Red de radios

19.6.2018

Karina Ocampo

Ante la violencia institucional que sufren los vendedores senegaleses, manifestantes se reunieron frente al obelisco para denunciar el accionar policial y demostrarles a los inmigrantes africanos que no están solos.

El clima helado de la tarde del sábado calaba los huesos de la gente que se congregaba frente al obelisco. No era una muchedumbre pero alcanzaba para llamar la atención de los que apuraban el paso para cruzar la Avenida 9 de julio. “Basta de racismo”, “Dejen trabajar a los senegaleses”, “Ningún ser humano es ilegal”, se podía leer en algunos carteles que indicaban el motivo de la concentración. Había sido convocada por un grupo de activistas y originada por unas imágenes que circularon en las redes sociales, donde se veía cómo la policía se ensañaba con un hombre africano y lo seguía golpeando en el suelo, mientras la sangre de un corte profundo que brotaba de su brazo se esparcía sobre la vereda.

Andrei “Coypus” Chtcherbine, uno de los organizadores del evento, es un activista por los derechos de los animales y guarda parque de profesión que fue despedido a fines de marzo de la Reserva Natural Municipal del Pilar. Se declara migrante en un país que tiene una tradición de haber recibido a varias oleadas de extranjeros que quisieron habitar el suelo argentino. Proviene de San Petersburgo y sabe de lejanías, tal vez por eso no le cueste ponerse en el lugar de quienes vienen a la Argentina con menos suerte, sin una red de contención de familia y amigos. “Hay gente que no conoce el país, no sabe el idioma y los obligan a pasar un momento feo. Ellos quieren trabajar y no es tan fácil buscar laburo en otro lado, por algo se volcaron a ese rubro”. Esa fue la razón por la que pensaron en visibilizar el problema a través de una manifestación que busca darle el apoyo que no se les brinda desde el Estado, porque entienden que no se trata de legalidad, sino de una persecución racista.

El caso de represión a Serigne Dame Kane no fue el único pero sí uno de los más violentos de los últimos tiempos. Fue el martes 5 de junio en el barrio de Flores, cuando la policía de la Ciudad detuvo al vendedor ambulante de 30 años, de origen senegalés que en ese momento no estaba vendiendo las zapatillas que suele ofrecer en la calle. El hombre tuvo que ser hospitalizado antes de pasar una noche en la comisaría. Lo acusaron de resistencia a la autoridad y le armaron una causa por violar la Ley de Marcas. El accionar policial fue repudiado por vecinos y trabajadores que se movilizaron el 7 de junio en la intersección de Avellaneda y Nazca, pero la respuesta no se hizo esperar. Al día siguiente los senegaleses identificados por las cámaras fueron algunas de las víctimas de un gran operativo de allanamiento -con el apoyo de la Guardia de Infantería-, en 27 locales comerciales, domicilios y hoteles.

Con la orden firmada por la jueza Celsa Ramírez titular de la fiscalía N°35 de la ciudad y justificada por uso indebido del espacio público, secuestraron dinero, celulares, mercadería y llevaron detenidos al menos a diez comerciantes de Flores, Once y Constitución, hecho que fue denunciado por la diputada Myriam Bregman, del PTS-Frente de Izquierda, que preside la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura. Ante la impotencia de los vendedores que cortaran las calles a la altura de Bartolomé Mitre y Pueyrredón, los camiones partieron con el resultado del allanamiento. Por esa razón los trabajadores senegaleses hoy tienen miedo de hacerse escuchar y salvo excepciones, hubo poca representación africana en el obelisco.

