La Cámara Federal porteña ordenó liberar a los miembros de Revolución Federal
1.11.2022
Los jueces Bruglia, Llorens y Bertuzzi decidieron en un fallo que la investigación a los integrantes de Revolución Federal puede continuar sin que permanezcan detenidos. Resaltaron que no hay vínculo por el momento con la investigación del atentado contra Cristina Fernández. Morel y otros tres miembros están acusados por el supuesto delito de incitación a la violencia e instigación a cometer delitos.
Este martes la Cámara Federal porteña ordenó la excarcelación de los cuatro detenidos que integran Revolución Federal acusados de incitación a la violencia e instigación a cometer delitos.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi dispusieron que sean liberados Jonathan Morel, referente del grupo, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile, ya que sostuvieron no hay elementos de que su libertad pueda obstaculizar la investigación, por la cual ya fueron indagados.
Las detenciones se produjeron por pedido del fiscal Gustavo Pollicita en la causa que investiga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, luego de que Cristina Fernández se presentara como querellante y afirmara la probable participación directa de los miembros de Revolución Federal con el atentado contra su vida.
La denuncia se basaba en varias horas de conversaciones de los miembros de Revolución Federal en redes sociales donde hicieron supuestas amenazas a funcionarios del Gobierno como el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, Sergio Massa, y otros.
La medida dispuesta por la Cámara Federal implica que la investigación continuará, pero con los acusados en libertad y el juez Martínez de Giorgi tendrá la responsabilidad de determinar otras medidas para asegurar que continúen sujetos al proceso sin que impliquen su detención, tales como fijar una caución real, retención de pasaporte, u otras y así garantizar que no se fuguen.
La decisión de los camaristas estuvo fundamentada en la evaluación de dos elementos. Por un lado, analizaron a los acusados que, sin antecedentes, con domicilio debidamente constatado, mostraron colaboración con la investigación sin intentar obstaculizarla. Además, los camaristas dijeron que la pena mínima aplicable para el delito del que se los acusa es de tres años, “lo que eventualmente avalaría una pena de ejecución condicional”.
Por otro lado, destacaron que esta causa es independiente de la que investiga el atentado contra Cristina Fernández, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti que también lo había entendido así cuando rechazó la vinculación de los expedientes. “No se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación”, dijeron los camaristas. Esto es contrario a lo que busca la querella de la vicepresidenta donde señalan a la relación de los atacantes con agrupaciones de ultraderecha y apuntan a su financiamiento.
Por eso es necesario señalar que en otros casos los camaristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi están fuertemente cuestionados por sus fallos que favorecen al macrismo investigado por espionaje ilegal y otras causas. Al mismo tiempo también es necesario destacar que no se puede perseguir a nadie -política y/o judicialmente- por más reaccionarias y retrógradas que sean sus ideas, como se investiga en la causa de Martínez de Giorgi.
