Red de radios

12.5.2022

Por Luciana Rosende

En la Ciudad de Buenos Aires y en el Día de la Enfermería, el sector sigue exigiendo el reconocimiento profesional. Además, alertan sobre los despidos y su impacto ante la fuerte suba de casos de Covid.

Mientras el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, admitió que la fuerte suba de contagios de coronavirus de los últimos días “probablemente sea el inicio de una nueva ola”, trabajadores y trabajadoras de la salud que vienen poniéndole el cuerpo a la pandemia en el distrito desde marzo de 2020 continúan reclamando por sus derechos laborales. En el marco de su día internacional, la enfermería salió a la calle una vez más para exigir su reconocimiento en el escalafón profesional, y desde distintos hospitales advierten que la no renovación de personal que se traduce en despidos desde comienzos de año afectará a un sistema de salud que lleva largo tiempo tensionado y que enciende las alarmas ante la inminente nueva ola.
“La tercera marcha de antorchas fue muy concurrida. Porque cobramos la mitad del sueldo de los profesionales incluidos en la ley. Y nuestros compañeros contratados están en una incertidumbre total, después de un concurso que fue usado para echar gente. Queremos el reconocimiento profesional porque cumplimos con todos los requisitos, sin embargo el Gobierno de la Ciudad sigue excluyéndonos y tratándonos como personal de cuarta, cautivos de un sindicato burocrático, que pasa paritarias a la baja sin consultar a las bases”, cuestionó Luciana Franco, referenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) en el Hospital Fernández.
Tras la marcha de antorchas realizada en la tarde del miércoles, este jueves por la mañana y durante un paro de actividades se concentraron ante la Legislatura para reclamar que se le ponga fecha al tratamiento de la iniciativa popular con más de 50 mil firmas que pide el pase de la enfermería a la carrera profesional de salud. Luego, al mediodía, representantes de la ALE asistieron a una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia donde les notificaron los pasos a seguir para la validación de esas firmas, previo al avance del proceso hasta su llegada a recinto.
La sanción de la ley 6035, aprobada por la legislatura porteña en 2018, modificó la Carrera Profesional en la Ciudad de Buenos Aires y dejó afuera de ese escalafón a enfermeros y enfermeras, que desde entonces reclaman por su inclusión. “Hay un artículo de la ley que le da a (Horacio Rodríguez) Larreta la potestad de incluir las profesiones que quiera, pero no va a pasar. Solo con la fuerza de las bases será. Una injusticia total: estuvimos en pandemia dos años poniendo todo, incluso la vida, y tenemos que volver a salir a la calle, en medio de tener dos o tres trabajos, porque parece que otra forma no queda”, lamentó Franco.
En el Hospital Fernández, donde trabaja, “no se vio todavía un pico alto de casos (de Covid-19), pero el déficit de personal ya se siente. Desde febrero vienen despidiendo compañeros. Si llega a haber otra ola como el año pasado no sé qué vamos a hacer, porque desmantelaron las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) y los centros de testo”, advirtió la enfermera. Y criticó que “hay un basureo a todos los trabajadores que se sumaron en la pandemia, que vinieron a reforzar planteles en la primera línea”.
Frente al Hospital Ramos Mejía, en tanto, va por su noveno día el acampe contra los despidos de siete enfermeras de áreas críticas del hospital. Este jueves, además de continuar el pedido por su reincorporación y por un reconocimiento salarial, organizaron un festival por el Día de la Enfermería para visibilizar los reclamos del sector, que alerta sobre el impacto que tendrá una nueva ola de coronavirus en este contexto: “Han aumentado los casos de Covid y van a querer abrir las UFU cerradas, pero ahora sin personal, porque el GCBA los despidió”, denunciaron desde el acampe. “Tenemos un déficit de enfermería muy grande y aun así Larreta sigue despidiendo personal”, cuestionaron.

