Subte: multan a Metrovías por negar el uso del servicio a miles de discapacitados

4.10.2018

Daniel Satur

La empresa del coimero Roggio incumplió un fallo que la obligaba a arreglar o instalar medio centenar de escaleras, ascensores y rampas. Se confirma el desprecio por la vida de pasajeros y empleados.

El juez Roberto Gallardo, titular del juzgado nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, declaró “incumplida” la medida cautelar que había dispuesto la Cámara de Apelaciones contra la empresa Metrovías Sociedad Anónima, la concesionaria del subte porteño denunciada por un colectivo de personas por graves problemas en la accesibilidad al servicio por parte de personas con discapacidad motriz.

Gallardo impuso una multa a la empresa por un total de $ 5 millones, a razón de $ 100 mil por cada una de las 50 fallas o medios inaccesibles denunciados. A su vez le dio un plazo de quince días a Metrovías para que arregle todo lo que está roto o cree directamente lo que no existe en términos de accesibilidad. Frente a tamaña multa, Roggio se debe estar riendo a carcajadas.

De todos modos, el juez le otorgó a la empresa tres días de plazo para que haga su descargo sobre la resolución, algo que podría trastocar la resolución anterior de ser “convincentes” los argumentos de la empresa del Grupo Roggio.

El juez destacó que es de “extrema gravedad” que Metrovías haya incumplido con diversas resoluciones judiciales. Hace dos años personas damnificadas presentaron el recurso de amparo y hace más de seis meses fue dictada la medida cautelar “que dispuso una serie de medidas destinadas a garantizar a las personas con discapacidad motriz las condiciones de accesibilidad a la red de transporte público de subterráneos de la ciudad”.

Para Gallardo, además de “la violación de las obligaciones legales y de la orden judicial impartida”, Metrovías condenó con su actitud “a las personas con discapacidad motriz a la casi total exclusión de la posibilidad de utilizar la red de transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires”.

Al hacer las constataciones de rigor en el marco del recurso de amparo, se comprobó que “más del quince por ciento de los medios de accesibilidad (ascensores y escaleras mecánicas) existentes se encuentra fuera de servicio, sin que la empresa Metrovías S.A. haya invocado alguna causa que razonablemente justifique tal situación”, escribió el juez.

Y agregó que “a nadie escapa que los ascensores y escaleras mecánicas existentes en un medio de transporte de uso masivo como es el subterráneo, están expuestos, por la propia dinámica de su funcionamiento, a sufrir fallas y desperfectos con relativa frecuencia. Pero para eso, las empresas que tienen a su cargo la prestación del servicio se encuentran obligadas a implementar mecanismos de mantenimiento preventivo continuo y a contra turno del uso de los trenes por parte del público”.

En ese sentido el juez concluyó que Metrovías no tiene “un esquema de mantenimiento eficaz que garantice el normal y regular funcionamiento de los medios de acceso a las estaciones del subterráneo” y que, pese a haber sido notificada de la resolución de la Cámara de Apelaciones hace más de un mes, la empresa “no ha acreditado en modo alguno que los desperfectos e irregularidades detectadas en los medios de acceso obedezcan a razón de fuerza mayor”.

Esta nueva multa a Metrovías por no realizar las obras que está obligada a hacer o por no reparar durante largos períodos la infraestructura del subte que naturalmente requiere de mantenimiento permanente, no hace más que demostrar un secreto a voces: que la empresa del Grupo Roggio amasa enormes fortunas pero no usa casi nada de esas ganancias para brindar un servicio de transporte mínimamente eficaz, rápido y seguro al tiempo que persigue y precariza a sus trabajadoras y trabajadores.

Metrovías recibe cifras multimillonarias por mes por varias vías: el cobro de boletos (con tarifas que aumentan constantemente), la recepción de jugosos subsidios del Estado, las carísimas publicidades en trenes y estaciones y de más de una exención impositiva. A su vez el empresario Aldo Roggio viene de “arrepentirse” en la causa del #CuadernoGate, donde está procesado por coimero y confesó ser uno de los socios principales del “club de la obra pública”, con el que desde hace décadas se viene garantizando pingües negocios con el Estado a cambio de unas “monedas”.

Mientras tanto, viajar en los subtes de Buenos Aires es cada vez más tedioso y peligroso. Cancelaciones por razones que nunca se explican, frecuencias horarias cada vez más largas y cada vez menos respetadas por la gerencia, hacinamiento en horas pico y, como acaba de demostrarse con el fallo del juez Gallardo, una verdadera “exclusión” a parte de las pasajeras y los pasajeros por no garantizarles medios de accesibilidad indispensables.

Y al mismo tiempo, como lo vienen denunciando desde hace años las propias trabajadoras y trabajadores del subte, “puertas adentro” la cosa no es diferente. El personal de Metrovías trabaja en condiciones cada vez más precarias, donde las enfermedades, los accidentes y hasta las muertes laborales son moneda corriente.

Todo esto bajo el amparo de los poderes Ejecutivo y Judicial porteños, quienes garantizan las ganancias de Roggio y jamás, salvo contadísimas excepciones como en este caso, obligan al empresario corrupto y criminal a hacer lo mínimo indispensable para que el pasaje viaje dignamente y el personal no se lastime o muera.

¿Hay alguna duda de que si el subte fuera re-estatizado y lo manejaran de forma directa sus propias trabajadoras y trabajadores, sin parásitos que “intermedien” entre el servicio y el manejo de las cuentas (empresarios y gerentes), con control de comités de usuarios conformados de forma democrática, el servicio no sería infinitamente de mayor calidad y el personal no estaría en condiciones extremadamente mejores para hacer su trabajo?

Obviamente, tanto para el macrismo como para la “oposición” peronista, que desde hace años “cogobiernan” la Ciudad, esa perspectiva resulta imposible, utópica y hasta muy revolucionaria. Por eso prefieren que siga el esquema de negociados para unos pocos y de lamentos y bronca para las grandes mayorías.

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