Red de radios

2.4.2020

Por Paula Sabatés

El Gobierno de la Ciudad tiene una deuda de seis meses con Eternautas, la empresa en la que terciarizó el servicio de guías, y que envió los telegramas «porque no había otra». En el GCBA admiten la deuda; los despedidos piden la intervención del Ministerio de Trabajo.

El primer día de la extensión de la cuarentena obligatoria llegó con la peor de las noticias para el mundo cultural: veinticinco guías terciarizados del Teatro Colón (es decir, la totalidad del área) fueron despedidos por la empresa que los contrataba, que adujo deudas de meses del propio Gobierno de la Ciudad. En el contexto del teatro cerrado, les mandaron carta documento y un mail que decía que no podían continuar con la relación laboral y que ponían a disposición la liquidación por la indemnización. A raíz del decreto del gobierno nacional que prohíbe las cesantías y suspensiones por 60 días, les trabajadores solicitaron formalmente la nulidad de los despidos y están a la expectativa de la respuesta del Ministerio de Trabajo, que en las últimas horas llamó a conciliación obligatoria en casos similares.
La relación de la empresa, el teatro y los trabajadores comenzó en 2011 con la polémica y demorada reapertura del Colón, en plena gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. En ese momento quien se encargaba del servicio de guías era la Fundación Teatro Colón, una institución sin fines de lucro ligada al teatro que para tal fin contrató a una empresa de turismo reconocida en su sector. Se trata de Eternautas (ese es su nombre comercial) y se destaca por el enfoque histórico de los recorridos que ofrece desde 1999. Prestó servicios a la Fundación hasta que hubo un quiebre entre ésta y el teatro y este último llamó a una licitación. Fue en 2014 y, equipo armado y expertise mediante, Eternautas concursó y ganó, accediendo a un contrato directo con el gobierno de la Ciudad.
Desde entonces la empresa está a cargo de los coordinadores y los guías, caras visibles del teatro y trabajadores esenciales para el área de visitas, una de las que más recauda en todo el Colón. Aunque en los últimos meses, ya con varias licitaciones vencidas, la relación de la empresa con el Estado se transformó y en la actualidad se da a través de órdenes de compra que se renuevan mes a mes. El problema está, según explica la empresa, en que el Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta le debe seis meses de canon, razón por la cual tomó la decisión de despedir, según argumentó. Consultados por este diario, sus dueños negaron además recibir un proporcional de las entradas vendidas en el marco de las visitas guiadas, algo que había trascendido en las últimas horas.
El problema tiene, entonces, dos caras. Por un lado están los trabajadores que se quedan sin su fuente de ingresos en plena pandemia y que consideran que los despidos son ilegales dado el contexto, y que les tienen que seguir pagando igual. Por otro la firma, que asegura que se hará responsable de lo que por ley le toque como parte empresaria pero que alega que no puede «seguir cubriendo al Gobierno de la Ciudad”. ¿Qué dice este último? Que la deuda de meses efectivamente existe, que iba a pagarse en dos tramos en los últimos días de marzo pero que la pandemia obligó a desviar esos fondos a la cartera de Salud y que “cuando termine todo sin dudas se va a pagar”. Eso es al menos lo que indicaron a este diario fuentes cercanas al Colón. Claro que la cosa no puede esperar.
“A nosotros quien nos despide es la empresa, que es quien nos contrató. No sabemos si tiene que ver con una puja con el teatro o si como es una empresa de turismo ven que su actividad en general no va a repuntar. Como sea, sabemos que el teatro le debe varios meses pero por contrato tienen que tener espalda, por lo cual está contemplado que nos tienen que pagar igual”, sostuvo uno de los despedidos. “Nuestra intención es que el Ministerio de Trabajo nos dé la razón y declare que despedir así y ahora es un acto ilegal”, sentencia.
“No había otra”, dice Lucas Rentero, co-fundador y director de Eternautas junto a Ricardo Watson, quien firmó los telegramas de despido. “No puedo seguir pagando sueldos ni cubriendo al teatro, tengo un rojo de seis meses, previos incluso a que el Colón decidiera cerrar por la pandemia”, cuenta el empresario, que apunta que la cláusula a la que refieren los trabajadores -esa que indica que deben pagar aún teniendo deudas- estaba efectivamente en los pliegos de licitación pero no en las órdenes de compra, la actual modalidad de contratación. “Esta decisión es la ultima que queríamos tomar. El Gobierno de la Ciudad tendría que hacerse cargo porque nosotros lo hicimos durante meses. Las deudas que tienen con nosotros no es algo de ahora, son cosa de años. Les vengo avisando que esto es un problema que tienen que solucionar, me prometieron que iban a pagar y no lo hicieron. Yo también me quedo sin empresa”, sentencia.
Además del panorama desesperante de les trabajadores, la situación pone de manifiesto una vez más la modalidad de terciarización, cuestionada ampliamente en el mundo laboral y responsabilidad tanto del Estado como de la empresa. Subyace la pregunta sobre por qué el teatro público con más presupuesto de la Ciudad hace años terciariza un servicio básico como el de guías y coordinadores, que si bien no están afectados a los espectáculos, son el nexo entre la institución y los visitantes y los colegios, además de los encargados de visibilizar ese patrimonio cultural nacional. También obliga a prestar atención a todas las modalidades de contratación dentro del teatro, conocido por su amplísima e inconcebible precarización. En diálogo con este diario, de hecho, los trabajadores despedidos contaron que están en comunicación con otros sectores del teatro y que varios de ellos refirieron haber recibido aprietes y pedidos de renuncia en los últimos días, en el marco del asilamiento social. “La situación es desde siempre muy irregular en todo el teatro”, contaron.
En las próximas horas, por lo pronto, el ministerio de Trabajo deberá responder si hace lugar al pedido de nulidad de los despidos, tal como sucedió con el caso Techint y la editorial Publiexpress, entre otros. También deberá repensar la empresa si, tal como reza el referido DNU, se dispone a “garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable en aras de preservar la paz social” o si por el contrario insiste en la medida unilateral. “Nosotros ya mandamos los telegramas y nos estamos organizando entre nosotros en comisiones y con el sindicato de Comercio. También estamos en diálogo con la planta permanente del Teatro. Nuestro objetivo, conociendo en DNU del gobierno, es que se declare pronto la nulidad”, cuentan les trabajadores, que se encuentran en estado de alerta hasta que se revierta la situación.

