Red de radios

12.8.2014

La intención del PRO de sancionar una ley de evaluación y de creación de un Instituto evaluador autárquico en la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires daría paso a una nueva avanzada en la política de fragmentación-privatización y recolonización de la educación que viene desarrollando el PRO en nuestra Ciudad.

Las políticas de evaluación, externas, censales, empezaron a implementarse en Estados Unidos durante la presidencia de Bush en la década del 90 y se han extendido a varios países de América Latina y de Europa como parte de las reformas educativas neoliberales.

Estos modelos de evaluación son fomentados desde los organismos internacionales como el Banco Mundial con créditos prioritarios para los países que los apliquen. Con la creación de un instituto autárquico, el PRO pretende obtener parte de esos fondos ya que no requeriría la aprobación de la Ley de Presupuesto de la Ciudad para habilitar su endeudamiento, que, sin embargo, deberá pagarse con fondos públicos.

Las evaluaciones externas censales se han demostrado una notable pérdida de tiempo y recursos allí donde se aplicaron. No mejoraron la educación sino que, al contrario, la empeoraron. Al crear rankings públicos de escuelas, provocaron el corrimiento de matrícula a las escuelas con mejores resultados, profundizando así las desventajas de aquellas que presentaban dificultades. La consecuente distribución diferenciada de presupuestos y salarios docentes, como supuesto premio al mérito o fracaso escolar, agudizó esta fragmentación y provocó el empobrecimiento del currículo escolar ya que se fue, progresivamente, reduciendo al entrenamiento para responder a las pruebas de evaluación, obviamente de tipo “multiple choice” de valoración por planillas de cómputos.

Sin embargo, las propias pruebas P.I.S.A. (Programa Internacional de logros de los estudiantes de 15 años, que realiza la O.C.D.E. – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la Unión Europea), a la que nuestro país se somete desde el 2000, de carácter muestral, dan cuenta, en su enfoque metodológico, que las variables que pesan centralmente en los resultados de los logros de los alumnos son exógenas al propio sistema educativo. Son las llamadas E.S.C. de los grupos familiares de origen de los estudiantes: nivel Económico, estabilidad laboral (Stability) y nivel Cultural. En cuanto a las variables internas al sistema educativo, P.I.S.A. también demuestra que los modelos de rankings y competitividad interna entre escuelas son contraproducentes. Países con igual inversión en educación y parecido E.S.C., como Inglaterra y Finlandia, tienen resultados con diferente varianza o sea diferencia entre las escuelas con mejores y las de peores resultados. Finlandia posee una varianza de apenas 5%. El 98% de su sistema es público, con condiciones comunes de ingreso y funcionamiento, y no posee evaluación externa censal ni ranking de escuelas y docentes, lo que ha evitado la fragmentación del sistema. Inglaterra, en cambio, con un modelo avanzado de autonomía escolar, con rankings competitivos públicos en base a evaluaciones externas, posee una varianza de casi el 30%. A propósito, según PISA, la Ciudad de Buenos Aires, es la de mayor varianza del país, y tiene, no causalmente, el más alto índice de privatización.

Curiosamente, el PRO, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace 7 años, no ha sido capaz a la fecha, de realizar una evaluación de los resultados de 22 años de evaluaciones externas muestrales en esta Ciudad: 13 nacionales, 4 internacionales y 13 jurisdiccionales. Tal evaluación daría la inevitable conclusión que lo que falta en ciudad no son nuevas evaluaciones. La actual Dirección de evaluación ha más que duplicado su presupuesto en el último año: 41 millones de pesos. Independizada de la Dirección de Planeamiento desde hace dos años, ahora pretendería serlo del propio ministerio, en un proceso que desvirtúa lo que significa evaluar, ya que ésta es una tarea que constituye el proceso educativo y requiere tener un carácter integrado, procesual y contextualizado en el marco de clases y escuelas.

Recientemente esta Dirección ha comenzado a implementar evaluaciones censales a los alumnos del nivel medio, lo que le permitiría arribar en pocos años a la implementación de títulos diferenciados de egreso de ese nivel, tal como ya se aprobó en España con la Ley de Mejora de la calidad educativa del 2013 y con ello cercenar el derecho a ingresar en los niveles superiores de la educación.

La política de evaluación del PRO suma otro componente regresivo a nuestro sistema escolar. El sometimiento de nuestro sistema educativo a evaluaciones de agencias externas privadas incluso extranjeras, conduce al progresivo control de la selección de contenidos y valores por parte de las mismas y con ello a un peligroso proceso de recolonización cultural de la educación de nuestra ciudad. Señalemos además una paradoja: se sancionaría una ley de evaluación de una educación que nunca definió con una ley propia en esta ciudad, que establezca, por ejemplo, sus lineamientos generales, el carácter de su sistema, entre otros aspectos.

Se requieren medidas urgentes en materia de política educativa, en ciudad y en el país. Pero no son las propuestas por el PRO. Entre ellas señalemos algunas de las 12 del pliego elevado por Ademys al Ministro Bullrich: 1) un plan de formación docente continua en servicio, con relevo de tareas y sin pérdida de días de clase para los alumnos 2) la reformulación de la jornada laboral docente, de modo de incluir en la misma el tiempo de preparación de clases, de formación, ateneos, estudio de casos con problemas de aprendizaje, el trabajo colaborativo institucional. 3) la reunificación en un sistema educativo público único, mediante la supresión de los subsidios a la educación privada y la progresiva incorporación de las escuelas privadas al sistema estatal con reconocimiento de derechos laborales a sus docentes. 4) Un urgente plan de construcción de escuelas en la zona sur, la Boca y Retiro así como de escuelas de nivel inicial en toda la ciudad tal como se ha reclamado desde el proyecto de Ley 2030-D-2014.

Todo esto supone que, la jurisdicción con mayores recursos del país y con menor esfuerzo presupuestario para educación (21%), aumente el presupuesto educativo y abra un debate con docentes, estudiantes y padres para otra política educativa que termine con el curso e fragmentación privatista y recolonizador de la política actual. En lo inmediato, se debe rechazar este proyecto regresivo para la educación en nuestra ciudad.

Laura Marrone es Licenciada en Ciencias de la Educación. Profesora de Institutos Superiores de Formación Docente. Fue Secretaria de Asuntos Pedagógicos de Ademys, actualmente integra su Comisión de Educación. Asesora de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista en el Bloque del FIT.