Apelan procesamiento en la causa por la represión en marcha por Santiago
1.11.2017
Gloria Pagés
La causa se inició el 1 de septiembre luego de una feroz represión desatada luego de la masiva movilización.
Los organismos de derechos humanos que llevan adelante la defensa de los 31 imputados apelaron el procesamiento dispuesto por el juez Martínez De Giorgi.
Recordemos que tal como se informó en este medio, el juez de la causa había decidido procesar a 22 de los imputados por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad.
El escrito presentado hoy ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal n°5 sito en Comodoro Py, fue acompañado por representantes del CeProDH, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Correpi, Liberpueblo, entre otros. En la apelación presentada, los organismos dieron cuenta de todas las irregularidades de la causa, desde su inicio y las que siguieron con el correr de la investigación.
Es así que hicieron mención a que se debe declarar la nulidad de las actas de detención por su falsedad ya que no coinciden los lugares de detención mencionados en las actas con lo que se pudo comprobar mediante posteriores imágenes.
Las imputaciones concretas a cada procesado tampoco se condicen con las pruebas que van surgiendo en el expediente, por lo tanto hay una clara discrepancia entre los delitos que se les quiere inculpar a los imputados con lo que realmente sucedió. En este sentido se menciona en la apelación que: "El Sr. Juez ha considerado la prueba rendida en la causa en forma fragmentaria y contradictoria, incurriendo en omisiones, alteraciones y falencias injustificables respecto de la verificación de los hechos conducentes para la decisión final de la causa”.
Además también se denunció que las imágenes obtenidas que fueron grabadas por las propias Fuerzas de Seguridad están segmentadas y en muchos casos no reflejan ni prueban las imputaciones mencionadas en el procesamiento.
Para finalizar, más allá de la abundante argumentación jurídica que se menciona en la apelación, hay que destacar que como bien denunciaron los organismos de derechos humanos hoy en su apelación Comodoro Py, se expresa un avance en la política represiva detrás de causas de este tipo.
“La elección de los tipos penales utilizados no es caprichosa ni arbitraria, constituyen una elección reiterada en la criminalización de la protesta social. Ya hemos visto en demasiadas ocasiones, todas vinculadas a manifestaciones populares, cómo caprichosamente jueces y camaristas fuerzan juicios orales por figuras de peso como la coacción agravada, la intimidación pública, la privación ilegal de libertad, la prepotencia ideológica o la incitación a la violencia colectiva, que luego, en el debate, se derrumban como castillos de arena…”, concluyeron las defensas de los organismos.