No solo en CABA

En la Provincia de Buenos Aires también es un día de reclamos del sector sanitario. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) convocó a una “jornada de lucha” para este jueves, para visibilizar demandas a nivel nacional, provincial y municipal.
“Dentro de nuestros reclamos exigiremos al estado provincial la aplicación del Desgaste Laboral -aprobado por decreto en el año 2015- para que podamos acceder al beneficio jubilatorio, sin tener que pagar ningún tipo de cargo deudor, y utilizando los aportes previsionales realizados durante los últimos años”, detallaron en un comunicado.
También reclamaron al Estado provincial la reapertura de la negociación salarial. Y plantearon: “Exigimos la desprecarización laboral en todos los municipios en donde se mantienen los contratos temporarios o a través del monotributo, situación que se repite en hospitales nacionales, afectando derechos de trabajadores y pacientes que sufren cada vez más el acceso adecuado y oportuno al sistema público de salud”.

11.5.2022

La Sala II de Casación llevó adelante una audiencia virtual. La defensa pidió la absolución del policía condenado por homicidio y la querella solicitó que la pena se haga efectiva. El agente todavía permanece en libertad a pesar de haber sido condenado a 16 años de prisión.

Este miércoles 11 de mayo, se llevó adelante una audiencia virtual en la Sala II de Casación en la causa Lucas Cabello, el joven que fue baleado en un caso de gatillo fácil, el 9 de noviembre de 2015, en el barrio de la Boca, a manos del entonces agente de la Policía Metropolitana Ricardo Ayala. En este marco, la defensa del uniformado solicitó que se revoque la sentencia de 16 años de prisión impuesta por el Tribunal Oral en 2019 y pidió su absolución. Por su parte, la querella solicitó ante los camaristas que el uniformado cumpla pena efectiva y que la condena quede firme. “Nosotros no tenemos paz, Ayala violó la distancia de acercamiento a nuestra familia, lo cruzamos a tres cuadras de casa. Lucas merece justicia. Necesitamos que Ayala esté detenido y cumpla la condena”, señaló la madre de Lucas, Carolina Villa en el marco de la audiencia que fue transmitida por FM Riachuelo, La Retaguardia y Sur Capitalino.
Por su parte, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, organismo querellante en la causa, Matias Busso, contestó los planteos de la defensa que intento justificar el accionar de Ayala. “Dicen que no encuentran justificativo a los tres disparos, y es porque no lo hay. Que en democracia un policía dispare tres veces a un ciudadano, con el arma que le dio el Estado para protegernos, no tiene explicación. Por eso la defensa hace eje en estigmatizar a la víctima, busca un justificativo a lo que no tiene. Y no nos sorprende”, señaló el abogado en la audiencia en declaraciones que fueron reproducidas por el Colectivo de Medios Populares.
Además, Busso añadió: “Carolina, Lucas, no pueden seguir representándose la idea de que en cualquier momento se pueden volver a cruzar con la persona que le dio tres disparos. Debemos poder proteger a la víctima. Es un mensaje a la sociedad en su conjunto y a las fuerzas de seguridad. La justicia debe actuar con la mayor celeridad y contundencia posible. Vemos una asimetría con respecto a lo que sucede en el común de los casos. Ayala sigue en libertad por un factor de poder que es ser un efectivo de una fuerza de seguridad”.
En una entrevista realizada en agosto del 2020, Lucas Cabello reflexionó: “Durante estos cinco años he sufrido un montón. Sufrí bastante estando internado sin poder disfrutar de mi hija, y todavía la sigo pasando mal porque el día a día es muy difícil. Tengo poca movilidad, requiero ayuda permanentemente, y yo no tengo la culpa. Por discutir con un policía me tuve que comer un tiro en la cara, y cuando estaba tirado en el piso dos más, delante de mi hija. Esa persona no tiene corazón, ni alma debe tener.”
Asimismo, agregó: “Una vez que logramos fecha de juicio me lo suspendieron dos veces. Yo tenía fecha para febrero, después para abril, y la tercera fue el 22 de agosto. Para mí las cosas se hicieron bien, pero 15 o 16 audiencias para una persona que reconoce que disparó…no sé qué es lo que va a pedir. Se nos reía en la cara durante las audiencias. Yo soy víctima de gatillo fácil por el policía Ricardo Luis Gabriel Ayala. Un asesino, porque intentó matarme. La fiscal pidió 13 años por ser un chico joven que estaba estudiando. Yo también era un chico joven, que estaba estudiando y tenía una hija, y me dispararon igual. Si hubiera sido al revés yo ya estaría pudriéndome en cualquier cárcel”.

