Red de radios

20.4.2022

Por Claudia Castro Tirina (Mink’a Comunicación) en Red Eco

Nucleadas en las Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA (OPINOA), lo hacen en el marco de la semana del «Indio Americano», para retomar la demanda acerca de la prórroga de la Ley 26.160, a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país.

El conjunto de aproximadamente 10 delegados pretende realizar una serie de actividades pautadas a lo largo de dos semanas, tiempo en el que se establecerán en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la organización, que nuclea a “aproximadamente 200 comunidades de distintas identidades indígenas preexistentes en el país, correspondientes a 40 pueblos/naciones originarias, entre ellos, Ocloya, Omaguaca, Comechingón, Guaraní, Tastil, Kolla y Tonokote”, manifestaron: “Vamos por la Reparación Histórica que reconoce la Constitucional sobre la Instrumentación de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena”.
En comunicación con Walter Hugo Barraza Kamachej del Consejo debla Nación Tonokote Llutky de Santiago del Estero, explicó que esta movilización se da a partir de la petición realizada el año pasado con el acampe que duró durante los meses de octubre a diciembre, donde la votación en diputados no salió a la favor de la ley de tierra.
“Hay falta de voluntad política”, remarcó el Kamachej en alusión a lo sucedido en el Congreso en 2021.
Barraza señaló que la organización vuelve a la ciudad para llevar adelante una serie de reuniones tanto con diputados como con representantes del Poder Ejecutivo, ya que además impulsan el proyecto de ley de “Propiedad Comunitaria”, es decir “la titularización de los territorios como comunitarios”, según indicó el propio Barraza.
Por otro lado, tienen pautado realizar charlas y talleres en varias facultades, como la mesa de “Territorios indígenas e interculturalidad `La madre tierra que nos da la vida”.
“Nos interesa dar a conocer lo que sucede en nuestros pueblos, sobre nuestro territorio, cultura, medicina, espiritualidad, etc.”, expresó Walter Barraza.

20.4.2022

El Salario Mínimo, Vital y Móvil de $38.940 solo cubrió el 97,4 % del valor de un monoambiente en el distrito porteño, que cuesta $40.000 por mes sin incluir expensas, las cuales alcanzan en promedio el 16 % del costo de alquiler.

Los precios de los alquileres de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron en abril aumentos de hasta 7,8 % mensual y hasta 67,2 % interanual, según el informe dado a conocer este miércoles por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
Los aumentos respecto de marzo pasado fueron de 5,3 % en los monoambientes y de 7,8 % para los de dos ambientes, mientras que los de tres ambientes se mantuvieron estables.
En cuanto a la variación respecto de abril 2021, el costo de alquilar un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 60 %; para una unidad de dos ambientes subió 67,2 % y para un departamento de tres ambientes el incremento fue de 66,7 %, de acuerdo con las mediciones de la entidad.
Por otra parte, el Salario Mínimo, Vital y Móvil, de $38.940 en el mes analizado, alcanzó para cubrir el 97,4 % de los $40.000 que representa la mediana de los monoambientes en el distrito porteño.
“Esta relación venía deteriorándose desde octubre del año pasado y se recuperó con la actualización del SMVM en abril”, indicó el informe del CESO.
Asimismo, señaló que los valores precisados no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 16 % del costo de alquiler en abril.
El Índice para Contratos de Locación (ICL) que publica diariamente el Banco Central, tuvo un incremento interanual de 52,4 % al primer día hábil de abril.
En cuanto a la cantidad de unidades ofertadas, durante los primeros cuatro meses del 2022 se observa que la cantidad de departamentos ofertados para alquiler se encuentra en promedio 20 puntos porcentuales por debajo del valor del mismo período del año anterior, concluyó el relevamiento del CESO.
El problema del acceso de la vivienda y el precio de los alquileres afecta particularmente a la población de la ciudad donde el costo de vida es más caro en general, sin embargo, no es exclusivo de la capital. En todo el país acceder a un techo es cada vez más difícil y se extiende el déficit habitacional. El gobierno nacional y los provinciales tienen como respuesta, al igual que el de la ciudad, la los desalojos y la represión a las luchas por tierra para vivir.
Esta información trasciende mientras en el Congreso, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio rosquean la modificación de la ley de alquileres, dando lugar al lobby inmobiliario. La ley vigente fue sancionada en junio de 2020 y la mayoría de los propietarios e inmobiliarias nunca la cumplieron. El índice de actualización de los alquileres de acuerdo a esta ley está atado a la inflación, por lo tanto, los que hacen negocios con la necesidad de techo de las personas, no perdieron un centavo. Al contrario, como muestran estos datos, subieron libremente los montos de los alquileres que se llevan más del 50 % de los ingresos de la mayor parte de la población inquilina del país. Sin embargo, con eso no les parece suficiente, por eso quieren retrotraer algunos de los cambios que introdujo la ley a favor de quienes alquilan, como la extensión del contrato de 2 a 3 años.
El costo de los alquileres, junto con el precio de los alimentos, es lo que más carcome el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

