Escuchas ilegales
Escuchas ilegales
21.12.2010
En la Legislatura porteña, la Comisión Investigadora Especial terminó de investigar al Jefe de Gobierno por la causa judicial N° 12.466/2009 autos caratulados "James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos" que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7.
En el Informe afirman "Estamos en condiciones de afirmar que los hechos materia de nuestra consideración no integran un conjunto de sucesos aislados, no son simples errores administrativos o políticos surgidos de una tramitación rigurosa y seria de las cuestiones públicas, ni son el resultado de contingencias adversas que impactaron sobre un proceso de formulación y gestión de las decisiones políticas.
Se trata, por el contrario, de un sistema diseñado, propuesto y ejecutado por el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea del gobierno trasmitido como rutina organizativa a todos los estamentos de la administración.
Dicho sistema, que incluye el proceso de formulación y gestión de las decisiones políticas, atraviesa horizontalmente todo el aparato del Poder Ejecutivo y sobrevivió y hasta se vió fortalecido, contrariamente a lo que indicaría un razonamiento anclado en una visión republicana y democrática, a partir del estallido de la crisis".
Presidida por el legislador Hourest exponen "Donde había opacidad aumentó la oscuridad, donde se reclamaba asunción de responsabilidades se precipitó la fuga de las mismas, donde resultaba imprescindible aumentar los mecanismos de cooperación institucional, abrirse a la consideración social y legislativa la respuesta fue el abroquelamiento, el desconocimiento, el desprecio institucional y las prácticas crecientes de insinceridad pública acompañadas de estrategias de difusión que en lugar de informar a la sociedad solo traían confusión y manipulación.
Es por eso que la consideración de las responsabilidades políticas del titular del Poder Ejecutivo y de los funcionarios de primera línea no pueden estar mediadas por una percepción que, manteniendo a rajatabla la vigencia del principio de presunción de inocencia, suponga que los hechos que precipitan la crisis y las posteriores reacciones se explican por un acontecimiento, el impacto de la misma y una desorientación pasajera surgida de la conmoción".
El texto completo puntualiza "Estamos en presencia de una concepción del estado donde se repudian los avances republicanos y democráticos en materia de control y jerarquización de lo público como común, colectivo, universal, accesible y hospitalario. Una concepción que se empeña en no dejar “huellas” de su sistema de decisiones, que incentiva el funcionamiento de un doble estándar moral, que importa “grupos de solucionadotes de problemas “ llave en mano y no tiembla en ocultarlos de la consideración pública mediante artificios legales o el uso sistemático de la mentira.
De allí que consideramos que el titular del Poder Ejecutivo es el principal responsable del diseño, instalación y gestión de este sistema de decisiones políticas y con el que son solidariamente responsables sus funcionarios de primera línea.
El titular del Poder Ejecutivo es quien ha quebrantado permanentemente los pactos de verdad y responsabilidad y el principio de prudencia que por su jerarquía y responsabilidad estaba más obligado que nadie a cumplir. Ninguna consideración en torno a su situación personal, privada o procesal, puede ser antepuesta para consentir la vulneración de la salvaguarda de dichos pactos y la puesta en acto de dicho principio.
El Poder Ejecutivo no puede y no debe mentir sistemáticamente, no puede ni debe actuar de manera irresponsable ni gestionar cuestiones centrales de la convivencia ciudadana haciendo gala de imprudencia.
Dichas actitudes temerarias no dañan, como pretende asumir una concepción no republicana del poder a quien las lleva adelante y su costo se medirá en el resultado electoral inmediato, impactan sobre el sistema institucional en su conjunto y sobre las reglas de convivencia social con efectos que pueden desarrollarse y agravarse con el tiempo.
La visión decisionista de la democracia que pretende liberar de responsabilidades colectivas a quien toma las decisiones para situar a las mismas, en su legalidad y legitimidad, a partir de una convalidación electoral posterior ha traído un sinfín de desgracias y sinsabores e incubado profundas regresiones sociales y políticas en nuestra sociedad.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han consentido fenómenos de corrupción en la utilización de cargos públicos para fines privados y en beneficiar con decisiones de política pública a actores privados perjudicando el interés público.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han realizado encubrimiento negando accesibilidad integral, oportuna y universal a la información sobre cuestiones relevantes antes, durante el estallido de la crisis y en el marco del proceso de investigación.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han sido negligentes han descuidado aspectos centrales de la formulación y gestión de las políticas públicas, han omitido concientemente deberes que les son propios y que ninguna delegación de facultades les exime de cumplir, se han demostrado inhábiles, carentes de experiencia para seleccionar recursos humanos y establecer políticas, y reacios al diálogo institucional para enmendar errores cometidos.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea se han empeñado en omitir deberes, rutinas y salvaguardas que la ley les impone desarrollar y ello en el marco de una estolidez sin límite.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han resultado ineptos para llevar adelante las tareas que las leyes y reglamentos vigentes establecían tanto en materia administrativa, presupuestaria, de formulación de programas y de control de gestión.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han resultado ineficaces ya que el sistema de decisiones adoptado y sus consecuencias lejos está de haber satisfecho las expectativas acerca de los resultados esperados tanto en materia de cumplimiento de la ley cuanto de los principios de economía, eficiencia y eficacia.
Por todo lo expuesto esta Comisión remite a los tres poderes del estado de la Ciudad Autónoma estas conclusiones y recomendaciones.
Pero lo que es mas importante aun, ya que el objetivo de la misma no era la activación de los remedios institucionales incorporados en la Constitución y cuyo camino queda expedito a partir del procedimiento que pueda arbitrarse con la investigación aquí desarrollada y las que siguen su suerte en sede judicial, ponemos en consideración de la ciudadanía, titular inapelable de la soberanía y el poder constituyente, la formulación de un juicio público acerca del sistema y hechos aquí considerados. Ello independientemente de que consideramos que el titular del Poder Ejecutivo y sus ministros pudieran estar incursos en las causalidades establecidas en el artículo 92 de nuestra Constitución.
Reivindicamos la necesidad de un debate social extendido y denso sobre las cuestiones aquí planteadas; un trámite institucional (el juicio político) remite a cuestiones de factibilidad parlamentaria que pueden acompañar o no el ensanchamiento de la concepción de ciudadanía. Pero una tramitación social de este debate acerca del poder , sus capacidades y sus límites es el aporte mas valioso que puede realizarse mas allá de circunstanciales alineamientos en el Poder Legislativo.
Para quienes afirmamos convicciones republicanas, democráticas, deliberativas y participativas es en el seno de la sociedad y a lo largo del tiempo donde se dirimen las cuestiones mas profundas acerca del qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Es a ese espacio de controversia, conflicto y eventuales consensos hacia donde está dirigido el empeño de este dictamen".
Por último la CIE detalló "Queremos destacar, a riesgo de parecer anacrónicos, el papel central que cumple la ejemplaridad en la vida democrática. Fue Saint -Just quien señaló ante la Convención que “se promulgan demasiadas leyes, se dan pocos ejemplos” en esa línea argumentativa es que el reclamo sobre las conductas de los funcionarios públicos de mayor jerarquía adquiere dimensiones centrales. Hay que reclamar hasta el hartazgo que el comportamiento de los mismos pueda ser imitable y generalizable ; si por el contrario ,sus conductas resultan solo explicables por la posición de poder o notoriedad que ocupan circunstancialmente, si no pueden ser replicables sin ser reprochadas por los las débiles e indefensos, la democracia claudica en su pretensión igualitaria cediendo paso a la impunidad".