11.5.2022

Por Roberto “Cororo” Traibel y Andrea López
Los trabajadores municipales porteños de la Dirección General de Música nos sumamos a la campaña solidaria con las familias de los trabajadores rurales de Ledesma en la provincia de Jujuy, a quienes la empresa dejó sin kits escolares.

Desde la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondimos con nuestra iniciativa al llamado que hicieron los trabajadores de la seccional 877 del sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), de la provincia de Jujuy.
Mediante una carta, los trabajadores cuentan que, siendo 1.800 afiliados, el sindicato solo les dio 120 kits escolares, dejando a cientos de familias sin los materiales necesarios para el año escolar. Desde el día 28 de abril y hasta el 1° de mayo nos pusimos el objetivo de recaudar fondos para útiles escolares destinados a esas familias.
Hemos logrado enviar, sumando a los aportes de nuestra junta y los compañeros que se sumaron de Música, más los aportes de las juntas internas del Indec y del Ministerio de Economía, 50.000 pesos.
Al aporte de nuestra Junta interna se sumaron 23 compañeros, afirmando la unión necesaria, traspasando los límites corporativos de la pertenencia a uno u otro sindicato, a una rama de la producción o a otra, a una provincia y ciudad o a otras. Es también, con la solidaridad de clase, que superamos la división impuesta desde arriba, y mantenida por las direcciones sindicales que nos dividen, entre ocupados y desocupados, rurales y urbanos, en blanco y precarios. Demostrando una vez más que la clase trabajadora es una sola.
En respuesta a nuestra iniciativa, los compañeros de Ledesma nos escriben: “Hicimos efectiva la entrega a los afiliados en un acto realizado en el galpón, donde celebramos presencialmente y a distancia, en Jujuy y en Buenos Aires, el Día internacional de los trabajadores”.
Los trabajadores rurales de Ledesma en su carta, cuentan que esa seccional de la Uatre, la 877, ha sido ganada hace dos años por compañeros democráticos y clasistas. Enfrentando así a una de las patronales más explotadoras del país, que lleva en su oscura memoria la responsabilidad directa por “la noche del apagón” (apagones provocados desde los directivos del Ingenio azucarero de Blaquier, en julio de 1976, plena dictadura militar, para secuestrar a 400 vecinos, 33 de los cuales siguen desaparecidos).
Como expresamos en nuestro llamado a los compañeros del sector, la escasa entrega de kits escolares, además de ser un acto de desprecio, es una acción concreta para atacar donde duele: en la educación de les niñes. El trabajo infantil y el analfabetismo van de la mano con la explotación de patronales rurales y los dirigentes vendidos.
Hoy respondimos con mochilas, guardapolvos, cuadernos y lápices. Con esta acción colectiva solidaria buscamos no sólo contrarrestar ese desprecio sino fortalecer la organización independiente de los trabajadores y los lazos de solidaridad entre nosotros.
Nos sumamos así a la enorme campaña que llevaron adelante trabajadores solidarios y vecinos en Ledesma, colectivos y artistas independientes de Jujuy.

11.5.2022

Será este jueves 12, día de la votación en la Legislatura del proyecto de ley de Acuña. Confluirán con estudiantes, trabajadores de la salud y el movimiento de desocupados que también se manifestarán durante la jornada. Desde las escuelas proponen continuar un plan de lucha por todas sus demandas.