20.4.2022

Docentes del Plan FinEs de la Ciudad de Buenos Aires denuncian responsabilidades compartidas entre el ministerio nacional y local que retrasaron dos meses el comienzo de clases y se niegan a pagar esos meses a los docentes que vienen trabajando desde hace años.

Cada comienzo del ciclo lectivo es lo contrario a un reencuentro entre los docentes y estudiantes del plan FinEs de la Ciudad de Buenos Aires. Lejos de los anuncios de querer aumentar los días de clases que se hacen en los medios de comunicación, la realidad en las barriadas porteñas es que el plan de terminalidad del nivel secundario, FinEs, sufre cada año más ajustes y trabas burocráticas para su desenvolvimiento, por responsabilidades compartidas entre el Ministerio nacional que lo financia y el local que lo implementa.
Leila, profesora de Historia de sedes en Villa 31 y la 20 nos comenta, “Este será mi tercer año trabajando en el plan. Mi experiencia ha sido inmensamente gratificante, los jóvenes y adultos que se inscriben para terminar la secundaria, lo hacen desde la convicción de que están haciendo valer un derecho que, en algún momento, les ha sido vulnerado; desde la esperanza y el orgullo, de saberse capaces de cumplir las metas que se proponen. Acompañarlos en ese proceso es, en parte, el motivo por el que elegí ser docente. La contracara de esta grata experiencia trabajando en el plan son las magras condiciones laborales, el constante destrato por parte de las autoridades y la quita presupuestaria que año a año hace imposible sostener el plan en condiciones dignas para estudiantes y docentes. El año pasado las clases iniciaron en mayo, les estudiantes perdieron 2 meses de clase, debieron empezar en marzo. Este año se repite la historia, nuevamente las clases se demoran por la parsimonia de las autoridades para aprobar el presupuesto y avanzar en la concreción del plan. A eso, debemos sumar la negativa del Estado para garantizar la conectividad de les estudiantes en pandemia”.
Hernán, docente del plan desde hace 9 años en el Barrio Richiardelli agrega, “esto no es nada nuevo, el plan nació precarizado y ninguno de los gobiernos nos ha dado soluciones, incluso hace dos años tuvimos que salir a pelear porque nos estaban pagando la mitad del sueldo que a cualquier otro docente de adultos. Nuestros estudiantes por su parte no pueden acceder a becas, dispositivos ni conectividad como el resto. Es una clara discriminación. Nosotros queremos la continuidad del plan, pero con todos los derechos garantizados”.
Sobre las condiciones laborales Leila señala “nuestra situación es particularmente mala debido a que no estamos formalizados, nuestra contratación es transitoria, no estamos bajo el resguardo de estatuto docente, no tenemos vacaciones pagas, la mayor parte de nuestro salario es no remunerativo, por lo que casi no cobramos aguinaldo, no tenemos antigüedad y, finalmente, este trabajo no nos acredita puntaje tal como sucede con el resto de los cargos docentes. Lo inédito, es que este año el Gobierno de la Ciudad ha decidido quitarnos un mes más de nuestro salario. Históricamente los docentes somos contratados desde marzo a agosto y desde agosto a diciembre. Este año, a las condiciones lamentables que ya describí, se suma una decisión atroz, reducirnos nuestro periodo de contratación. ¿La justificación? ’Nación no nos aprobó el presupuesto que solicitamos’ esgrimen desde Ciudad. Así, los docentes quedamos atrapados en la disputa presupuestaria entre Ciudad y Nación, convirtiéndonos, una vez más, en la variable de ajuste”.
Frente a estos nuevos ataques Hernán resalta que “no vamos a aceptar que sigan vaciando el plan y descargando los recortes sobre los sectores más vulnerables. Nos estamos organizando junto a estudiantes para reclamar frente a los dos ministerios, no vamos a aceptar que el acuerdo de ajuste con el FMI vulnere nuestros más elementales derechos”.

