Red de radios

03.03.2026

La Ciudad de Buenos Aires difundió este martes un informe técnico preliminar sobre el derrumbe registrado en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, y advirtió que existe “potencial riesgo estructural” en los edificios lindantes al sector afectado.

“La Ciudad les garantiza alojamiento para dormir a los vecinos evacuados tras el derrumbe”, indicó el GCBA. “Si bien responsables de la empresa constructura COSUD y el administrador del edificio están en contacto con los vecinos, funcionarios de la Ciudad se están ocupando para que todos los vecinos tengan donde pasar la noche mientras no puedan volver a sus viviendas”, indicaron.

El hecho ocurrió en el edificio ubicado en Mafalda 907, donde colapsó una losa situada sobre el subsuelo de un estacionamiento. A raíz del episodio, se desplegó un amplio operativo de emergencia y se evacuaron de manera preventiva 175 departamentos correspondientes a cuatro edificios contiguos.

Según detallaron fuentes oficiales, el llamado de alerta ingresó al 911 a las 4:45 de la madrugada. De inmediato se activó el protocolo de emergencia y se procedió a la evacuación total del edificio afectado. Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni personas atrapadas.

En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal del SAME, la división K9 con perros de búsqueda, el Grupo Especial de Rescate y cuatro cápsulas de Despliegue de Intervención Rápida de la Policía de la Ciudad. También participaron agentes de Tránsito y equipos de la Red de Atención.

De acuerdo con el informe técnico preliminar elaborado por Bomberos, Defensa Civil y la Guardia de Auxilio, el derrumbe afectó las columnas del subsuelo y de la planta baja de los edificios linderos. El documento explica que la losa colapsada estaba vinculada estructuralmente a esas columnas y les otorgaba rigidez, evitando que se doblaran.

Tras el colapso, las columnas quedaron con un nivel de endeblez que genera un potencial riesgo estructural. Por ese motivo, las personas evacuadas no podrán regresar a sus viviendas hasta que la empresa constructora y la administración del complejo presenten y ejecuten de manera urgente un plan de recomposición de la seguridad estructural en las áreas comprometidas.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat dispuso el alojamiento para todas las familias afectadas, hasta tanto se resuelva la situación edilicia y puedan volver a sus hogares.

El complejo habitacional Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno Nacional a través del plan ProCreAr y los departamentos fueron entregados en 2021. Mientras continúan las evaluaciones técnicas, las autoridades mantienen la restricción de acceso a los edificios afectados y trabajan en la asistencia integral de los vecinos evacuados.

02.03.2026

“La ciudad del caos y el desorden se terminó”, sentenció Macri ante un recinto que contó con la presencia de legisladores y figuras como Cristian Ritondo. La frase, lejos de ser un eslogan vacío, funcionó como el hilo conductor de una alocución que repasó los hitos de su gestión en materia de seguridad y espacio público, pero que también proyectó un controvertido desafío: la necesidad de obtener herramientas legales para abordar la situación de las personas en situación de calle que rechazan la asistencia estatal.

El punto más álgido del discurso giró en torno a las 1.800 personas que, según datos del gobierno, viven en las calles porteñas y rehúsan cualquier tipo de ayuda. Macri fue directo al plantear la necesidad de una norma que permita al Estado intervenir contra la voluntad de estos ciudadanos. “Vivir en la calle no es humano”, argumentó, y pidió un consenso que permita “rescatarlos”, equiparando la situación a una “catástrofe” de salud mental y adicciones. La propuesta, que evocó políticas implementadas en otros países, abre un complejo debate sobre los límites entre la asistencia social, la libertad individual y la seguridad colectiva. En esa línea, responsabilizó al gobierno bonaerense de Axel Kicillof, al afirmar que siete de cada diez personas en esa situación provienen del conurbano, un dato que utilizó para redoblar su reclamo de corresponsabilidad territorial.

Lejos de limitarse a lo social, Macri desplegó un detallado racconto de lo que considera sus principales logros en la recuperación del espacio público. Celebró el fin de los piquetes y acampes, los megaoperativos contra la venta ilegal que, según dijo, liberaron el equivalente a 68 kilómetros de veredas, y la recuperación de más de 600 propiedades usurpadas. Con un guiño a la judicialización de estos conflictos, destacó que “no cambiaron las leyes, cambió la decisión política”, en una clara diferenciación con gestiones anteriores. La agenda se completa con pedidos concretos a la Legislatura, como la sanción de las leyes “Antitrapitos” –para endurecer penas contra los cuidacoches– y de “Vandalismo”, buscando que los daños al patrimonio público tengan consecuencias penales y no meras contravenciones.

