8.12.2021
Por María Jagoe
En un país donde una persona es asesinada cada 20 horas por fuerzas del Estado argentino, la ciudad de Buenos Aires tiene la policía más nueva y, a su vez, una de las más cruentas del país, tanto en asesinatos bajo la modalidad del llamado gatillo fácil, como la represión y violencia ejercida contra los sectores populares.
Medida la violencia institucional por millón de habitantes, la represión es uniforme en todo el territorio argentino. Las primeras de la lista son las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa, Río Negro y la referida Ciudad de Buenos Aires.
La particularidad de la policía porteña está dada por el hecho de ser la más nueva de todas las provincias (nació en 2017), por las infundadas expectativas de que podría haber nacido como una fuerza policial moderna y por los recientes hechos violentos, incluyendo asesinatos y represión con fuerte estigmatización de los sectores populares.
Antes y después de Lucas González
La Ciudad de Buenos Aires registró 472 hechos de violencia institucional entre julio y noviembre de este año, lo que equivale a tres por día. Los datos surgen de un informe del Ministerio Público de la Defensa porteño. En el 90% de los casos, la violencia provino de la Policía de la Ciudad.
La Defensora General, Marcela Millán, destacó que estas prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios de distintas fuerzas no son casos aislados. “Son sistemáticas, rutinarias y, en algunos casos, hasta legitimadas normativamente y bordeando la legalidad y la ilegalidad, pero naturalizadas por algunos agentes del sistema penal”, explicó.
La discusión sobre el accionar de la Policía de la Ciudad resurgió en noviembre a partir del asesinato de Lucas González, un jugador de fútbol de 17 años. Lucas iba en auto con otros tres amigos cuando fueron interceptados por policías de civil, sin identificación, que los balearon. Luego, para encubrir el hecho, realizaron un informe con datos falsos que hablaba de una supuesta persecución y tiroteo. Hay cinco efectivos detenidos.
Este caso expone un modus operandi que parece ser común dentro de la fuerza: grupos de policías sin identificación, en automóviles particulares, que supuestamente deberían realizar sólo tareas de investigación pero terminan participando en balaceras y detenciones. Cuando estos operativos devienen en casos de “gatillo fácil”, lo que suele seguir es el encubrimiento.
“El caso de Lucas visibiliza una lógica que tiene que ver con la cuestión de las brigadas y los policías sin identificación. Eso es algo muy extendido”, dijo Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la TV Pública. “Lo que hay que pensar es cuáles son las formas de funcionamiento de la institución que permiten y a veces promueven estas formas de actuación, más allá de que después haya mejores o peores policías”, agregó.
Tufró también señaló: “Esto que sucedió con Lucas es un hecho bastante extremo, pero no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, donde a veces pareciera que la policía se maneja con reglas diferentes de las que aplican en el resto de la ciudad”.
Estigmatización geográfica y social
Según el Ministerio Público de la Defensa, las comunas del sur de la capital argentina concentran la mitad de los hechos de violencia institucional registrados en la ciudad entre julio y noviembre de 2021. También son las zonas que tienen menores ingresos per cápita y mayores índices de desocupación. Esto incluye a Barracas, el barrio de la Comuna 4 donde fue asesinado Lucas González.
Los casos también son más frecuentes dentro de ciertos grupos sociales. La Defensora General Marcela Millán afirmó que esta práctica “se reitera con migrantes, sobre todo senegaleses, y con la población trans, en comunas determinadas”. Las personas senegalesas, que suelen trabajar en la venta ambulante informal, representaron el 85% de los detenidos que fueron víctimas de violencia institucional asistidos por el Ministerio durante 2019. Las personas trans, el 55%.
La Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional de la ciudad recibió 290 casos entre julio y septiembre de 2021. El perfil de las víctimas está bien definido: 8 de cada 10 son varones, argentinos y habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, con un promedio de edad de 33 años. El 56% no completó la educación secundaria, el 67% atraviesa una situación laboral de vulnerabilidad y el 37% se encuentra en una situación habitacional precaria.
Más allá de Buenos Aires
La organización independiente CORREPI (las siglas de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) lleva un registro de todos los casos que impliquen la aplicación de una política represiva estatal y tengan como resultado la muerte de la víctima. Son 7.587 casos en toda Argentina desde el retorno de la democracia, en diciembre de 1983, hasta noviembre de 2020.
Según este archivo, las modalidades más frecuentes son las muertes de personas detenidas (50%) y los fusilamientos de gatillo fácil (36%). El 44% de las víctimas tenía 25 años o menos. Las policías provinciales son responsables de más del 46% de los casos. Desde la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que entró en funciones el 1 de enero de 2017, se le imputan 121 muertes.
“La represión policial y la función que ejerce el aparato estatal no va a cambiarse con una ley o un decreto. Tiene que ver con una cuestión sistémica de las fuerzas de seguridad”, dijo María del Carmen Verdú, abogada y militante de CORREPI, a FM La Patriada. Y afirmó: “Más de la mitad de las muertes por gatillo fácil se producen cuando el funcionario policial se encuentra de civil. Si sacamos el arma reglamentaria cuando no están cumpliendo sus tareas, reducimos las muertes a la mitad”.
Verdú resaltó que en sólo una semana se produjeron cuatro muertes por violencia institucional en el país. “Primero tuvimos la desaparición y muerte de Lautaro Rosé; luego el fusilamiento por gatillo fácil de Lucas González”, enumeró. “Después sufrimos la muerte y tortura en una comisaría de Antonio Martínez, y por último la represión a la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero (Río Negro), donde asesinaron a Elías Garay”.
Sobre el caso de Lucas González, Verdú destacó que “puso en forma muy evidente en los medios de comunicación, que habitualmente no acompañan la lucha antirrepresiva, todo el cuestionamiento que existe sobre los policías de civil”. Y añadió que la mediatización sirve porque “si no se modifica la percepción social de estos hechos, que está permanentemente manipulada y cooptada por los discursos de estigmatización, de odio y de punitivismo, es muy difícil que se logren los cambios normativos que son necesarios”.
CORREPI también pide al Estado argentino que tome una serie de medidas concretas incluidas en su “Agenda Antirrepresiva”. Ellas incluyen: la eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones, la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio, la prohibición de requisas personales y de pertenencias por mera sospecha, y el fin de la militarización de los barrios populares, entre otras.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de cambios a nivel legal e institucional para terminar con los casos de gatillo fácil. Estas muertes no son consecuencia del accionar aislado de “malos policías”, sino la consecuencia de prácticas extendidas y silenciadas en todas las fuerzas. Mientras tanto, las víctimas parecen ser siempre las mismas.
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