La jueza que rechazó las denuncias policiales por las tomas le responde a Garavano: “No son un delito”

26.9.2017

 

Elena Liberatori le respondió al ministro de Justicia, quien la criticó por ordenar al gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuelas que implique denunciar las tomas de colegio a la policía.

 

La jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, defendió su fallo de hacer lugar a un amparo en el que ordenó al gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuelas que implique denunciar las tomas de colegio a la policía y le respondió al ministro de Justicia Germán Garavano que había criticado su decisión.

La magistrada sostuvo que “no sé a qué ley se está refiriendo el Ministro, no lo aclara. Lo que hay que decir es que las tomas no están tipificadas en la Constitución Nacional, no existe ese tipo de delito”.

En cuanto al instructivo que ella rechazó y que determinaba que los directores de los colegios tomados tienen que hacer las denuncias en las comisarías, indicó que “mi medida cautelar es suspender las vías de hecho, si desde el Ejecutivo me dicen que el instructivo no existe, ¿En base a qué, entonces, se están haciendo denuncias penales? Si la base sobre la cual se hacen esas denuncias, ese famoso instructivo, según la Ministra es apócrifo”.

Ante la posibilidad que se acuse los estudiantes bajo el delito de usurpación, Liberatori explicó que “ese tipo de delitos están referidos a la propiedad privada. Una escuela no es un establecimiento comparable con el caso de una cochera de un vecino al que yo le quiero usurpar la suya. Según el derecho administrativo, no es posible establecer esta relación con el Estado”.

Por último, explicó que parte del conflicto se debe a la toma de decisiones inconsultas y detalló que “en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, se ordena al gobernante que debe asegurar la participación de la comunidad educativa y la democratización en la toma de decisiones. Estamos viendo un déficit en el derecho a la participación”.

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