Argentina: El gobierno porteño avaló las detenciones tras la marcha de las mujeres: La justificación de la cacería
10.3.2017
El secretario de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, aseguró que “la Policía actuó en función de la escalada de violencia brutal” de los manifestantes. “No quiero la imagen del caos, de prender fuego ni de tirar piedras”, dijo y afirmó que “los policías también tienen derechos”.
El Gobierno porteño justificó la violenta razzia policial durante la que se detuvo a 20 manifestantes que participaron de la marcha que cerró el Paro Internacional de Mujeres. El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, sostuvo que “la Policía actuó en función de la escalada de violencia brutal” de la movilización y dijo que ese accionar se concretó “por pedido de los propios damnificados” que participaban de la convocatoria. Admitió que hubo policías sin identificación, pero sostuvo que su tarea es marcar personas para “después hacer detenciones puntuales”, y dijo que el operativo ocurrió dos horas después y a varias cuadras de la Plaza de Mayo para “proteger la integridad física de los terceros”.
En su alegato a favor de la represión por parte de la Policía de la Ciudad, el funcionario aseguró que durante los incidentes frente a la Catedral de Buenos Aires hubo “grupos violentos” que arrojaron “bombas molotov”, algo que no aparece en los videos, aunque sostuvo que ese tipo de hechos “no justifican el mal accionar policial”.
También sugirió que los cuatro hombres y las 16 mujeres –entre ellas una menor, una fotógrafa y una periodista de Página/12-, detenidas una vez terminada la movilización central, fueron responsables de los enfrentamientos en la Catedral y el Cabildo. Este hecho fue denunciado ayer por el colectivo NiUnaMenos, el CELs y varias organizaciones, y calificado como una “cacería de mujeres” para disciplinar al movimiento por la igualdad de género.
Según D’Alessandro, los motivos de las detenciones “se pueden ver en las imágenes” televisivas en que manifestantes “tiraban piedras” contra los agentes. “Las imágenes también hablan por sí mismos. Ante una marcha que venía realizándose en paz un grupo de violentos empezó a dañar el edificio de la Catedral y a agredir brutalmente a periodistas”, afirmó durante una entrevista.
Sin embargo, los arrestos no tuvieron lugar allí, sino dos horas después y en el marco de un operativo de persecución. De hecho, Laura Arnés, colaboradora del Suplemento Soy de Página/12 fue privada de su libertad cuando salía de una pizzería y a José Nicolini, quien colabora con Las 12, la arrestaron en momentos en que intentaba tomar imágenes de la violenta detención. Varios de los arrestos fueron hechos por policías de civil y de uniforme, todos sin identificación. Se tiraron en el asfalto sobre mujeres desprevenidas que habían marchado y las llevaron a la rastra. Algunas quedaron alojadas en la comisaría primera de la ciudad de Buenos Aires, mientras que otras en la 30. Dos de los varones fueron trasladados a la cuarta.
Por haber una menor de 18 años intervino Alejandro Cilleruelo, del juzgado 4 de Menores. Al mismo tiempo, ante la ausencia total de información por parte de la policía, y la ausencia de funcionarios judiciales que dieran una voz de ordenamiento legal, la abogada Laura Sánchez presentó un habeas corpus ante la jueza de Instrucción 16, Laura Bruniard.
Otras mujeres fueron sumadas a la cacería cuando intentaban sacar fotos con sus celulares. Varias de las detenciones, de todas maneras, se viralizaron porque fueron enviadas de inmediato, antes de que los mismos policías las arrojaran al piso o requisaran los teléfonos.
El secretario de Seguridad porteño fue uno de los compañeros de excursión del fiscal Guillermo Marijuan a la final de la Copa América entre Argentina y Chile que se disputó en New Jersey el año pasado. Ese viaje dio mucho que hablar en las redes sociales cuando se viralizaron las fotos Marijuan enfundado en la camiseta de la selección argentina, entre abrazos y carcajadas con sus amigos del Frente Renovador. Los medios hegemónicos habían dicho que el fiscal a cargo de la causa de Lázaro Báez había viajado a los Estados Unidos para buscar pruebas.
El funcionario porteño reconoció que esas detenciones fueron hechas por agentes sin identificación, lo cual es contrario al accionar de las fuerzas de seguridad en el marco de un estado de derecho. “Hay policías de uniforme y otros de civil que se identifican ante la acción en que intervienen, para después hacer detenciones puntuales”, intentó explicar. “Por eso algunos fueron al lugar (por la Plaza de Mayo) y otros fueron a una cuadra o dos” de donde se focalizaron los incidentes.
D’Alessandro no condenó la violencia policial ni siquiera cuando le recordaron la contundencia de los videos en los que se ve a los policías arremeter contra los manifestantes. “Hay imágenes con las que no estoy absolutamente de acuerdo, pero quiero tener todas las pruebas de lo que pasó”, respondió.
Dijo en este sentido que a “todos” los que actuaron en el operativo se les inició un sumario administrativo pero informó que ninguno fue separado preventivamente de su cargo. “No voy a defender un abuso de poder, pero tampoco quiero la imagen del caos, de prender fuego ni de tirar piedras”, añadió D’Alessandro y lamentó que “muchas veces, lamentablemente, pareciera que la función del policía es que le rompan la cabeza”. “Los policías también tienen derechos”, remató.
Otro de los argumentos que utilizó para amparar la represión fue que las fuerzas de seguridad actuaron “bajo una ley (de Seguridad) que tuvo el consenso mayoritario de la Legislatura porteña por su contenido moderno de derechos humanos”. Luego responsabilizó a la Justicia por la situación de quienes fueron detenidas: “Cuando agarra a una persona, el policía automáticamente hace la consulta judicial”, argumentó y dijo que “a la tipificación del delito la determina el juzgado”.
Así y todo, negó que hubiera razzias. “Tenemos manifestaciones constantes en la ciudad y nunca hubo problemas”, dijo y recordó la manifestación de hace semanas por la igualdad de género frente al Obelisco, en que un patrullero fue pintado con un aerosol. “La sociedad entera nos cuestionó por no actuar” esa vez, aseguró.
Otro dato de archivo que tomó para defender las detenciones violentas fue un caso “que salió denunciado en el CELS” luego de que un policía “tomara por el cuello a un senegalés que andaba vendiendo por ahí”. Dijo que ese hombre fue apresado de esa manera porque antes “le reventó la cara a un policía” y le pegó a otros. “Lo tuvieron que controlar de esa manera”, insistió.
Aunque cuestionó su actitud, D’Alessandro también salió en defensa de Ignacio Montagut, el joven militante PRO con pasado en un partido neonazi que con una bandera del Vaticano enfrentó a las mujeres en la puerta de la Catedral. “Fue un acto de provocación pero no justifica en lo más mínimo la violencia que ejercieron contra él”, declaró.