Red de radios

21.4.2023

El comisario inspector Gustavo Gauna además explicó que los imputados dispararon sin que sus vidas corrieran riesgos.

El exjefe de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervino en la investigación del crimen de Lucas González, el adolescente asesinado a tiros en 2021 en el barrio porteño de Barracas, calificó este jueves como «aberrante» el caso y aseguró que los tres efectivos acusados de dispararle «no corrían riesgo de vida como para utilizar sus armas», al declarar como testigo en el juicio que se le sigue a 14 policías de la Ciudad por el homicidio y el posterior encubrimiento.
«Fue un hecho aberrante. Las circunstancias en que muere la víctima es un hecho aberrante y las conductas que llevaron a cabo la dotación del móvil policial deja mucho que desear», afirmó el comisario inspector Gustavo Gauna, exjefe de la División Homicidios de la PFA, actualmente a cargo del Departamento Trata de Personas de la fuerza.
Gauna, quien se desempeñó 15 años en la División Homicidios, fue quien comandó las primeras diligencias en la pesquisa por el crimen del jugador de las inferiores del club de fútbol Barracas Central en el marco de la causa instruida por el fiscal Leonel Gómez Barbella y el juez Martín Del Viso.
En su exposición ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño que juzgan por el crimen los policías porteños Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37), entonces integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la ciudad, el jefe policial consideró que éstos «no tenían riesgo de vida como para utilizar sus armas».
El jefe policial fue el principal testigo en la audiencia que, además de Issasi, López y Nieva, tiene como acusados a otros 11 efectivos de la Ciudad. «En mi experiencia como personal policial, si yo no tengo riesgo de vida no tengo por qué hacer uso de mi arma de fuego. A mi entender, el personal policial no corría riesgo de vida», remarcó.
Gauna fue tajante al asegurar que ese 17 de noviembre «no hubo enfrentamiento armado» entre los jóvenes que iban a bordo del Volskwagen Surán y los efectivos que tripulaban un Nissan Tiida, tras lo cual detalló la secuencia del hecho que analizó a través de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad.
«No se ve una secuencia de enfrentamiento. Incluso, la única cámara que avistaba la aproximación del vehículo policial que intercepta al vehículo Vokswagen está difusa. Está lejana y tapada por una rama», remarcó.
El exjefe de Homicidios recordó que tomó intervención en la causa cuando fue citado por el fiscal de instrucción Barbella, el 20 de noviembre de 2021, tres días posteriores al hecho y que lo primero que hizo fue ese mismo día concretar los arrestos de los policías Issasi, López y Nieva, secuestrar sus teléfonos celulares personales y los que les había suministrado la fuerza porteña.
«El día 22 se pidieron otras diligencias, como el secuestro de documentación, libros y hojas de servicio, y todo lo relacionado al servicio policial del 17 de noviembre», recordó el testigo.
Previo al testimonio de Gauna ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, declaró otro agente de la PFA, el principal Gustavo Maciel, quien estuvo a cargo de la coordinación de las cuatro brigadas de la División Homicidios.
El testigo indicó que de los análisis realizados no pudo establecerse que el auto utilizado por los acusados llevara balizas o sirena al momento de la persecución del auto en el que viajaba Lucas con sus amigos Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca.
«Acorde a los protocolos de la policía no se puede hacer una persecución sin balizas, debido a la peligrosidad que eso implica. Por eso se identifican con sirenas o balizas. En el video no vi balizas ni la sirena, denominada ´chichón´», afirmó Maciel.
La cuarta audiencia del juicio por el crimen del adolescente de 17 años continuaba con la declaración de más agentes de la PFA y dos vecinos de Barracas que fueron testigos de la detención de los amigos de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos por el personal policial instantes después de la persecución y asesinato del adolescente.

El caso de Lucas González

El crimen de Lucas fue cometido en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando el joven y tres amigos salieron de entrenar en Barracas y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco, los chicos comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, que no estaban uniformados ni llevaban balizas.
Por ese motivo, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas.
A Issasi, López y Nieva se les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».
Además, los tres enfrentarán cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.
En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.
Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.
También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
Todos están acusados por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas» y, en el caso de Cuevas e Inca también por «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».

