CABA: el traspaso de la Federal fortalecerá el aparato represivo policial
5.1.2016
Se especula, según ha sido publicado en algunos medios, que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tratará este mes en sesión extraordinaria el traspaso de la Policía Federal. Las fechas que se manejan serían el 11 o 18 de enero, lo que denota la urgencia del Gobierno Nacional y de la Ciudad por empezar la reorganización territorial de las Fuerzas de Seguridad.
Desde hace años los debates sobre el traspaso giraron en torno a dos cuestiones: la transferencia de una parte de la Federal a la Ciudad y/o la posibilidad de que la Ciudad creara su propia fuerza, que con la creación de la Metropolitana es lo que definitivamente se hizo. Finalmente a través de la ley 26.288, sancionada en 2007, se modificó la ley 24.588 (llamada ley Cafiero), puntualmente el art. 7. En el artículo 1° de esa ley puede leerse: “Sustitúyese el texto del artículo 7° de la Ley N° 24.588 por el siguiente: Artículo 7°: El Gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. El Gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior".
¿Qué significa el traspaso de la PFA?
El traspaso, concretamente, refiere a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, integrada por las 54 comisarías de la PFA que hay en CABA, y a los grupos de tarea como la DOUCAD, Policía Montada, Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF), el Cuerpo Guardia de Infantería y el Cuerpo Infantería. También serán trasladadas la Superintendencia de Bomberos y algunas áreas de la Superintendencia de Investigaciones, como robos y hurtos. Dentro de estos 21.000 efectivos hay dos grupos especiales: el GEOF y el GE-1 que actúan por orden de la Justicia Federal en todo el país en casos de narcotráfico y trata de personas. También actúan en la provincia de Buenos Aires, bajo la “Coordinación para la gestión estratégica con la provincia de Buenos Aires”. Este programa revela la penetración de la Federal en el conurbano en los barrios más humildes. Con la excusa de una pretendida “lucha” contra el narcotráfico y otros delitos se prepara el desembarco de la PFA en los sectores socialmente más vulnerables.
¿Problemas en la familia policial?
Los trascendidos periodísticos indican que los sectores traspasados de la PFA tendrán un nuevo jefe surgido de sus propias filas (el actual es Román Di Santo), mientras que la Metropolitana mantendría su mando. Si como se dice la PFA no se va a someter a la jefatura de la Metropolitana, habría una serpiente con dos cabezas, lo que podría implicar conflictos entre ambas fuerzas, cuyas consecuencias aún están por verse. Aunque el gobierno Nacional y el de la Ciudad hablan del traspaso como una mera cuestión administrativa, la realidad es que hay implicancias políticas no resueltas y un fortalecimiento del aparato policial que es el preludio de mayor represión y persecución penal a los sectores más vulnerables.
Evidentemente hay una negociación en curso ya que el traspaso ha generado tensiones de todo tipo en el seno de la fuerza con mayores efectivos en el país y dueña de un vasto poder territorial. Los sectores de la PFA que resisten el traspaso ponen el ojo en la caja jubilatoria, la obra social del Hospital Churruca, los sueldos y los adicionales. Aunque la realidad indicaría que cada vez que hubo demandas de este tenor, el Estado las ha concedido, los “federales” se resisten a perder esos beneficios así como sus jerarquías ya que su escalafón es diferente al de la Metropolitana. Tampoco está claro cómo influirá el traspaso en las “cajas negras” de las fuerzas, por nombrar coloquialmente a la "recaudación" de dinero proveniente de actos delictivos con connivencia y/o participación de las fuerzas policiales. Vale recordar la mega causa del 2012 contra más de 20 miembros de la PFA involucrados en casos de corrupción, protección a prostíbulos y otros ilícitos.
Otro tema aparentemente no resuelto es si el pase a Ciudad implica que el gobierno porteño se haga cargo del presupuesto. De ser así podría abrirse una disputa con las provincias ya que si del presupuesto nacional se destinan fondos para mantener a la PFA que actúa bajo el mando de un gobierno local, habría una transferencia de recursos.
Un contexto nefasto
El traspaso de sectores de la PFA se da en el marco de un avance en el fortalecimiento y organización de las fuerzas de seguridad: mayor presupuesto, mayor concentración territorial, mayor equipamiento y mayor especialización. Este fortalecimiento quedó en evidencia con el dictado de la Emergencia en Seguridad a nivel nacional. La propia ministra, Patricia Bullrich, manifestó que “el concepto de la emergencia es en sentido amplio”, dejando en claro que la medida implica una mayor discrecionalidad. Al mismo tiempo sostuvo que la declaración de emergencia permitirá fortalecer “la presencia del Estado en los lugares más peligrosos”. En palabras del macrismo, un eufemismo para saturar de presencia policial los barrios populares cuya vigilancia permanente ya implica una mayor persecución a los sectores más pobres. No olvidemos la incursión de la Policía Metropolitana y la Gendarmería, en el barrio Papa Francisco. Con la excusa de combatir a una "peligrosa" banda de "narcos" los uniformados no dudaron en reprimir a los vecinos que reclamaban por un techo digno. ¿El saldo? Ningún "narco" fue detenido, sólo se trató de una "bomba de humo" para desalojar violentamente a los vecinos pobres de la Villa 20.
El otorgamiento de mayor poder a la PFA sobre el territorio de la Ciudad se da también en el marco de la política represiva contra la protesta social, cuyo paradigma nacional es el protocolo en estudio para encorsetar los reclamos de la clase trabajadora y los sectores populares. La dedicación de la PFA a las cuestiones locales, en una Buenos Aires que es epicentro de una vasta serie de reclamos y demandas, tanto del resto del país como de la propia Ciudad, tiene su correlato en la política de “piquete cero” manifestada por la ministra de Seguridad.
El diputado del PTS-FIT Patricio del Corro manifestó: "no extraña en este contexto la decisión urgente de realizar el traspaso. Lo que se busca es concentrar y reforzar el aparato represivo del Estado en la Ciudad. No olvidemos que las fuerzas de la Policía Federal que se traspasan ahora se dedicarán exclusivamente al delito en la Ciudad. A esto hay que sumar que el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, acaba de renovar la concesión a las empresas privadas que cumplían tareas de vigilancia y seguridad en distintas zonas de la Ciudad, supuestamente porque no contaban con la Federal. El traspaso sólo puede traer el aumento del control social sobre los sectores más vulnerables, los pobres y la juventud y preparar las condiciones para reprimir aún más la protesta social. No nos olvidemos que a la trayectoria criminal de años de la Federal el macrismo ha erigido como "modelo" a la Metropolitana, una policía que en su corta vida ya tiene un frondoso prontuario delictivo. Integrada su cúpula por represores que provienen de la dictadura militar y por exonerados de la propia Policía Federal, es experta en espiar a los maestros, en reprimir a los pobres como en el barrio Papa Francisco, y en el gatillo fácil".
