Red de radios

19.7.2019

Por Juan Duarte

Este martes se firmó un Acta de "refuncionalización" de los neuropsiquiátricos entre el presidente de la asociación de Médicos Municipales y la ministra de salud de la GCBA. Sostiene un carácter manicomial mediante un discurso biologicista neurogenético a medida de las farmacéuticas. Rechazo de trabajadores de salud mental.

Este martes se hizo el anuncio: los hospitales neuropsiquiátricos de la ciudad (Borda, Tobar García, Moyano, Alvear) serían “refuncionalizados” para "responder" a la Ley de Salud Mental 26.657. Para esto se firmó un "Acta acuerdo sobre plan de refuncionalización de la Salud Mental en la C.A.B.A." entre la ministra de Salud del GCBA, la médica Ana María Pérez Bou y el presidente de la AMM, el médico especialista en ginecología y obstetricia Jorge Gilardi.

El documento afirma que "hay cuatro áreas de la salud mental y las neurociencias que van a ocupar la atención durante los próximos 50 años":

1. Influencias ambientales y hormonales en el ser humano: en rigor por ser humano se entiende "nuestro cerebro" y por influencias ambientales, los "compuestos químicos que nos bombardean de todos lados" (sic). La clave es "desentrañar la arquitectura cerebral y el funcionamiento de las diversas áreas cerebrales".
2. Vejez y enfermedades neurodegenerativas.
3. Bases moleculares de la conducta y las enfermedades mentales: a partir de la afirmación de que "en los últimos años se ha encontrado que la arquitectura genética de un individuo tiene profunda influencia en el desarrollo de enfermedades mentales".
4. Terapia génica del sistema nervioso: "cómo lograr acceso al cerebro desde la periferia" y va a permitir –afirma el Acta– "reparar funciones cerebrales defectuosas".

Finalmente se plantea que estas áreas se complementan y "se pueden llevar casi inmediatamente a la clínica", la base de la "medicina traslacional". "Así funciona en los países más avanzados (…) en instituciones que complementan la psiquiatría con la neurología, la neurobiología cognitiva, la psicología y otras tantas disciplinas."

Desde allí, “dando respuesta al marco jurídico de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657”, establece 4 “etapas” a seguir.
La primera sería –según el documento– la habilitación de dispositivos intermedios (casas de medio camino, etc.) “en cantidad y calidad” (sic) para permitir la externación de los pacientes. Uno se pregunta por qué no lo hicieron hasta ahora y, en un país bajo la tutela directa del FMI y su plan de ajuste, con qué presupuesto se habilitarán estos dispositivos. Más bien parece otra formalidad para eludir las críticas de usuarios y trabajadores que vienen demandando la creación de estos dispositivos.

Pero la segunda es la más problemática: en esta se buscaría “la re-funcionalización de los hospitales monovalentes transformándolos en Hospitales polivalentes especializados en salud mental, psiquiatría y neurociencias a través de un proceso de reformulación edilicia, renovación tecnológica y de recursos humanos”. O sea, si tenemos en cuenta los considerandos previos, queda claro que se trata de un eufemismo (o tres) para la vieja psiquiatría manicomial de corte biologicista y medicalizante, y que lo de "polivalente" es solo un disfraz terminológico. Pero eso no es todo, porque si seguimos nos enteramos de que el objetivo es… que “la institución se reconvierta y albergue aquellos pacientes afectados con cuadros agudos de corto, mediano y largo tratamiento” O sea, directamente se mantiene la internación manicomial.
Y agregan que “no solo se llevarán a cabo tareas asistenciales (léase, la clásica internación psiquiátrica, NdR) sino “también actividades docentes, académicas y de investigación clínica y medicina traslacional”. En este punto, la novedad es introducir la "medicina traslacional" (del laboratorio hacia el paciente) directamente en la salud mental pública, suponiendo que las problemáticas en salud mental son estrictamente médicas (desbalances químicos, neuronales o genéticos) y habilitando la venta de pruebas de validación de psicofármacos a bajo costo para las grandes farmacéuticas, un proyecto previamente acariciado por Lino Barañao.

La tercera etapa apuntaría a albergar la demanda de baja y mediana complejidad en salud mental que los hospitales generales no pueden absorber y que integrarán una “red prestacional conjuntamente con hospitales especializados.” O sea, directamente niega el término “polivalente”.

