Red de radios

9.5.2020

Lo hizo la Legislatura porteña en la sesión de este jueves 7 de mayo. El Proyecto de Ley N° 818-J-2020 de “Emergencia Económica y Financiera” obtuvo 38 votos afirmativos (Pro, Radicalismo, Socialismo, Coalición Cívica) y 21 negativos (Frente de Todxs, FIt).

Desde distintas organizaciones, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas explicaron que el proyecto fue enviado por el Jefe de Gobierno para que la Legislatura le otorgue la suma del poder público al Ejecutivo, pero que la Legislatura tiene prohibido por la Constitución delegar facultades sin excepción (Art. 84), por lo que el proyecto de ley debería votarse con 40 votos y doble lectura (y no 31 votos y simple lectura).
Las organizaciones aseguran que los legisladores y las legisladoras que aprobaron la norma violaron estos mandatos constitucionales.
En cuanto a los súper poderes que tendrá el jefe de Gobierno, detallaron:
* Suspender la VIGENCIA DE LEYES, por ejemplo, las leyes ambientales, de seguridad, de transporte, de planeamiento urbano. Suspender los mecanismos de democracia participativa, programas comunales, etcétera.
Una Ley estará vigente sólo si Rodríguez Larreta decide cumplirla.
Este Súper poder no lo tuvo ningún Poder Ejecutivo democrático.
*Podrá distribuir a voluntad la totalidad del PRESUPUESTO sin límites.
El destino de todos los recursos de la ciudad los definirá el Jefe de Gobierno.
Se ha tomado deuda para sobreprecios y para fortalecer las fuerzas de seguridad para la represión.
¿En qué dirección creen que usará este súper poder?
* MODIFICAR contratos, permisos, CONCESIONES, compras reguladas por las leyes sin límites.
Venimos de la privatización histórica de tierras públicas y de la reprivatización de todos los servicios públicos de la ciudad.
¿Imaginan lo que hará con este súper poder?
*Recortará el presupuesto para las POLÍTICAS de VIVIENDA y para los procesos de REURBANIZACIÓN de los Barrios Populares
Por la falta de infraestructura sanitaria en las villas, 400 mil personas no tienen agua potable segura.
En este sentido, las organizaciones manifestaron que esta ley “no es solo un cheque en blanco sino la forma indirecta de cerrar la Legislatura y desvirtuar la democracia representativa y participativa”.