Red de radios

11.9.2022

Por Ariel Pinus

Unos días antes, Los Gardelitos publicaron en sus redes sociales una foto de Cristina Fernández de Kirchner posando en su despacho en el Senado de la Nación sonriente junto a la remera que la banda craneó en su honor. Esa antesala que se palpitaba de cara al recital que la banda liderada por Eli Suárez dio el sábado 5 de septiembre poco tenía que ver con lo que pasaría horas más tarde de ese posteo y consternaría a gran parte del país, sobre todo al campo nacional y popular.

La previa de lo que tenía que ser una gran fiesta no podía escaparle a la coyuntura de lo que había pasado. Ese clima fue lo que impregnó las intersecciones de Juan Agustín García y Boyacá. Era imposible no pensar que la mayor parte del público que entonaba al unísono la marcha peronista en la fila de entrada a Argentinos Juniors era el mismo que había marchado a Plaza de Mayo el día anterior o que había resistido la represión en Juncal y Paraná.
“Sortilegio de arrabal” fue el tema con el que se encendieron las luces del estadio, despejando las dudas existentes en cuanto a la cronología discográfica que iba a dar pie a la proeza musical. De “Ciudad Oculta” a “Gardeliando”, pasando por “Oxígeno”, “En tierra de sueños” y “Fiesta sudaka”, cinco discos para más de 25 mil personas.
Un público transgeneracional colmó el Estadio Diego Armando Maradona; una mezcla entre quienes se nutrieron de la pluma poética de Korneta Suárez, y los que se fueron sumando en las distintas formaciones que encabezó su hijo tras casi dos décadas de la partida del fundador de la banda surgida en el Bajo Flores. Pero en esta oportunidad, no sólo salieron a la cancha Eli Suárez, Jorge Rossi, Toto Ciccone y María Rosa sino que, mientras transcurría el show, subieron al escenario una orquesta de cuerdas, un ensamble de vientos, percusión, danza, teatro y bailarines junto a unas producciones audiovisuales que acompañaban cada tema y separaban cada disco dividiendo al propio espectáculo en actos.
“Lo que pasó la otra noche con Cristina Fernández de Kirchner es un tiro en la cara de la democracia”
“Somos negros, de la villa y tenemos sentimiento peronista”, repite Eli en cada recital. “Rock clasista y feminista”, define. Insignias de una forma de pensar el rock nacional y su inserción en la coyuntura. Los Gardelitos quizás es el mayor ejemplo de ese proceso, nacidos en otra época se sumaron a la campaña contra los abusos en el rock: por eso es que la pantalla principal se iluminó bajo la insignia del Ni Una Menos, y se brindó apoyo al colectivo Un Paso Atrás. De esta forma, la banda puso y pone de manifiesto que es la propia música la que puede ser protagonista de su transformación.
Transcurrida la noche, bajo la tribuna popular del Bicho se desplegó un enorme trapo con la imagen de CFK. “Lo que pasó la otra noche con Cristina Fernández de Kirchner es un tiro en la cara de la democracia”, sostuvo el cantante y guitarrista, dando pie a “Hay que enterrarlos vivos”, un reggae dedicado a los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos que integra el disco lanzado en 2004, “En tierra de sueños”.
“Ahora es nuestra la ciudad, Rodríguez Larreta”, cantó en el clásico “Gardeliando”, cuando quedaba un solo álbum por tocar y nadie parecía estar dispuesto a dejar el estadio.
Cinco horas, 61 canciones y una noche repleta de rock fue lo que le llevó a la banda repasar todo su repertorio. Un show que se hizo eco del presente y la coyuntura y conjuró todas las urgencias en su escenario a un precio popular, como no podía ser de otra manera porque Los Gardelitos es la síntesis perfecta entre el rock y la gente, eso que nosotros llamamos Pueblo.

10.9.2022

Los diputados del Frente de Izquierda, Nicolas del Del Caño y Alejandro Vilca se acercaron a la movilización en Ciudad de Buenos Aires, en simultáneo a otras marchas en otras provincias, contra el ajuste en Discapacidad.