1.4.2020

El 29 de marzo se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 320/2020 que establece medidas de protección para inquilinos/as en este contexto de crisis sanitaria y económica. Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, aporta su análisis sobre el alcance de las mismas.

¿Qué implican las medidas dispuestas por el Presidente Alberto Fernández? ¿Son acertadas? ¿Resuelven todos los conflictos? ¿Qué cargas deberá soportar el propietario, cuáles el inquilino y cuáles el Estado? ¿Cuáles son las medidas de protección del derecho a la vivienda de las familias inquilinas? ¿Qué pasará luego de los seis meses de suspensión de pagos y prohibición de desalojos? ¿Qué pasará con las familias inquilinas que viven en las villas? ¿Se frenan todos los desalojos o sólo los que involucren locaciones formales?
En su artículo aborda estos interrogantes como parte del análisis del alcance de las medidas contenidas en el Decreto (1) y las implicancias que tienen tanto para los locadores como para los locatarios.
1. El DNU en forma indirecta autoriza a los inquilinos a no pagar el alquiler por seis meses, es decir, desde el 29 de marzo hasta el 30 de septiembre.
Evidentemente este es el derecho máximo que otorga el DNU que puede ser utilizado en menor medida por el inquilino. El monto no pagado genera una deuda que deberá ser saldada, a derecho del inquilino, en un plazo máximo de seis meses (3 a 6 cuotas, una cuota por mes). Cabe resaltar, que esto no implica que la deuda desaparece, sino que se autoriza a postergar su pago.
El DNU presupone que en octubre la situación económica de estas familias habrá mejorado de tal forma que tendrán capacidad, por ejemplo, de pagar el monto de dos alquileres sin problemas (el correspondiente al mes de octubre y el correspondiente a la primera cuota. Ojalá la situación económica del país permita esa bonanza económica, pero creemos que el problema no se ha resuelto definitivamente, sino que se ha postergado su resolución 6 meses. No está mal, es una medida urgente y necesaria que de acuerdo a la evolución de la economía tendrá que ir afinándose.
2. La posibilidad de que los inquilinos no paguen por 6 meses, desde la otra perspectiva, consiste en que el propietario financia al inquilino esta deuda que se saldará, en el caso extremo, de acá a un año.
En esta ecuación el Estado decidió no intervenir soportando alguna carga económica, sino que decidió trasladar al propietario todo el esfuerzo económico. Esta decisión parte del fundamento de que el precio del alquiler surge de una actividad rentística inmobiliaria y no productiva, por lo tanto, en épocas de crisis se considera justo que el rentista absorba las cargas que un sector de la población no puede absorber.
3. Se puede acordar con esta mirada, pero necesariamente deben realizarse algunas apreciaciones:
A) El actual sistema y las decisiones que hemos tomado socialmente son las que estimularon una comunidad donde un sector de la población vive de la renta inmobiliaria o financiera. Sería conveniente repensar el sistema para que esto no suceda, mucho menos, con los niveles actuales. Tenemos la oportunidad de adoptar este camino en el presente y no conformarnos con hacer recaer el peso de las equivocaciones colectivas (del grupo hegemónico) sólo en algunos rentistas.
B) Es una verdad de Perogrullo, pero tenemos que considerar que hay rentistas que obtienen ese dinero para sobrevivir, que sin él verían en grave riesgo su manutención. Hay otros que acumulan gran cantidad de suelo urbano, decenas de viviendas, edificios enteros hasta superficies equivalentes a barrios porteños como, por ejemplo, la empresa IRSA. En un futuro, se debería empezar a afinar el trazo para diferenciar estas situaciones y realizar una distribución de las cargas más equitativa. No es lo mismo que dejar de pagar el alquiler a un fideicomiso dueño de todo un edificio que dejar de pagar el alquiler durante meses a unos jubilados que cobran la mínima.
Para esto se requiere analizar los datos que el Estado tiene sobre la capacidad económica de propietarios e inquilinos, pero sobre todo los datos que ha recabado sobre la acumulación de la propiedad de la tierra e inmuebles urbanos. Sería muy oportuno que también los gobiernos nacionales y provinciales transparentaran esta información para pensar una solución democráticamente. Esta información suele estar bajo varios candados solo disponible para los grandes desarrolladores inmobiliarios y los funcionarios de los gobiernos de turno.
En España, por ejemplo, el 85 % de las viviendas en alquiler corresponden a propietarios que tienen una sola vivienda en alquiler (2). Este dato se desconoce en Argentina. Por esta razón, en España se está preparando una línea de crédito a tasa cero para que las familias inquilinas puedan pagar su alquiler. En esta política, la financiación la daría el Estado y no el propietario. El sentido es que la carga no la reciba unilateralmente un propietario que también necesita ese dinero para atender sus necesidades básicas.
En Argentina, el DNU no establece la tasa cero para el pago de lo adeudado porque estamos en inflación. Se establecen intereses compensatorios para que el monto de la deuda no se desprecie y no se permiten ningún otro tipo de interés. Sería una especie de financiamiento del propietario a tasa cero, pero con intereses para conservar el mismo poder de compra.
C) El DNU ha considerado la vulnerabilidad del locador (cuando el canon del alquiler resulta necesario para cubrir sus necesidades básicas) considerando este supuesto como una excepción a la medida de congelamiento de los alquileres.
No se extendió esta excepción a las medidas de suspensión de desalojos o al tratamiento de deudas por falta de pago. El destino de estos propietarios seguramente no está sellado y habrá nuevas discusiones a futuro para atender sus derechos y necesidades.