21.4.2023

A partir de las 21:00 los trabajadores del subte abrirán los molinetes en las estaciones cabeceras de las líneas A y H. Y a partir de las 22 y hasta el cierre realizarán un paro en las mismas líneas. “Continuamos reclamando la reducción de la jornada semanal y seguimos exigiendo la desabestización integral”, declara Claudio Dellecarbonara, integrante del secretariado de la AGTSyP.

Los trabajadores del subte vienen realizando medidas de fuerza rotativas por las distintas líneas. Este viernes les toca a las líneas A y H, donde a partir de las 21 hs en las estaciones de cabecera abrirán los molinetes para que los pasajeros viajen gratis y a partir de las 22 hs y hasta el cierre del servicio realizarán un paro de ambas líneas del subte porteño.
Claudio Dellecarbonara, miembro por la minoría del secretariado ejecutivo de la AGTSyP declara “Continuamos reclamando la reducción de la jornada semanal para minimizar asi nuestro grado de exposición a los factores insalubres presentes en nuestro ámbito de trabajo. Insistimos también con la denuncia por la presencia de material cancerígeno en la red y seguimos exigiendo su desabestización integral y el urgente cambio de las flotas contaminadas”.
El silencio de parte de la empresa concesionaria Emova (ex Metrovías) del grupo Roggio se da en medio la muerte de 3 trabajadores por la contaminación con asbesto y la afección de otros 80 hasta el momento. Ante esto los trabajadores son categóricos, como lo expresa Claudio “A pesar de todo esto la empresa Metrovías-Emova y su vocera mienten públicamente señalando que no existe riesgo alguno para los trabajadores y usuarios por la presencia de asbesto en el subte, demostrando así su desinterés histórico por la seguridad de las personas que trabajamos y utilizamos el transporte subterráneo”.
Como denuncia Dellecarbonara esta situación se da con el trasfondo en donde se le reconoce la denuncia de los trabajadores: “Recordamos que además de la ley nacional vigente existe un fallo de la justicia porteña que ordena a la empresa y al Gobierno de la Ciudad retirar el material cancerígeno del subte y a evitar que las personas tomen contacto con el. Inclusive la ART contratada por la concesionaria reconoce el riesgo por la presencia de asbesto en la red”.
Mientras no haya respuesta favorable de parte de la empresa, ni del gobierno porteño seguirán con las medidas de fuerza mientras “Invitamos a los usuarios del subte y a los vecinos de la red a sumarse a nuestra campaña de denuncia y a exigir junto a los trabajadores la desabestización de la red de subterráneos”, declara Claudio Dellecarbonara.

19.4.2023

La legisladora porteña Alejandrina Barry del Frente de Izquierda salió al cruce del gobierno de Rodríguez Larreta. “Presenté un proyecto que exige conocer los términos del acuerdo firmado 0800 VIDA, entre el Consejo Social de CABA de Hotton y el Ministerio de Salud CABA de Quirós que pretende interferir en la aplicación de la ley IVE y la libertad de personas gestantes a elegir y decidir”, anunció