Este viernes por la noche se realizaron movilizaciones en todo el país contra el ajuste en Discapacidad: Ciudad de Buenos Aires, (CABA) y otras localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), La Plata, Chubut, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Misiones, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Neuquén, Salta.
Esta jornada fue el cierre de dos semanas de movilizaciones y medidas de lucha en todo el país por parte de personas con discapacidad, familiares, trabajadores de la salud y la educación, junto a diversas organizaciones sociales.
Acompañaron la movilización que partió del Obelisco, los diputados del Frente de Izquierda Nicolas del Caño y Alejandro Vilca. Una vez más demostrando el apoyo, al igual que el del resto de los diputadas y diputados del Frente de Izquierda.
Miles de personas con discapacidad denuncian demoras en la entrega de medicaciones, tardan meses en conseguir turnos para tratamientos o cirugías e incluso tienen que recortar tratamientos y terapias. A la par que miles de trabajadores no recibieron sus salarios que están atrasados hace varios meses, muchos perdieron su fuente de ingreso.
En CABA movilizaron centenares de personas desde el Obelisco hacia la Casa Rosada, frente a la Plaza de Mayo, en una marcha de antorchas en repudio al ajuste del gobierno. Exigen la resolución de un conflicto que lleva varias semanas, en que las distintas instituciones del Estado (Superintendencia de Salud, AFIP, Andis Ministerio de Economía) se tiran la responsabilidad entre sí y se pusieron de acuerdo en negar que esto fuera un ajuste, aludiendo a una supuesta “redistribución” de los recursos.
Trabajadores de la salud y la educación, familiares de personas con discapacidad, sabemos que hay un ajuste en curso con responsables políticos claros y que tiene como consecuencia la vulneración de nuestros derechos, la precarización del sistema de salud pública, educación pública y de nuestras condiciones laborales.
Estas semanas de lucha pusieron en la agenda política nacional una problemática que lleva décadas y que se explica por una privatización, desfinanciamiento y desarticulación sistemática de la salud pública que viene desde el menemismo en los 90 y que todos los gobiernos hasta el día de hoy profundizaron.
En una jornada cargada de bronca y de emoción, diversos sectores de estudiantes, trabajadores, familiares y personas con discapacidad pudieron expresarse en una asamblea donde se pusieron de manifiesto las consecuencias brutales que tienen las decisiones políticas del Frente de Todos y la oposición de derecha, que atacan a la clase trabajadora y el pueblo pobre para seguir los designios del FMI. Los relatos de los familiares de personas con discapacidad son la expresión concreta de las consecuencias que tiene el camino elegido por Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner.

8.9.2022

La jueza porteña Elena Liberatori lo consideró como una vulneración de derechos. En abril de este año, Alejandrina Barry, legisladora del PTS FITU, había presentado un proyecto para su derogación y prohibición.

La jueza porteña Elena Amanda Liberatori, declaró la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), aplicado por el Gobierno porteño de Rodríguez Larreta, sosteniendo que dicho sistema “se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes” del distrito.
También consideró que “la mera eventualidad de estas falencias con las consecuencias que se derivan en los derechos personalísimos de las personas afectadas y la ausencia de controles – no por no estar contemplados en las leyes sino por la ausencia de debida implementación conforme a ellas-, demuestra un grave grado de riesgo de vulneración de derechos personales”.
El sistema de reconocimiento facial ya había sido cuestionado en 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (Odia), que había presentado un amparo colectivo contra Rodríguez Larreta, a la que la jueza Liberatori dio lugar en la actualidad, y denunciado por la izquierda en la Legislatura porteña, en las voces de Alejandrina Barry, legisladora del PTS FITU, y Myriam Bregman, en ese momento legisladora y hoy actual diputada nacional.
En abril de este año, Alejandrina Barry presentó un pedido de interpelación al ministro Marcelo D’Alessandro, ante las irregularidades que salieron a la luz en la utilización del sistema de reconocimiento facial y que implicaban la consulta de datos biométricos de dirigentes políticos, sociales y de Derechos Humanos. Luego, ante la falta de explicaciones, la legisladora presentó un proyecto de ley de derogación y prohibición de la herramienta. “Al sistema de reconocimiento facial no se lo regula, se lo prohíbe”, señaló.
Esta presentación se realizó luego de que el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, junto a otros dirigentes del Gobierno porteño, dieran una conferencia de prensa. Así lo expresaba Barry: “Se negaron a venir a la Legislatura a dar explicaciones, como pedimos desde la oposición. Y armaron una conferencia de prensa donde no pudieron explicar por qué fueron pedidos los datos biométricos de dirigentes políticos, de Derechos Humanos y sociales; por qué se buscó tanta cantidad de veces a esas mismas personas en horarios no hábiles; sólo por mencionar un ejemplo de este espionaje ilegal por razones políticas y de persecución, como se ve en todo el arco político que va desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta mis compañeros Nicolás del Caño y Myriam Bregman, Estela de Carlotto, entre tantos otros y otras”.
Por su parte, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (Odia) que había presentado el amparo en 2020, cuestionó la constitucionalidad de las normas que dispusieron la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), destacando que “se conculcaba el debido proceso, en virtud de que, a su criterio, cualquier persona sería ’juzgada’ por un sistema de inteligencia artificial, sin la posibilidad de estar a derecho”, por lo que requirió como medida cautelar que “se suspendiese la aplicación de las normas indicadas”.
En principio, la causa que investiga irregularidades en la utilización de datos biométricos por parte de quienes tienen acceso al sistema de reconocimiento facial estuvo a cargo del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Roberto Gallardo, hasta julio pasado.
Sin embargo, fue apartado por el Tribunal Superior de Justicia al hacer lugar a una recusación planteada por el Gobierno porteño en julio pasado, por lo cual Liberatori quedó a cargo del expediente.
La recusación presentada contra el juez Gallardo se produjo luego de que, en abril, el magistrado dispusiera, de modo cautelar, la suspensión por parte del Gobierno porteño del SRFP tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
Los datos otorgados por el peritaje daban cuenta de varias irregularidades que el Gobierno porteño no podía explicar. Quizás por ello, 5 días después de presentado en el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ordenó remover al juez a cargo de la causa.
Las firmas para la remoción del Juez Gallardo, según informó Página 12, habían sido aportadas por Inés Weinberg, candidata fallida de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación, Santiago Otamendi, ex número dos del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano y Marcela De Langhe, allegada a Horacio Rodríguez Larreta.