La cuarta etapa apuntaría a coordinar con efectores ambulatorios del primer nivel de atención (Cesac y Cesam).

Una nueva avanzada de la corporación psiquiátrica en clave de neuromanía

En una primera lectura podemos decir que documento firmado se apoya en un fundamento biologicista que reduce la complejidad mental de las personas a sus aspectos cerebrales neuronales, químicos y genéticos, de la mano del discurso de las “neurociencias” para fundamentar una primacía psiquiátrica en el área, de la cual disciplinas como la psicología son meros “complementos”. No solo mantiene la misma estructura manicomial psiquiátrica con internación sino que habilita la inversión estatal en recursos para convertirla en un centro de prueba de bajo costo relativo internacional para las grandes farmacéuticas.

Se trata de un intento de eludir los aspectos más progresivos de la Ley Nacional de Salud Mental, que sostiene los derechos humanos de los pacientes y aboga contra la internación manicomial y el hospital psiquiátrico clásico monovalente. En su lugar solo encontramos un cambio de palabras para poner nuevamente a la psiquiatría en el centro, validar la cronificación hospitalaria de los usuarios del sistema y la mercantilización de los mismos al servicio de los laboratorios.

El lenguaje biologicista de fondo es clásico en la psiquiatría, solo que ahora aparece justificación mediante las promesas de las neurociencias, la terapia génica y la biomedicina traslacional ("del laboratorio a la cama del paciente"). La complejidad de la salud mental queda reducida a neurotransmisores, genes y cerebros. Una suerte de psiquiatrización 2.0. En el libro Genes, células y cerebros, recientemente editado por Ediciones IPS, el neurocientífico Steven Rose y la socióloga de la ciencia Hilary Rose desnudan las exageraciones detrás de estas promesas y la mercantilización de la salud que las motoriza.
En rigor se trata de un proyecto que el gobierno viene anunciando hace años. En 2016, por ejemplo, el entonces ministro de Ciencia, Lino Barañao, planteaba que “Hay ensayos clínicos que se hacen con total rigurosidad en nuestro país y que después las compañías utilizan para validar sus productos. Queremos armar toda la cadena”. A su vez, que el proyecto presupuesto 2017 se planteaba “la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos Borda, Moyano y Tobar García, en “en hospitales de neurociencias” formando así un “polo de neurociencias”, que se sumaría así a los ya anunciados “polo farmacológico” y “polo tecnológico”, todos situados en un eje que recorre el sur de la ciudad.

El modo de aplicación es coherente con el accionar del gobierno de la ciudad hacia la cuestión: ya no la represión, como hicieron en 2013, sino la imposición directa mediante el acuerdo con la AMM. El debate y la posibilidad de hacer oír la voz de los sectores directamente interesados (pacientes, familiares, profesionales de las distintas áreas y la comunidad en general) brillan por su ausencia.

Les trabajadores de la salud mental denuncian el acuerdo

Frente a la firma del Acta, desde la comisión directiva de la Asociación de Psicólogos de GCBA emitieron un comunicado en el cual rechazan el acta, denuncia no haber sido convocados y plantean que “una reformulación de la salud mental de tal magnitud como la plasmada en el Acta requiere de la participación de toda la comunidad científica” y reclaman la convocatoria al Consejo General de Salud Mental establecido por la Ley 448.

Por su parte, el Grupo de trabajadoras/es sociales de guardia de la APSS emitió un comunicado en el cual rechazan el acta y denuncian que “la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera creó su propio Órgano de Revisión, violando no sólo la ley nacional sino también la local, N 448, sancionada en el año 2000.” y que “la mayor parte del presupuesto en salud mental, la CABA lo destina a efectores monovalentes.” Repudian el acuerdo, exigen un “plan de trabajo en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental, que no sea ajeno a las necesidades y demandas de la población” y reclaman “que la Ciudad de Buenos Aires respete su propio plexo jurídico para promover y garantizar los derechos humanos de las personas con padecimientos en su salud mental (Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Ley Básica de Salud N 153 y Ley de Salud Mental N 448)”. Asimismo, exigen “la creación de una red de servicios sustitutivos, con participación real de usuaries y trabajadores.”