Jueza intima al Gobierno de la Ciuudad
Jueza intima al Gobierno de la Ciuudad
13.2.2011
La Juez Karina Cicero a cargo del juzgado 14 en el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad dictó una medida pre cautelar intimando al Gobierno de la Ciudad y a la empresa AYSA a entregar en un plazo máximo de 10 días toda la documentación referente a las obras estipuladas en el Decreto 220/07 (referente a laconstrucción de 320kms de cañerías de provisión de agua y cloacales en cinco barrios de la Ciudad). Luego de este plazo la Juez tiene que decidir sobre una medida cautelar pedida por la ONG ProtoComuna Caballito que solicita la suspensión de la entrega, por la administración porteña, de los permisos y finales de obra en los barrios porteños de Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coglhan por daño ambiental. Hasta que se realicen la totalidad de las infraestructuras comprometidas en 2007 con la firma del Decreto 220/07.
La vorágine de la construcción especulativa en nuestra Ciudad ha desatado una situación muy grave para quienes vivimos en ella. En efecto, basta recordar que desde el año 2006 han sido numerosas las protestas de los vecinos por la construcción indiscriminada de edificios, sin planeamiento racional ni infraestructura de servicios adecuada. Dejando al mercado como único guía y referente. Abandonando el Estado todo tipo de intervención y regulación que ponga a los intereses de la sociedad en general por sobre los de los especuladores.
En el año 2006, y en virtud de varios precedentes judiciales (que prohibieron de manera transitoria la construcción de edificios en polígonos en los barrio de Caballito y Palermo), El gobierno porteño suspendió la construcción en varias zonas de Buenos Aires, mediante el dictado del Decreto Nº 1.929/06 (Boletín Oficial Nº 2.565). A partir de ese momento, se encargó a la empresa proveedora de servicios de agua y cloacas AYSA un estudio sobre la situación de la red sanitaria en el territorio de 6 barrios de Buenos Aires.
Dicho informe, señala que “… el estudio fue llevado a cabo en base a la información suministrada por el GCBA en relación a los metros cuadrados permisionados durante el año 2005 y 2006, como así también a los crecimientos esperados durante los próximos 5 y 10 años”.
El informe de enero de 2007 arriba a varias conclusiones interesantes, siendo las más destacables:
· “Con relación al análisis de las mallas y fundamentalmente de las cabeceras que las abastecen, el estudio comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de “transportar y entregar” más caudal del actual y por tal motivo, serán “insuficientes” para satisfacer una demanda adicional”.
“Según datos de incrustación obtenidos de muestras de caños, en promedio, la capacidad de conducción de las cañerías de las zonas objeto del estudio, se reduce en rango que va del 60 a 80% por lo tanto en igual medida se debe reducir el caudal teórico transportado”.
· “Las mallas involucradas con los refuerzos en algunos casosestán trabajando en condiciones de stress y en otros hoy tienen un buen funcionamiento pero con el incremento de la demanda inmediata se verán afectadas las condiciones de servicio”,
· “Además se observó la necesidad de renovar de cañerías de diámetros menores ( 100 mm / 125 mm ) que actualmente funcionan como cabeceras y queno serán capaces de soportar ni la demanda global ni la inmediata”.
· “Teniendo en cuenta el alcance del Decreto, es importante remarcar que existe un número de viviendas ya permisadas, que actualmente se encuentran en ejecución y próximas a finalizarse que incrementarán la demanda en forma INMEDIATA” (el subrayado y la negrita son originales del texto).
En su parte final, el Informe de AYSA propone, para evitar insuficiencias en el servicio, un plan de obras de corto y mediano plazo con un presupuesto de 230 millones de pesos (actualizados son más de 400 millones).
Por lo tanto, para que en el corto plazo (antes de 2008) la red de aguas y cloacas no sufriera ninguna situación de riesgo había que realizar más de 153 kilómetros de obras, y en el mediano plazo (antes de 2011), más de 165 kilómetros de tendido. Ninguna de estas obras fue nunca realizada. Lo que nos lleva al colapso inminente.