En el plano económico, el mandatario porteño buscó proyectar una imagen de solidez fiscal, con el menor nivel de endeudamiento en doce años y una batería de alivios impositivos para sectores específicos como trabajadores no profesionales, jubilados y comercios. Sin embargo, el foco de sus críticas se dirigió hacia la Nación, no tanto hacia la actual gestión libertaria, sino hacia la herencia del gobierno de Alberto Fernández, a quien responsabilizó por una deuda de coparticipación que, ejemplificó, permitiría financiar obras de infraestructura clave. Este reclamo, acompañado de un pedido de respaldo unánime a los legisladores, le permite a Macri posicionarse como defensor de los recursos porteños frente al poder central, un clásico de la política local, pero con la particularidad de hacerlo mientras su espacio político, el PRO, navega en una relación de cooperación y competencia con La Libertad Avanza.

El mensaje también tuvo un capítulo dedicado a la transformación urbana y la inversión, donde deslizó proyectos de larga data como la licitación de la línea F de subte, la conversión de la autopista Dellepiane en un parque lineal o la apuesta por la educación tecnológica con la nueva Escuela Estación Buenos Aires. No obstante, estas iniciativas quedaron en un segundo plano frente al eje discursivo del “orden”. Incluso en áreas sensibles como la limpieza, donde admitió deudas pendientes, el énfasis estuvo puesto en el control tecnológico sobre los servicios, con cámaras en camiones y monitoreo en tiempo real de barrenderos.

Las primeras reacciones de la oposición no se hicieron esperar. Desde el peronismo, Claudia Neira cuestionó el “falso Bukele” en seguridad y la falta de abordaje del narcomenudeo. Por su parte, Graciela Ocaña, cercana al larretismo, relativizó el impacto de las nuevas leyes sin una decisión política de aplicarlas y reclamó más políticas para los adultos mayores, un segmento que representa una cuarta parte del electorado porteño.

Con este discurso, Jorge Macri delineó no solo la hoja de ruta de su gobierno para el año, sino también la identidad con la que buscará conquistar a los votantes en 2027. En un tablero político donde el PRO debe disputar su electorado tradicional con un oficialismo nacional de ideas afines pero más radical en sus formas, Macri eligió profundizar un perfil de mano dura, gestión eficiente y confrontación selectiva. La pulseada, tanto con la Nación por los fondos como con la Provincia por la responsabilidad social, y el desafío de convertir en ley sus polémicas propuestas sobre la vida en la calle, serán los termómetros que medirán el éxito de esta estrategia en los meses venideros.

28.02.2026

Balvanera (Comuna 3) encabeza el ranking de barrios con mayor cantidad de operativos de desalojo realizados durante la actual gestión porteña. Con 82 intervenciones, supera a La Boca (Comuna 4) con 43, Almagro (Comuna 5) con 34, Constitución (Comuna 1) con 29 y Barracas (Comuna 4) con 27, en el marco de una política que, según el Gobierno de la Ciudad, apunta a “terminar con las usurpaciones, respetar la propiedad privada y ordenar el espacio público”.

En poco más de dos años, la administración que encabeza Jorge Macri informó que ya restituyó 600 casas y edificios tomados, valuados en unos 300 millones de dólares. Luego de Barracas, el listado de barrios con más desalojos continúa con San Cristóbal (26), Flores (24), Caballito (23) y Palermo (22).

El último procedimiento se produjo en Balvanera, donde un operativo de la Policía de la Ciudad, junto con personal de Emergencias, la Red de Atención y la Guardia de Auxilio, permitió desalojar un edificio de planta baja y dos pisos ubicado en Tucumán 2583. Allí funcionaba un hotel familiar usurpado desde 2014, que presentaba malas condiciones edilicias y riesgo estructural.

El propietario, Omar González, de 72 años, había enviado una carta al Jefe de Gobierno el 19 de enero de 2026 para solicitar asesoramiento sobre cómo recuperar su inmueble, intrusado desde hacía más de 12 años. Un mes después, la Ciudad le restituyó la posesión.

“No vamos a descansar hasta que hayamos devuelto la última propiedad usurpada y ocupada en la Ciudad. Tenemos la decisión firme de hacer cumplir la ley. No hay margen para las usurpaciones: lo que es de alguien se lo vamos a devolver”, sostuvo Jorge Macri al supervisar el operativo. Y agregó: “No vamos a permitir que la Ciudad se transforme en el Conurbano. En mi gestión la ley no se negocia”.

