Red de radios

24.9.2016

Como venimos informando, este viernes un brutal operativo policial actúa en el barrio porteño de Balvanera para desalojar a un grupo de familias humildes.

Este lunes 19 de Septiembre ya se habían presentado efectivos policiales y de la justicia porteña en el edificio ubicado en Pichincha 191, en el barrio de Balvanera (conocido como Once, en la Ciudad de Buenos Aires), para efectuar una orden de allanamiento por no cumplir con una clausura y un posterior desalojo.

Dicho inmueble es parte de un terreno ubicado en la esquina de Pichincha y Alsina que posee diversas entradas, donde viven más de 60 familias. Al igual que otros edificios en la CABA, funcionó hasta el 2000 como un hotel donde los vecinos pagaban un alquiler. Debido a la desaparición del dueño, los vecinos dejaron de pagar.

Hace unos meses, la Guardia de Auxilio (que “interviene en cualquier situación de riesgo en la vía pública”) clausuró el inmueble de Pichincha 191 -edificio donde viven siete familias, con 15 chicos/as- fundamentando que no poseía las condiciones necesarias para funcionar como un hotel (matafuegos, salida de seguridad, bidet, etc.), obviando un pequeño detalle: ahí no funciona un hotel, viven familias como legítimas poseedoras de buena fe. A la vez, sostenía que estaba en malas condiciones de habitabilidad.

El pasado lunes, los vecinos junto a organizaciones sociales y políticas lograron resistir el desalojo. A la vez, denunciaron que el gobierno de la Ciudad no respetaba el protocolo de desalojos (comunicar a otros órganos de gobierno como la defensoría de menores, zoonosis, defensoría oficial, etc.) y, sobre todo, no brindaba ninguna solución habitacional a las familias, ni siquiera el subsidio habitacional -que no supera los 1.800 pesos- que entrega el gobierno en los peores casos. Luego de varias horas, se logró llegar a un acuerdo y se pospuso el desalojo para el miércoles 21 de septiembre a las 10 de la mañana.

Nuevamente, los vecinos acompañados por organizaciones sociales y políticas -Patria Grande, La Cámpora, CTEP, CIBA, Seamos Libres-, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General de la Ciudad, y distintos legisladores -José Cruz Campagnoli y Paula Penacca, entre otros- lograron mantener el desalojo en suspenso y abrir un proceso de negociación con el juez, para presentar nuevas pruebas que permitan revertir la clausura y el desahucio.

Juan Lenta, abogado de las familias e integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP), expresó: “En la causa, no surge ningún tipo de elemento probatorio que establezca que en dicho inmueble funciona un hotel. Asimismo, presentamos ante el juez dos informes de arquitectos, en donde expresamente se establece que no hay peligro de derrumbe alguno ni están en juego la vida de las personas”. “Nuestro pedido es que el juez levante el desalojo y le permita a los vecinos realizar los arreglos correspondientes”, agregó.

Mientras tanto los vecinos se siguen organizando y montando guardias y planifican distintas actividades que les permitan estar alertas ante cualquier avance en la voluntad de desalojar.

Agustina Mayanski, docente del Bachillerato Popular Vientos del Pueblo, ubicado a una cuadra del edificio y al que asisten varios habitantes del inmueble, comentó: “Los vecinos están unidos, están pensando distintas actividades para juntarse e ir viendo como seguir. El jueves van a haber actividades durante el día como clases públicas y vamos a pasar una película. Desde el Bachillerato vamos a estar acompañando a las familias en todo lo que haga falta, aportando con los técnicos necesarios -abogados, arquitectos, etc.- y ayudando a que las familias se organicen en este momento tan difícil”.

Lo que no se dice

Tanto el juez Tavosnanska como la fiscal Barcia, ambos parte de esta causa, ya han estado implicados en otros procesos de desalojo, como el de la Sala Alberdi, que terminó con tres heridos con balas de plomo.

A la vez, el mismo juez autorizó el uso de munición letal para un desalojo en el año 2010, de más de 100 familias en un complejo de vivienda deshabitado en la villa 1-11-14.

Estos antecedentes alertan sobre el proceder que han tenido en casos similares, donde no ha primado la garantía de los derechos de las personas ni se han buscado soluciones que permitan solucionar los conflictos de fondo.

Por otro lado, varios vecinos sostienen que el verdadero motivo del desalojo tendría que ver con el traslado de la Sede comunal a donde hoy se ubica el Shopping Spinetto -justo frente al edificio-. Una vez más, el gobierno buscaría, utilizando la Justicia, generar un proceso de expulsión de los sectores populares de determinada zona de la ciudad, buscando valorizar y mejorar el barrio, con posibilidades de realizar proyectos inmobiliarios a futuro. Como nos vienen acostumbrando, el negocio primaría por sobre el derecho de estas familias a poseer una vivienda.

Estos niños se quedarán sin vivienda por culpa de un gobierno que sólo piensa en los ricos.

Pichincha no es la excepción

En la Ciudad de Buenos Aires el caso de Pichincha no es la excepción sino más bien la regla. El problema habitacional crece enormemente y el caso de los edificios tomados, inquilinatos, pensiones, etc. es una de las facetas del problema.

Según el diagnóstico del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CTA Capital), aproximadamente 650 mil habitantes se encontraban en emergencia habitacional en el 2010. Se estimaba que entre 170 y 200 mil personas habitaban viviendas irregulares (casas tomadas) y 140 mil vivía en hoteles, inquilinatos y/o pensiones. Números que fueron aumentando con el correr de los años.

En lo que va del 2016 el macrismo en la CABA se ha dado una política de avanzar en los procesos de desalojo de los inmuebles en situación de irregularidad, sin ofrecer soluciones habitacionales que permitan a las familias que quedan en la calle garantizar una vivienda digna en el tiempo. Subsidios habitacionales paupérrimos y tránsito por hoteles son las ofertas más comunes.

Pero los vecinos organizados también logran algunas conquistas. Es el caso de la Cooperativa el Surco, más conocida como el edificio ubicado en la calle Pavón, que consiguieron que el Estado les ceda un terreno del gobierno de la Ciudad para ellos mismos realizar la construcción de sus viviendas. A su vez, los vecinos de la calle Brasil 1517 que han resistido un desalojo en Junio, siguen negociando con el Instituto de Vivienda de la Ciudad una solución habitacional, con la posibilidad de comprar un terreno y construir sus hogares.

Varios son los casos que siguen a la espera de una resolución positiva y que, por medio de la organización, buscan pelear por soluciones definitivas.