El derecho de huelga es una institución jurídica de rango constitucional
8.10.2010
(Octubre8.2010)El ODH no comparte la decisión del Tribunal Superior de Justicia que en fallo dividido avaló los descuentos que el Ejecutivo porteño dispuso para los maestros porteños que realizaron un paro la semana pasada, ni tampoco la decisión de la Sindicatura General de la Ciudad, que depende del gobierno de Mauricio Macri, de enviar a un centenar de auditores para relevar los nombres de esos mismos docentes.
Para el ODH el derecho de huelga es una institución jurídica de rango constitucional, reconocida por los tratados internacionales, consagrada expresamente para la protección de los trabajadores, como garantía de las asociaciones sindicales para poder ejercer el único poder disponible, el de retirar la fuerza de trabajo, de su empleador. La Constitución Nacional se manifiesta de manera expresa, en relación al derecho de huelga, en su artículo 14 bis: "Queda garantizado a los gremios:…el derecho de huelga"..
La Cámara ContenciosaAdministrativa y Tributaria, cuando tuvo que tratar el caso entendió que los docentes cesaron sus actividades por reclamos gremiales, atribuyendo la responsabilidad de la huelga al Gobierno de la Ciudad, y de esta manera, encontrándolo obligado a reconocer los días de paro por haber dado causa al conflicto. En el caso, el GCBA reúne la condición de empleador de un colectivo de trabajadores y de garante de los derechos establecidos en la Constitución Nacional, la CCBA, la normativa internacional, y las legislaciones nacionales y locales.
Un patrocinio del ODH puso en funcionamiento los resortes del Estado porteño
El 18 de octubre el Ministerio de Desarrollo Social del GCBA notificó el otorgamiento del beneficio Plan Nuestras Familias para los meses de noviembre y diciembre de 2010, a los vecinos de la manzana 107 de la villa 31 Bis, zona denominada como "La Nueva Toma", quienes habían presentado una nota patrocinada por el ODH y la agrupación Los Invisibles de la Villa 31.
A mediados de septiembre, los vecinos le habían solicitado a la Ministrade Desarrollo Social del gobierno de porteño, la doctora María Eugenia Vidal, que se los reincorpore de manera activa al Programa Nuestras Familias que depende de la Ciudad de Buenos Aires, por la condición de riesgo social en la que viven, afectados por situaciones de emergencia y una sistemática vulneración de derechos.