20.4.2022

Lo hicieron a través de una carta los trabajadores de la Dirección General de Salud y Asistencia Social, que este martes se manifestaron en la puerta de la institución, en el barrio porteño de Caballito.

Cualquier persona que haya pasado por la Universidad de Buenos Aires conoce la existencia de su servicio de salud. Es donde se hace el famoso exámen médico que es requisito obligatorio para terminar cualquier carrera, en el edificio que queda en Caballito, en Hidalgo 1067.
El rectorado de la Universidad está avanzando en un plan para desmantelar el servicio y transferir el edificio a la Facultad de Psicología, justo en momentos en que se acercan las elecciones de rector y Alberto Barbieri está buscando su reelección. El titular de la institución ya habló del tema como un hecho en la última sesión del Consejo Superior, diciendo que el edificio se va a “refuncionalizar”.
Desguazar la Dirección General de Salud y Asistencia Social y derogar el examen médico constituiría un ataque muy importante, no solo a sus trabajadores, a los que no se sabe a dónde se transferiría, sino a los cientos de miles de alumnos que cursan sus carreras de grado en la institución.
El caso de la UBA es ejemplar. Que la propia universidad ofrezca todo el examen médico preventivo gratuitamente y dentro de la propia universidad, sin derivar a hospitales u otros centros médicos es una excepción que no existe en ningún otro lugar del país. Pero no solo eso: allí también pueden atenderse los estudiantes que no cuenten con cobertura médica. Eso es lo que se está buscando recortar.
Continuidad de los recortes
Los trabajadores del área denuncian que desde antes de la pandemia vienen sufriendo recortes y no pueden funcionar en su máxima capacidad. Pero además, cuando empezó la cuarentena el conjunto del servicio dejó de funcionar y quedó sin presupuesto. Un lugar con especialistas médicos, técnicos de laboratorio, extraccionistas, y personal administrativo calificado en esas tareas quedó en desuso en medio de una pandemia y por decisión exclusiva del rectorado.
El conjunto de la comunidad educativa no contó con este centro de salud preventiva para asistirlos ante las consecuencias del aislamiento, o frente a los contagios por covid-19. Pero además, un centro con esa capacidad podría haber brindado un servicio más allá de los integrantes de la UBA.
Este movimiento del rectorado se puede interpretar de forma sencilla: es un área que no genera ganancias para la Universidad, sino un servicio a la comunidad y “gastos”.
Los trabajadores del área se manifestaron este martes en la puerta del edificio y escribieron una carta para visibilizar el conflicto, dirigida al Consejo Superior de la Universidad.

19.4.2022

La medida de fuerza ocurrirá entre las 17 y las 19 y, según los trabajadores, es en respuesta al incumplimiento de la empresa concesionaria EMOVA en la implementación de medidas de seguridad para el servicio.

Trabajadoras y trabajadores del subte anunciaron un nuevo paro en el premetro para este martes entre las 17 y las 19. Según un comunicado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), la medida de “autodefensa”, ocurrirá “frente a la falta de respuesta de la empresa concesionaria EMOVA ante el reclamo por la implementación de medidas de seguridad para el servicio”.
Es el segundo paro en lo que va de la semana, puesto que ayer lunes la línea fue interrumpida entre las 14:00 y las 16:00 por el mismo reclamo: que la empresa cumpla el acuerdo firmado en septiembre de 2021 en el que se comprometía a realizar la automatización de los cambios de vías del Premetro en 180 días.
EMOVA, empresa que ha sucedido a Metrovías en la concesión del servicio, pretende que sean los propios conductores y conductoras quien realicen esas tareas, aún sin estar enmarcadas en el convenio laboral y generando riesgos en la seguridad operativa. La nula inversión se repite con el cambio de empresa en la zona más pobre del sistema.
“Pedimos disculpas a quienes se vean afectados por esta medida llevada adelante en defensa de la seguridad tanto de los pasajeros como de los trabajadores”, explicaron.