Prefectos golpean a discapacitado en Pompeya

9.4.2016

Fabián Mosquera es un hombre con múltiples discapacidades, tiene 38 años. Bajaba del colectivo 9, en la intersección de Avenida Sáenz y Cruz, del barrio de Pompeya, cuando una patrulla de Prefectura clavó los frenos a centímetros de sus piernas. “Me salió insultarlos, entonces se bajaron siete prefectos y sin mediar palabra me empezaron a pegar. Me esposaron en el piso y llegó otra patrulla, se bajó uno y dijo: ‘súbanlo a la camioneta y tírenlo al Riachuelo’”, relata Mosquera. La camioneta empezó a andar y el cuerpo de Fabián casi desmayado seguía recibiendo golpes.

A las 21:00, la patrulla frenó en uno de los bordes del Riachuelo. Lo tiraron de la camioneta y entre siete prefectos, lo patearon, le dieron golpes de puño en la cabeza y en todo el cuerpo. “Vamos a tirarlo al río”, dijo uno de los uniformados. Del otro lado del agua, un hombre desde un coche estaba siendo testigo involuntario. Al grito de “lo van a matar”, sacó su celular y empezó a echar flashes. Fabián no supo nada más de esa persona que logró que los prefectos huyeran dejándolo adormecido, pero vivo.

Fabián vive en el partido de Lanús y el 25 de marzo pasado se disponía a llegar al barrio de Pompeya, como lo hace cada día para ir a trabajar a la Villa 1-11-14, donde reparte alimento en los comedores del barrio. “Pensé que me iba a morir ahogado o de tantos golpes”. “Me dieron varias veces, pero nunca me habían amenazado con tirarme al río”, no para de repetir.

Después de la feroz golpiza de la Prefectura, Fabián tiene: un brazo fisurado, lesiones en todo el cuerpo y una recuperación que le va a llevar 45 días. La denuncia se la tomó la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) y la causa ya avanza en el trámite.

Es imposible no relacionar los casos, los fantasmas vuelven o nunca se fueron. El ex Puente Alsina se llama desde principio de 2015, Puente Ezequiel Demonty. Eze, como lo llama aún hoy su familia, tenía 19 años en 2002, cuando fue asesinado por lo que se conoció como la Maldita Policía. Eze, caminaba junto a dos amigos por su barrio Bajo Flores, cuando tres patrulleros de la cuestionada Comisaría 34, los detuvieron, les robaron la plata que llevaban y les ordenaron tirarse al Riachuelo. Eze, no sabía nadar y falleció ahogado en las aguas contaminadas.

Con el cuerpo un poco más curtido que Ezequiel, Mosquera recibió en similares circunstancias, hace ya algunos años, 15 balazos que le tiró un subcomisario de la Comisaría 36, -también denunciada en varias oportunidades por violencia institucional- eso lo llevó a atravesar cinco operaciones, a que le coloquen una malla quirúrgica en el cuerpo y a convivir con una discapacidad que se le suma a una deficiencia mental que padece. Ahora cobra dos pensiones y su esposa recibe otra porque tiene cáncer, eso los ayuda a llegar a fin de mes con sus cuatro hijos.

 

El despliegue de la Mano Dura

 

El Plan Unidad Cinturón Sur se puso en marcha en 2011 y desde allí más 3000 efectivos, entre prefectos y gendarmes ejercen las funciones de policía de seguridad y se desplazan armados dentro de los barrios más vulnerables de la Ciudad. Los vecinos aseguran que este Plan se agravó cuando el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich impulsó la Emergencia en Seguridad Nacional, que promociona la Mano Dura y permite el gasto indiscriminado en armamento y movilidad para las Fuerzas.

Los riesgos de cruzar desde la Provincia de Buenos Aires a la Ciudad Autónoma, se tornan aún más violentos. Al accionar policial hay que agregarle la actuación del Poder Judicial en su afán por acompañar la “gobernabilidad”. A principio de enero, a poco de que asumiera el presidente Mauricio Macri, la Corte Suprema de la Ciudad, facultó mediante un fallo a la policía para que pida documentos en la vía pública a transeúntes “sospechosos”, como forma de “prevenir el delito”. Esta práctica habilita la detención sin orden judicial. Dos meses más tarde, el Tribunal Superior Nacional, le dio luz verde al gobierno para que compre armas eléctricas Taser, desestimando un recurso extraordinario que presentó Charly Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S.

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