Por las redes sociales y con la denuncia realizada por Pagina 12, la legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, intentó buscar los alcances de la campaña 0800 VIDA lanzado por Cynthia Hotton en los hospitales porteños en el marco del convenio firmado entre el Consejo Social de la Ciudad dirigido por ella y el ministerio de salud a cargo de Fernán Quirós.
La legisladora reconoce en esta campaña una clara interferencia en la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la libertad de personas gestantes a elegir y decidir. Por tal motivo presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes para comprender el alcance de esta intromisión de organizaciones antiderechos en la salud pública.
El alcance del pedido de informes, que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debe contestar en el plazo de 30 días, contempla:
1) Informe y detalle los convenios y/o acuerdos suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Social de la Ciudad respecto a línea telefónica de asistencia 0800 VIDA (0800 333 1148) y/o aplicación de la Ley 27.611.
2) Informe y detalle ejecución de convenios y/o acuerdos suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Social de la Ciudad respecto a línea telefónica de asistencia 0800 VIDA (0800 333 1148) y/o aplicación de la Ley 27.611, en cuanto a colocación de cartelería en efectores de salud de la CABA.
3) Informe y detalle las facultades del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires para determinar normativa y/o acuerdos de aplicación de la ley 27.611.
4) Informe y detalle organizaciones integrantes de la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable y su relación con el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires a nivel institucional, inicio del vínculo, objetivos y financiamiento.
Como denuncia Alejandrina cruzando los dichos de la antiderechos Hotton: “Es una cruzada contra la implementación de la IVE porque en la Ciudad de Buenos Aires no solo está la implementación de la IVE, la ley de los 1000 días también está implementada. En los Cesac asesoramiento para quienes necesiten acompañar un embarazo”. Dejando claro que es una campaña de estigmatización y persecución sobre las personas gestantes que decidan realizar un aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos de la Ciudad.
Al mismo tiempo denuncia, según los trascendidos de convenio que la línea telefónica 0800VIDA “será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas, militantes contra el derecho al aborto y la ESI. La salud pública no debe tener interferencias de organizaciones religiosas y confesionales.
Esta campaña antiderechos se da luego de que Horacio Rodríguez Larreta junto a Cynthia Hotton realizaran un acto con cientos de organizaciones evangélicas donde se propusieron “seguir propagando la fe y los valores de la familia en cada rincón de la Ciudad y el país”
El Consejo Social de la Ciudad es un organismo consultivo inventado por Larreta para darle institucionalidad a Cynthia Hotton en el marco de su armado en la interna de Juntos por el Cambio. Este Consejo es armado discrecionalmente por la antiderechos Hotton donde lo integran organizaciones de la sociedad civil y tiene la facultad de proponer determinadas políticas al poder ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, establecidas según sus criterios. Entre las organizaciones que integran el Consejo se destaca la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), la Red Evangélica de Adicciones, la entidad Abrazo del Cielo, que se define con la “misión de intervenir en la vida de bebés cuyos padres han decidido abortarlos”. También participa la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, creada en 2019 para oponerse a la legalización del aborto en Argentina.
Como bien denuncia y proclama Alejandrina Barry: “Esta avanzada de los antiderechos no se puede permitir, nos vamos a poner al frente de enfrentarlo y debe poner en estado de alerta y movilización al movimiento de mujeres y personas LGTBIQ+”

19.4.2023

Este miércoles entre las 21:00 y 22:00 se liberarán los accesos en las cabeceras de estas líneas y a partir de las 22:00 comienza un paro hasta el cierre del servicio. Claudio Dellecarbonara, integrante por la minoría del secretariado de la AGTSyP, informó que “estas medidas son la continuidad del plan de lucha en reclamo de la reducción de la jornada laboral semanal para atenuar la exposición de los trabajadores al cancerígeno asbesto”. Además, exigen la desasbestización de estaciones, trenes y talleres.

Este miércoles entre las 21:00 y 22:00 las y los trabajadores del subte liberarán los molinetes en las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán de la línea D y Plaza de los Virreyes y Retiro de la línea E. A partir de las 22:00 y hasta el cierre del servicio paralizarán ambas líneas como parte de las medidas que vienen realizando por la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales con dos francos y por la desasbetización total del subte.
Como parte de las medidas de fuerza en defensa personal, los trabajadores del subte siguen denunciando la situación de insalubridad que se vive bajo tierra.
Claudio Dellecarbonara, integrante por la minoría del secretariado de la AGTSyP, informó: “Estas medidas son continuidad del plan de lucha en reclamo de la reducción de la jornada laboral semanal que permita atenuar el grado de exposición de los trabajadores a los factores insalubres y dañinos para la salud presentes en nuestro ámbito de tareas cotidiano. También con estas acciones seguimos denunciando la presencia de material cancerígeno en toda la red y exigiendo la desabestización integral de la red y el urgente cambio de las flotas contaminadas en las líneas B, C y E”.
Mientras desde la empresa Emova (Ex Metrovías) del Grupo Roggio emiten comunicados falseando la realidad, los trabajadores del subte siguen, lamentablemente, demostrando que tienen la razón. Sin embargo, en los dichos de la empresa se da a entender que aún siguen con la eliminación del asbesto en el subte. Hace 5 años que la empresa no completa el plan de desabsestización. Al día de hoy hay tres trabajadores fallecidos por asbesto, más de 80 trabajadores afectados y millones de usuarios expuestos a este prohibido material cancerígeno.
Recientemente, Dellecarbonara explicó “que además de la ley nacional vigente existe un fallo de la justicia porteña que ordena a la empresa y al Gobierno de la Ciudad a retirar el material cancerígeno y a evitar que las personas tomen contacto con él. La propia ART contratada por la concesionaria reconoce el riesgo asociado a la presencia de asbesto en la red, incluye a los trabajadores en el RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) y extiende certificaciones a los afectados por el cancerígeno prohibido especificando su origen”.
“A los usuarios del subte, vecinos de la red y a todos aquellos que entiendan la gravedad de esta crisis sanitaria bajo tierra a sumarse a nuestra campaña de denuncia y a exigir junto a los trabajadores la desabestización de la red de subterráneos”, expresó.
Los trabajadores fueron los primeros en denunciar esta grave situación, mientras la empresa lo ocultaba y fue reconocido por la justicia. Desde La Izquierda Diario seguimos desde un primer momento las denuncias y peleas de los metrodelegados.

