Red de radios

13.6.2023

Por Inés Hayes/ Paula Talento

¿Cómo opera la policía de la Ciudad en la ruta crítica de las víctimas que denuncian violencias de género? Conversamos con referentas barriales de la CABA y detectamos los principales obstáculos y negligencias que las fuerzas de seguridad despliegan. Entre el colapso y la falta de presupuesto, un breve punteo de los dispositivos que deberían funcionar, incluso dentro de la estructura policial.

Cuando las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersexuales y más (LGBTIQ+) toman la decisión de denunciar al agresor, el primer organismo estatal con el que se encuentran es la comisaría del barrio. Y allí, el primer obstáculo: la falta de formación policial para abordar estas temáticas ya sea en cuestiones relativas a las normativas vigentes, procedimientos y protocolos como también en la manera de abordar –humanamente- a la persona que denuncia.
Una de las formas de sortear esta barrera es que la persona que denuncia no vaya sola a la comisaría, al menos es la manera más efectiva que la Red del Bajo Flores encontró en su contexto. “Hay más cabida cuando saben que hay asesoramiento, a la policía le falta formación con perspectiva de género porque no están capacitados para desactivar y correr al violento, decirle que no puede ingresar a la casa”, dice Griselda Galarza. También cuenta que hay demoras en la sustanciación de las exclusiones de hogar, medida que tiene que ordenar la Justicia pero que le corresponde garantizar a la policía. Un control que está ausente.
Galarza es docente, vicedirectora de la única escuela secundaria que hay en el Bajo Flores e integra, desde que se creó, la Red de docentes, familias y organizaciones del barrio. En 2015, la comunidad del Bajo Flores se organizó frente a la inacción de la policía y el estado que no daba respuesta para encontrar a las pibas que desaparecían. Galarza cuenta que “en relación a la policía tuvimos nuestro momento tensísimo que fue cuando no accedían a tomar las denuncias, sobre todo en lo relativo a las desapariciones de las pibas. Decían que tenía que pasar determinada cantidad de tiempo, que se habían ido con un novio, que ya iban a volver o cosas así. Mucha estigmatización y estamos hablando de niñeces de entre 13 y 17 años”. Sobre todo, dice Griselda, les pasó con las comisarías de su jurisdicción: la comisaría vecinal 4 B, en calle Quilmes y la comisaría vecinal 7 A que se encuentra sobre Bonorino, la ex 38.
“Lo primero que tenemos que hacer es ponernos al servicio de la compañera, ser sororas, escucharla, sostenerla, brindarle en ese momento en que ella está pasando la situación de violencia, o que atravesó, tratar de calmarla y ver la decisión que toma ella y siempre respetando la decisión de la compañera”, cuenta Felicita Zorrilla Servian, que acompaña denuncias de violencias de género en la zona de Barracas, en el barrio 21-24. La referenta coincide en la falta de formación policial en la temática y agrega: “No me gustó el accionar policial con respecto a una compañera que estábamos acompañando víctima de un intento de abuso sexual. La acompañamos junto con la madre. Ella tenía 19 años, lo que no me gustó son las horas eternas de espera que no terminan nunca, interrogatorio que se prolonga, insisten y revictimizan, qué va a pasar con la pericia, llevarla de un lugar a otro y lo peor fue subirnos a una camioneta con vidrios polarizados y traerla de nuevo a ella para que indique el lugar donde el agresor intentó abusar de ella, eso a mí me pareció muy cruel. Ella estaba reviviendo toda la situación”, cuenta. En sus palabras: “Institución no hay ninguna que nos acompañe. Acá en el barrio estamos en la desidia, no tenemos acompañamiento de ninguna institución. Y las acompañamos desde las organizaciones”.
En este sentido, Maka Barrera Veliz, de la organización Somos Fuego de la CTA en el barrio Mujica, cuenta que “las experiencias que tuvimos con la policía fueron malísimas siempre y hay mujeres que han sido violentadas. Tenemos policía cerca de la zona, pero las mujeres fueron humilladas y violentadas, maltratadas (por ellos) y los casos de violencia no se los toman muy en serio. Los destacamentos en sí no toman denuncias, directamente te derivan a las comisarías que están alrededor”.
En Barrio Fátima la situación es similar. Rosa Ortega, presidenta del barrio, cuenta que cuando decide hacer la denuncia, la persona se dirige al refugio que gestiona junto a otras compañeras, allí la asesoran y, si está decidida, la acompañan. “Muchas veces no se animan a denunciar porque no pueden salir de la casa o por los chicos y ahí las acompañamos nosotros. Hay mujeres que hacen la denuncia y tienen suerte, depende de quién les toque en la comisaría”, asegura. En Fátima, las denuncian deberían hacerse en la ex comisaría 36 (actual comisaría vecinal 8 B), que en general no da respuesta. La policía suele referirlas a La Boca o, directamente a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que está en microcentro (Lavalle 1250). “Ellos no toman denuncias por violencia de género porque no tienen cómo atender esa parte”, asegura. Una vez que se hace la denuncia, desde el refugio llaman al juzgado para agilizar el trámite y acompañan como pueden a las denunciantes que, en general, están decaídas y tienen miedo”. Aunque, aclara, no hay personal suficiente para acompañarlas. Rosa resalta que las barreras para denunciar no solo se concretan en la distancia que tienen que recorrer sino también en la cantidad de trámites que deben que hacer. “Pedir botón antipánico, por ejemplo, es un trámite larguísimo y depende en qué situación se encuentre la mujer. Si hay abuso (a un niñe) es más rápido porque entra minoridad, en una semana se resuelve. Si es violencia de género lleva un mes o dos meses para resolver o tenés que denunciar directo a la fiscalía, es más rápido. Si es por comisaría, tarda siempre”. Como puede verse, el rol de la comisaría queda en segundo plano, en la experiencia de barrio Fátima es conveniente ir directo a la fiscalía. Las dificultades se multiplican cuando el Estado está ausente: es muy usual que, ante la falta de contención, a la semana, la denunciante vuelva a la relación de pareja con el violento.
Rosa Ortega, de barrio Fátima, resalta que las barreras para denunciar las violencias de género no solo se concretan en la distancia que tienen que recorrer sino también en la cantidad de trámites que tienen que hacer.

