Mauricio Macri y su pelea contra la educación y la justicia

 

15.7.2010

 

Los Bachilleratos Populares le reclaman el pago de dinero ya asignado en el presupuesto, los alumnos y docentes del Instituto Joaquín V. González lo acusan de intervenir en la carrera de Historia. Mientras tanto, la justicia confirmó su procesamiento en la causa por escuchas ilegales.


Esta tarde, la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha se movilizó al Ministerio de Educación de la Ciudad para exigir el pago inmediato de salarios a todos los trabajadores. Aseguran que existe una partida de más de 3 millones de pesos que ya está destinada, en el presupuesto 2010, a los bachilleratos oficializados por la propia cartera educativa, pero que el dinero nunca apareció.
En las reuniones que desde hace dos meses mantienen con el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, escucharon de su propia boca el compromiso de garantizar no sólo el pago de salarios, sino también el mobiliario y material didáctico para las escuelas. Hoy la única respuesta es “el dinero no está”.
Algo similar ocurrió en 2009, en el presupuesto de ese año también se contemplaba el pago salarial para los Bachilleratos Populares, lo que tampoco se efectivizó.
A este reclamo se suman los de otras escuelas de enseñanza media, que exigen una rápida solución al faltante de gas y distintas deficiencias edilicias.
En el caso de los alumnos y docentes del Instituto del Profesorado Superior Joaquín V. González, a las carencias de infraestructura (por ejemplo, esta semana se rompió un caño en el décimo piso del edificio, que se inauguró hace poco más de un año, lo que provocó que todos los pisos se inundarán, con el riesgo de que el techo de durlok de la planta baja ceda y se caiga) se suman intervenciones y fraudes.
Hace poco más de un año, el Instituto Nacional de Formación Docente les ordenó modificar los planes de estudio. A partir de ese momento, docentes y estudiantes del Departamento de Historia del Profesorado llevaron adelante un proceso de autoorganización y participación a través de plenarios (que llegaron a contar con más de 400 concurrentes), asambleas y grupos de trabajo. El producto fue la elaboración de una alternativa al Plan Docente, basado en la práctica crítica de la pedagogía y la problematización de la Historia desde el presente para utilizarla como herramienta para interpretar y cambiar la realidad.
Pero este plan no coincide con las intenciones de las autoridades del Departamento y del Profesorado que, encabezados por la actual funcionaria del Gobierno de la Ciudad Liliana Barela, abogan por un plan con poco contenido académico y mucho pedagógico. Ante este escenario no sólo comenzaron a perseguir con sanciones y amenazas a estudiantes y docentes, sino que también llamaron a comicios para esta semana (del 13 al 15 de julio) para votar entre ambas propuestas, pero utilizando la votación ponderada (esto es, cada voto docente equivale a 23 estudiantiles). Esta metodología se resolvió, según denuncian los alumnos, en una reunión secreta en oficinas del Ministerio de Educación de la Ciudad. Además, se conformó una Junta Electoral integrada por personas ajenas a la carrera.
En respuesta, los estudiantes y varios docentes llevan adelante una vigilia en la puerta del Profesorado desde la noche anterior al inicio de los comicios fraudulentos, y allí se mantienen hasta que finalice el día de hoy, impidiendo de esta manera que se realizara la votación.
Las autoridades del Instituto resolvieron suspender las clases, con la clara intención de generar una menor presencia estudiantil en la votación. Por si esto fuera poco, hoy se presentó una escribana ante los alumnos movilizados para pedirles sus datos, ya que habían sido denunciados por el rector. Según explicó Lucía (integrante de la Presidencia del Centro de Estudiantes), se los acusaba de no dejar entrar a la cuadrilla que debía arreglar el techo del edificio, cuando en realidad la cuadrilla nunca se presentó. Lucía además adelantó que se mantendrán en estado de alerta y que reiterarán las acciones en caso de que el rectorado dé cuenta de una nueva fecha de elecciones con las mismas características irregulares.

 

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