Red de radios

15.10.2009

El juez Norberto Oyarbide llamó a indagatoria a Ciro Gerardo James para que explique por qué y para quién hacía tareas de espionaje y cuál era la función por la que tenía un contrato con el Ministerio de Educación de la Ciudad.
En distintos allanamientos realizados en la casa de James, se encontraron los contratos de 2008 y 2009 por 57 y 72 mil pesos respectivamente, por “servicios” prestados a la cartera educativa porteña.
Lo investigado hasta el momento es en el marco de la causa por espionaje ilegal sobre un empresario (Carlos Ávila) y sobre el esposo de una de las victimas de la AMIA (Sergio Burstein).
Desde la Asociación Docente Ademys manifestaron su preocupación por esta situación y aseguraron que de esta manera se está demostrando a qué se destina el dinero del presupuesto de Educación, y así se explica por qué luego no alcanza la plata para cubrir las demandas genuinas de la comunidad educativa.
Los representantes de Ademys recordaron también que durante las jornadas de paro por aumento salariales y mejoras en las condiciones laborales, el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, había solicitado los listados de los educadores que habían adherido a las medidas de fuerza. Se ve que el espionaje empezó hace rato.

Sábado 17 de Octubre 10 a 19 hs.

IMPA

QUERANDIES4290 (entre Pringles y Rawson)

10.10.2009

         

Estimados compañer@s:

           

Los invitamos a analizar y debatir el estado de situación del patrimonio público privatizado y a compartir la elaboración de iniciativas tendientes a la recuperación y gestión pública de las empresas estatales.

 

Al colapsar la convertibilidad y decretarse la devaluación de la moneda se dictó la Ley de EmergenciaEconómica Nº 25.561 que otorgaba diversas herramientas para encarar una revisión integral de los contratos y reducir las tarifas suprimiendo los innumerables privilegios (dolarización de tarifas, ajuste a la inflación de EE. UU., entre otros)  que habían beneficiado con rentas extraordinarias alas empresas. Se abrió entonces un proceso de renegociación de 63 contratos en las áreas privatizadas de energía, transporte, telecomunicaciones, agua y servicios postales para analizar el cumplimiento de los contratos y la ecuación económica financiara de cada empresa, previo al otorgamiento de incrementos tarifarios que debían considerar previamente las capacidades de pago de la población.

 

Frente a la devaluación, las empresas privatizadas presionaron por exorbitantes incrementos tarifarios tendientes a recomponer sus tasas de ganancia para lo cual reclamaban también un seguro de cambio para hacer frente a su deuda dolarizada. Amagaban con abandonar el país y varias se declararon en convocatoria de acreedores, también amenazaban con futuros cortes de servicios o bien directamente aplicaron cortes de suministros. La mayoría de las empresas recurrieron al CIADI, centro de arbitraje internacional del Banco Mundial que oficia como tribunal, apelando a Tratados Bilaterales para la Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras firmados por la Argentina, para lograr compensaciones y subsidios directos o indirectos para recomponer sus rentas extraordinarias.

El gobierno de Kirchner, planteó inicialmente finalizar el proceso de renegociación de los contratos para poder determinar la razonabilidad de un incremento de tarifas. Sin embargo, al mismo tiempo que el Senado aprobaba la anulación de las leyes de impunidad, daba media sanción al proyecto que facultó al Gobierno a “flexibilizar” aquellos aspectos normativos que protegían los intereses populares y volvió a delegar superpoderes extraordinarios al Ejecutivo, para renegociar las concesiones por vía rápida, otorgar a cuenta de “los acuerdos definitivos” aumentos tarifarios, modificar los contratos de concesión o licencia, la adecuación temporaria de estos y los marcos regulatorios fijados por ley, según su entender sin estar obligado a un debate público, ni parlamentario.Finalmente, la normativa aprobada por ley 25.790 cercena facultades constitucionales del Parlamento, al otorgar un breve plazo de 60 días al Legislativo para que se expida sobre los contratos, prácticamente a libro cerrado y en caso de que no trate el tema en dicho plazo  los contratos se dan por aprobados, en forma ficta.