Con posterioridad al estudio antes referido, el GCBA dictó el Decreto Nº 220/07 (Boletín Oficial Nº 2.628), donde, ante la crítica situación que planteaba la Empresa de Agua, Se firmo el Convenio3/07 entre la Ciudad y AYSA. Y se comenzó a exigir, para permitir la construcción de edificios, un “Certificado de Factibilidad” de esta última. Además, creaba comisiones técnicas y de participación ciudadana, fijaba procedimientos y se obligaba a “Establecer un cronograma de adecuación de las redes a la nueva norma” (Anexo III).
Así las cosas, corresponde resumir la situación en que nos encontrábamos en el año 2007, al momento de implementarse el Decreto Nº 220:
· Se reconoció que la red de aguas y cloaca era inadecuada aun sin aumentar la demanda.
· Se procedió a exigir, entonces, que las obras tuvieran un “Certificado de Factibilidad” de AYSA.
· Se prometió la realización de importantes obras para mejorar la red por parte de AYSA, con la supervisión del GCBA.
· El GCBA se comprometió a realizar las obras de infraestructuras si estas no fueran realizadas por AYSA.
Desde 2007 a la actualidad este sistema no fue implementado de manera correcta. Se otorgaron los “Certificados de Factibilidad” de manera automática, contradiciendo lo planteado en el informe técnico, ya que no existen constancias fehacientes de la realización de por lo menos, los 153,07 kms. de cañerías necesarias para poder cumplir con las necesidades inmediatas (del 2006) y tampoco con las necesarias para los nuevos emprendimientos constructivos.
No se realizaron las obras de 320 kms de cañerías. Pero los permisos de obra se siguieron otorgando igual, pese al estado de colapso de la red sanitaria. Las obras con permiso vigente desde 2007 hasta la fecha, podrían ser tachadas de nulas en materia administrativa y los funcionarios del GCBA podrían ser denunciados por los delitos de falsedad ideológica en instrumento público.
Ante estas circunstancias, podemos observar que nos encontramos en una situación aun más grave de colapso sanitario que la que existía en 2006, ya que la condición objetiva que diera lugar a esta normativa incumplida sigue vigente: no se hicieron las obras requeridas, los “Certificados de Factibilidad” carecen de fundamento fáctico – jurídico y expresan una situación del estado de la red que no es real y los funcionarios del GCBA no cumplieron con sus funciones. Y se permitieron la construcción de 2 millones de metros cuadrados en esos barrios solo desde que se firmo el Decreto 220/07 hasta el momento.
Este grave y latente problema sanitario puede afectar, en cualquier momento, la calidad de vida de centenares de miles de habitantes de la Ciudad. No se trata de una cuestión menor, sino de una circunstancia que puede generar un daño ambiental irreparable e irreversible.
El Poder Legislativo de la Ciudad ha manifestado una preocupación similar sobre el tema, presentando un pedido de Informes y un Proyecto de Declaración. En el primero de ellos, se manifiesta en sus fundamentos que “El motivo de este pedido de informes es intentar obtener la mayor certeza sobre denuncias vecinales referidas al incumplimiento de diferentes normas y convenios que estarían exponiendo a la Ciudad de Buenos Aires y a sus habitantes a un importante daño y peligro ambiental. Si se confirmase el incumplimiento del convenio firmado con AySA en febrero de 2007, del Decreto 220/07 y de la Ley 2.359 estaríamos ante la desgraciada situación de haber estado contaminando durante 4 años los acuíferos Pampa y Puelche por contaminación por mezcla con agua potabilizada, y lo que es aun peor por residuos cloacales”.
Ante esta difícil situación esperamos esperanzados el fallo de la Dra. Cicero a los efectos de poner orden y hacer cumplir la Ley, garantizando la calidad de vida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Que está puesta en juego solo por la vil ganancia de unos pocos.
