13.10.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la adjudicación de permisos de uso para instalar cafés, sanitarios públicos, estaciones para bicicletas, conectividad Wi-Fi y nueva iluminación en 16 parques y plazas porteñas a través del sector privado, en una medida formalizada por la Dirección General de Concesiones y Permisos mediante concurso público. El proceso concluyó luego de completarse la evaluación de ofertas y la instancia de impugnaciones, sin que se recibieran presentaciones dentro de los plazos legales establecidos.

Según la adjudicación oficial, los permisos quedaron distribuidos entre nueve oferentes: MF Construcciones Electromecánicas SA se hará cargo de los parques La Isla, Los Andes y Mujeres Argentinas; Tomás Wilhelm tendrá el Parque de Las Américas; Early Bird SA gestionará Plaza Armenia y Plaza Sicilia; Explotaciones Coloniales SRL recibió los permisos para la Plaza Club Alemán de Equitación y el Parque Micaela Bastidas; Urban Grounds Consorcio de Empresas operará Plaza Florencio Sánchez y Parque Thays; La Esquina de Merlo SRL estará a cargo del Parque Ernesto Jaimovich; y Rendeaux SA gestionará el Parque Chacabuco, el Parque Indoamericano y la Plaza España, mientras que EBS SA tendrá a su cargo el Parque de los Patricios.

Los permisos tendrán una duración de cinco años, con un canon de base mensual fijado por el Banco Ciudad que comenzará a abonarse una vez amortizada la inversión comprometida por cada empresa.

Los cánones mensuales iniciales van desde $860.000 hasta $4.752.000 según las ofertas adjudicadas y, en conjunto, los 16 permisos representan un canon mensual inicial de $38.311.500, equivalente a $459.738.000 anuales.

Al conocerse la adjudicación, Jorge Macri escribió en sus redes sociales: “Les dije que no nos corrían más. Ya adjudicamos 16 cafés en parques y plazas de la Ciudad” , en alusión directa a las críticas que había cosechado el proyecto desde su lanzamiento en junio. En aquella instancia, el jefe de Gobierno ya había desafiado a los detractores con una afirmación contundente: no nos van a correr con el argumento de que sumar servicios privados equivale a privatizar el espacio público. Bajo el esquema aprobado, los privados deben hacerse cargo de la totalidad de la inversión requerida —materiales, mano de obra y equipos— para levantar las estructuras o poner en valor edificaciones estatales en desuso.

Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de controversia: la oposición en la Legislatura porteña reclamó al Ejecutivo detalles sobre el impacto ambiental, los cánones, los mecanismos de control y el riesgo de una privatización funcional del uso público, argumentando que los espacios verdes cumplen funciones ambientales, sociales y urbanas esenciales. Con las adjudicaciones ya firmes y las obras que deben comenzar en los próximos meses, el debate se trasladará ahora al terreno concreto: si los nuevos servicios efectivamente amplían el disfrute de los parques para todos los vecinos, o si la lógica comercial termina condicionando el acceso libre a los espacios verdes más populares de la ciudad.