Red de radios

9.5.2018

Eric Soñis y Lilen Reyes

CeProDH

Fue presentado por los diputados del PTS en el Frente de Izquierda, Bregman y del Corro, patrocinados por un equipo de abogados del CeProDh. El Gobierno de la Ciudad pretendía llevar la tarifa a $11 y a $12,50 en junio.

El aumento que pretendía el Gobierno elevaba la tarifa un 66%, calculada de forma irregular e incluyendo gastos propios de Metrovías, concesionaria del Subte.

En el marco de un extendido descontento popular contra los tarifazos en todo el país, el aumento del Subte se encuentra lejos de lo que invierte Metrovías pero cerca de lo que gana en subsidios. Y aún más lejos de las paritarias que en su mayoría cerraron en un magro 15%.

A minutos de iniciarse el paro que los trabajadores del subte dispusieron para el día de hoy, la jueza Patricia López Vergara resolvió suspender el aumento del subte que debía regir desde hoy. A la par, los trabajadores del subte reclaman por su salario y contra el tarifazo.

Metrovías recibe millones en subsidios del Estado mientras pretende aumentar irregularmente la tarifa, pero el servicio del subte cada vez es peor, afectando a miles de usuarios y trabajadores. Entonces: ¿qué hace la empresa con la plata que recibe?

Esta pregunta aún no tiene respuesta. La información sobre la explotación del subte sigue siendo ocultada por el Gobierno de la Ciudad y Metrovías. Es por eso que los legisladores Myriam Bregman y Patricio del Corro presentaron una acción de amparo para solicitar una auditoria publica integral sobre los costos, ganancias, subsidios y destino de lo que surge de la explotación del servicio del subte. Hasta tanto ello se ordene, se solicitó la suspensión del aumento dispuesto por el GCBA.

El Gobierno de la Ciudad, simula cumplir con los requisitos para aumentar la tarifa del subte y así hacer pasar un tarifazo que afecta a miles de trabajadores que circulan por la Ciudad todos los días. La audiencia pública, obligatoria para definir la tarifa, se transforma en una mera formalidad donde el Gobierno anuncia el tarifazo tras ocultar información del Subte, negando la participación real de usuarios y trabajadores. Recordemos que Dietrich anunció el aumento en enero, bastantes meses antes de la realización de la audiencia, transformándola en un engaño.

La justicia porteña ya había suspendido la audiencia fijada que tenía por fin aumentar la tarifa desde el 1 de abril, en virtud de las irregularidades y vicios comprobados.

El Gobierno logró su cometido y pasando por alto todas las exposiciones y denuncias recibidas en la audiencia, resolvió aumentar la tarifa. El cálculo utilizado resulta ilegitimo, la tarifa surge de dividir el “costo de prestación del servicio” por la “cantidad de pasajeros”. El “costo” que considera el Gobierno implica gastos que no corresponde pagar al usuario, entre ellos indemnizaciones a cargos jerárquicos por un futuro cambio de empresa concesionaria. Además la cantidad de pasajeros utilizada es menor al dato real emitido por la CNRT. Pero con este cálculo a gusto de los empresarios, se afecta el bolsillo de miles.

Además cabe destacar que los usuarios pagan dos veces, por un lado a través de sus impuestos que se transforman en los subsidios del Estado a Metrovías y luego en la tarifa.

La Auditoría General de la Ciudad, participó de la audiencia pública celebrada el 19 de abril y explico que el informe sobre el cálculo de la tarifa correspondía a ellos, pero SBASE solicitó la realización de aquel informe a un equipo de la Facultad de Ingeniera de la UBA a la que le pago la módica suma de $540.000, generando muchas dudas sobre su contenido y demostrando el derroche.

El Gobierno, se tomó el atrevimiento de solicitar que no sea suspendido el aumento del subte, alegando que ello afectaría en interés público generando un desfinanciamiento que tendrían que solucionar reacomodando partidas presupuestarias relativas a salud y educación. Tema aparte es el estado de aquellas cuestiones en la Ciudad más rica del país. Y del mismo modo explica que se vería afectado el servicio reduciéndose su frecuencia. Pero nada dice de afectar las ganancias de Metrovías que se lleva de a millones.

La jueza López Vergara, decidió que para determinar si el aumento ha seguido los parámetros de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad necesita tener a la vista toda la información que respalda tal resolución de aumento. Reconoce que el Gobierno está en mejor posición porque es quien dispone de toda la información y documentación, y por ello ordenó que se remita al expediente, toda la información relativa a la explotación del subte. Hasta tanto ello ocurra, suspendió el aumento. Ello en un contexto de descontento con los tarifazos a nivel nacional y con una convocatoria para una manifestación el día miércoles en el centro político del país, algo que la justicia no puede desoír.

En su fallo reconoció que: “La entrada en vigencia de las nuevas tarifas podría causar un perjuicio de imposible reparación ulterior a los usuarios del servicio público de SUBTE, especialmente a aquellos que menos recursos tienen, que exceden los beneficiarios de la tarifa social. El incremento tarifario expulsaría a aquellos que no pueden afrontar el costo del pasaje so pena de disminuirse considerablemente su salario. Máxime en un contexto inflacionario generalizado en el cual el aumento de tarifas no resulta ajeno a los restantes servicios públicos lo que traduce una disminución del poder adquisitivo del colectivo de la sociedad que no resulta posible soslayar”.

Ante la idea de un choque de intereses entre el planteo del Gobierno de afectación al interés público que generaría el retraso en el aumento y los derechos y afectación a los usuarios y trabajadores por el aumento, consideró a esto último más importante y justificó la suspensión del incremento tarifario.

El transporte público es un derecho para los usuarios y no puede ser un negocio entre el Estado y una empresa, es inadmisible que se genere ganancia con un servicio público. El Subte tiene la capacidad de evitar la contaminación y accidentes que implica el transporte automotor, por lo que debería fomentarse su uso. En otras partes del mundo se considera la posibilidad de convertirlo en un servicio gratuito, pero la Ciudad va para el lado contrario, encareciendo el servicio y generando ganancias para la empresa concesionaria.

Abogados del Ceprodh junto a Myriam Bregman y Patricio Del Corro lograron frenar el tarifazo en la justicia, poniendo sus conocimientos y las bancas del PTS al servicio de los usuarios y trabajadores que sufren la peor parte porque sobre ellos se descarga el ajuste. Pero es necesario seguir esta la pelea en las calles, exigiendo que se anulen los aumentos y se estaticen los servicios, como el del subte, bajo control de trabajadores y usuarios.