Toda la carga la absorben los propietarios. Hay un problema para los propietarios que necesitan este ingreso para vivir y que solo pueden plantear la excepción en el caso del congelamiento.
4. Se suspenden los desalojos por falta de pago total o parcial.
Este es un reclamo histórico para los que venimos impulsando la declaración de la emergencia habitacional. Pero surgen dos preocupaciones importantes:
A) Esta medida seguramente será respetada con una adhesión casi total en el sector formal de la ciudad. Pero en las villas (Barrios Populares según la Ley N° 27.453) por experiencias previas habrá un alto grado de irrespeto dejando a las familias inquilinas totalmente desprotegidas. ¿A qué experiencias nos referimos? En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existen muchas leyes de re-urbanización de villas que prohíben los desalojos tanto del estado como de privados. Este mandato en los barrios es inexistente. Familia que no paga o no puede pagar las subas arbitrarias de los alquileres es desalojada por la fuerza por los propietarios. Esto sucede porque el Estado nunca ha querido asumir su poder de policía en estos barrios ni adoptar medidas para proteger a las familias inquilinas. Resulta más llamativo cuando esto sucede en villas que están asentadas en tierras propias del Estado Nacional o de la Ciudad. El mercado inmobiliario en las villas es más salvaje porque no tiene ningún tipo de control ni administrativo ni judicial. Si no se respetaron leyes que prohibían los desalojos, ¿Porque respetarían esta nueva ley? Para que una ley se respete tiene que existir una estructura estatal predispuesta a actuar para obligar su acatamiento. El DNU no dice nada al respecto. Esperamos que las autoridades locales actúen en consecuencia para lograr el efectivo cumplimiento de la prohibición de desalojos en los barrios populares.
En los Barrios Populares de la ciudad habitan aproximadamente 400 mil personas, 1 de cada 7 porteños/as. Entre un 40% y 50% son inquilinos/as dependiendo de cada barrio. Si estas familias no pagan su alquiler, van a generar escenarios de mucha violencia y afectación, si no interviene en forma prioritaria el Estado.
B) La suspensión de desalojo alcanza a los que tienen contratos formales de locación. Reiteramos que el país y la ciudad se encontraban antes del Covid-19 en emergencia habitacional, la cual se manifestaba en los miles de familias desalojadas mensualmente sin soluciones habitacionales adecuadas, muchas de ellas por encontrarse en situación de ocupación sin contar con contratos de alquiler firmados por el propietario registral. Así como se está anteponiendo la salud a la economía, ésta pudo ser la oportunidad para anteponer el derecho a la vivienda de estas familias a los intereses económicos de los propietarios. Esto no implica que impulsemos una solución donde los propietarios asuman toda la carga nuevamente, sino que solicitemos al Estado que intervenga en estos conflictos para buscar soluciones de equilibrio que satisfagan el derecho a la vivienda y los intereses de los propietarios. Esto no sucedió. Luego de que se levante la cuarentena y que los tribunales vuelvan a su funcionamiento normal, se reactivarán cientos de desalojos que involucran a miles de familias en la ciudad.
5. En la enumeración de los contratos de locación se ha tomado la postura más laxa sin establecer restricciones en cada categoría.
Por ejemplo, no importa el monto del precio del alquiler, ni la superficie o suntuosidad de la vivienda alquilada, es indiferente la capacidad económica del inquilino. Creemos que a futuro también deberán afinarse las situaciones alanzadas por el DNU para evitar situaciones injustas y de desequilibrios de la ecuación económica intolerables. Ejemplificamos con casos extremos: Jubilados que cobran la mínima alquilando una oficina a un profesional muy exitoso, familias inquilinas ambos directivos en blanco de empresa importante alquilando una vivienda a una familia actualmente desempleada o que no pudo trabajar por el aislamiento social obligatorio, etc.
6. Existe un tratamiento igualitario frente al rentista inmobiliario y el rentista financiero.
El 29 de marzo también se publicó el DNU que protege a los que tomaron créditos hipotecarios para vivienda única. También se dispone el congelamiento del valor de las cuotas y el diferimiento del pago de las deudas. Para el primer caso se prohíbe el cobro de intereses compensatorios y moratorios. Para el segundo caso se autoriza el cobro de intereses compensatorios. Igual solución se dispuso en el DNU de alquileres. Hasta aquí un trato igualitario. Pero, si se exige un esfuerzo también a pequeños rentistas inmobiliarios, debería el Estado exigir un esfuerzo a todos los sectores financieros con los cuáles gran parte de la población se encuentra endeudada y en dificultades para pagar dichas deudas.
7. En los últimos años ha proliferado la garantía bancaria para acceder a un alquiler.
Un banco se compromete a ser garante a cambio de un monto de dinero (más o menos, el valor correspondiente a un mes o mes y medio de alquiler). Muchas familias acceden a este servicio pagando el monto correspondiente en cuotas con intereses. Creemos que estos bancos también deberían soportar parte de la carga de esta crisis.
Por último, alquilar una vivienda no sólo implica el pago del alquiler, sino también el de los impuestos inmobiliarios, las expensas y los servicios públicos.
El GCBA debería asumir un esfuerzo equivalente al realizado por los propietarios con relación al monto de los impuestos y, también en esta dirección, disponer una nueva modalidad de tarifa social de los servicios públicos de agua y electricidad que son de su competencia

