de 15 es el ícono de una historia de desgarros y de olvidos.
Cuando el dolor se parece a un país, escribía Gelman, se parece a mi país. Los sin nada se envuelven con un pájaro humilde que no tiene método.

26.8.2021

Organizaciones feministas, sociales, territoriales, políticas y sindicales concentrarán este viernes 27 desde las 9 en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, ante el comienzo del juicio contra el progenitor de Luna, quien abusó sexualmente de ella entre los 6 y los 9 años. «La causa judicial lleva diez años abierta, lo cual implicó una constante violencia para la niña, ahora joven, y su mamá protectora, denunciante», remarcan y reclaman «juicio y condena sin más dilaciones» a quienes intervienen en la causa: el juez Jorge Adolfo López, el fiscal Marcelo Daniel Roma y el secretario Ignacio Belderain. «A pedido de la fiscalía, el Ministerio Público Tutelar emitió informe sobre el expediente de Luna con una perspectiva revictimizante y amparada en el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). El escrito asume que los dichos de la joven fueron recuerdos implantados por su madre. Esto dio paso a la defensa del abusador a pedir el sobreseimiento y atacando a nuestra compañera Yama Corin por su militancia feminista. No podemos dejar pasar este ataque que no es solo contra Luna y su mamá, sino contra todas las niñeces», remarcan.

El juicio comenzará este viernes a las 9 en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 (ubicada en Paraguay 1536, Ciudad de Buenos Aires) y la causa estará en manos del juez Jorge Adolfo López, el fiscal Marcelo Daniel Roma y el secretario Ignacio Belderain. La causa cobra gran trascendencia no sólo porque desde el Ministerio Público Tutelar y la defensa buscan que se resuelva dando impunidad a un abusador de menores, sino también porque son muy pocos los casos de abuso en la infancia que llegan a juicio, en un contexto donde muchas personas fueron o son abusadas sexualmente en su infancia. Y esto en un contexto donde, según las últimas estadísticas del programa «Las víctimas contra las violencias», en tres de cada cuatro casos de abuso sexual en la infancia quien delinque es un familiar o «persona de confianza», y el 89 por ciento son varones.
La denuncia fue realizada por Yamila Corin, mamá de Luna y militante del colectivo feminista Agrupación Mundanas, antes de que la niña cumpliera los nueve años y se encuentra radicada en el Juzgado de Garantías Nº1 de Morón, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, e interviene la Fiscalía N°7. «Luna fue víctima de abuso sexual por parte de su progenitor entre los 6 y los 9 años. La causa judicial lleva diez años abierta, lo cual implicó una constante violencia para la niña, ahora joven, y su mamá protectora, denunciante», remarcan las organizaciones convocantes a la concentración frente a la fiscalía porteña.
En la misma línea, sostienen: «a pedido de la fiscalía, el Ministerio Público Tutelar emitió informe sobre el expediente de Luna con una perspectiva revictimizante y amparada en el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). Entre otras aberraciones, el escrito asume que los dichos de la joven fueron recuerdos implantados por su madre. Esto dio paso a la defensa del abusador a pedir el sobreseimiento y atacando a nuestra compañera Yama Corin por su militancia feminista».
Es por eso que consideran que no se puede «dejar pasar este ataque que no es solo contra Luna y su mamá, sino contra todas las niñeces, y los abusos que sufren, incluso a les las infancias trans y travestis agravado por la identidad, contra las profesionales, psicólogas o abogadas que validan la voz de les niñes y defienden sus causas. En definitiva, contra todo el movimiento feminista y transfeminista que hace mucho decidimos que no nos callamos más, y menos cuando tocan a les pibes», remarca el comunicado de las organizaciones.
Por todo lo señalado, reclaman a la fiscalía porteña «indagatoria al imputado, juicio y condena sin más dilaciones, desestimando un informe que apela a prejuicios patriarcales con argumentos falsos y no científicos, y que escuchen la voz de Luna, quien ya declaró de forma contundente«, concluye la convocatoria.
La jornada es convocada por Mundanas Agrupación, Infancias Libres, el Frente de Mujeres de La Cámpora, La Colectiva, Nuevo Encuentro, el Municipio de Morón, Todas con Cristina, el Frente Popular Darío Santillán – UTEP, el Proyecto Generar, Opinión Socialista, el Partido Obrero, APUBA, Conurbanas, Revista Sudestada, la Casa de la Mujer, Antena Negra, Furia Transfeminista, La Mateada – Consejería Popular, El desborde educativo, el Colectivo de docentes Transfeminista en UTE, la Corriente Insurrecta, ATE MINGENEROS, La Dignidad, la Colectiva Andina, el Encuentro Ferroviario, la Corriente Villera Independiente villa 21-24/Zavaleta, el Colectivo Yo Sí Te Creo y Campaña Contra la prescripción, el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros y Adultxs Protectorxs contra el Abuso Sexual en la infancia.

