Incumplimiento del contrato de gestión social para el reciclado por parte del Gobierno de la Ciudad

29.8.2014

La Federación lanzó un comunicando denunciando que en “las últimas semanas el Gobierno de la Ciudad decidió frenar la implementación del Servicio Público de Gestión Social para la Recolección Diferenciada de los Residuos Secos vigente conforme al contrato emergente del Concurso Público N° 1-SIGAF/2010.”

El comunicado afirma que las consecuencias de esta medida son: Poner en riesgo sanitario a la ciudad, seguir elevando el enterramiento de residuos en los ya colapsados rellenos sanitarios, romper con uno de los modelos de gestión social de reciclado más exitosos de Argentina y América Latina.
Las cooperativas, hace más de 10 años, han recogido más del 10% de los residuos que se entierran y, a través de esta función, han logrado avances que les permitieron generar mejores condiciones para la limpieza de la ciudad y la situación laboral de los cartoneros, como disminuir el trabajo infantil y garantizar un piso de dignidad para los excluidos. Con esta iniciativa, El Ministro a de Ambiente y Espacio Público podría deteriorar lo conseguido. El comunicado especula con un intento de reprivatización del servicio para hacer así negocios con la fuente de trabajo de los trabajadores y el medio ambiente.
A su vez, los cartoneros rechazan cualquier intento de vaciar la DGREC (Dirección General de Reciclado) y manifiestan su apoyo a los trabajadores de dicha repartición. El comunicado continúa: “Los problemas del sistema se basan en el constante incumplimiento por parte de la DGREC de las cláusulas del contrato que establecen claramente que es sus responsabilidades”.
Ante esta situación, las exigencias de la Federación son: La incorporación de compañeros a la modalidad de recolección por cuadrículas para seguir mejorando las condiciones laborales; mejorar las condiciones de comercialización tal como establece el contrato y las actas complementarias posteriores, evitando la explotación por parte de galponeros privados, muchas veces favorecidos por las políticas de la DGREC; y que se implemente el ajuste previsto por el contrato porque no es posible prestar correctamente el servicio sin una adecuación razonable de los montos asignados para logística e incentivos.

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