En el marco del paro docente convocado por el sindicato Ademys, y al que posteriormente se sumó UTE, las y los docentes de la Ciudad se movilizarán contra la inconsulta reforma del estatuto del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de educación Soledad Acuña y por la crítica realidad de las escuelas porteñas y sus familias, con quienes confluirán en la marcha federal piquetera.
El ajuste y la crisis se siente fuerte en las escuelas, expresión de esto son las numerosas denuncias de presencia de ratas en las aulas, la falta de calefacción (como en la Escuela N°2 de Lugano), la caída literal de los techos (como en la Escuela Media N°6 del Barrio 31), el intento de traslado de los y las estudiantes de la Escuela «Indira Gandhi» para desarrollar negocios inmobiliarios en el predio, la imposición de “pasantías” a los y las estudiantes de nivel medio como mano de obra barata para empresas. El ajuste también se expresa en el hecho de que en el gremio docente un 80% somos mujeres, muchas sostenes de hogar, que no tenemos otra opción que trabajar dos o tres turnos para llegar a fin de mes, terminando “quemadas” porque el trabajo continúa afuera de la escuela. En cuanto a la formación docente, están vaciando a los profesorados y avanzando con la imposición de la UniCABA tan rechazada por la comunidad educativa. Mientras todo esto ocurre, las familias de los y las estudiantes son cada vez más pobres y la alimentación en los comedores escolares es cada vez más paupérrima, negociado de los concesionarios de por medio.
Frente a este escenario, en las escuelas crece la bronca y la organización de asambleas en las cuales se debate al respecto. Desde la Agrupación docente 9 de abril- Lista marrón denuncian el rol cómplice y pasivo del peronismo y las conducciones sindicales que dirige, como el sindicato docente mayoritario de la Ciudad, UTE, que convocó por primera vez en años a un único y tardío plenario de delegados y delegadas, con sólo 48 hs. de anticipación y a sólo dos días de la votación de la reforma del estatuto, militando la resignación. Así lo expresó el delegado del Colegio Pueyrredón, Bernardo Etchegoyen.
Por su parte Federico Puy, docente y delegado de la Escuela Normal Superior N°5, advirtió sobre el inmovilismo del sindicato y la necesidad de imponer una agenda de las y los trabajadores contra el ajuste del FMI, apoyando la marcha federal de desocupados y peleando por el reparto de las horas de trabajo para que puedan trabajar todos y todas 6 horas, 5 días a la semana sin reducción del salario.
Junto a los y las estudiantes y las familias de la escuela pública, los y las docentes estarán manifestándose este jueves pero además sostienen la importancia de continuar la organización en cada escuela y profesorado, como también lo expresa la reciente electa presidenta del Centro de Estudiantes del Joaquín V González, Natalia Sposato
Desde la 9 de abril proponen que esta organización se exprese a través de las siguientes demandas: Rechazo a la reforma del estatuto. Titularización masiva de las y los docentes interinos de todos los niveles. «Trabajar menos, trabajar todes, para educar mejor». Por una jornada de 4hs frente a clase y 2hs para planificar, con un salario igual a la canasta familiar. AUMENTO DE SALARIO YA, REAPERTURA de la mesa salarial. En defensa de la salud docente contra el vaciamiento de nuestra obra social OBSBA. Aumento del presupuesto para Infraestructura. Por alimentación en calidad y en cantidad. Rechazo a las pasantías mercantiles. Becas integrales para todes les estudiantes que las necesiten. No a la UniCABA. Por la unidad entre ocupados y desocupados porque «con hambre no se puede estudiar», confluyamos con la marcha federal. Exigencia a la UTE un plan de lucha que dé continuidad a la pelea por nuestras demandas

9.5.2022

Lo presentó la legisladora Alejandrina Barry del PTS en el Frente de Izquierda. “La comunidad educativa lo está rechazando y tomamos cuenta de esta denuncia de precarización laboral alejada de la currícula pedagógica, que impone Larreta”, sentenció. El proyecto lo acompañó la diputada nacional Myriam Bregman.

La Legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Alejandrina Barry, se hizo eco de la denuncia que recorre a la comunidad educativa toda y presentó hoy un proyecto de ley para prohibir en el ámbito de la Ciudad “toda actividad escolar de carácter laboral obligatoria, sin valor pedagógico y no consensuada por la comunidad educativa”. El proyecto a su vez propone la derogación de la “Resolución N° 3958/2021 del Ministerio de Educación, sus anexos I y II, y toda otra norma que contradiga a la presente ley”. Dicho proyecto fue elaborado con el acompañamiento de la diputada nacional Myriam Bregman y con sectores de la comunidad educativa.
Con una resolución ministerial y sin ninguna consulta con las familias o la comunidad educativa, la ministra Soledad Acuña, impone prácticas laborales gratuitas y obligatorias a los estudiantes secundarios de quinto año. La legisladora intenta impedir por ley semejante avasallamiento a la curricula escolar y la precarización laboral juvenil. Un solo ejemplo demuestra que nada tiene que ver con el estudio de los alumnos y se trata simplemente de precarización laboral para los jóvenes y empleados gratuitos para las empresas. Así lo explicó Alejandrina Barry: “En el Colegio Lengüitas, los chicos y chicas tienen que realizar 60 horas en una fábrica donde confeccionan sándwiches. Ni Larreta, ni Acuña, pueden explicar aún qué tienen que ver los idiomas con los sándwiches. El Jefe de Gobierno no puede decir la verdad, que esta normativa profundiza aún más la precarización laboral en la juventud”.
La presentación de este proyecto se da en esta semana particular, donde el oficialismo de Larreta, pretende en la sesión legislativa imponer la reforma del estatuto docente, rechazada por todos los gremios docentes y el conjunto de la comunidad educativa de educación inicial, primaria, secundaria e incluso de los terciarios de formación docentes.
Esta resolución va en detrimento de la educación, nos comentaba Alejandrina: “la comunidad educativa ya comenzó a rechazar las prácticas, porque ven que esas 60 horas laborales y gratuitas reemplazaron horas de las materias de currícula y que dos días a la semana durante toda la jornada de la mañana no tienen clases”.
Por su parte la diputada nacional Myriam Bregman así lo explicaba “resulta evidente que el programa Aprender Trabajando no cumple ninguna función pedagógica y que la implementación del mismo excede las funciones del ministerio de Educación. Los beneficiarios son los empresarios que se hacen de mano de obra gratuita, mientras las prácticas para los y las estudiantes resultan en un deterioro del nivel y de la carga de horas pedagógicas”.
Así lo expresan en los fundamentos del proyecto de Ley: “Estamos lisa y llanamente ante una actividad laboral no remunerada, donde empleadores se enriquecen a costa de alumnos de los colegios secundarios de nuestra ciudad, literalmente facilitados por el GCBA y su Ministerio de Educación. Y para completar este cuadro de afectación de derechos de raigambre constitucional y de tratados internacionales de DDHH, los alumnos son obligados a realizar estas actividades”.
Según informa el Gobierno de la Ciudad en su página web este programa incluye a 29.400 estudiantes de 5° año del secundario, de 442 escuelas públicas y privadas. Obligan a los estudiantes a trabajar en tareas que nada tienen que ver con prácticas ligadas a lo que estudian, son obligatorias para todos, y sin la más mínima consulta con las familias y la comunidad educativa.
Refutando los dichos de la ministra Acuña, la diputada Bregman agregó: “La desocupación es responsabilidad de los sucesivos planes de ajuste y de promoción de pérdida de derechos laborales, no un problema de valores y de cultura”. Más si se tiene en cuenta el nivel de precarización laboral en la juventud, donde no encuentran trabajo y en caso de que si es completamente precario, como los trabajos como repartidores de apps o comercio en las cadenas de comida rápida, entre otras. Con salarios de pobreza y extenuantes horas trabajo. Ahora el Gobierno porteño pretenden que trabajen gratis y en detrimento del estudio.
Esta resolución comenzó a ser rechazada ni bien se comenzó a implementar, así lo comentaba Alejandrina Barry “charlando con estudiantes secundarios y secundarias nos contaron de su rechazo en las distintas escuelas. Se están abriendo debates en la comunidad educativa y consideramos que la opinión de los pibes y pibas es suficiente para rechazar estas prácticas laborales”. Estas denuncias tiran por la borda la falsa defensa de la educación que pregona a través del marketing Juntos por el Cambio y si deja en evidencia que es un proyecto a favor de los empresarios que consiguen directamente empleados gratuitos, chicas y chicos de 17 años.