25.8.2021

Hoy, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo jefe es Horacio Larreta, avanzará con el remate a través del Banco de la Ciudad, de 10 propiedades de herencia vacante. «Como siempre denunciamos, este sistema no hace más que favorecer al mercado inmobiliario, y en nada se aproxima a paliar la emergencia habitacional en la que nos encontramos miles de familias (sólo para mencionar la situación en CABA, pero que existe y crece en todo el país)» explicaron desde las Consejerías de Vivienda de CABA.

Hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzará con el remate de 10 propiedades de herencia vacante, por intermedio del Banco Central.
Desde las Consejerías de Vivienda de CABA (asociación vecinal que lucha por el derecho a un vivienda digna), denuncian que ésta situación favorece a los negocios inmobiliarios pero no están destinadas a resolver la emergencia habitacional que sufren miles de porteños.
«Éste sistema no hace más que favorecer al mercado inmobiliario, y en nada se aproxima a paliar la emergencia habitacional en la que nos encontramos miles de familias (sólo para mencionar la situación en CABA, pero que existe y crece en todo el país)».
Según informaron desde la Consejería, el dinero que resulta de los remates sería destinado al Fondo Educativo Permanente, a cargo del Ministerio de Educación. Sin embargo advierten que «las escuelas de la Ciudad se encuentran en cada vez peor condición, y el ministerio dirigido por Soledad Acuña no se planteó ni una reforma estructural para que las aulas por ejemplo pudieran adaptarse a las necesidades de distancias mínimas frente a la pandemia que hoy vivimos».
Agregaron «es falso creer que estas subastas favorecen a la clase trabajadora. Por empezar, hace falta un depósito del 3% del valor de la base, inaccesible para cualquier familia o persona cuya precarización habitacional está ligada a la precarización laboral, y en muchos casos incluso pérdida del empleo por la crisis económica que atravesamos. Además, la cantidad de personas en situación de calle ha crecido, al ritmo que es cada vez mayor la cantidad de alquileres que no aceptan niñes, y cientos de mujeres cabeza de familia no encuentran una solución habitacional luego de ser desalojadas o huyendo de la violencia que sufren de mano del agresor, con quien comparten su vivienda».
Los negocios inmobiliarios que resultan de éstas operaciones favorecen a empresarios como por ejemplo: el hotelero Leonardo Ratushny, quien en el 2010 compró en remate por sólo $ 1.000.000 pesos la casa colectiva Santa Cruz 140, en donde habitan 106 familias (incluyendo 131 niños). Éstas familias aún hoy se encuentran resistiendo el desalojo.
«En las subastas de hoy se da un caso similar, donde la base justamente es muy baja porque quien la compre deberá activar el desalojo. El estado se lava las manos y deja en manos de la justicia civil la resolución del derecho a la vivienda de las familias que habitan los inmuebles rematados. La propiedad privada no puede tener más peso que el derecho a la vivienda» sostienen desde la Consejería de vivienda.
«Repudiamos que los remates sean dirigidos a los emprendedores inmobiliaros, cuando serían de mucha utilidad, por ejemplo, para sumar a una plaza de inmuebles afectados al alquiler social (programa que ni el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de nación, a cargo de Ferraresi, ni los congresales oficialistas se dignan a reglamentar). También desde el movimiento de mujeres y disidencias venimos exigiendo soluciones habitacionales para las identidades discriminadas (disidencias, infancias, etc) como para aquelles que atraviesen violencia de género. Además, las cooperativas de vivienda conforman una extensísima lista de espera por terreno o casas deshabitadas para refaccionar y habitar» finalizaron.
El próximo domingo 29/8 desde las Consejerías de Vivienda, realizarán un festival «Ni unx pibx sin techo» a partir de las 13:00 en Parque Ameghino (sobre Av. Caseros), para visibilizar la situación de emergencia habitacional que padecen miles de porteños.