[1] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227247/20200329
[2] https://cadenaser.com/ser/2020/03/28/economia/1585400451_047463.amp.html

1.4.2020

Mientras la pandemia de coronavirus se encamina a su pico de contagios, la asamblea de residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que continúan trabajando sin los insumos de prevención, como barbijos y camisolines, y que sus profesionales cumplen largas jornadas laborales, mientras el Gobierno porteño se niega a asegurarles continuidad laboral o incorporar más personal a los equipos sanitarios, entre ellos a las 1440 personas que se presionan para que trabajen de manera voluntaria.

«Las autoridades no comparten las mismas preocupaciones que el conjunto de trabajadores de la salud, que somos les que le ponemos el cuerpo para combatir la pandemia», lamentaron concurrentes y residentes en un comunicado emitido hoy tras el fracaso de la reunión que mantuvieron con el subsecretario de Planificación Sanitaria, Daniel Ferrante, y el director de Docencia e Investigación, Daniel Villa Monte.
En la reunión, que forma parte de la negociación abierta a fin del año pasado en el marco de la discusión de una ley de Residente y Concurrentes, la asamblea priorizó la emergencia sanitaria y propusieron un plan integral de trabajo, pero solo recibieron por parte del gobierno porteño el otorgamiento de viandas durante las largas jornadas laborales y el otorgamiento de un seguro de trabajo, sin que todavía se los reconozca como empleados públicos y sean contratados bajo el formato de formación profesional voluntaria.

Residencias e insumos

Respecto del trabajo que realizan los residentes –que reciben un salario durante su formación profesional–, la asamblea denunció la falta de un protocolo unificado para todos los establecimientos y la descoordinación en la organización de tareas frente a la pandemia, además de una reducción de la jornada laboral y el pago de horas extras.
Uno de los reclamos más sensibles se refiere a la falta de kits de prevención (camisolines impermeables, antiparras, guantes y barbijos), que ya había sido denunciada por los trabajadores de algunos hospitales, como el Ramos Mejía .
El gobierno porteño, por su parte, sostuvo que la falta de insumos y equipamiento se debe al «aumento de precios, el bloqueo de compras del gobierno nacional y la supuesta prioridad de algunas hospitales», denunció la misma asamblea.
Además, los residentes solicitaron que el gobierno porteño les asegure la continuidad laboral ante la falta de personal médico que evidenció la pandemia. Por el momento, las autoridades porteños solo plantearon la posibilidad de extender las residencias o otorgar futuros contratos transitorios.
La asamblea reiteró que más de 1.400 residentes están en su último año y «se encuentran prácticamente a cargo de servicios», pero en los próximos meses, en el pico de la pandemia, podrían encontrarse sin trabajo a pesar de haber sido considerados como “’héroes o heroínas’». «Su continuidad laboral a través del pase a planta permanente no sólo dará respuesta a una justa reivindicación sino que también pondrá a centenares de profesionales ya capacitados al servicio de la lucha contra la pandemia», subrayaron los denunciantes.

