15.12.2018

La diputada del PTS-FIT preside la Comisión sobre Violencia Institucional. El informe muestra el avance de la criminalización de la protesta y de la legitimación de la represión policial con intervención judicial.

Esta semana se presentó un informe desde la presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de Violencia Institucional de la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires, que este año estuvo a cargo de la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT).

El informe da cuenta del “recrudecimiento de la criminalización de la protesta social y una profundización del avance en la legitimación de la represión policial con la intervención del Poder Judicial, tanto federal como de la Ciudad”.

La comisión está integrada por diputadas y diputados de distintos bloques y durante este año estuvo presidida por Bregman, abogada y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Desde la presidencia, Bregman abrió esta comisión a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, gremiales y políticas. Además de recabar denuncias sobre la violencia ejercida por las fuerzas represivas contra los sectores populares y acompañar sus reclamos con la movilización, se reúne periódicamente para amplificar sus testimonios. Además del Ceprodh que conforma Bregman, cuyos integrantes colaboraron con este informe, participaron de estas reuniones Nora Cortiñas, referentes del CELS, Correpi, APDH, Liberpueblo, APEL, La Poderosa, CTEP, trabajadores de prensa, trabajadores senegaleses, del Astillero Río Santiago, docentes, del Subte, además de diputados nacionales y porteños de distintos bloques y estudiantes, entre otros sectores que se detallan en el informe.

La Comisión se encarga de recabar denuncias sobre la violencia ejercida por las fuerzas represivas contra los sectores populares y acompañar sus reclamos con la movilización, y además se reúne periódicamente para amplificar sus testimonios.

Trabajadores, juventud y sectores populares en la mira

En el informe, que se puede leer completo al final de esta nota, se describen las situaciones de persecución a la juventud en los barrios y las escuelas, a los manifestantes, a la oposición, a trabajadores y a migrantes senegaleses, entre otros, señalando todas las arbitrariedades a las que son sometidos por la acción conjunta de las fuerzas de seguridad que actúan en la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo Nacional, el porteño y sectores del Poder Judicial tanto federal como local.

El texto señala que “ha habido durante 2017 y 2018 un aumento en la criminalización de la protesta y la pobreza, con métodos que a todas luces no solo son cada vez más violentos, sino también ilegales”, describiendo minuciosamente el modus operandi represivo que llevan adelante.

Para dar cuenta de este salto represivo se refiere con detalle a las marchas por Santiago Maldonado, el 8 de Marzo, las jornadas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional, las protestas contra el Presupuesto 2019 y las marchas contra el G20 y la UniCABA, entre otras, de las que resultaron varios detenidos con causas armadas y heridos.

También se menciona el intento de avanzar en reglamentaciones y reformas para endurecer y “empoderar” el accionar de las fuerzas represivas, como es el caso de la Resolución 956/2018 emitida recientemente por Patricia Bullrich.

La diputada Myriam Bregman señaló que se ofrece este informe, “producto de un año de trabajo, para ser tenido en cuenta por todos los diputados y diputadas de la Ciudad. Constatamos un agravamiento de la situación represiva y advertimos que esta se profundizará aún más en los años venideros a causa del ajuste del Gobierno y el FMI. Esta comisión seguirá en pie para recibir denuncias y tomar medidas para defender las libertades democráticas y la movilización en defensa de esos derechos”.