 

El gobierno a través de la Unidad Renegociadora (UNIREN) convocó a diversas audiencias públicas para renegociar los contratos donde se plantearon otorgar los aumentos de tarifas (primero a grandes usuarios y pymes y en una segunda etapa a los usuarios residenciales) por las cuales presionan las concesionarias y condonar y/o reprogramar deudas a cambio de suspender y posteriormente retirar las demandas contra el estado nacional presentadas en el CIADI. Las audiencias no son vinculantes, se convocaron en lugares poco accesibles y tuvieron escasa participación. Las decisiones que finalmente se concretaron en diversas actas acuerdos donde se renegociaron los contratos favorecieron y ampliaron aún más las prerrogativas que beneficiaron a las empresas privatizadas. En el proceso renegociador no participaron las organizaciones populares y se desconocen datos básicos. Se han definido revisiones contractuales e incrementos tarifarios sin conocer los reales costos de producción alegados por las privatizadas.

 

La disyuntiva planteada recientemente con los tarifazos, entre la continuidad de los subsidios a las empresas privatizadas y los incrementos tarifarios tendientes a eliminar los primeros en función de reducir el déficit fiscal para obtener recursos para pagar la fraudulenta deuda externa, revela una vez más la ausencia de alternativas que respondan a los intereses de nuestro pueblo. No se han exigido metas de inversiones y expansión de los servicios a las concesionarias y no se ha planteado la recuperación del control público sobre la renta de recursos estratégicos no renovables. Falta incorporar al actual proceso de revisión unas 200 concesiones entre los que se encuentran las productoras y generadoras de petróleo y energía. Los incumplimientos flagrantes de estos contratos por parte de las petroleras ameritan que se les retire las concesiones, pero no han sido objeto de revisión y han sido favorecidas con extensiones de contratos fraudulentos.

 

Las organizaciones sociales que venimos trabajando sobre la problemática de las empresas privatizadas consideramos importante analizar el estado actual de situación principalmente para encarar propuestas de acción sobre el control de estos servicios públicos y  para buscar alternativas de gestión pública de estas empresas estratégicas para que respondan a las necesidades populares y a un modelo de desarrollo soberano y sustentable.

 

            Esperamos contar con su presencia y los saludamos fraternalmente.

 

 

Sábado 17-10-09

 

10.00 hs

Introducción

Balance del estado de las renegociaciones con las concesionarias y licenciatarias de empresas de servicios públicos privatizadas. Cambios en la tenencia accionaria. Rescisiones de contratos y características de las nuevas empresas estatales.  Subsidios y Tarifas Escenarios futuros

Los juicios pendientes ante el Ciadi.

  

11.00 hs.

Mesa de Comunicaciones:

Correo Argentino. Víctor Jerez ex Srio Gral de Fejeproc.

Mesa sobre Energía: 13.30 hs.

Petroleras y Gasíferas, Felix Herrero MORENO

Entes Reguladores y situación Tarifaria

  Eléctricas. Gabriel Martínez de FETERA

  Gas. Rubén Ruiz APJ

 

. Mesa de Transporte: 15.00 hs.

           Ferrocarriles Raúl Surroca. Auditor

           MONAFE Dante Miranda y Ramón Duarte

             

. Mesa de Agua: 16.00 hs

Marco Regulatorio de Agua sobre la concesión de AySA. Las nuevas empresas de agua y saneamiento con mayoría estatal.

Mónica Colman Foro en Defensa del Río de la plata y su Ecosistema

Alberto Muñoz. Usuarios y Consumidores Santa Fe

 

. Reflexiones respecto al proceso de estatizaciones de empresas privatizadas. Alternativas del control ciudadano y popular. Propuestas de gestión alternativas. 17 hs.

 

Plenario 18.00 hs.

 

Cierre 19.00 hs.

 

Convocan:

Foro por el Pensamiento y la Construcción Social. Comisión de Recursos Estratégicos

Movimiento Nacional Ferroviario (MONAFE)

Comisión por la Recuperación de las Empresas Privatizadas

Comunicamos por este medio a los vecinos, que la construcción de la plaza Mariano Boedo ha quedado suspendida, esperamos que momentáneamente.

La Comisión Plazaha tenido acceso, con fecha 7 de octubre de 2009,  al Expediente Nro. 73095/08 (“Demolición de ex Talleres TATA y Construcción de Plaza Boedo”) originado en la Dirección General de Planeamiento Urbano y Arquitectura.

En el mismo, la Procuración General del GCABA, luego de un pormenorizado análisis de 10 carrillas -en las que se describen un alto número de irregularidades de procedimiento- concluye, con fecha 22 de mayo: “con sustento en las consideraciones precedentemente expuestas, aconsejo no suscribir el acto proyectado” (Firma: Pablo Gabriel Tonelli, Procurador General, GCABA). 