Sin salario y bajo presión

La asamblea también advirtió sobre el demorado reclamo de la precarización de los más de mil concurrentes –especialistas de distintas áreas de la salud– que frente a la pandemia han recibido presiones para asistir a los centros de salud sin que el gobierno porteño los reconozca con un salario.
«Hubo aprietes en servicios de algunos hospitales, instándonos a asistir a nuestros puestos de ‘trabajo’. En algunos casos, a cumplir tareas para las cuáles nos falta formación y no corresponden a las especialidades de cada profesional», advirtieron los concurrentes, quienes se mantienen con retención de tareas.
«El Gobierno prefiere prescindir del trabajo de profesionales de todas las disciplinas en medio de una pandemia, acrecentando la crisis sanitaria. Los concurrentes no son considerados personal esencial, no poseen permiso de libre circulación y muches son monotributisas que no pueden ir a sus trabajos remunerados», advirtió el comunicado.
La misma asamblea ya había denunciado en su momento que el gobierno porteño «prefiere contratar a personal externo o a profesionales que ya cumplen sus funciones dentro del hospital, pero que suman guardias exhaustivas, agotando ese recurso humano fundamental».
«Nuestro reclamo histórico, que se nos reconozca como trabajadores, nos otorgaría ficha municipal y junto con ella, le daría al sistema público de salud un recurso humano invalorable en el contexto actual de emergencia. No obstante, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le da la espalda a este colectivo, como en reiteradas oportunidades», concluyó la asamblea.

