Red de radios

24.1.2013

El fiscal federal Federico Delgado presentó este miércoles el pedido de juicio oral y público para los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, a quienes -como al resto de los exfuncionarios procesados- los acusó de ser "cómplices" de la tragedia ferroviaria de Once, que dejó 51 muertos.

"Es evidente la complicidad de los funcionarios. Es que el Estado para inyectar fondos (subsidios a TBA) tenía que cumplir algunos pasos previstos en el contrato. Los funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos, ¿el tren?, el tren siguió siempre abrazado a los vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección", expresó el fiscal en el escrito.

La presentación del fiscal también es contra los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa y Antonio Sícaro; y Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte ferroviario.

A todos los acusó por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta, este último en virtud del mal manejo que tuvieron los subsidios que recibió TBA por parte del Estado Nacional, los cuales- según detalló- entre 2003 a 2010 fueron de 1.924.625.755,67 pesos.

Para el fiscal, los funcionarios fueron cómplices "necesarios" de la "administración fraudulenta de los fondos públicos y esa misma inactividad formó parte de los actos concatenados que culminaron con el estrago agravado del 22 de febrero" de 2012.

El pedido de juicio oral también incluye a los hermanos Claudio Sergio y Mario Cirigliano, quienes estaban al frente de TBA, como a todo el Directorio de la empresa. Delgado expuso algunos accidentes previos al de Once y por ello graficó: "los trenes perdían sus prendas y nadie los arropaba, quien debía arroparlo no invertía ni arreglaba nada ¿Por qué? Por la connivencia de quienes debían custodiar la integridad del armario y su contenido que miraban para otra parte".

"Por ello la tragedia permaneció en estado de latencia hasta el 22 de febrero, podría haber ocurrido antes o después", agregó. En su escrito, Delgado explicó respecto a los dueños de TBA que "al apropiarse de los fondos que el Estado destinó para mejorar el servicio, dejaron a un lado el contrato. Al dejar de lado el contrato se olvidaron del servicio. Al olvidarse del servicio no invirtieron. Como no invirtieron la situación se asemejaba a una bomba que podía explotar en cualquier momento. Ello ocurrió el 22 de febrero de 2012".

"Recordemos que TBA era el concesionario del tren y que la CNRT debía controlarlo, pero había alguien por encima de ellos: la Secretaría de Transporte que debía aplicar e interpretar el contrato de concesión", concluyó.

Por último, al pedir juicio oral también para el motorman Antonio Córdoba sostuvo que éste además de reconocer que el tren frenaba mal, a la par confesó que "no lo paró".

"Esto quiere decir que admitió la materialidad del hecho que trajo aparejada la violación del deber de cuidado que lo envolvía como conductor", agregó, al tiempo que recordó que una pericia determinó que manejó la formación a una velocidad excesiva.

"Los hechos son fuertes, las pruebas sólidas, la instrucción fue impecable. El juicio, por tanto, debería fluir hacia la aspiración del preámbulo de la Constitución Nacional resumido en la formula ´afianzar la justicia´", concluyó.

Ahora, resta que esta semana las cuatro querellas también formulen sus respectivos requerimientos, y luego el juez Claudio Bonadío correrá vista a las defensas, para después evaluar si remite la causa a un Tribunal Oral o bien resuelve previamente realizar alguna otra medida.

Este martes se cumplieron 11 meses del hecho que provocó la muerte de 51 personas, a la par que una de las querellas reclamó la indagatoria del ministro de Planificación, Julio De Vido, por el episodio.