Red de radios

21.7.2009

Este martes 21 a las 10 hs está prevista una movilización convocada por un ala de los dueños de los talleres encabezada por Alfredo Ayala. Los mismos que golpearon salvajemente a los miembros de la ONG días pasados, que destruyeron la fachada de la Alameda en junio del año pasado, que intentaron quemarla en abril del 2006. Los mismos que han obstruído procedimientos inspectivos y de la justicia federal y que se niegan a formalizar la actividad.

En el texto de su convocatoria se pronuncian irónicamente contra la violencia cuando ellos la han ejercido abiertamente en varias oportunidades. También proclaman estar por la “descriminalización de las familias bolivianas”, eufemismo que oculta la defensa de los talleristas procesados por la justicia federal y con confirmación de Cámara por reducción a la servidumbre y violación a la ley de migraciones. Varios de esos procesados como Salazar Nina o Pedro Cocarico serán activos participantes de esa marcha.

Afirman estar contra el “saqueo de las maquinarias”, término con el que se refieren a las confiscaciones judiciales en los casos donde la justicia federal comprobó la reducción a la servidumbre de los costureros. La totalidad de las máquinas confiscadas a los talleristas procesados están embargadas en depósitos judiciales de Comodoro Py.

Sin embargo, para atraer mediante engaños a su marcha, Ayala ha afirmado una y otra vez que esas máquinas fueron a parar a la Alameda, argumento que no resiste el menor análisis, cuando es de público conocimiento que las pocas máquinas de la cooperativa fueron donadas por la embajada de Australia, la Organización Internacional para las Migraciones y el Ministerio de Desarrollo Social. También sostienen que las máquinas del Polo textil que administra el INTI fueron “saqueadas” a los talleristas, cuando el 70 % de las mismas fueron aportadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el 30 % restante confiscadas a un fabricante coreano que reducía bolivianos a la servidumbre y entregadas por un juez federal en comodato al INTI para que esos costureros antes explotados ahora puedan trabajar en forma cooperativa.

Mientras en el expediente de la Defensoría se apilan evidencias acerca de las características irregulares del taller inspeccionado el 10 de julio y de la brutal violencia con la que irrumpieron, gracias al aporte de videos y fotos en gran cantidad aportadas por el periodismo, los mismos agresores pretenden colocarse en víctimas y ahora planean marchar a la Defensoría del Pueblo con el claro objetivo de intimidar al organismo que desde el 2005 viene denunciando sistemáticamente el trabajo esclavo, la trata y el tráfico de personas y señalando claramente la  responsabilidad de muchas marcas en todo este proceso.

Lamentablemente muchos costureros irán forzados a esa marcha porque no tienen opción. Viven y trabajan con toda su familia en un taller y cuando el patrón ordena, no tienen más chances que obedecer. Bastaría que los periodistas entrevisten libremente a los mismos para advertir que han sido llevados a esa marcha por la fuerza o mediante engaños como los que se plantean respecto al destino de las maquinarias confiscadas.

La Alameda tiene claro que uno de los problemas cardinales a resolver en la industria de la indumentaria es la perversa estructura de costos que condena a muchos talleres a la precarización extrema. Sin embargo, la Alameda ha llevado a más de 90 marcas por ello ante la justicia federal y ha propuesto a los talleristas movilizarse para exigir a los fabricantes aumentar los precios que pagan a los talleres para la confección de sus prendas. Inútiles han sido los intentos, desde el momento que muchos talleristas prefieren esclavizar a sus propios paisanos antes que enfrentar la avaricia de las marcas. Habría que preguntarse si alguno de estos talleristas en realidad no son más que testaferros de las marcas y por tal motivo se niegan a desafiar a sus patrones, tal como testimoniaron varios empleados de las marcas en la megacausa que inició la Defensoría del Pueblo.

La Alameda sostiene que continuará con su lucha consecuente contra la trata, el tráfico de personas y el trabajo esclavo en todas sus formas y no cesará en su lucha por más intimidaciones y atentados que sufra. “Nos van a tener que matar a todos para que nos callemos. Somos defensores de la actual ley de migraciones, una de las más democráticas del continente, del mismo modo que defendemos la igualdad que todos gozamos en el territorio argentino, pero la misma debe basarse en el respeto a los derechos humanos universales y al marco jurídico de la Argentina.  Conductas como las del Señor Ayala que atacó en varias oportunidades nuestra sede, que envió una patota a golpearnos y que ha obstruido violentamente procesos inspectivos y judiciales y que ahora agita mentiras entre la colectividad para demonizar a la Alameda, no son las que ayudaran a terminar con el trabajo esclavo y a regularizar la industria textil. Esperamos que los jueces actúen en consecuencia, una vez que tengan todas las pruebas que ya se han aportado a la Defensoría”, afirmaron.

Una marcha que defiende a procesados por reducción a la servidumbre, que se opone al decomiso judicial de maquinarias cuando esto se constata, que reivindica jornadas de trabajo de 16 horas, que se opone a todas las propuestas estatales de regularización y que agita mentiras contra una ONG para incitar a la violencia no es precisamente una marcha que apunte a combatir el trabajo esclavo, sino más bien todo lo contrario, aunque la mayoría de los que participan de la misma hayan sido llevados por la fuerza o por engaños desde muchos de los talleres en los que están encerrados.