El espacio gris de la burocracia jurisdiccional

El Decreto presidencial N° 864/2011 dice que el Operativo Unidad Cinturón Sur tendrá por objeto optimizar el servicio de seguridad ciudadana de un sector de la Ciudad de Buenos Aires considerado violento y conflictivo. Parte de la historia del traspaso de la seguridad del territorio porteño desde las fuerzas federales a las de la policía de la Ciudad puede leerse en este informe del Mapa de la Policía. Pero ¿quién, efectivamente, se hace cargo de lo que pasa en los territorios? En el Bajo Flores, cuenta Griselda, la policía de la Ciudad actúa sobre la periferia y gendarmería, adentro. “Ahí ya hay un quilombo. Si hacés la denuncia en la policía de la Ciudad, a la villa no entra. Fin del cuento”, dice.
En el libro “Mujeres Armadas”, Sabrina Calandrón relata una experiencia en un operativo en la madrugada de Villa Soldati en donde este tironeo entre la policía y gendarmería se encuentra a la orden del día. La policía golpea a un detenido en la comisaría y llama a gendarmería para que lo traslade, a lo que esta fuerza se niega. Mientras las discusiones entre las fuerzas siguen, el detenido no recibe asistencia médica. Los tironeos entre la policía de la Ciudad y las fuerzas federales contempladas en el Decreto cuentan con un trasfondo legal que frena la capacidad de accionar y presenta grises en donde los efectivos buscan cubrirse y desvincularse de responsabilidades. Y en ese gris quedan las organizaciones sociales y comunitarias.
En el Bajo Flores, cuenta Griselda Galarza, la policía de la Ciudad actúa sobre la periferia y gendarmería, adentro. “Ahí ya hay un quilombo. Si hacés la denuncia en la policía de la Ciudad, a la villa no entra. Fin del cuento”, dice.