1.4.2020

El céntrico Hotel Ibis Obelisco se ha convertido desde hace diez días en una especie de campamento para aislar caprichosamente (y no por prevención, porque lo que alli ocurre es más peligroso que estar caminando en grupo por la calle) para más de 150 personas que tuvieron la mala suerte de retornar al país en medio de las medidas de cuarentena. Son múltiples las quejas que formulan quienes están enclaustrados y separados por habitaciones, pero basta con leer, por ejemplo, el comienzo de una nota en su FB de la colega Mercedes Sullivan, para tener una idea de la situación:
«Hoy transito mi 7º día de cuarentena obligatoria en el hotel Ibis Obelisco, tras retornar el pasado lunes (23/03) del exterior. Es un encierro que ha sido dispuesto de manera totalmente aleatoria por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ya que muchos pasajeros de vuelos que llegaron antes y/o después del mío fueron enviados a cumplir cuarentena en sus casas. Parece que hay ciudadanos más inmunes al virus que otros…
Yo, que hago de la escritura mi medio de vida, hoy no encuentro las palabras para describir lo que viví en los últimos días (y sigo viviendo). Pero voy a intentarlo. Bajo ningún punto de vista intento victimizarme: sé que hay personas que la están pasando muchísimo peor, por lejos, y sé que a todos nos afecta este aislamiento. Sólo quiero visibilizar algunas cuestiones que considero importantes. De todo esto que estamos atravesando, algo tendremos que aprender. Y creo que la clave es trabajar en la empatía.
Mercedes venía de Cuba y como otros y otras argentinas que regresaban de otros países, primero tuvieron una odisea de 53 horas en el aeropuerto de Panamá y cuando después de muchas protestas lograron subirse a un avión que las trajo a Buenos Aires, comenzó el otro calvario.
«Al llegar nos engañaron de mil maneras», relata Michel Krymer, quien regresaba de México. «Nos dijeron que preventivamente nos iba a hacer un hisopado y que en función del resultado en 48 horas podríamos ir a hacer la cuarentena en nuestras casas. El hisopado recién nos lo hicieron este martes 31 y yo volví el 23, y ahora nos dicen que no sabe cuando estarán los resultados».
Las quejas de cada uno de los viajeros conciden en que todo huele a un gran negociado del Gobierno de la Ciudad con los hoteles (tanto el Ibis como el Presidente y otros parecidos están alojando a cientos de personas). En los hoteles nadie se hace responsable de nada cuando los pasajeros reclaman algo, la higiene brilla por su ausencia, la comida según los testimonios es «desastrosa» y obliga a que cada uno pida comida extra que debe abonar religiosamente.
Si a esto se le suma la ridícula campaña que algunos descolocados de siempre hacen por las redes ((mezcla de resentimiento y xenofobia barata), prácticamente condenando a quienes viajaron y decidieron volver al país , vale para iimaginarse cómo está el ánimo de estos argentinos y argentinas cuyo único delito fue querer volver a casa.
A eso se refiere Mercedes Sullivan en su fb: He leído muchísimos comentarios -e incluso creo que es un discurso que se ha intentado instalar oficialmente- respecto a que los argentinos varados en el exterior deben «joderse» por haber viajado. Nos calificaron, como mínimo, de «chetos» o «macristas». Y voy a hablar por mí, aunque sé de cientos de casos similares: no soy ni cheta ni macrista. Viajé a Cuba el 29/02 (cuando el coronavirus aún era algo muy lejano por estos pagos…) usando ahorros de casi toda una vida. No tengo casa, no tengo auto, no tengo bicicleta, no tengo casi nada material. Ahorro para viajar porque es lo que me hace feliz, me permite conocer culturas, personas, experiencias, en definitiva, lo que yo considero un aprendizaje para crecer.
Por lo demás, llueven las denucias desde el Ibis, que hablan de «pacientes con patologías de base sin cuidados básicos ni médicos: pacientes diabéticos insulino requirientes que su insulina pierde la cadena de frío por falta de refrigeración y le dan hielo. Una de ellos tuvo cuadro de hiperglucemia lo que se suma su patología cardiovascular (insuficiencia cardíaca y coronariopatía) sin respuesta por el médico. No se respetan las dietas para diabéticos ni celiacos. Una mujer embarazada sigue allí sin los cuidados básicos.
La única atención que hay para los pasajeros la da un grupo de voluntarios y voluntarias que hacen lo que pueden dentro del pandemonium que allí se vive. Pero no hay médicos, incluso cuando fueron requeridos por urgencias que se daban entre algunos de los alojados.
Otros datos a tener en cuenta y que denuncian día a día los retornados es pedir alta de control para evitar la diseminación viral y proteger a los voluntarios, «ellos usan guantes para darnos la comida y cualquier otra cosa y no se limpian ni se ponen alcohol gel transmitiendo posible microorganismo de otras habitaciones porque estamos todos mezclados».
Más testimonios indican que la falta de higiene es total. Después de 4 días vinieron a limpiar, pero la misma es absolutamente deficiente apenas pasan un trapo sucio al piso traído de otra habitación y no desinfectan ninguna superficie, con el baño lo mismo jamás limpian inodoro o lavatorio
También, y esto aumenta la angustia y la incertidumbre, hay falta absoluta de información: «ya pasaron diez días y no sabemos quién es el jefe del operativo ni cuál es la indicación con nosotros. jamás vino el responsable ni sabemos su nombre», dice otra de las alojadas involuntariamente en el Ibis.
Para poder comunicarse entre ellos, muchas de las personas se asoman durante horas a las ventanas y en una ocasión realizaron un cacerolazo o ruidazo. Esto provocó la ira de sus custodios del Gobierno macrista de la Ciudad, y a las pocas horas apareció, enfurecido, Juan Pablo Arenaza, el Subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad, y activista del PRO y los amenazó a todos con «meterlos presos si siguen haciendo cacerolazos».
Así están las cosas para estos compatriotas condenados a la posibilidad de contagio por la absoluta impericia con que la administración macrista ha encarado las medidas preventivas. Mientras a Larreta le gusta posar junto a Alberto Fernández en las conferencias de prensa y cacarear que «en esta cruzada estamos todos los argentinos unidos para protegernos», un pedacito de la realidad son los testimonios que llegan desde los hoteles donde se maltrata a quienes sin ningún tipo de excusa se ha seleccionado para castigar. Es tan cierto esto como que varios días después que los pasajeros del Ibis arribaron al país, llegaron otros que sin pasar por hoteles ni por el hisopado fueron trasladados a sus domicilios. Algunos de ellos venían de Miami y eran amigos de funcionarios del gobierno CABA.
Comos se ve, no solo hay cuarentena de clase, entre los de clase media y media alta y los pobres que se hacinan en el conurbano, sino que gracias al macrismo, hay también viajeros retornado clase A y otros, como los del hotel Ibis y el Presidente, clase Z.

1.4.2020

Por Patricio Abalos Testoni y Julieta Lalama

La medida refuerza el carácter represivo y de criminalización contra esta población. Las organizaciones de derechos humanos repudiaron esta disposición y pidieron la inmediata derogación en un comunicado, ya que vulnera los derechos de las niñas, niños, y adolescentes contemplados en las normativas vigentes.