En tal instancia el Ministro de Desarrollo Urbano resolvió: “Déjese sin efecto la Licitación Privada por Invitación N° 161/2009 realizada para materializar la obra “Demolición de ex Talleres TATA y Construcción de Plaza Boedo”. Firman: Arq. Daniel Gustavo Chain, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA. Jorge Cicero, A/C Dirección Administración, Dir. Gral. Técnica Adm. Legal, Min. de Desarrollo Urbano. Buenos Aires, 18 JUN 2009.

El expediente, a la fecha, se halla detenido en la Mesa Gral. de Entradas y Archivos. La obra ha sido suspendida por el GCABA desde el 15-08-2009  como hemos podido comprobar en el predio.

Todas las desprolijidades administrativas más lo que, a esta altura de los acontecimientos, podría calificarse como voluntad de no hacer del Gobierno de la Ciudad, colocan a nuestra futura plaza en lista de espera, nuevamente.

DE LAS ANOMALIAS DEBEN HACERSE CARGO QUIENES LAS COMETIERON. A LOS VECINOS NOS CORRESPONDE LA TAREA DE EXIGIR QUE SE CUMPLE LA LEY 2266: ¡LA PLAZA, YA!

Hemos logrado acceder a archivos de la Legislatura donde se proponen reservas de partidas presupuestarias para la construcción de la plaza (año 2010:  $ 8.995.758,-  y 2011:  se agregan $1.000.000.-). Estamos indagando sobre si los montos son suficientes.

 

De igual manera, para lograr la reactivación de la obra, se han realizado acciones administrativas que incluyen una presentación -basada en la Ley 104  de acceso a la documentación pública- ante la Defensoría del Pueblo de la CABA. Y entrevistas a diversos Legisladores exponiéndoles el problema, con lo que se ha logrado, al momento, sendos pedidos de informes de los diputados Parada y Puy, al Ejecutivo.

En los próximos días, y hasta que la obra recomience, solicitamos a los vecinos su alerta sobre las acciones que vamos a anunciar para lograr el reinicio de obra. Proyectamos pintadas, afiches callejeros y movilizaciones de las más diversas formas. En el mes de noviembre llevaremos al Coro Murga de la Asamblea de Boedo y Amigos a la Legislatura contando la historia de la lucha por la plaza, antes de que se vote el presupuesto 2010.

www.plazadeboedo.blogspot.com

 

            Asociación Civil Cultural Ambiental

               TODOS POR LA PLAZA DE BOEDO

8.10.2009

Nos dirigimos a ustedes para transmitirles nuestra preocupación por el funcionamiento de un órgano ilegal, clandestino y violatorio de los derechos humanos, que funciona en el ámbito del gobierno de la ciudad: la UCEP. Por este motivo el día martes 8 de Octubre del 2009 hemos realizado una denuncia judicial (Juzgado Criminal de Instrucción Nº 49, Secretaría 169 en la causa ya existente Caratulada “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos”), presentando como prueba cinco casos testigos donde se ve el accionar de este organismo. Creemos urgente poder agotar todas las instancias necesarias, para que este organismo deje de funcionar. Por tal motivo los invitamos a firmar el siguiente petitorio, que será posteriormente enviando al Jefe de Gobierno, solicitando la disolución de la UCEP.

PETITORIO AL SR. JEFE DE GOBIERNO MAURICIO MACRI

En la gestión actual, encabezada por el Sr. Mauricio Macri, y en particular desde mediados de 2008, se tomó conocimiento y se tornó mucho más visible el accionar de un grupo de empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries que actúan en horas de la noche, desalojando a la fuerza, con amenazas y golpes, a personas en situación de calle que duermen en algún lugar de la ciudad. En octubre de 2008 se creó el organismo que le dio cobertura administrativa a este grupo de personas que actúan clandestinamente. Así, por intermedio del Decreto Nº 1232/08 de fecha 21 de octubre de 2008, se creó la UCEP, el Organismo fuera de nivel Unidad de Control del Espacio Público, que depende de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad.

Con el transcurso de los meses y acentuando su actuación en noviembre y diciembre de 2008, la UCEP se hizo famosa en la noche de la ciudad, principalmente en la zona sur, desalojando a los golpes a familias que dormían en las calles, muchas de ellas debajo de la autopista.

En sus procedimientos, la UCEP, además de agredir físicamente en forma violenta a las personas, roba todas las pertenencias de las víctimas y, en algunos casos, las arrojan en un camión colector de basura que también forma parte de estas operatorias ilegales. Por lo general, estos camiones (en algunos casos sin chapa patente que los identifique) pertenecen a empresas recolectaras de residuos contratadas por el GCBA, como es el caso de PANIZZA.