27.02.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la apertura de un Régimen de Retiro Voluntario destinado a trabajadores de planta permanente de la Carrera de Administración Pública. La medida, que estará vigente hasta el 31 de mayo, forma parte del plan de reforma y modernización del Estado que impulsa la gestión porteña y apunta a achicar la estructura administrativa.

El esquema fue establecido mediante el decreto 83, firmado por el jefe de Gobierno, el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. La iniciativa contempla el pago de una compensación no remunerativa calculada sobre el salario neto, mensual y habitual del trabajador al momento de su desvinculación.

Explicaron que el objetivo es “ordenar el funcionamiento del Estado” y “optimizar la dotación” de personal, con la intención de avanzar hacia una administración más ágil y con mayor presencia de perfiles tecnológicos. En paralelo a los retiros, el Gobierno continuará incorporando profesionales vinculados a innovación y sistemas. “Es lo que necesitamos por el contexto y por el tipo de Estado al que apuntamos”, afirmaron.

Podrán acceder al plan los empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo porteño que tengan 45 años o más, cuenten con al menos cinco años de antigüedad y registren un mínimo de un año como trabajadores de planta permanente. El incentivo se abonará en cuotas mensuales y consecutivas por un plazo máximo de hasta 48 meses. En el cálculo se excluirán el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y otros conceptos de pago no mensual.

El Gobierno se reserva la facultad de rechazar solicitudes por razones de servicio, cuestiones disciplinarias o si el trabajador pertenece a áreas consideradas críticas. Tampoco podrán adherirse quienes, al 31 de diciembre de 2026, tengan 65 años o más y estén en condiciones de jubilarse, ni aquellos que enfrenten sumarios administrativos con posibles sanciones expulsivas o mantengan reclamos judiciales contra la administración porteña.

El régimen establece que, si durante el período de cobro del incentivo el trabajador accede a la jubilación y el haber previsional resulta inferior al monto del beneficio, se abonará la diferencia. En caso de que la jubilación supere el incentivo previsto, “cesará el derecho a su percepción”. Además, quienes cumplan 65 años mientras perciben la compensación podrán continuar cobrando el beneficio por un máximo de 12 meses adicionales, siempre dentro del tope general de 48 cuotas.

La adhesión también implica una restricción: quienes acepten el retiro no podrán reingresar a la administración pública porteña bajo ninguna modalidad hasta que hayan transcurrido al menos cinco años.

La apertura del retiro voluntario se inscribe en un proceso más amplio de revisión de estructuras iniciado en 2024. Desde entonces, la gestión de Jorge Macri dio de baja más de 10.000 contratos de asesores y cargos políticos, eliminó áreas y redujo programas considerados poco eficientes.

26.02.2026

La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria al jefe de Gabinete porteño y ex titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Gabriel Sánchez Zinny, por presunta defraudación y negociaciones incompatibles vinculadas a certificados de crédito fiscal otorgados a Toyota Argentina.

La citación a indagatoria fue dispuesta para el 3 de marzo en el marco de la causa CFP 1837/2024, caratulada “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”, a pedido de la Fiscalía Federal N° 12 a cargo de María Alejandra Mangano.

Junto a Sánchez Zinny, también fueron convocados Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante, quienes se desempeñaban entre marzo de 2016 y abril de 2017 en el INET)y en el Ministerio de Educación y Deportes, confirmó NA.
La imputación sostiene que los funcionarios habrían realizado contrataciones a través del régimen de crédito fiscal que no podían efectuarse de manera directa, debido a incumplimientos del régimen de contrataciones públicas y a vínculos familiares y personales con integrantes de las empresas beneficiadas.

Según la fiscalía, los certificados de crédito fiscal emitidos a favor de Toyota Argentina SA para proyectos educativos habrían sido utilizados para contratar servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines educativos de la ley 22.317. Las firmas involucradas fueron Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL, cuyos servicios presentaban irregularidades, baja calidad e inconsistencias documentales.

El presunto perjuicio asciende a $2.854.405, que actualizado alcanza los $16.515.389,42, mientras que el total originalmente presupuestado para Toyota Argentina SA era de $7.000.000, equivalentes a unos $40.501.514,67 actualizados. La fiscalía fundamenta la causa en la Resolución INET 2/2016 y en la tramitación de expedientes especiales que no se registraron en los sistemas habituales del organismo.

La fiscalía considera que la evidencia reunida, que incluye documentación de la Oficina Anticorrupción y expedientes internos del INET, justifica la indagatoria. Los imputados deberán responder por posibles delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, aunque la investigación podría derivar en nuevas imputaciones.