Un proyecto que le apunta a los piquetes
17.4.2017
Cambiemos dio un paso más en su intento de criminalizar la protesta social y procura formalizarlo en una ley. Un proyecto enviado por el oficialismo a la Cámara de Diputados propone reformar cuatro artículos del Código Penal para agravar las penas por amenazas y extorsión y daños cuando se registren durante manifestaciones públicas y en cortes de calle o rutas.
La iniciativa va claramente dirigida contra los piquetes, pero en su espíritu transforma en delito prácticamente cualquier protesta. Prevé de tres a seis años de prisión para quien durante una manifestación porte "elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces dañar la integridad de personas o bienes, o actúe a cara cubierta de modo de impedir su identificación". También eleva las penas previstas en el artículo 194 (de 2 a 6 años) para quienes corten el tránsito en calles o rutas.
Además, fija penas de hasta 10 años de cárcel si el propósito de la protesta fuera obtener alguna medida o concesión por parte de un funcionario de los poderes públicos. De prosperar semejante iniciativa, la policía tendría las manos libres para detener a los manifestantes, y los jueces, para procesarlos.
Aires es el epicentro de las manifestaciones. Y la Policía porteña ya debutó reprimiendo a los maestros en la Plaza de los Dos Congresos el domingo pasado. Se parece mucho a la Metropolitana. Una vez más, la gestión PRO perdió la oportunidad de crear una nueva fuerza de seguridad, con formación democrática, sin los vicios históricos de la Federal.
En este contexto, estas armas "menos letales" generan preocupación en materia de Derechos Humanos. No existen normas o procedimientos internacionales acerca de su uso; son insuficientes las instancias de evaluación, la capacitación y los procedimientos. Se trata de una industria que crece aceleradamente sin responsabilidad ni rendición de cuentas por parte de quienes deben portarlas. «
