Red de radios

3.1.2017

El 21 de diciembre en San Cristóbal un agente federal disparó a un joven cuando tenía las manos en alto. La ministra aprobó que Asuntos Penales de su cartera le asigne un defensor.

Carolina Ararat

El último 21 de diciembre en la intersección de Av. Jujuy y Carlos Calvo en el barrio de San Cristóbal de la Ciudad de Buenos Aires, el oficial de la Policía Federal Argentina Sergio Damián Lucero le disparaba en la cabeza a Álvaro Nicolás Soriano. Esto ocurría a las 16 horas.

Según relatan testigos del hecho, el joven corría por la avenida Jujuy mientras este policía de civil lo venía siguiendo. Al escuchar el grito de “alto” del agente, Álvaro Nicolás Soriano se detuvo y puso sus manos en alto. En ese momento fue cuando este policía le disparó directo a la cabeza.

Desde que ocurrió este aberrante caso de gatillo fácil, Soriano se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía en grave estado.

Privilegios policiales

Los miembros de las fuerzas gozan de un especial privilegio, y es la designación de abogados defensores gratuitos de la División de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad. Según establece la norma y denuncian desde Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional): “La intervención de estos abogados penalistas, algunos de planta y con grado policial, otros contratados, tiene un paso previo, que es el análisis, por las autoridades del ministerio, de que el caso amerita la defensa orgánica e institucional. El decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para el Personal de la PFA, establece que la asistencia letrada institucional a policías en actividad o retirados se brinda solamente ´cuando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial´”.

Al aprobar la designación de estos defensores desde el ministerio de Seguridad, designando fondos estatales para los mismos, se da un claro mensaje a los policías del gatillo fácil: están avalados desde el propio Estado y se les brinda defensa gratuita. Como si fuera una “consecuencia del ejercicio de la labor policial” balear a quemarropa a quien está desarmado y con las manos el alto.

Una práctica de encubrimiento sistematizada

Cuando sucedió este hecho, diversas organizaciones y medios comenzamos a difundir este evidente y aberrante caso de gatillo fácil.

Según un comunicado del Frente Popular Darío Santillán, la escena del crimen fue cercada casi instantáneamente por la Policía y el oficial fue retirado del lugar en patrullero, sin ser detenido. A pesar de que los testigos del hecho aseguraron que sólo hubo un disparo y ocurrió mientras el joven se encontraba indefenso y con las manos en alto, en la zona podía verse un arma tirada en el piso y más de una bala marcada con tiza sobre la calle, como si se hubiera tratado de un “enfrentamiento”. Estas maniobras son típicas de una fuerza que trata de encubrir el accionar de sus miembros. Las estadísticas publicadas por la Correpi señalan que en el último año en nuestro país una persona fue asesinada cada 25 horas por miembros de las distintas fuerzas de seguridad.

Además, desde Correpi denuncian que al contactarse con la familia de Álvaro Nicolás Soriano, su hermana contó que se habían presentado en su casa policías de la comisaría del barrio de Virreyes donde vive y le dijeron que su hermano estaba detenido: “yo esperaba que me avisaran cuando lo podía visitar”. Los policías omitieron explicar que su hermano estaba internado en grave estado por un disparo en la cabeza que había efectuado un miembro de la misma fuerza.

Este caso pone en evidencia lo que sucede sistemáticamente en nuestro país, el accionar de miembros de toda una institución que se cobra la vida de una persona cada 25 horas para luego embarrar la cancha y plantar pruebas falsas, apretar testigos (y un largo etcétera) que tiene el aval del Estado y en este caso de la propia ministra del gobierno de Cambiemos Patricia Bullrich al aprobar la designación de abogados defensores al agente Sergio Damián Lucero.