18.4.2023

Por Irina Hauser

La fiscalía de Angeles Ramos pidió cuatro años de prisión, ocho de inhabilitación y la detención de los seis gendarmes que el 29 de enero de 2016 reprimieron a la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo del Bajo Flores, integrada por un centenar de niños, niñas y adolescentes, algunos de los cuales sufrieron heridas severas provocadas por balas de goma a una distancia mínima.

Los efectivos enfrentan por estos días un juicio ante el Tribunal Oral 12. Las querellas también alegaron este lunes y pidieron penas de entre 4 y 6 años de prisión por vejaciones agravadas y lesiones agravadas.
Aquel violento operativo fue la marca inaugural de la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri y dejó en claro una línea de conducta que tendría de ahí en más: acusar a las víctimas, felicitar a los efectivos que protagonizaron el ataque, y darle poder de acción a la Gendarmería.

La represión a los chicos, paso a paso

Era viernes a la noche y la murga ensayaba con ganas porque al día siguiente tendría su primera salida. Sólo restaba conseguir micros, que pagarían con la venta de rifas. En medio de las canciones llegó Gustavo (González) el director, trajo la buena noticia de que tenían transporte. Pero la felicidad se fue en segundos. De golpe apareció un móvil de gendarmería, junto con una grúa, y detrás otro móvil. Se querían llevar dos autos robados, abandonados en el barrio. Gustavo les pidió que tomaran otro camino, porque había mucha gente y niños allí y había una forma más fácil de llegar. Los gendarmes avanzaron igual, hasta que tocaron con la trompa de un auto a una de las chicas.
–¿Qué pasa que no se quieren correr, son todos guapos?–patoteó un gendarme que ostentaba su arma– recuerda Florencia Torres, querellante.
–¿Por qué no esperan? Estamos tratando de corrernos. ¿No querrás tirar acá que está lleno de chicos, no?– preguntó ella.
Apenas terminaba de pronunciar esa frase comenzaron a sonar los disparos. «Lo veo a Gustavo en el piso. Ahí empezó el infierno, los gritos, la gente tratando de encontrar a sus hijos. Yo me pongo a buscar al mío. Veo a una de las nenas, la cubro con mi cuerpo ahí y recibo 17 perdigonazos. Doy gracias que me los dieron a mí y no a mi hijo ni a esa criatura. Yo no sabía qué eran balas de goma, sentía una quemazón terrible y creía que me iba a morir. Solo pensaba en poner a salvo a mi hijo en la casa de una vecina», repasa Florencia.

La agresión siguió en el hospital

Otra pesadilla comenzó un rato después. Cuando llegó al hospital Piñeyro, la dejaron prácticamente desnuda boca abajo. Tenía la mayoría de las heridas de bala en la espalda, los glúteos y las piernas. «Ahí, mientras yo estaba así, empezaron a aparecer policías de la Federal, de la Metropolitana, de civil, todos los agentes posibles, y me pedían lo mismo: nombre y apellido, DNI, domicilio, una y otra vez. En un momento pasó un camillero y me tapó con una sábana. Al rato me dijo que me fuera, pero se querían llevar detenido a cualquiera», describió.
El establecimiento estaba copado por la Gendarmería y otras fuerzas. Hubo más personas heridas que se fueron por miedo igual que Florencia. Luego trataban de curarse con azúcar. «Ciertos medios empezaron a decir que nosotros con nuestros hijos estábamos tapando un cargamento narco. Dijeron de todo, solo porque vivimos en una villa. Nos hacen culpables como sea», dijo Florencia. Y contó lo que esas informaciones falsas velaban: «Durante el tiempo de la murga hubo un cese de violencia en el barrio. Pero después de lo que nos pasó, la zona fue tierra de nadie. En un enfrentamiento narco mataron a Miriam Villa, integrante de la murga, es el mismo lugar donde mataron este año a Nayla» (la niña de 4 años asesinada en febrero último). «Además de todo, la murga era un espacio de contención que buscaba sacar a los pibes de todo lo malo que podía haber alrededor, y estaban re contentos, pero ya nada fue igual».