Lo que debería funcionar

En este estado de situación ¿cómo deberían funcionar las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires en relación a este tipo de denuncias? Silvia Mercado es Comisario Inspector y está al frente del Departamento Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según dijo a este medio, hay cuatro comisarías de Protección Familiar y de Género (norte/sur/este/oeste) que abarcan toda la Ciudad de Buenos Aires. “En todas las comisarías se reciben denuncias de violencia. Si es un hecho de abuso sexual, seguramente esa comisaría va a trasladar a la víctima al hospital o a estas comisarías con alguien del mismo género”, afirmó. Las cuatro comisarías tienen anexos, la de Lugano tiene el anexo en Zabaleta, la norte está a una cuadra del DOT y el anexo está en Chacarita “para que la víctima no se tenga que ir hasta la otra punta”, explica Mercado y menciona que en la sur hay mayor demanda.
“Cuando la víctima denuncia, se le toma la declaración y se consulta al juzgado, acorde a lo que diga es cómo se sigue con la denuncia. Si, por ejemplo, presenta lesiones, primero se hace que la asista la 137 que es la Brigada de Victimas contra la Violencia. Ahí la asiste un equipo interdisciplinario, hacen un informe para mandar al juzgado, la atiende un médico legista, se le da un botón antipánico”, explica Mercado. “El accionar después de la denuncia lo dirige la Justicia con el operador de género. Si hay peligro de vida se le pone una consiga en la puerta. Siempre se hace seguimiento durante 5 días, depende el tipo de denuncia, cada caso es diferente”, dice. Cabe mencionar que la línea 137 no recibe denuncias, pero sí es un canal para que las víctimas de violencias de género obtengan información y acompañamiento.
En contraste con lo que se viene recabando en el presente informe, Mercado reseña que la policía de la Ciudad tiene un sistema aceitado en la temática por la experiencia de trabajo que acumula desde 2009. “En 13 años pasamos de una oficina chiquita con 8 personas a una Superintendencia. Somos pioneros en toda América con esta estructura de género que tiene esta policía. No hay otra con esta estructura de género”, aseguró.
La Superintendencia consta de dos grandes áreas de trabajo, una de asistencia y prevención y otra netamente policial que encabeza Mercado. “La primera sólo capacita dentro de la policía y también afuera, en escuelas primarias sobre bullying y en secundaria, sobre noviazgos violentos”, contó. Las capacitaciones policiales son permanentes a lo largo del año y prestadas por “psicólogas y abogadas, personal policial, que da estas capacitaciones y articulamos mucho con el gobierno de la Ciudad, con la Dirección General de la Mujer, nos capacitamos en trata, violencia en adultos mayores”, dice Mercado.
En relación a la recepción de denuncias por violencia de género, expresó: “El operador policial de género tiene que estar capacitado. No es lo mismo tomar la denuncia de una víctima de violencia de género que a una señora que le robaron la cartera. La toma de la declaración es de dos horas. El policía tiene que estar formado, obligatoriamente”. No obstante, reconoció que “esto no quiere decir que no haya gente que no está a la altura de las circunstancias. De la escuela de cadetes vienen con formación en género. El problema es con el policía viejo por un tema cultural y generacional”.
Ante la pregunta sobre si tienen protocolo de actuación ante este tipo de denuncias, Mercado responde que no tienen pero que sí cuentan con una guía de actuación que es la primera intervención del policía con la víctima para toda la Policía de la ciudad. Se llama Primera intervención del personal con la víctima. Aunque, según dice, no es de carácter público sino administrativa.
“El operador policial de género tiene que estar capacitado. No es lo mismo tomar la denuncia de una víctima de violencia de género que a una señora que le robaron la cartera. La toma de la declaración es de dos horas. Esto no quiere decir que no haya gente que no está a la altura de las circunstancias”.