“Si es Ley de Marcas, casi todos los que están en las galerías venden la misma mercadería, entonces que atrapen a todo el mundo, no solo a los senegaleses. Esto ya es claramente racismo”, dice Nengumbi Sukama, de la República Democrática del Congo. Al Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI) que fundó, llegan acusaciones en forma continua. En vínculo con otras organizaciones de derechos humanos como CELS y la Red contra la Violencia Institucional, se reunieron para analizar cómo se puede frenar este rebrote de racismo y xenofobia. No existe una embajada de Senegal en la Argentina. Los más de tres mil senegaleses -según la Asociación de Residentes Senegaleses en la Argentina (ARSA)- que llegan al país en busca de mejores oportunidades laborales están desprotegidos, les cuesta conseguir la ciudadanía y se encuentran con un panorama que se repite en otros países del mundo en las que no encuentran cabida para acceder a una mejor calidad de vida, son expulsados por gobiernos de derecha que cierran sus fronteras y deben sobrevivir en condiciones precarias.

“Yo quiero que cada uno en su vida cotidiana, en sus redes, denuncie el racismo, es la única forma, concientizar a la ciudadanía, es un racismo que está debajo de la alfombra pero ahora empieza a salir, avalado por la Policía Federal y la fiscalía, instituciones que deberían cuidar nuestros derechos”. Nengumbi Sukama dice que los medios hegemónicos no publican información cuando se trata de violencia contra los pueblos originarios, los bolivianos o los africanos -la inmigración no deseada-, y que el senador Miguel Pichetto, desde hace años incita al racismo: "A los senegaleses no los veo en las obras en construcción, los veo vender cosas truchas", dijo en 2014, como si fuera la única forma de trabajo posible destinada a los africanos. Tampoco se privó de comentarios xenófobos en contra de los bolivianos, colombianos y peruanos.

Una de las tantas mujeres que se acercaron a la plazoleta en donde se destaca la enorme "BA" verde que sale de fondo en las fotos de los turistas, opinó: “Somos diversidad, siempre llegaron inmigrantes acá, a mí me encanta, yo celebro que haya africanos, es la oportunidad de conocerlos y conocer su cultura. Pero pobrecitos, mal momento para venir a nuestro país”. Frente al celular de un medio independiente, una vendedora ambulante de Moreno contó que su ciudad se prohibió la venta ambulante en el centro y que le resulta difícil trabajar, que en Capital les sacan la mercadería. “Si nos organizamos vamos a poder dar una lucha a esto, si no, estamos fritos, vengo para demostrar mi apoyo a los senegaleses y haitianos que son doblemente oprimidos”.

Con un megáfono que no cumplió nunca su función, hablaron Andrei Coypus y Nengumbi Sukama frente a decenas de cámaras y celulares que registraron cada una de las palabras acerca de la situación difícil de los senegaleses y de otros africanos que se vuelven sospechosos de delitos solo por la portación de su color de piel. Ambos convocaron a generar un movimiento antirracista capaz de promover mayor conciencia dentro de un contexto social en el que se vulneran los derechos de los más humildes, pero en el que la fuerza del feminismo parece mostrar el camino para pelear por otras causas.

La figura de Johnson Moussa Sow se distinguía entre los que escuchaban en silencio. Él tiene 35 años y hace siete que llegó al país, está casado con Fama Sow, una argentina con la que comparte su vida. “Yo estoy con ella, pero los chicos están asustados, agarran a inocentes, que no saben hablar y ¿cómo se van a defender? Yo vendo en la calle, lo hago para sobrevivir”. Su esposa acusa a la policía: “Llegan y patean la puerta, se llevan la mercadería sin contarla, tampoco les dan una copia de la orden de allanamiento, eso no es legal”. El sueño de Johnson es tener un laburo digno y cumplir un horario, una utopía en medio de tanto hostigamiento institucional.

Mientras tanto la manifestación continúa a través de las redes sociales. En el grupo de Facebook, Argentina libre de discriminación, racismo y xenofobia, se aceptan a todos los que quieran difundir las injusticias y construir puentes solidarios para que los inmigrantes sean bienvenidos y los africanos no sean considerados ciudadanos de segunda, que dejen de ser perseguidos y accedan al derecho humano de trabajar y vivir con dignidad.