La insólita versión de los gendarmes

Los gendarmes acusados son Elvio Cardozo, Darío Soler Páez, Yamila Maldonado, Guido Cativa, Esteban Molares y Saúl Juárez. Todos, menos uno, siguen en sus puestos. Tres de ellos se negaron a declarar en las audiencias y los otros tres reconocieron su presencia en el lugar, pero llegaron al punto de negar que allí hubiera habido una murga, algo insólito porque se los escucha a ellos mismos nombrarla en las modulaciones. También desconocieron los disparos que, se probó, fueron a no más de cinco metros de distancia. En los videos se escuchan las detonaciones incesantes y mujeres que gritaban: «¡Hay criaturas, hay criaturas!». En el lugar, en la calle 10, había mayoría de niños y adolescentes, algunos adultos, adultos mayores y hasta embarazadas.
Estos elementos fueron señalados por Pablo Rovatti, que representa a la mamá de «Carlitos» Suca, que tenía ocho años en aquel entonces y casi pierde un ojo por el perdigonazo que recibió. Rovatti, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a las Víctimas de Delitos de la Defensoría General, marcó el absurdo de los relatos. Recordó también que se recogieron cartuchos de las municiones de escopetas anti-tumulto, que hubo peritajes y al menos cinco personas –que son las que se presentaron al juicio, aunque habrían sido muchas más–, mostraban heridas fácilmente reconocibles.
Insistió en que los gendarmes «faltaron a la verdad» al decir que respondieron a un ataque a piedrazos y botellazos de los/las integrantes de la murga, cuando quedó claro que el ataque fue de los efectivos. Hasta un policía federal que estaba allí, remarcó, describió esa secuencia con claridad y recordaba los gritos de una mujer que rogaba que no le dispararan.
El abogado Adrián Albor, que representa a Torres, señaló que se trató de un hecho «en el marco del inicio del gobierno de Mauricio Macri, cuando Patricia Bullrich eligió a la Gendarmería como mascarón de proa del sistema represivo, como fuerza de choque, tendiente a abortar todo intento de protesta social que vislumbraba vendría de la mano del plan económico de miseria planificada». Albor marcó puntos de contacto con otros hechos, como la muerte de Santiago Maldonado. Le pareció notorio que en el caso la murga, muy similar a lo que quedó registrado en aquella cacería, se escucha a los gendarmes decir «tirá, tirale a los negros».
«Bullrich trató de enmarcar estos hechos como una lucha entre narcotraficantes y así trató de encubrirlos», señaló el abogado. En su momento, al conocerse lo ocurrido, la exministra de Seguridad, fue a ver a gendarmes que estaban en el hospital y se sacó una foto. Rovatti recordó que en realidad estaban internados por otro episodio –uno de ellos, Cardozo, había estado en el Bajo Flores– un ataque a un puesto de Gendarmería cuyos autores no fueron identificados. La fiscalía remarcó que pocos días después de los hechos, Bullrich modificó el protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, que había sido confeccionado durante la gestión de Nilda Garré, y que la Gendarmería había violado.

Penas solicitadas

La pena más alta, de seis años para todos los gendarmes, fue requerida por la querella, a cargo de Romina Avila, en nombre del director de la murga, González, y su hijo de 14 años, que tuvo una herida gravísima en una pierna. Albor contó a este diario que la murga dejó de funcionar cuando la familia González empezó a ser perseguida: «Les armaron causas, los allanaron, les rompieron los instrumentos en un procedimiento hecho por la propia Gendarmería. Les armaron causas a más testigos». La fiscalía pidió cuatro años de cárcel y la detención de todos en caso de dictarse una condena. La querella del niño pidió penas diferenciadas, solo en suspenso para la gendarme Maldonado. En el resto, todos plantearon penas en un rango de cuatro a seis años, que implicaría el cumplimiento efectivo. Este jueves alegan las defensas. Podría haber sentencia ese mismo día, o que el tribunal –integrado por Darío Medina, Claudia Moscato y Luis Márquez–, la difiera hasta quince días.