Hace unos días el gobierno de Rodríguez Larreta estableció por la disposición DI-2020-19-GCABA-DGRPJ que el centro donde funciona habitualmente la Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida “Juana Azurduy”, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio será utilizado para detener a los adolescentes que “muestren franca oposición al cumplimiento de dicha medida.”
La disposición de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene un carácter represivo que incluso va en contra de los Derechos de esta población contemplados en la Constitución Nacional, así como de las normativas vigentes a nivel nacional (Ley 26.061) como de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 114).
Hay que tener en cuenta que estamos en un contexto donde las niñas, niños y adolescentes de sectores más vulnerables la están pasando muy mal, formando parte de familias que hoy no están teniendo ingresos; siendo estudiantes de escuelas que están dando comidas de muy mala calidad, y en general viviendo hacinados, por lo que la cuarentena es muy difícil de mantener.
Sin embargo la decisión del gobierno de Larreta no es tomar medidas para que tengan una vivienda digna, medidas sanitarias y preventivas frente al posible contagio o alimentación de calidad. Sino que se refuerza una política represiva y de encierro, que ya sabemos que siempre cae en los sectores más pobres.
Esta medida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay que enmarcarla en un contexto represivo que está escalando en todo el país, donde se están viendo cada vez más abusos policiales y de las fuerzas de seguridad. Incluso este fin de semana se reunió Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta con el objetivo de reforzar la cuarentena en la ciudad. Esta disposición va en esa línea, criminalizando a los adolescentes en este caso, en vez de tomar medidas que protejan todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Desde diversos organismos de derechos humanos, sociales y políticas se repudió esta resolución, y se le exige al gobierno la inmediata derogación de la medida, y que se tomen las medidas necesarias de inclusión social, teniendo a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes como prioridad.
Como denuncia Alejandrina Barry, diputada porteña del FIT y operadora social en sus redes:
En el comunicado suscrito por cientos de personalidades, organismos de DD.HH., movimientos sociales y territoriales y partidos políticos; se afirma que: “No existe ninguna medida que pueda ser adoptada respecto de delitos por los cuales niños, niñas y adolescentes no son punibles, como el incumplimiento de las medidas de aislamiento dispuestas.
De nuevo el GCBA confunde pobreza con criminalidad e implementa sistema penal donde debe reforzar la protección de derechos.”
A continuación reproducimos el comunicado completo:
Para los adolescentes de CABA reclamamos cuidado, no represión
Las organizaciones abajo firmantes, defensoras de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes repudiamos la resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 27 de marzo de 2020 (DI-2020-19-GCABA-DGRPJ) en la que se afecta el edificio de donde actualmente funciona la Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida “Juana Azurduy”, durante la vigencia de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, “como Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida destinada a aquellos adolescentes que muestren franca oposición al cumplimiento de dicha medida.”
Disponer una medida de criminalización de los y las adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19 resulta inconstitucional y violador de sus derechos. En este contexto en el que “quedarse en casa “no es lo mismo para todos y todas, brindar acompañamiento y contención a los y las adolescentes, frente a un fenómeno del cual no podemos brindar ni experiencia previa ni una perspectiva, es obligación del Estado.
Muy especialmente, expresamos nuestra preocupación en razón de cómo afecta esta situación a los y las adolescentes de los barrios más vulnerados, cuyas condiciones de vida y edilicias de sus hogares lejos están de cumplir con previsiones de salubridad, sumado a la falta de saneamiento de los barrios que se ven azotados además por la epidemia del dengue, la tuberculosis y el sarampión.
Las medidas de aislamiento, por necesarias que resulten, no pueden ser valoradas con la misma vara en todos los casos, los y las adolescentes, han visto afectados los pocos espacios de educación, socialización y esparcimiento con los que cuentan y sus economías familiares fueron dramáticamente limitadas.
En lo educativo, el GCBA no mejoró las cosas: los mecanismos de aula virtual adoptados, reforzaron la exclusión del ya excluyente sistema de inscripción on line que dejó afuera a más 8000 niños, niñas y adolescentes. Sin conectividad ni medios para llevar a cabo sus tareas escolares mediante un ilusorio sistema de clases virtuales, se refuerza su impotencia y se pone en evidencia la falta de diseños de políticas adecuadas a los contextos más afectados.
Ha sido atacada hasta su alimentación (es útil recordar, que la primera medida que adoptó el GCBA fue suspender las viandas alimentarias en las escuelas, antes que reforzarlas) y las fuerzas de seguridad agravaron la violencia, tortura y tratos crueles e inhumanos con los que de por sí se maneja en los barrios periféricos. Con esta medida, que afecta el sentido más elemental del concepto de protección integral, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sella su política de vaciamiento y abandono a los más jóvenes.
No existe ninguna medida que pueda ser adoptada respecto de delitos por los cuales niños, niñas y adolescentes no son punibles, como el incumplimiento de las medidas de aislamiento dispuestas. De nuevo el GCBA confunde pobreza con criminalidad e implementa sistema penal donde debe reforzar la protección de derechos.
Exigimos que el GCBA derogue la norma indicada, y refuerce las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes en los sistemas de salud, protección contra la violencia intrafamiliar y policial, fortalezca el servicio de alimentación (teniendo consideraciones particulares para la primera infancia, la infancia y la adolescencia), ordene a las fuerzas de seguridad a actuar con trato respetuoso de los derechos y separe de su cargo a los agentes que no cumplan con su función en el marco de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Mesa de Articulación de Niñez
Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)
ESPACIO NO A LA BAJA
ESPACIO NO A LA BAJA MENDOZA
RED ARGENTINA NO BAJA
RED SUR
Asociación Civil El Arca
Atrapamuros
Aula Vereda
C.Re.Ar-Vamos
Casanova en Movimiento
CEDIM
Colectivo de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Colectivo Juguete Rabioso
Colectivo Memoria Militante
Colectivo No a la Baja
CTA Autónoma.
Defensa de los Niños y Niñas Internacional (D.N.I).
Foro por los Derechos de la Niñez
Fundación Che Pibe
Fundación Farinello
Fundación Emmanuel
GNRC Argentina, Red Global Regiones a Favor de la Niñez
La Miguelito Pepe.
Los Naranjos A.C.
Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos.
Niñez y Territorio

