El Gobierno usó una de las tanquetas blindadas del G20 para entrar a Villa Zavaleta
20.12.2018
Ocurrió el miércoles pasado cuando la Policía Federal irrumpió en la Villa Zavaleta con una de las tanquetas blindadas de origen chino que adquirió el Gobierno para el G20.
Una de las tanquetas blindadas de origen chino que adquirió el Gobierno nacional para el millonario operativo de seguridad de la cumbre del G-20 volvió a verse después del 30 de noviembre.
Fue el miércoles pasado y la utilizó la Policía Federal para irrumpir en la villa Zavaleta donde, con la excusa de desbaratar una banda de narcotraficantes aterrorizaron a todos los habitantes de la villa y realizaron al menos 25 allanamientos.
Fuentes de la Policía Federal informaron que el procedimiento fue realizado mediante efectivos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) y según indicaron incautaron pasta base, cocaína y marihuana y durante el operativo detuvieron a 11 sospechosos.
Pero por más excusas que utilice el Gobierno es claro que el operativo "antidrogas" intenta legitimar la militarización en los barrios pobres para reprimir o amedrentar a los trabajadores.
Lo grave y peligroso es que este episodio se da en el marco del intento de aplicar el reaccionario protocolo impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que establece una ampliación de las facultades para la utilización de las armas de fuego por parte de las fuerzas represivas.
Este nuevo poder que se le concede a Gendarmería, Prefectura y Policía Federal de disparar sin siquiera dar la voz de alto constituye "claramente una inconstitucionalidad" como denunció Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda. Esta reglamentación "viola leyes vigentes, tratados internacionales con rango constitucional", dijo.
"Lisa y llanamente están planteando legalizar el fusilamiento por parte de las fuerzas de seguridad a personas por ejemplo que se encuentren desarmadas. Están legalizando el gatillo fácil y en nuestro país hay estadísticas alarmantes que involucra a las distintas fuerzas de seguridad, ya sean nacionales o provinciales”, concluyó Del Caño.
En la Ciudad de Buenos Aires, dicho protocolo fue declarado nulo gracias a una presentación judicial realizada por Myriam Bregman, diputada porteña del PTS-FIT, y abogada del Ceprodh junto a María del Carmen Verdú, del Correpi, entre otros.