Políticas sin capilaridad para las clases populares

Hay otros problemas más estructurales que inciden de forma directa en la imposibilidad de denunciar las violencias de género, uno de ellos es la ausencia de políticas públicas que den respuesta a los problemas reales. Las referentas consultadas coinciden en que conseguir cualquier tipo de subsidio para las denunciantes se convierte en un tramiterío inexplicable, una especie de vulneración de derechos dentro de otra. “Las políticas públicas, cuando no se capilarizan, o sea cuando vos te sentás en un escritorio y pensás una política, pero no se materializa en la presencia del estado concreto con compañeras trabajando en el territorio, son políticas básicamente que están destinadas solo a una clase social, no son para las clases populares”, explica Griselda Galarza.
Pero no solo se trata de que las ayudas económicas existan y lleguen. También hay que combatir la precariedad que rodea a las políticas destinadas a atender las violencias de género en los barrios: no se poseen dispositivos estatales cercanos y suficientes en donde realizar las denuncias ni se forma a las personas que deben dar respuesta a estos requerimientos. En la mayoría de los casos, esos mismos funcionarios y funcionarias se encuentran realizando tareas en condiciones de insalubridad y mal pagas. No tienen las herramientas y mecanismos que para dar respuesta inmediata a la problemática como, por ejemplo, ofrecer alojamiento a la mujer que denuncia y a sus hijos. “Hay un abandono histórico del estado en relación a las políticas de cuidado y protección de derechos”, afirma Galarza.
Desde la Villa 20, Romina Ávila, abogada y coordinadora del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) también asegura que se necesitan con urgencia políticas públicas que generen trabajo genuino para las víctimas. “Terminan en situaciones graves por sostener vínculos violentos por el sometimiento económico con el agresor. Mientras no haya generación real y promoción de trabajo y un apoyo económico, va a seguir sucediendo. Las políticas tienen poco presupuesto, a las políticas las sostenemos los trabajadores y trabajadoras que realmente lo hacemos con mucho empeño, cariño y dedicación”.
Pero la precariedad no solo se vive en los dispositivos creados para afrontar las violencias de género en los barrios, hay una falta de reconocimiento estatal de los derechos mínimos de las personas que habitan los barrios de emergencia. Que los vecinos no cuenten con infraestructura adecuada y que deban trasladarse hasta el centro de la ciudad para radicar una denuncia también es violencia. Rosa Ortega, del barrio Fátima, trata de encontrarle la vuelta: “no sé si debería haber una comisaría, tendría que haber una cartera donde tomar la denuncia y llevarla donde corresponde o que en la comisaría haya un equipo de asistente social o psicóloga, que no te den vueltas de un lugar a otro. Y muchas veces quienes denuncian no pueden sostenerla (anímicamente) o por dinero. Deberíamos de tener en cada barrio un espacio donde denunciar y que te brinden acompañamiento. Trabajar con un equipo para evitar estos quilombos”.
Maka Barrera Veliz, desde su experiencia en barrio Mujica, cuenta que “muchas veces hemos sentido que las instituciones del Estado no acompañan como tendría que ser, porque te ponen muchas trabas en el camino. La mujer está siendo violentada y te mandan a tu casa de nuevo a que sigas corriendo peligro”.
Romina Ávila va más allá y afirma que el Poder Judicial es un eslabón importante frente a la lucha por la impunidad de los agresores, un eslabón que funciona muy mal. “No están preparados para acompañar a las víctimas”. Pero no solo ello, sino que las comisarías e inclusive las unidades de género no están preparadas para recibir estas situaciones. “No trabajan bien, son expulsivos y realmente asesoran mal y asesoran cuando no deberían. No conocen los territorios y las problemáticas y eso hace que funcionen mal las comisarías y las unidades de género. Haría falta un trabajo más articulado y mancomunado con las comisarías”, agrega.
No solo se trata de que las ayudas económicas existan y lleguen. También hay que combatir la precariedad que rodea a las políticas destinadas a atender las violencias de género en los barrios: no se poseen dispositivos estatales cercanos y suficientes en donde realizar las denuncias ni se forma a las personas que deben dar respuesta a estos requerimientos.

Al pie del colapso

Existen diversos dispositivos territoriales especializados donde las personas de los barrios populares acuden para atender las denuncias de violencias de género en la Ciudad de Buenos Aires cuando la comisaría no es una opción. Algunos de ellos son los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), la Asesoría General Tutelar, la línea telefónica 137, la Oficina de Violencia Doméstica (dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – OVD) y ATAJO.
Las referentas barriales consultadas en este informe coincidieron en que la mayoría son de difícil acceso ya sea por la distancia en que se encuentran en relación a los barrios, la imposibilidad de dar una respuesta inmediata a una emergencia o porque se encuentran totalmente colapsados. “Hemos tenido pésimas experiencias con la OVD, siempre y cada vez, no hay equipo que tenga empatía. No saben cómo abordar la situación. Entiendo que están colapsados, pero no justifica el trato hacia las mujeres del Bajo Flores que es pésimo: demoras de horas y horas y se suma que después no hay dispositivo donde derivarlas”, cuenta Griselda.
Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, las víctimas que más acuden a la Línea 137 son de Villa Lugano y de Flores, así lo contó su coordinadora, Mariela Bañares. “Podría suponerse que se debe a la superpoblación de estos barrios como así también que en dichas zonas no existen las comisarías especializadas donde realizar las denuncias las 24 horas”. Según cuenta Bañares, “la Línea 137 recibe llamados de todo el país, alrededor de 30 llamadas por día, entre las que hay pedidos de orientación y asesoramiento como así también acompañamientos”. En el radio de la CABA, los equipos técnicos conformados por psicólogos y trabajadores sociales que atienden la línea son los que intervienen en los territorios mientras que, en las provincias, se articula con otras instituciones. La cantidad de llamados aumentó de forma significativa con la pandemia, por lo que además del 137, la línea habilitó un número de Whatsapp: 113133-1000. “La intervención territorial no sólo tiene como eje la efectivización de la denuncia de las víctimas de violencias en el ámbito familiar y de las víctimas de delitos sexuales para la detención de los agresores, sino también la promoción del acceso a la justicia”, asegura.
Los testimonios brindados en este informe pretenden esbozar, apenas, un estado de situación cuyos datos concretos nunca fueron recabados por las instituciones públicas involucradas. No obstante, se trata de una fotografía actual de los obstáculos más prominentes al momento de emprender el camino sinuoso de la denuncia por violencia de género en la Ciudad y sobre todo, el rol y las responsabilidades que le caben a la policía.