ADHIEREN:
Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora)
Norberto Liwski
Edgardo Knopoff (Jefe de Área Programática Piñero )
Alejandrina Barry diputada PTS/FIT CABA
Myriam Bregman Diputada FIT CABA presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura Porteña
Área de Niñez Ate Capital
Consejo profesional de trabajo social CABA
Junta Interna Ate Sennaf
Junta Interna de ATE Promoción Social
Vamos, Izquierda Popular CABA
Suma Qamaña
Adriana Bordarampe
Agrupación Lucía Cullen
APIABA (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – María Elena Naddeo
Asociación Civil Amanecer – Franco Ghiglino
Asociación Civil La Casona de los Barriletes – Leonardo Petris
Artépolis Asociación Civil – Daniel Radduso
María Florencia Gentile, ex plenarista del Cdnnya, Programa Infancias y Juventudes, UNGS.
Asociación Civil Forum Infancias
Cátedra Abierta Evita de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA – Coordinadora Felicitas Elias
Creactivar Redes Comunitarias – Eduardo Tissera
Comisión de Niñez y Adolescencia de Primero La Patria
Comisión de Salud del Instituto Patria
El Hormiguero
Foro de Instituciones Profesionales por la Salud mental CABA – Adriana Granica
APGCABA – Beatriz Perosio
Comisión de Niñez APDH – Gustavo Gallo
Colectivo Federal por la Desmedicalización de las Infancias – Gabriela Dueñas
La Boca Resiste y Propone – Maluca Cirianni
Comité Argentino de Seguimiento de la Convención por los Derechos del Niño (CASACDN) – Nora Schulman
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) – Capital – Romina Piccirillo, Valeria Pipo, Luciana Pandullo
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – Alicia Piatti
Dirección de Carrera de Trabajo Social FSOC UBA
USINA del Pensamiento Nacional y Popular – José Machain
Movimiento Popular La Dignidad
Comisión Directiva del Consejo Profesional de Graduados en Trabajo Social
Programa Abogados de Infancia y Adolescencia (PRABIA)
Casa Tasso – Centro de Investigación y Comunicación Popular en Salud (CICOPS)
Asociación Civil Bitácora – Giselle Méndez
Observatorio Contra la Inseguridad y la Violencia Institucional (OCIVI) – Verónica Hernández
Nueva Mayoría en el Frente Patria Grande – Mora López
Movimiento Popular La Dignidad
Red de Construcción Ciudadana – Silvia Jadur
Asociación Civil Conceptos Sencillos- Valeria Leiva
Red Iberoamericana de Trabajo con Familias – Juan Antonio Ciliento
Equipo Docente Sede Fines EEM Nº 6 DE 5 – Villa 21/24
Trabajadorxs de CAINA
Colectivo Educadoras de Villa 21/24 y Zavaleta
Observatorio de Políticas Públicas del Seminario de Integración Materno infantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Jorge Rachid
Calisa Nutrición – Miryam Gorban
ATICO Cooperativa de Trabajo en Salud Mental
Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales (AAES)
Campaña Nacional Contra Todo Tipo de Violencia en la Infancia y Adolescencia
Sara Josefina González (Vpte. de Consejo Profesional de TS. CABA) – Judith Barchetta (Pro Secretaria General del Consejo profesional de TS) – Lorena Guzetti – Miriam García).
Lista de Maestres y Profesores
Bachi Bajo Flores.
Red de Docentes Familias y Organizaciones del Bajo Flores
Flores Solidario
Marcelo D´Ambrosio.
Vecinos libres sin Fronteras del Playón de Chacarita
Mesa abierta por la urbanización del Playón de Chacarita
Raquel y Jorge Witis
Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte
Somos Barrios de Pie
Merendero las Pulguitas
Merendero Unidos por una sonrisa
Comedor Esperanza
Observatorio DDHH Comuna 7
Melina Mabel Ghione, abogada de niños, niñas y adolecentes
María Paula Rodríguez , Atropóloga social
Trabajadores del Programa Puentes Escolares, Ministerio de Educación (GCBA)
Corriente Nacional René SALAMANCA CCC-ATE
Lista Roja Proyecto Colectivo agrupación de graduadxs de Trabajo Social CABA
Ate desde Abajo
Y siguen sumándose firmas…