La Legislatura porteña endurece las sanciones contra los cuidacoches con penas de prisión y multas millonarias
19.06.2026
El escenario para quienes ejercen de manera informal el cuidado de vehículos y la limpieza de cristales en las calles de la Ciudad de Buenos Aires sufrió un vuelco drástico. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 6961, una reforma estructural al Código Contravencional que busca desarticular una problemática persistente en el entramado urbano. El proyecto, impulsado de manera decidida por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cosechó un respaldo mayoritario de 36 votos a favor en el recinto parlamentario. Con esta aprobación, la administración local abandona el esquema netamente económico, que había demostrado ser ineficaz ante la imposibilidad de cobrar las penalidades, e introduce el arresto efectivo como la herramienta principal de disuasión y control.
La urgencia detrás del debate legislativo quedó respaldada por las propias estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad porteño, que contabilizaron un total de 13.149 actas por estas infracciones en el lapso de doce meses transcurrido entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Ante este panorama, el Ejecutivo porteño catalogó la actividad como una modalidad extorsiva que se apropia ilegalmente de la vía pública. Aunque la modificación sancionada mantiene estas conductas dentro del universo de las contravenciones y evita encuadrarlas como delitos penales, la severidad del nuevo articulado altera por completo el procedimiento policial y judicial ordinario, permitiendo que los agentes de seguridad actúen en flagrancia y procedan a la detención inmediata de los involucrados.
El nuevo esquema punitivo establece un escalonamiento que distingue entre la falta individual y las redes delictivas organizadas. Para cualquier individuo que exija dinero a cambio de estacionamiento en las calles porteñas, la normativa prevé un arresto que oscila entre los 10 y los 30 días. Sin embargo, la pena se agrava considerablemente si la falta ocurre en el contexto de espectáculos artísticos o deportivos masivos, donde las detenciones pueden llegar a los 50 días. El foco principal de la legislación apunta a desmantelar las estructuras jerárquicas detrás del negocio ilegal; por este motivo, quienes coordinen o financien estas bandas urbanas se exponen a un máximo de dos meses de reclusión efectiva y a la inhabilitación para percibir planes sociales o subsidios porteños durante un bienio.
Además, los legisladores incorporaron cláusulas de agravamiento destinadas a proteger a los conductores vulnerables. En situaciones donde medie intimidación, insistencia desmedida o conductas sustentadas en la desigualdad de género, la sanción aplicable se elevará automáticamente al doble de lo estipulado. Al mismo tiempo, el componente financiero de las contravenciones se actualizó mediante el sistema de Unidades Fijas para evitar su depreciación. El piso de las penalidades económicas se fijó por encima del millón de pesos, mientras que la escala superior puede trepar hasta rozar los seis millones y medio de pesos, complementado con una fuerte ampliación de las jornadas de trabajos comunitarios, que ahora demandarán entre 20 y 45 días de labor obligatoria.
El despliegue de control gubernamental tendrá un impacto directo en el operativo de los espectáculos públicos, extendiendo de forma notable el perímetro y los tiempos de vigilancia de las fuerzas de seguridad. La prohibición ya no se restringe a los alrededores inmediatos de las canchas de fútbol, sino que abarca cualquier evento masivo y amplía el radio de exclusión hasta un límite de cincuenta cuadras a la redonda. En cuanto a la cobertura horaria, las patrullas policiales iniciarán las tareas preventivas seis horas antes del comienzo del evento y mantendrán la custodia hasta tres horas posteriores a su finalización. Finalmente, el texto sancionado busca cortar la complicidad institucional, imponiendo multas que ascienden a los veinte millones de pesos y clausuras de hasta tres meses para aquellos clubes o entidades organizadoras que colaboren u omitan denunciar la presencia de estas organizaciones en sus instalaciones.