25.8.2021

Por Pablo Perales – Ministerio de Desarrollo Urbano CABA y Julieta Lalama – Trabajadora del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes GCBA

Este miércoles 25 agosto, bajo la consigna #LarretaPrecariza, ATE Capital convoca a paro de los/as trabajadores/as municipales con movilización a Jefatura de Gobierno. No alcanza con sacar flyers y convocar paros cada año y medio, hace falta que el sindicato convoque asambleas desde abajo y medidas contundentes contra los ataques del gobierno porteño.

Según reconoce ATE, 1 de cada 3 trabajadores de CABA es contratado de manera precaria, “alrededor de 23 mil trabajadores viven en la “incertidumbre, sin llegar a fin de mes y con la angustia de no tener los mismos derechos, y sin posibilidad de proyectar un futuro”.
Frente a esta realidad que padecemos los y las trabajadores municipales, la necesidad de enfrentar los ataques de Larreta está presente hace tiempo y es urgente. En los hechos, la directiva ATE Capital fue funcional para que el gobierno de Larreta avanzara sobre las condiciones de trabajo y derechos conquistados. Por acción u omisión, al margen de declaraciones opositoras, durante más de un año no convocaron medida alguna, siendo fervientes defensores del “quedate en casa”.
Las medidas aisladas, sin consultar a los miles de trabajadores municipales, resultan inofensivas. Para que una medida tenga un impacto real, debe ser parte de una convocatoria extendida, impulsando instancias colectivas y democráticas, que fomenten la organización y preparación de una movilización que quiebre la rutina sindical. En este caso, pareciera que los trabajadores somos “convidados” a lo que simula ser más un intento de “combatividad” en el medio de un contexto atravesado por un escenario electoral -y su apoyo explícito al Frente de Todos en la Ciudad- que una medida de fuerza real que incline la cancha a favor de los intereses de los trabajadores.
A su vez es “llamativo” que la convocatoria, que denuncia correctamente las condiciones de precarización de los/as contratados/as, no haga alusión a la caída estrepitosa del salario. Quizá hayan olvidado que luego de años de reclamar un lugar en la mesa de negociación, ATE estampó su firma en paritarias a la baja y sin poner como condición el fin de la precarización y fraude laboral en el gobierno de la ciudad.
Mientras tanto, el FMI anticipa que el país tendrá que avanzar con reformas estructurales, laboral, tributaria. O sea, más ajuste sobre el ajuste ya realizado. La herencia macrista que el gobierno de Alberto Fernández convalida implica, lisa y llanamente, un plan antiobrero.

¿Cómo enfrentar a Larreta?

