Red de radios

11.1.2016

Al momento de redactar esta nota, se cumple un mes de la asunción de Mauricio Macricomo presidente de la Nación y de la alianza Cambiemos al frente de la administración del Estado.

La primera batería de medidas promovidas por el gobierno -mayormente  mediante la ejecución de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)-, con una devaluación del 40% producto del levantamiento del cepo al dólar, la baja de retenciones para la exportación, el aumento de tarifas en servicios públicos a partir del retiro de subsidios estatales, la preparación de un nuevo endeudamiento externo, vino de la mano con la declaración de emergencia en materia de seguridad a nivel nacional, la confirmación de la facultad policial para detener personas arbitrariamente mediante el  fallo del Tribunal Superior de la ciudad, el traspaso de la Policía Federal y el anuncio de dictado de un protocolo para reprimir la protesta social.
Así, dieron sus primeros pasos sobre las espaldas del pueblo, con un saldo de más de 15.600 trabajadores y trabajadoras despedidos de las distintas dependencias estatales, provinciales y municipales. En promedio, hubo 520 despidos diarios, mientras la administración del ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, con Alfonso Prat Gay a la cabeza, entregaba 320 millones de pesos a las cúpulas de la burocracia sindical para el manejo de obras sociales, buscando sellar la alianza que les permita la contención del conflicto social.
Al mismo tiempo, los ejemplos más concretos llegaron solos, con los pies sobre la tierra: la represión a los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja en la autopista Ricchieri, a los empleados del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en la casa de Gobierno de la provincia de Neuquén, y finalmente la balacera descargada sobre los despedidos y despedidas de la Municipalidad de La Plata el viernes 8 de enero, con decenas de heridos y detenidos en cada caso, demuestran la decisión política del macrismo de abrirse camino  a balazo limpio.
El 23 de diciembre, el director de la sección “política” del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, resumía mejor que nadie uno de los lineamientos más urgentes en la agenda que se le sugiere a Macri: “Otro desafío que tiene el Gobierno es el de administrar la represión sin provocar muertes.”
Si hay una ventaja que sabemos reconocer en los portavoces de la clase dirigente ilustrada, es su gran capacidad de síntesis y tino a la hora de objetivar sus preocupaciones inmediatas en relación a los objetivos estratégicos comunes que los convocan a defender un grupo político. En efecto, saben que, históricamente, uno de los elementos que generan mayor repudio y conflictividad social es el asesinato de militantes en un contexto de movilización y protesta. No es para ellos un problema la muerte, sino lo que puede provocar. Tampoco es para ellos un problema la represión, sino una necesidad cabal, como bien deja en claro Morales Solá, y tantos otros grupos políticos, medios hegemónicos y aparatos sindicales y territoriales que velan por los mismos intereses, y aportan su gramo de conciencia al consenso social necesario para legitimar esta práctica.
En esto de generar consenso,  hasta los “opositores” aportan lo suyo, como lo hizo el ex juez Raúl Eugenio Zaffaroni en Página 12: “No cortar calles ni rutas, dejar pasar los vehículos, ocupar una parte nada más. No dar pretexto a la criminalización. (…) Sin violencia. Sin dar excusas a la represión. Si alguno lo intenta, o es un infiltrado o es alguien a quien se debe contener de inmediato”.
El problema es nuestro, si no sabemos reconocer, como pueblo trabajador, que los lineamientos del modelo actual ya están puestos sobre la mesa desde hace rato, y que eso nos convoca a estar cada vez más atentos, más organizados, y con la mayor unidad posible. Que no haga falta que nos repriman, y menos aún, que nos maten, para que nos demos cuenta de la necesidad y el compromiso histórico al que nos convoca esta nueva etapa para resistir de conjunto.