A la fecha, existen más de quince denuncias efectuadas por víctimas de la UCEP en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, está acreditado -por diversos testimonios- que la UCEP participó en otro tipo de desalojos. Entre otros se hicieron conocidos, el desalojo del inmueble en la Av. Paseo Colón 1588, el 27 de febrero de 2009, el desalojo de la Huerta Orgázmica el día 18 de mayo de 2009 en Caballito, y también se hizo conocida su intervención en el desalojo de los puestos de venta ambulante en la Costanera Sur el 16 de septiembre del corriente año.

8.10.2009

El desplazamiento de los directores de los neuropsiquiátricos porteños Braulio Moyano y Arturo Ameghino, dispuesto por el Gobierno de la Ciudad, generó rechazos y cuestionamientos sobre el cumplimiento de la Ley 448 de Salud Mental.

La Asociación de Profesionales del Centro de Salud Mental Arturo Ameghino cuestionó la designación de la nueva directora de la institución, Celina Fabrykant, elegida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en reemplazo del anterior titular, Rubén Slipak. Los profesionales manifestaron que “el nuevo nombramiento desconoce la Ley de Salud Mental de la ciudad, que permite la postulación de profesionales no médicos a cargos directivos”. El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud porteño, Néstor Pérez Baliño, contestó que la nueva directora fue nombrada “mediante una selección efectuada por un jurado prestigioso”.
Los trabajadores del Centro Ameghino sostienen que  bajo la gestión de Slipak la institución tuvo un notable crecimiento y el mismo había sido designado por sus integrantes.
“A pesar de la oposición generalizada de sus trabajadores, el Gobierno por intermedio de su recientemente designado Director Adjunto de Salud Mental, permaneció sordo a sus reclamos, desconociendo la legitimidad de los mismos, y decidió, llevándose por delante una historia de vida institucional dedicada al trabajo, continuar con la medida y desplazar a nuestra consensuada Dirección”, afirmaron en un comunicado.
Los argumentos de Silvia Atzori, presidenta de la Asociación de Profesionales del Ameghino, coincide y refuerza los planteos de los trabajadores: “Las autoridades de la ciudad simularon un concurso que es trucho y que, contradiciendo la Ley 448 de Salud Mental, impidió la presentación de psicólogos y otros profesionales no médicos”.
Además dijo que “muchos médicos del Ameghino renunciaron a la Asociación de Médicos Municipales desde que esa entidad impugnó concursos que permitían la inscripción de profesionales no médicos”.
La diputada porteña Alicia Bello, que preside la Comisión de Seguimiento de la Ley 448, sostuvo que “si el macrismo removió a Rubén Slipak, como a Jorge Cafferata en el Hospital Moyano, reemplazado por Alberto Monchablón, fue porque no eran funcionales a su proyecto político”. La legisladora denunció “el amplio incumplimiento de la Ley 448 ya que no se promueve el trabajo transdisciplinario entre distintas profesiones; no se promueven las áreas de internación de salud mental en hospitales generales ni las guardias interdisciplinarias; el área de Salud Mental dejó de ser una dirección general para convertirse en dirección adjunta; no se convoca al Consejo General de Salud Mental, que integra distintas profesiones”.
Las acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad dejan al descubierto una interna dentro del macrismo por la sucesión de los cargos.
Por otra parte, con el objetivo de denunciar el incumplimiento de la Ley 448 pacientes, familiares, trabajadores, asociaciones e instituciones de la salud mental, asambleas barriales y organizaciones de derechos humanos conformaron el Colectivo 448 de Salud Mental. El mismo tuvo un primer encuentro el sábado 26 de septiembre en el Hotel Bauen. Allí denunciaron principalmente el desmantelamiento de la salud pública; la paulatina desatención de las distintas problemáticas psicosociales; la desjerarquización de la Dirección General de Salud Mental; la mercantilización de las prácticas y las políticas. Además, hicieron hincapié en la grave situación de amenazas y violencia vivida por un grupo de trabajadores del Hospital Moyano, por parte de las actuales autoridades.
Durante el encuentro quedó abierta la convocatoria para el próximo 30 de octubre a las 18 en la Plaza Houssay, para elaborar un petitorio de firmas y principalmente continuar denunciando los atropellos  a la salud pública y gratuita por parte de gobierno de la Ciudad.