La pregunta que atañe a la convocatoria al paro es cómo pelear contra Larreta para que los trabajadores y nuestras familias dejemos de ser la variable de ajuste en el territorio más rico del país.
Casi cotidianamente escuchamos que la derecha es muy fuerte en la Ciudad. Como si el gobierno de Larreta fuese invencible. La pandemia fue la gran excusa para disponer de los trabajadores de la Ciudad, profundizar la precarización y el deterioro salarial, así como para aceitar los negocios de las grandes inmobiliarias que rigen el destino de la ciudad amarilla. ¿Pero lo hizo sólo? Cómo planteo Myriam Bregman en el acto de la juventud del PTS en Parque Centenario el sábado pasado, “gana Larreta porque hay complicidades, porque los sostienen, porque no lo enfrentan en serio”.
En ese sentido, no podemos pelear con los ojos vendados y las manos atadas. El Gobierno porteño cuenta con su aliado histórico, SUTECBA, para descargar las crisis sobre los trabajadores. No está demás señalar que Amador, un sigiloso burócrata del Sutecba, encabeza la lista de legisladores del Frente de Todos, fuerza política a la que apoya la verde y blanca.
Así y como ya sucedió anteriormente, la directiva de ATE Capital no convocó a ninguna instancia de participación real para que los trabajadores tomen en sus manos el paro. En la mayoría de las reparticiones, únicamente circuló el flyer de convocatoria y en otras, ni eso. De asambleas, ni hablar.
Cualquier medida de acción directa que intente canalizar la bronca y potencial de lucha de los que hacemos funcionar día a día la ciudad, necesita preparación y organización desde abajo. No se puede “pararle la mano” a Larreta con un flyer. Hace falta un plan de lucha que crezca desde los lugares de trabajo, donde los trabajadores tengan voz y voto, todo lo contrario a una medida aislada.
Un importante precedente que orienta el camino de esta pelea es la conquista de los/as trabajadores/as de Neuquén, quienes tras una profunda lucha lograron paralizar la actividad en Vaca Muerta, conquistando un triunfo producto de la organización y movilización colectiva, que tuvo impacto de aumento mayor al 50% del salario para el conjunto de los/as estatales de la provincia. Como también lo son hoy las y los trabajadores del Hospital Garrahan, uno de los hospitales pediátricos más importantes con atención a niñxs de todo el país, quienes se encuentran denunciando la precarización que las/os atraviesa, exigiendo el 50% de aumento salarial en una sola cuota, 6 horas de trabajo por insalubridad y pase a planta permanente.
El avance de la crisis, agravada por la pandemia, tuvo impactos concretos en la vida de los/as trabajadores/as este último año y medio, y continúa agravándose. La inflación de julio alcanzó el 3 % y en los primeros siete meses del año la suba de precios acumuló así un 29,1 %, de acuerdo a los datos que dió a conocer este mes de agosto el Indec. Esto implica una pérdida del poder adquisitivo del salario de un 6,5 % para trabajadores/as del sector público, sin contar el deterioro que viene acumulándose hace años.
Esta situación viene teniendo graves expresiones desde hace ya tiempo. Fallecieron compañeros/as producto de contraer covid-19, por falta de equipos y protocolos, reubicados arbitrariamente; aumentó la precarización y la carestía de la vida; hubo una extensión de la jornada laboral y control de las tareas mediante la implementación del teletrabajo y aumentó el pluriempleo entre los/as trabajadores/as estatales/municipales, ya que es cada vez más extendida la necesidad de tener más de un laburo para poder “llegar a fin de mes”.
Como plantea Marcelo Gómez, delegado general de la DGMUS del GCBA: “Desde la Agrupación Marrón exigimos a los sindicatos de la CTA y CGT por la organización de las/os trabajadores/as. Planteamos la necesidad de reducir la jornada laboral a 6 horas, así repartir las horas de trabajo entre ocupados/as y desocupados/as con un salario igual a la canasta básica, y terminar con la irracionalidad de que haya compañeros que trabajan 14 horas y otros no tengan trabajo.”
Sostenemos que, para terminar con la precarización, el fraude laboral, los salarios de miseria y conquistar condiciones de trabajo, es preciso hacer pesar en la balanza la fuerza de los trabajadores autoorganizados. Uniendo a contratados, monotributistas y planta, afiliados y no afiliados de ambos sindicatos, en asambleas que discutan y decidan cómo ir por lo nuestro golpeando con un solo puño.