Amparo por contaminación en espacios públicos porteños

13.11.2019

Se trata de una acción colectiva presentada ante la detección de asbesto y amianto en escuelas y formaciones de subte de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, se reclama la puesta en marcha de manera urgente de políticas de descontaminación.

El amparo fue presentado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la Universidad de Buenos Aires, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, integrantes de la comunidad educativa IES de Lenguas Vivas; de su Asociación Cooperadora; de la comunidad educativa de la Escuela Infantil N° 08/04; CTA Autónoma Capital, delegados del Hospital Durand; CONADU Histórica, y Unidad Popular CABA.
Advierten que desde el gobierno de la Ciudad han demostrado un “desmanejo muy grave en relación con el asbesto”. Denuncian que en 2018 intentaron remover una caldera con amianto en el Nivel Primario N° 8, Distrito Escolar 4, “Carlos Della Penna” en plena ciclo lectivo; y que este año removieron otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa.
Cabe recordar que en 2011, el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri compró coches del subte con asbesto, un hecho que los trabajadores recién se enteraron en febrero de 2018 tras conocerse la noticia de empleados españoles enfermos. En la actualidad, 11 personas se encuentran enfermas a raíz de trabajar en un ambiente con asbesto en los talleres del subte.
Ante esta situación, distintas organizaciones presentaron este amparo en el que solicitan a la justicia que ordene al Ejecutivo porteño la creación de una Política Pública de Descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos de la Ciudad implementando un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto, además de un plan de contingencia y seguridad, de control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esta política a través de la constitución de una Mesa Multisectorial, y un Protocolo de Salud para el seguimiento de las personas expuestas.
La causa judicial se encuentra radicada en el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14, a cargo del Juez Lisandro Fastman.

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