7.9.2022

Horacio Rodríguez Larreta aceptó pagar las indemnizaciones y darle continuidad laboral a los 500 camioneros que se encargaban del servicio. Aplicar la “Ley Moyano” le garantiza paz social para hacerse cargo de las grúas porteñas en 15 días. Decepción en los halcones.

Horacio Rodríguez Larreta aplicó el pragmatismo, pese a que los halcones pedían confrontación, y acordó con Pablo Moyano la aplicación de la «Ley Moyano» para avanzar en el traspaso del sistema de grúas de la Ciudad de Buenos Aires.
La popularmente conocida “Ley Moyano” implica el pago de las indemnizaciones, como reconocimiento por el tiempo trabajado, y la continuidad laboral en la nueva firma que se hace cargo de prestar el servicio.
De esta manera, los 500 empleados cobrarán una indemnización dividida en dos partes. Por un lado, la correspondiente a los años de prestación de servicio en las antiguas concesionarias. Por el otro, la que corresponderá a los meses que trabajen bajo la órbita del Gobierno porteño.
Para zanjar la diferencia con Moyano, el Gobierno porteño negoció que, más allá de que AUSA se hará cargo del sistema de acarreo, los operarios dependerán de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).
De esta manera se garantizará que mantengan el convenio colectivo de trabajo de Camioneros, incluyendo sus salarios, adicionales y otros derechos laborales.
Por lo pronto, la resolución publicada esta semana aclara que el plazo de 15 días para que BRD y Dakota dejen de realizar el acarreo “podrá ser prorrogado en caso de que resulte necesario para garantizar el debido resguardo de los derechos de los trabajadores afectados al servicio”.

6.9.2022

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la propuesta de impulsar un proyecto de ley que le ponga un límite a los discursos de odio.

En conferencia de prensa desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, le dijo “no a la ley mordaza, sí a la libertad de expresión” y aseguró que no apoya ese tipo de iniciativas.
Además, anunció que el 31 de octubre se recuperará el día de clases perdido por el feriado nacional del viernes pasado, que fue decretado por el presidente Alberto Fernández tras el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.
Larreta fue más allá y consideró que “el kirchnerismo solo nos intenta distraer. Ahora con esto nuevo que es proponer una ley mordaza, con el argumento totalmente inverosímil de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la Justicia, de la oposición”.
Para el alcalde de la Ciudad, “lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir”.
Por su parte, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Jorge Macri, minimizó la multitudinaria movilización del viernes en la Capital Federal que repudió el ataque a la vicepresidenta: “Respecto de la Plaza no hay ninguna duda que fue una convocatoria sesgada. Nosotros acá estamos respondiendo a esa convocatoria de una manera distinta, se perdió en toda la Argentina de manera inútil por una marcha de 40 o 60 personas, se paralizó un país”.
Mientras tanto, desde el gobierno nacional todavía no confirmaron la presentación del proyecto de ley contra los discursos de odio.
Esta semana se reunirá el Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias para debatir una ley contra los discursos de odio. La convocatoria fue realizada por la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda.
Según el comunicado del organismo en la reunión prevista para este jueves 8 de septiembre se buscará “debatir una Ley que refleje un consenso democrático necesario para que el Estado disponga de herramientas para actuar frente a estos discursos” de odio.